La paralización de la obra pública, anunciada por Javier Milei, siembra enormes dudas acerca del destino de los 2.302 proyectos que están en ejecución.
El incumplimiento del gobierno saliente en finalizar las obras prometidas -fruto del ajuste aplicado en el área-, sumado a la decisión del gobierno electo de no continuarlas, dará lugar a un reguero de despidos, y, además, dejará un tendal de necesidades sociales irresueltas.
Por un lado, de los 500 centros de desarrollo infantil prometidos, 316 se encuentran en ejecución y 56 ni siquiera comenzaron a construirse. Eso va a contramano de la necesidad imperante de socializar las tareas de cuidado en función de alivianar la carga que pesa sobre las mujeres, agravando la femenización de la pobreza.
A su vez, durante el gobierno actual se anunció la construcción de 3.200 viviendas para los jubilados, de las cuales solo se terminaron 288. Los perjudicados son nuevamente los adultos mayores, que ya perciben haberes de indigencia, los cuales empeorarán con el brutal ajuste que prepara Milei.
Por otra parte, de los 28 centros de reciclado ambiental prometidos, solo se construyeron 5, ilustrando la nula intención por parte de los sucesivos gobierno de darle un tratamiento adecuado a los residuos para reducir la contaminación.
También se anunció la construcción de 30 centros de atención para consumos problemáticos pero ninguna de esas obras están finalizadas. Los principales afectados serán los jóvenes de los barrios, quienes no pueden costar un tratamiento privado para salir de su adicción y quedan a merced de los narcos, que se llenan los bolsillos a partir de explotar esa vulnerabilidad.
Por otra parte, se construyó una sola de las 100 escuelas técnicas prometidas por Alberto Fernández, demostrando que la infraestructura escolar es uno de los flancos principales del ajuste actual y venidero, lo cual obstaculiza el acceso de la juventud a la educación pública.
A su vez, el gobierno peronista había anunciado la construcción de tan solo 30 Centros de Desarrollo Territorial para asistir a las víctimas de violencia de género, de los cuales solo cuatro están terminados. Como vemos, continuará la desprotección estatal hacia las mujeres que sufren violencia, engrosando las cifras de femicidios.
El ajuste fondomonetarista de la gestión saliente está detrás de estas obras inconclusas. Si la obra pública pasa a manos privadas como pretende Milei, esos proyectos están destinados al naufragio ya que no ofrecen rentabilidad alguna. Por lo tanto, debemos organizarnos en cada barrio y conquistar por medio de la lucha la infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades populares.
Sofía Hart
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