La ONU sobre Venezuela: torturas, secuestros y asesinatos

Una re-caracterización del régimen venezolano 

 La Misión Internacional Independiente ordenada por las Naciones Unidas (ONU) para Venezuela, presentó el pasado 16 de septiembre un informe que concluye “que las fuerzas de seguridad venezolanas han cometido “violaciones sistemáticas de los derechos humanos” (El País, 16/09) El reporte, de casi 500 páginas, inculpa a Maduro, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente, al ministro del Interior, Néstor Reverol y el ministro de defensa, Vladimir Padrino López.

 Felipe Solá, el canciller de Argentina, invalidó el relatorio, en una entrevista en Clarín (20.9), esgrimiendo que los testimonios de las víctimas no habían sido presenciales sino por vía digital. Ni siquiera aludió a si su cartera investigaría su veracidad. En todo caso, la ausencia de entrevistas presenciales alude a la responsabilidad del régimen político en presencia, que tiene el deber de garantizarlas. Advertimos que estas exculpaciones las hace uno de los responsables de la masacre en Puente Pueyrredón, en 2002, cuando la Bonaerense del actual canciller, había apostado francotiradores en las azoteas contra los manifestantes piqueteros. Acerca del negacionismo del intelectual Atilio Borón, su servilismo político con los gobernantes venezolanos exime de comentario.

 Informe

 “Los investigadores analizaron 223 casos ocurridos desde 2014 en adelante, de los cuales 48 se incluyen como casos de estudio exhaustivos. Examinaron además otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.” (Ídem) Amnistía Internacional, distintas Organizaciones no gubernamentales (ONGs), la Organización de Estados Americanos (OEA), el propio Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sí han validado este informe. Consignan que se basa “en 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios y funcionarias del Estado, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional, informes confidenciales y expedientes a los que tuvo acceso” (Ídem).

 Entre sus pasajes principales, difundidos en la prensa internacional, se constata un modus operandi de las Fuerzas Armadas, incluidas divisiones de élite, como la Fuerzas de Actuación Especial (FAES, de la Policía Nacional Bolivariana), que han estado implicadas en las detenciones, desapariciones, torturas y asesinato de civiles y de opositores políticos. 

 Métodos 

Con eje puesto en las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, el reporte logra reconstruir un total de 16 operaciones con 53 asesinados. Y de manera conexa un total de otros 2552 incidentes adicionales donde los asesinatos a manos de fuerzas represivas ascienden a 5094 muertos. Los números dejan en claro que no se trata de una represión a opositores políticos sino relacionada con incidentes y protestas por las gravísimas penurias cotidianas de la población.

 Al analizar el alto nivel de letalidad en las operaciones policiales, el informe afirma, en un apartado, que “Una fuente con conocimiento interno confirmó que los superiores podían dar a los oficiales “luz verde para matar”. 

El método se ajusta represiones de carácter cotidiano y generalizado. “Los directores regionales de la FAES pedían estadísticas de muertos como procedimiento semanal o mensual. Los jefes de brigada eran responsables de recopilar estas estadísticas” (El País, 16/09). Los operativos de combate que apuntaban al delito (definidos así por los propios funcionarios venezolanos), conocidos como Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), dio lugar a un número de asesinatos muy elevado. La delincuencia masiva es una expresión intergiversable del enorme malestar social. El caso más destacado fue la masacre ocurrida en 2016 en Barlovento, en el estado de Miranda, cuando 12 hombres fueron sustraídos de sus hogares por militares, y aparecieron luego de varias semanas acribillados en una fosa común. 

 Torturas 

Otro apartado está destinado a analizar las “torturas políticas”, o sea, principalmente, contra opositores políticos. Lo que incluye distintos tipos de vejaciones y abusos, desde la violencia psicológica hasta las violaciones sexuales (a hombres y mujeres), mutilaciones, descargas eléctricas en los genitales y amenazas de muerte al interrogado o familiares cercanos. El objetivo de estas torturas habría sido obtener información, confesiones, auto-incriminaciones propias o de opositores de alta imagen pública. Llegando incluso a grabar audios o videos de Whatsapp a gusto de los oficiales que llevaban adelante el interrogatorio. 

 Existe un caso emblemático, “el del ex capitán de la Marina Rafael Acosta Arévalo, muerto por torturas bajo la custodia de la Dgcim. Un reciente informe de Amnistía Internacional, que tuvo acceso al expediente, reveló que el detenido murió en la sala del tribunal ante el juez y no en el hospital, como señaló el Gobierno” (Ídem).

 Reflexiones 

El informe finaliza con una serie de recomendaciones, 65 para ser exactos. Exhorta a los Estados a iniciar acciones legales contra los funcionarios y oficiales señalados con nombre y apellido en el informe. Inocuidad y burocratismo, e incluso material para que los imperios ‘democráticos’ justifiquen sus agresiones económicas y también militares. El informe ha ocupado un lugar central en el debate de presidentes en la Asamblea General de la ONU, llevando a Donald Trump e Iván Duque a hacer eco de las denuncias de torturas que se suceden en Venezuela, pero no los crímenes cotidianos en Colombia, y con otras características en Estados Unidos, Bolivia, Haití, Ecuador, ni hablar de Brasil – donde la policía y la milicia registra centenares de asesinatos diarios de negros y favelados. La ONU ha ocultado sus propios crímenes en África, a cargo de casos azules y blancos. La ex canciller de Macri, Susana Malcorra, no ha podido levantar las imputaciones contra los ocultamientos de ella misma en la Comisión de Naciones Unidas. Régimen político Los testimonios del Informe onusiano acreditan la instauración, en Venezuela, de un estado que va más allá del policial, pues aplica una vasta represión social que no puede traducir a la Justicia por su masividad, por eso recurre a la eliminación física. En la izquierda y en el nacionalismo de izquierda hay quienes convierten en progresista a un régimen político apenas éste sufre un hostigamiento del imperialismo. La ecuación es falsa. La agresión de Gran Bretaña a Argentina no convirtió a Galtieri en progresista, ni la invasión a Panamá lo hizo con el narcotraficante Noriega – defender a Argentina y a Panamá, en esos casos, no significa un apoyo a sus gobiernos. El partido comunista de Venezuela está denunciando, en estos días, las agresiones y represiones del gobierno contra sus dirigentes y militantes; ha roto su frente con el PSUV, y el régimen no quiere darle el pasaporte para concurrir a las elecciones parlamentarias de diciembre. Tampoco al Partido Tupamaro, que también dejó el frentismo con el oficialismo. El PCV ha hecho llegar su denuncia a los PPCC afines, entre los cuales el de Cuba, China y Argentina. Un régimen de ‘grupos de tareas’ contra la población empobrecida es un régimen contrarrevolucionario – a medio camino entre el estado policial y el fascismo.

 La defensa de una nación semi-colonial, con gobiernos ‘fascistas’, contra los ataques del imperialismo, con el ropaje de la ‘democracia’, no significa renunciar a una caracterización correcta, de unos y otros – estados policiales anti-obreros, de un lado, y opresores imperialistas, del otro. 

 Joaquín Antúnez 

 24/09/2020