La principal preocupación es la circulación de personas desde y hacia Brasil, actual epicentro de la pandemia. La nueva cepa brasileña es conocida por ser más contagiosa y tener la capacidad de reinfectar a quienes ya cursaron con la enfermedad. Fue descubierta en la ciudad de Manaos, donde la mayoría de la población ya había cursado la enfermedad en 2020, alcanzando la inmunidad de rebaño; sin embargo, a principios de 2021 hubo un rebrote causada por esta nueva variante.
Es por eso que en la carta piden a las autoridades nacionales “imponer el cierre de nuestras fronteras, en particular para personas provenientes de Brasil y el control estricto tanto de las fronteras con el resto de nuestros países vecinos como de los vuelos internacionales” ya que “evitar o al menos demorar la circulación comunitaria de la variante P1 en el país podría significar salvar miles de vidas”.
Se suman a las declaraciones de demás expertos acerca de que la segunda ola podría comenzar en pocas semanas en Argentina, considerando la falta de medidas de restricción y la proximidad a los meses de invierno, momento donde suelen recrudecer los virus respiratorios.
Por su parte, el gobierno hasta ahora no ha impuesto el cierre de fronteras -en pos de defender los intereses de las aeronáuticas principalmente y los empresarios que venden paquetes turísticos-, ni tomado nuevas medidas distintas a las de la difusión de contenido de cuidado personal, fomentando la responsabilidad individual por sobre la que tiene el Estado con la población. Tampoco colocó dispositivos de control eficaces frente a la llegada de turistas, quienes deben presentar un test PCR negativo al ingresar; sin embargo, son varias las denuncias acerca de test negativos que serían falsos y el mal funcionamiento de los organismos encargados del control de la documentación presentada.
La curva de contagios en el país dejó de descender hace dos semanas y se registra una suba a partir de la última de febrero. A su vez, por tercera semana consecutiva se registran aumento de casos en la Provincia de Buenos Aires (de 2.562 a 2.763) y en CABA. Si se mantiene esta tendencia, Argentina se va a encontrar en la puerta de una segunda o tercera ola (si se consideran los aumentos de finales de diciembre y principios de enero).
Hacerle frente a un rebrote implica poner a disposición una serie de recursos que, hasta ahora, el gobierno no ha dado muestras de voluntad de llevar adelante; todo lo contrario, actúa como si la pandemia hubiese terminado. La ministra de Salud, Vizzotti, declaró que «cerrar fronteras no soluciona el problema» y que «hay que desalentar los viajes», dejando al cuidado como responsabilidad única de quienes viajan y escondiendo que quienes tienen la potestad de cerrar las fronteras y aumentar los controles de quienes retornan es del Estado y el gobierno. De fondo, la negativa al cierre de fronteras esconde la falta de una política sanitaria que ponga como prioridad la salud de la población por sobre los distintos lobbies que presionan por mantener las actividades económicas abiertas, en este caso, la turística.
Esta actitud del gobierno es la que adoptó durante todo el trascurso de la pandemia: sin recursos económicos ni presupuestos acordes a la situación (de hecho, recortándolos), sin cierre de fronteras efectivo con controles a quienes regresan al país, sin testeos, sin medidas que permitan a la población mantenerse en cuarentena, sin la centralización del sistema de salud y, ahora, sin vacunación masiva. Es el ajuste y las concesiones a los capitalistas lo que llevo a que la política sanitaria bajo gestión del gobierno sea un fracaso, por lo que la toma del control de la misma por parte de la clase obrera es lo único que puede garantizar que se pongan los recursos al servicio de los intereses de los trabajadores.
Lucía Cope
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