Los funcionarios del gobierno nacional, desde el presidente para abajo, se valieron del fallo para confirmar su teoría de lawfare, es decir la manipulación política por parte del Poder Judicial en alianza con sectores de la derecha y el imperialismo. En ese sentido les viene como anillo al dedo, porque coincide con los choques del gobierno con la Justicia en la Argentina, que se intensificaron con mayor fuerza luego de la condena contra Lázaro Báez y sus hijos, que los kirchneristas sospechan con razón que puede terminar perjudicando a la actual vicepresidenta y su familia dada las relaciones estrechísimas que existieron entre el empresario y Néstor y Cristina Kirchner.
No es difícil advertir, claro, la manipulación del proceso judicial que derivó en el encarcelamiento de Lula y su posterior proscripción como candidato a presidente. Tal proceso tuvo su inicio con la destitución de Dilma Russeff y su reemplazo por su vicepresidente Temer, que fue votado por el Congreso brasilero, con la anuencia de parte de una parte de la coalición que había cogobernado con el PT. El intento de justificar tanto la destitución de Dilma como las acciones judiciales contra Lula a partir de una retórica anticorrupción resultó poco creíble, en tanto quienes aplicaban esas sanciones estaban ellos mismos sospechados por denuncias tan o más graves. El entramado de negocios que tuvo como beneficiada a la empresa Odebretch, entre otras tantas constructoras brasileñas, alcanzó un abanico amplísimo de todo el arco político brasileño. El ataque a esta empresa persiguió el propósito de permitir el ingreso de grupos económicos rivales, mayoritariamente internacionales, y sobre todo de avanzar en una mayor privatización de la empresa Petrobrás. Los intereses en juego superaron las fronteras nacionales de Brasil. En Ecuador Lenin Moreno encarceló a su vicepresidente designado por Correa, a partir de denuncias de corrupción ligadas a Odebretch. Algo parecido ocurrió con los gobiernos del Perú, donde cayeron varios presidentes y ministros ligados a esa misma empresa. En el caso argentino, Odebretch también apareció ligada a negociados importantes, como ser el soterramiento del Sarmiento, donde actuaba como socia de sectores de la patria contratista K y también con la empresa IECSA vinculada al grupo Macri. Como suele decirse, la patria contratista no es de izquierda ni de derecha.
Ahora bien, el Poder Judicial que manipuló causas y falló según conveniencias e intereses es el mismo que acaba de beneficiar a Lula anulando las causas en su contra. El juez Edson Fachin, que emitió el fallo, en el pasado avaló los procedimientos del juez Moro basados en los testimonios premiados con reducción de condena, un método muy cuestionado porque permite manipular las causas y a los acusados. ¿Los ejecutores del lawfare se han arrepentido o continúan la manipulación de las causas pero teniendo en cuenta la nueva situación política creada en Brasil y en América Latina?
Esta pregunta muy pertinente los kirchneristas omiten responderla, por el simple motivo que nos les conviene. Pareciera que el lawfare es una avenida de una sola mano, cuando en realidad la manipulación ejercida por el Poder Judicial cambia de dirección según las circunstancias. Cristina Kirchner y su grupo de allegados debiera saberlo, porque en el pasado se benefició largamente de esa manipulación. Solo como ejemplo vale recordar los fallos en tiempo récords emitidos por el inefable Oyarbide para dictar la falta de mérito en las causas sobre enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner.
Este fallo absolutorio, al menos en su alcance transitorio, debe ser puesto en contexto. Los sucesivos fracasos de la derecha en América Latina para armar gobiernos estables que releven a los nacionales y populares es un dato insoslayable de la situación política continental. El fracaso del propio Bolsonaro, con un Brasil conmovido por una crisis sanitaria y económica de características colosales, que coloca a su gobierno en la cuerda floja, ha sido clave en el fracaso de la derecha en el continente; que atestiguan, entre otros ejemplos, el fracaso del golpe en Bolivia y el triunfo del MAS, el casi seguro triunfo del partido de Correa en Ecuador ante la incapacidad de Lenin Moreno y la derecha de armar una alternativa, la rebelión ahora en Paraguay que crea un cuadro de inestabilidad que impacta también en Brasil. En el haber de la derecha debe anotarse también la rebelión popular en Chile, cuya llama sigue después de casi un año y medio. Como ya señalamos en Prensa Obrera, la crisis capitalista potenciada por la pandemia, que llevó al FMI a advertir sobre los peligros de rebeliones populares, convierte a los partidos del llamado Grupo Puebla en el plan principal del imperialismo en la región.
La denuncia del golpismo en Brasil que hemos realizado sistemáticamente en el Partido Obrero no debe confundirse con el apoyo al lulismo, ni mucho menos debe obstaculizar la comprensión del verdadero significado del fallo judicial a favor de Lula.
Gabriel Solano
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