Es explicable que el artículo no lleve firma, porque son pocos los que quieren arruinar su carrera profesional con falacias de este tamaño. El módico gravamen que afectaría, por una única vez, a patrimonios superiores a $200 millones, recaudaría unos $250 mil millones, algo así como el 0,4% del PBI, o de las tenencias de ciudadanos de Argentina en el exterior. Para emprender semejante ataque a “quienes más tienen”, el gobierno nacional y popular se ha tomado seis meses, aunque sólo para la media sanción. Si la crisis financiera desatada por la decisión de establecer un default parcial sobre la deuda con el exterior sale fuera de control, la sanción completa podría tomarse aun un tiempo mayor. Los tenedores argentinos de deuda en dólares de Argentina, que figuran en el tramo gravado por el impuesto, se encuentran con una caída del valor de sus títulos, cuando esperaban un aumento espectacular después del acuerdo internacional y local por la deuda. El re-cepo de la semana pasada ha puesto también en default a la deuda de las provincias – incluso las que han decidido seguir pagando vencimientos, quizás encuentren cerradas las ventanillas del Central.
Que la recaudación del impuesto fuera a pagar “los costos de la crisis generada por la pandemia”, es simplemente un desatino – una caída del PBI, como se prevé, del 12,5%, representa 25 veces más que el monto esperado del tributo, en su mejor variante. Lo más artero del asunto es que el 20% del dinero se destinaría “a las Pymes”, como se da en llamar a aquellas empresas con hasta 80 obreros y a las que operan como tercerizadas de las grandes firmas. Las que, centenares, operan para Tenaris, deberán transferir el socorro financiero a los Rocca, porque en esto consiste el mecanismo de la tercerización. El premio consuelo podría ser que estos los Rocca de Argentina deberán poner algunos céntimos de la plata que acabaría en sus propias manos. El planteo de que las ´pymes´ formen parte del costo de la crisis fue inscripta en el programa del FIT-U para las elecciones del año pasado. El subsidio al capital, no importa su tamaño, es antagónico al planteo de salida, que es la reestructuración de las relaciones industriales y económicas en su conjunto, bajo la dirección de los trabajadores y los métodos de transición al socialismo.
Mayor que el que otorga a las ´pymes´ es el porcentaje que el proyecto de ley que grava ´la riqueza´ destina “al desarrollo del gas natural, a través de Enarsa”, aun cuando Enarsa no desarrolla nada de esto, sino que es un vehículo estatal para importar. Para cambiar de rubro debería convertirse en empresa industrial extractiva, pero sobre esto el proyecto no dice nada. Lo que sí es claro es que YPF dice encontrarse en quiebra, en tanto su valor accionario sigue abajo de escasos u$s10 mil millones. Ha sacado de los yacimientos el 75% de las perforadoras – propias o de las empresas de servicios tecnológicos. El 49% de las acciones de YPF se encuentra en manos privadas. Para Clarín, valga la aclaración, “El Poder Ejecutivo quiere beneficiar a YPF con esta iniciativa”. El Presupuesto 2021 destina u$s200 millones, según La Nación, a la producción de gas – que no sólo realiza YPF sino Tecpetrol, PanAmerican Energy y otras, es decir que financia a los accionistas de esas compañías, que son quienes cobrarán los dividendos. Ahora, con un precio internacional del gas de menos de dos dólares y medio, y del petróleo alrededor de 40 dólares el barril, el interés del capital en el negocio se esfuma. Ahí aparecen Alberto Fernández, Martín Guzmán y Carlos Heller para subsidiarlo, con el argumento de que ´los ricos deben pagar la crisis´. Es obvio que van por la neblina con ojos vendados.
Del resto del 55% que prevé recaudar el proyecto, el 20 va a la compra de insumos médicos – ni un miserable pesito para el personal de salud, y queda por aclarar si entre los “insumos” figuran la compra de la vacuna, al laboratorio extranjero, al productor nacional y al distribuidor, aparentemente el magnate Carlos Slim de México. Ese 20%, o u$s400 millones (40 mil millones de pesos, por ahora), es una tomada de pelo, como el 15% que prevé para “el desarrollo de barrios populares”. Lo real es que mientras la venta de terrenos fiscales no cesa, el receptor no es el barrio popular sino la Caja de Ahorro y Seguros, por ejemplo, y los amigos de los gobiernos provinciales y nacional.
Los macristas han declarado, más de una vez, que el proyecto “no nos gusta”, y se escudan en que constituye una doble imposición sobre bienes ya gravados. Pero enseguida manifestaron disposición a votarlo. Una gran parte de ellos es probable que no lo haga ahora, por los choques judiciales o por el reclamo de la ´presencialidad´ de las sesiones - ¡que el kirchnerismo les concedió! Se presume que no votarán en contra, sino que se retirarán del recinto, una forma vergonzante de apoyarlo. El impedimento más importante que podría enfrentar este mamarracho es que deba ser votado en medio de ´un golpe de mercado´ o una corrida cambiaria. La ´redistribución de la riqueza´, el capital la hace en su beneficio dentro del Congreso, pero por sobre todo afuera. La democracia no es el imperio de la ley sino el derecho del capital sobre el patrimonio y los ingresos de los que viven de su trabajo, e incluso de los millones que no tienen trabajo para vivir.
El derrumbe de un régimen es pródigo en farsas.
Jorge Altamira
21/09/2020
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