El gobierno nacional anunció un Decreto de Necesidad y Urgencia para modificar la ley de vacunas a medida de las exigencias de Pfizer y avanzar en la firma de un acuerdo con el laboratorio estadounidense. Es un ejemplo más de la manera en la que se han dado todas las negociaciones alrededor de la vacuna, con contratos, exigencias y clausulas leoninas en favor del beneficio de los grupos farmacéuticos.
El hecho fue “celebrado” por la oposición, reconocido casi como una conquista de los principales lobbistas de Pfizer en el país. La excusa de la posible administración pediátrica, utilizada estos últimos días por Juntos por el Cambio para presionar la modificación, rápidamente cayó por su peso una vez que se conoció que en China ya están aplicando la vacuna Sinopharm a chicos entre 3 y 18 años, para la cual nuestro país tiene un contrato por 24 millones y se prepara el arribo de 8 millones de la misma en el mes de julio.
Vale la pena preguntarse, entonces, por qué el gobierno decide avanzar en este momento con la negociación con Pfizer, al punto de forzar la legalidad, tras meses de idas y vueltas. Lo cierto es que si la preocupación oficial de fondo fuera la campaña de vacunación, de mínima deberían poner los recursos para acelerar el operativo de aplicación.
En realidad, la modificación y extensión del blindaje son parte del intento del gobierno de congraciarse con el imperialismo yankee en el marco de la aguerrida competencia por el mercado de vacunas y la anualidad que todo indica tendrá la vacuna contra el Covid. Rusia y China han hecho un excelente trabajo en insertarse en América Látina, por lo que Estados Unidos apuesta a desplazarlos en el próximo periodo, en medio de una guerra comercial que hoy pasa fundamentalmente por quien tiene el control de los insumos sanitarios y las materias primas de las vacunas.
En este esquema, Argentina avanza en una serie de entregas y concesiones que van desde pagos de deuda hasta contratos confidenciales, pasando gestos internacionales. La visita de Massa fue ejemplificadora porque mostró que la agenda diplomática tenía un eje central: destrabar la negociación con Pfizer y, por sobre todo, buscar el apoyo del capital financiero y el imperialismo estadounidense de cara a la renegociación de la deuda externa con el FMI.
El gobierno pretende mostrarse atento a las exigencias de blindaje y confidencialidad de los contratos de las multinacionales. Lo cierto es que ambas cuestiones le permitieron a los laboratorios establecerse como monopolios dentro del mercado de vacunas a la vez que le garantizaron inmunidad frente a posibles efectos adversos. Es decir que les proporcionaron ganancias millonarias sin riesgo de pérdida.
En la visita mencionada, el presidente de la Cámara de Diputados prometió que Biden haría una “donación” de vacunas, armada a partir del fondo Covax. Este es uno de los mecanismos más importantes a través del cual Estados Unidos está insertándose en el mercado de vacunas americano y, al fin y al cabo, chantajeando a los países que no aprueben los contratos ni las leyes de blindaje que sean requeridas por los laboratorios. Si no acuerdan en ambos aspectos, quedan por fuera de la donación, algo especialmente perjudicial para aquellos países cuyas débiles economías no les permiten afrontar los pagos de la adquisición de dosis para toda su población.
Tanto la confidencialidad como el blindaje son herramientas fundamentales de reparto del mercado en esta etapa de la pandemia. Pero también son elementos que le ponen un freno a la producción de las vacunas, en tanto no permiten utilizar las capacidades de desarrollo y la tecnología adquirida por la población los últimos 100 años. Por su parte, los laboratorios que desarrollaron las vacunas ya demostraron que no pueden suplir la demanda mundial, sin embargo mantienen el monopolio de la producción a través de las patentes, que no permite amplificar la producción en otras plantas y países. Estos hechos, sumado a los retrasos en la fabricación propios de la masividad que conlleva, no permitirán cumplir ninguno de los objetivos establecidos por la OMS en torno a la vacunación mundial.
La ralentización de la vacunación es un problema a nivel mundial porque no permite que baje la circulación del virus, por lo que aparecen nuevas cepas más contagiosas y, por lo tanto, peligrosas. A nivel local, el problema está centrado en la administración de las segundas dosis (solo 4 millones de personas la recibieron), claves para lograr una buena inmunidad frente a la variante Delta. Es un problema que enfrentarán el resto de los países de América Latina, no así Estados Unidos o algunas regiones de Europa, que inmunizaron a la gran mayoría de su población.
En este contexto, es más necesaria que nunca el fin de la confidencialidad en los contratos y en las negociaciones, que solo sirvieron para estafar a la población y cuidar las ganancias de los laboratorios, así como el planteo de la liberación de las patentes para amplificar la producción en todo el mundo, junto con los insumos y materias primas necesarias. La transferencia de tecnología también será un área de disputa, para la cual es necesaria una gran inversión en el país que permita acondicionar las plantas de los laboratorios con capacidad de producir vacunas. En cuanto a estos últimos, el Estado debe intervenirlos y ponerlos bajo control obrero y de los científicos e investigadores, para que se pueda garantizar la producción local y abastecimiento de toda la región.
Lucía Cope
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