Catorce días de lucha. Más de 20 mil obreros adheridos en 13 estados diferentes.
Los trabajadores petroleros de Brasil llevan catorce días de huelga general contra el cierre de una fábrica de fertilizantes controlada por la estatal Petrobras, que amenaza con dejar mil trabajadores en la calle. Se trata de una pulseada clave contra la política privatista de Bolsonaro y su ministro de economía Paulo Guedes, que ya han cerrado dos plantas semejantes y pusieron a la venta ocho refinerías y una red de estaciones de servicio. Además, el Estado se viene desprendiendo aceleradamente de sus acciones en la compañía. La semana pasada, se realizó la mayor venta de acciones desde 2010, por un total de 5500 millones de dólares, como parte de una política del Bndes (Banco Nacional de Desarrollo) para deshacerse casi totalmente de su participación en empresas públicas de aquí a tres años.
La medida de fuerza de los trabajadores, lanzada por la Federación Unica de Petroleros (FUP), ha ido creciendo día a día para abarcar a esta altura a 20 mil empleados de más de 100 unidades (plataformas, refinerías, terminales, campos terrestres, termoeléctricas, etc.), en 13 estados diferentes.
El ataque del gobierno y el Poder Judicial es furioso. Por pedido de la dirección de la empresa, el Tribunal Superior del Trabajo ordenó que se mantengan el 90% de las tareas, bajo amenaza de fuertes sanciones económicas al sindicato, un criterio que fue ratificado por el titular del Supremo Tribunal Federal, es decir la Corte brasileña. Se trata de un desconocimiento escandaloso del derecho a huelga por parte de la misma justicia.
El plan de privatizaciones masivas en el sector público que Bolsonaro-Guedes impulsan para hacer caja, en función del pago de la deuda externa, está desatando la resistencia de los trabajadores. Los empleados de Dataprev, la tecnológica estatal que está en la mira de los privatizadores, lograron detener temporalmente 500 despidos con una reciente huelga. Los trabajadores del Correo, que fueron a la huelga en septiembre pasado, han convocado a nuevas medidas de fuerza para marzo. Allí, el gobierno viene avanzando en una destrucción del servicio de salud, rebajas salariales y despidos, como una antesala de la privatización de la compañía, que está presente hasta en los municipios más pequeños del país.
En la lista del gobierno figuran más de cien empresas públicas. Es un proceso extraordinario de entrega del patrimonio nacional a los grandes capitalistas.
De ahí la importancia que tiene la huelga de los petroleros que está en curso. La CUT debe abandonar su política de contención y poner todos sus recursos para extender el conflicto y llevarlo a la victoria.
Prensa Obrera
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