La concesión a Pfizer y otros ha sido presentada por el gobierno como una necesidad sanitaria ineludible. Sostiene como principal argumento que las vacunas americanas ya están aprobadas para uso pediátrico y juvenil, puntualizando la situación de niños con enfermedades previas y en situación de riesgo. Las mismas fuentes oficiales, sin embargo, reconocen que la aprobación pediátrica para vacunas como Sinopharm o Sputnik estaría muy próxima. Sinopharm, por caso, ya se está empleando con ese fin en China.
Hay que escarbar más, por lo tanto, para llegar a las razones de fondo de un acuerdo que asemeja a las banderas “nacionales y populares” con el color azul de la insignia de Pfizer.
Garantías
La oposición derechista se solaza porque el gobierno accedió a derogar, por la vía del DNU, la famosa cláusula que amenazaba con demandar a los laboratorios por la figura de “negligencia” en la provisión o resultados de las inoculaciones en la Argentina. A través del decreto, el gobierno evitó una ley “Pfizer” que, en las vísperas de la campaña electoral, hubiera sido votada sin grietas por todo el macrismo.
Estos dimes y diretes han ocultado lo que constituye el corazón del DNU, a saber, que se dispone la “indemnidad patrimonial” para los proveedores de vacunas, al tiempo que el país renuncia a la “inmunidad soberana”. En otras palabras que el Estado se hace cargo de las eventuales consecuencias negativas de la aplicación de la vacuna. Por eso mismo, dispone la formación de un fondo de reparación con el 1,25% del valor de cada vacuna (que paga el Estado) y que, en cualquier caso, tiene como garante de última instancia a las rentas del fisco. Este fondo, que ha sido emulado de países del hemisferio norte, es un retrato del carácter parasitario de la industria farmaceútica: los productores de las vacunas anti Covid, financiadas en un 70% con fondos públicos y aportes de universidades, cuentan también con el respaldo de esos mismos fondos para responder por sus eventuales daños sanitarios. Mientras tanto, se estima que el negocio vacunatorio–“contornado” en ambas puntas por el Estado- ha asegurado a los laboratorios beneficios por 150.000 millones de dólares –medio producto bruto de Argentina- desde que comenzó la pandemia. Los recursos de la investigación, de un lado, y del fondo de garantías, del otro, salen de la exacción a la población trabajadora, sobre la cual se sostiene el grueso del régimen de impuestos. El DNU establece también la confidencialidad para todos los acuerdos que firme el Estado con los proveedores de vacunas, lo que abra la puerta a otras concesiones.
Biden, el visitador
El otro argumento esgrimido por el gobierno es la posibilidad de aprovechar, gracias al DNU, la montaña de donaciones de vacunas anunciadas por el presidente Biden. Por cierto que esta filantropía del Norte tiene también varias aristas a considerar. En primer lugar, Estados Unidos se desprende de un stock de vacunas sobrante, no solo por el nivel de inoculación alcanzado en el país y los costos logísticos de guardarlas, sino también por la potencial obsolescencia técnica de las mismas, a la luz de las nuevas variantes que asuelan al mundo. La cuestión de los “cambios” –en las cepas del virus y también en las vacunas- tiene una importancia mayúscula en lo que respecta a la inoculación contra el COVID como negocio permanente. En efecto: mientras el mundo se enfrenta al escenario pavoroso de una pandemia sin final, las farmacéuticas se relamen con la perspectiva de un negocio prolongado. En ese cuadro, las “donaciones” tienen un propósito estratégico: pavimentar al mercado de vacunas “en perspectiva”. Al derribar los obstáculos legales de los países receptores, y preparar las redes logísticas y comerciales para su distribución, la “donación” de Biden cumple el conocido papel del visitador médico de un laboratorio privado: la “muestra” de regalo prepara los futuros desembarcos comerciales, y, naturalmente, el escenario de la competencia feroz con China y con Rusia, la cual no termina con la vacuna. En la agenda, están los nuevos gasoductos troncales, la central hidroeléctrica de Santa Cruz, el litio y varias otras inversiones que disputan Estados Unidos y China. Pero en esa agenda, la primera de las cuestiones es la deuda externa argentina con los fondos internacionales y con el FMI. Nada menos que el periodista Raul Kollman, afin al gobierno colocó en Página 12 este objetivo estratégico, cuando mencionó que, con el DNU, se procuraba “no producirle un desplante a Washington”-, revelando también la activa participación del departamento de Estado en el diseño del “DNU Pfizer”. La apertura del mercado argentino a los productores de vacunas de Estados Unidos es una pieza estratégica en el acomodamiento general a la agenda del FMI y de los fondos internacionales, los cuales, como BlackRock, tiene importantes tenencias accionarias en Pfizer y otras. En plena pandemia, el capitalismo en decadencia ha convertido la imprescindible inoculación en un arma para reforzar la exacción económica y la extorsión sobre las naciones oprimidas.
Vacunas y Frente de Todos
La crítica al DNU de Pfizer-Moderna-Johnson debe ser abordada a partir de esta consideración de conjunto. El gobierno que lo redactó no lo hizo como un compromiso excepcional y necesario para resolver una urgencia sanitaria –no, el DNU es otro andamio en la arquitectura que une al régimen de Fernández Fernández con el capital internacional, y que se reveló a lo largo de todo el manejo de la pandemia. En medio de esta emergencia, el presupuesto nacional no dejó, ni por un momento, de diseñarse a partir de las “conversaciones” con los acreedores internacionales. La partida de Ciencia y Técnica representa el 0,25% de la economía nacional, la cuarta parte de lo que emplean países del llamado “desarrollo medio”. El sistema científico universitario, asfixiado de recursos, ha sido convertido en campo de pruebas de laboratorios privados, y no de un propósito científico independiente. India y Cuba han desarrollado una vacuna propia, Argentina sólo se ha ofrecido como tercerizada para formular desarrollos externos. La única apuesta “productiva” en favor de la burguesía farmacéutica local (Sigman) y capitales internacionales (Slim), terminó con el secuestro de las vacunas por parte del actual país “donante”. Al gobierno argentino no se le escuchó una palabra en la tímida polémica internacional sobre la suspensión del derecho de patentes, que encendió, al menos en la verba, reclamos de India o de Sudáfrica en la OMS y en la OMC. El decreto Pfizer no es la excepción, ha sido la regla de un régimen que gerenció la pandemia sin moverse un milímetro de sus compromisos con el gran capital.
Un gobierno de trabajadores, en un escenario de mayor o menor aislamiento, no podría evitar suscribir compromisos onerosos o incluso extorsivos con los monopolios internacionales o sus Estados, cuando estuvieran en juego necesidades vitales e impostergables de las masas. Pero lo haríamos, primero, sin ocultar ni enmascarar esas condiciones leoninas –al contrario de lo queocurre hoy con los impostores del gobierno “nacional y popular”. Y convertiríamos esa denuncia, en una convocatoria a la acción internacional de los trabajadores contra los gobiernos y Estados de los monopolios capitalistas. El acuerdo con Pfizer no es un episodio puntual. Es una manifestación de la mayor impotencia del gobierno “de Todos” para dar una salida a la población explotada, sacudida por la pandemia y la miseria social.
Marcelo Ramal
04/07/2021
No hay comentarios.:
Publicar un comentario