En medio de la segunda ola que azota a Argentina, el ministro de Trabajo de la Nación dijo que “no hay motivo para pensar que los lugares de trabajo son espacios de contagio” por lo tanto “no tiene sentido parar ninguna actividad”, sin importarle la suba de contagios y descartando cualquier tipo de medida que permita reducir la circulación de personas.
El ministro ignora uno de las principales fuentes de contagio: el transporte público, que usan millones de trabajadores diariamente y que no posee ningún tipo de control para disminuir la cantidad de usuarios (por ejemplo, mediante el cierre de algunas actividades no esenciales) o para evitar las aglomeraciones de gente (cómo se podría hacer aumentando la frecuencia). Moroni tampoco se detiene en los endebles protocolos de bioseguridad laborales, que son poco aplicados y que bajo estas circunstancias deberían, al menos, ser reforzados.
Con la llegada del otoño, la falta de medidas y la segunda ola en América Latina, el aumento de casos de la última semana fue muy pronunciado, tanto así que se duplicaron la cantidad de contagios de una semana a la otra. Hoy en día no hay actividades restringidas en Argentina; de hecho, luego de abrir hacia finales del año pasado, se llevó adelante durante el verano una gran campaña por fomentar el turismo interno.
Las declaraciones de Moroni están en sintonía con el resto de los funcionarios y ministros del gobierno, que tras la suba de casos de las ultimas horas tomaron una posición de negación de los contagios. Por ejemplo, en vísperas de Semana Santa, el gobierno anunció que no habrá restricciones ya que para el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, “claramente está demostrado que no es el turismo el problema en la suba de contagios”. Pero lo cierto es que el aumento en la circulación de los próximos días puede ser una bomba que estalle en la situación sanitaria del país, que ya roza números aún peores que los de julio del 2020.
En el mismo tono se pronunció el ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien dijo que el contagio del docente de CABA fallecido por Covid “no necesariamente se produjo en la escuela”. Para el gobierno, los contagios no se producen en ningún lugar, aunque el promedio se haya mantenido en 10 mil diarios la última semana.
La situación sanitaria no parece ser suficiente para que el gobierno, sus ministros y los gobernadores discutan un dispositivo de cuidado y protección de la población mediante la reducción en la circulación. La reunión entre Vizzotti, Alberto Fernández y Santiago Cafiero del domingo pasado solamente anunció el cese de la actividad presencial para la administración pública nacional por tres días y la “recomendación” a las gobernaciones de las provincias para que adopten medidas.
Que el gobierno no cierre ciertas actividades (de las medidas más eficientes para enfrentar la pandemia) responde, por un lado, a las presiones patronales a las que se subordinan el Estado de mantener sus negocios y ganancias a costa de la salud de la población. Por el otro, al hecho de que el gobierno no pone en pie medidas que permita que la población priorice su cuidado y cumpla un aislamiento en medio de la profunda crisis económica, como lo fue -aunque miserable- el IFE y las ayudas sociales entregadas en 2020.
En este escenario, la vacunación se mete de lleno como una de las cuestiones fundamentales para la prevención del Covid-19. Las idas y vueltas del gobierno en torno a este punto y la lenta campaña de inoculación junto con el escandalo de la vacunación VIP pusieron de manifiesto que el proceso en manos de quienes nos gobiernan es un absoluto fracaso, así como lo fue la cuarentena y el manejo de la pandemia en su conjunto, desde la porción netamente sanitaria hasta lo económico, pasando por la cuestión social. La vacunación masiva es claramente una prioridad, y por lo tanto también lo es la defensa de un programa que plantee la confiscación de la producción del grupo de Sigman, que hoy produce millones de dosis en Argentina pero que las lleva a otros países, aun cuando el nuestro tiene un contrato por más de 20 millones de vacunas.
Lucía Cope
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