La Corte ha decidido atender el reclamo de dos de esos jueces, que protestan por una decisión del Senado de trasladarlos de despacho, al cual llegaron por otra decisión, en ese caso de Macri, o sea del Poder Ejecutivo, cuando atendían en un lugar diferente. El Senado, como mayoría del FdT, obró como lo hizo porque se trata de jueces macristas que estaban encargados de juzgar a CFK y algunos compinches de ella, por acusaciones de corrupción, y para proteger a Macri y sus amigos de las operaciones financieras en paraísos fiscales, del negociado del Correo y, como se sabe ahora, de un espionaje interno contra todo el mundo – incluida su propia familia. La Corte ha decidido dirimir en esta disputa entre el clan de Los Abrojos, por un lado, y el clan de Calafate, por el otro.
La suspensión de esos traslados, por parte de la Corte, importa un principio de victoria para Los Abrojos, que ahora espera que esos jueces sean confirmados en el lugar que los puso Macri. El resultado lo fogoneó el presidente del Tribunal, Rosenkrantz, un defensor legal del grupo Clarín por un largo tiempo. Los cinco miembros de la Corte coincidieron en justificar este fallo excepcional, en que enfrentaban un tema de “gravedad institucional’ – lo cual quiere decir un peligro de usurpación del poder. Al desconocer, sin embargo, una decisión del Senado, que es una de las ramas electas por la ciudadanía del Poder Legislativo, la Corte comete la usurpación que asegura defender. La Corte es el único poder del Estado que no fue electo por la ciudadanía ni lo será nunca, porque es inamovible.
Los litigantes invocan, unos ´la defensa de la República´, los otros ´el estado de derecho o la soberanía del Legislativo´. El FdT denuncia una ´judicialización de la política´; JxC la ´intromisión política en el Poder Judicial´. Pavadas. Cuando hubo que reconocer la deuda externa que unos y otros contrajeron contra los mejores intereses nacionales, levantaron la mano por unanimidad. Cada uno con su método han atacado en forma feroz el sistema previsional.
La Corte, con independencia de la conciencia que tengan los integrantes de ello, quiere arbitrar un conflicto que la supera, porque detrás de la pelea de clanes hay un derrumbe de las relaciones sociales y económicas, por una parte, y otro derrumbe, incluso mayor, del régimen político para superarlas. Hay una lucha encarnizada de sectores económicos capitalistas entre sí. Hay un temor, en grado diferente, en la clase capitalista, a una rebelión popular. La Corte quiere arbitrar una crisis que la involucra, como lo demuestran los procesos judiciales que no acaban y terminan en absoluciones de hecho, la injerencia de los servicios en los tribunales, el dictado de prisiones previos a la condena por la presión de uno de los varios clanes en pugna. Cuando hasta el recuento de los fallecidos por el corona está mal hecho, cuando la tasa de contagios es incorrecta porque no hay testeos, cuando el personal de salud tiene que salir a protestar en medio de una pandemia; es obvio que el resorte que impulsa a la injerencia de la Corte es el desplome del mismo Estado.
La ´gravedad institucional´ en que se blinda la Corte para impugnar decisiones del Senado, constituye un principio de golpe de estado contra la soberanía de las instituciones electas, incluso cuando está integrada por camaleones que hoy son kirchneristas, pero hasta 2019 votaron 116 proyectos de leyes de Macri, o por Juan Ameri – denunciado por acosos y abusos. El Senado puede perfectamente desairar la resolución cortesana, defendiendo sus prerrogativas, o entrar en una parálisis intermitente e indefinida, bajo el acoso de recursos judiciales. Las grietas, que se agrietan de más en más, es la del conjunto del sistema político, que opera como la administración ejecutiva de la explotación de los trabajadores por el capital. En medio de caídas feroces del producto nacional y subas aún más feroces de la desocupación y la miseria social (que es mucho más que pobreza), los de arriba ya no pueden gobernar (y no de hoy) como lo venían haciendo.
El fallo de la Corte como pre-golpista.
Los jueces y fiscales deben ser electos y revocados (como también el Congreso) por el pueblo.
La verdadera justicia se juega en Guernica.
Por un gobierno de trabajadores.
Jorge Altamira
29/09/2020
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