La explotación del trabajo asalariado por el estado capitalista.

Sumario:
La explotación del trabajo asalariado por el Estado capitalista
→ Introducción
→ Trabajo productivo e improductivo en el sector público
→ Influencia de la empresa pública en la tasa general de ganancia
→ Los asalariados improductivos del Estado
→ Los asalariados del Estado capitalista
→ Trabajo estatal de supervisión, dirección y vigilancia; trabajo estatal de explotación
→ Notas

En este artículo se intenta dar respuesta a algunas cuestiones que no terminaban de aclararse en el texto sobre la composición de la fuerza de trabajo, aparecido en Antorcha núm. 1, cuando habla de los empleados públicos como asalariados entre comillas, o cuando no se explica por qué un médico es improductivo para la Seguridad Social y productivo para un empresario si realiza el mismo trabajo. En el artículo se distingue entre los trabajadores del Estado y los trabajadores dependientes de un capitalista, lo cual tiene su parte de razón, pero nos puede llevar a pensar que en el sector público se dan unas relaciones de producción distintas del sector privado y eso no es del todo cierto. El sector público sienta las bases, muestra cómo la producción puede y debe ser social, demuestra que los capitalistas como clase son innecesarios para la producción, pero de ahí a decir que el trabajo público capitalista se rige por normas distintas a la producción privada o que sus trabajadores son cualitativamente distintos que los del sector privado, va un abismo. Son asalariados sin comillas aunque les pague el Estado. Sus privilegios o sus penalidades proceden de su papel en la producción capitalista, no de que trabajen para el Estado. Hay que distinguir entre trabajadores productivos, improductivos (si producen o no plusvalía) y los que realizan tareas de explotación. Esta diferencia es la básica y para ella resulta indiferente si el trabajador es público o privado. Una vez sentado esto podemos entrar a discutir el porqué los trabajadores improductivos y los de explotación se manifiestan formalmente en el sector privado (y a veces en el público) como trabajadores productivos. Además, debemos aclarar las diferencias entre trabajadores improductivos y de explotación, pero todo ello teniendo en cuenta que el Estado burgués no es más que un gestor capitalista, y que por tanto no se pueden hacer diferencias de fondo (aunque las haya y grandes en la forma) entre el trabajo público y privado.
Para el desempeño de sus funciones, el Estado capitalista se ve en la obligación de contratar trabajadores asalariados. A grandes rasgos podemos decir que el Estado necesita trabajadores que sustenten la burocracia, que repriman, controlen y aseguren el dominio de la burguesía. Por otra parte, actuará en determinados casos como capitalista, en sectores poco productivos, improductivos o que requieran grandes inversiones de capital. Todo ello siempre con el fin de beneficiar a los grandes capitalistas y hacer que la tasa de ganancia que éstos adquieren sea la mayor posible.
Cuando estudiamos el papel de los asalariados del Estado en la producción capitalista, esto es, si su trabajo es productivo o improductivo, nos encontramos con que las cosas se nos presentan de forma distinta al resto de trabajadores empleados directamente por capitalistas.
La producción capitalista presupone, por un lado, la propiedad privada de los medios de producción y, por otro, la existencia de trabajadores que no poseen más medio de ganarse la vida que el de vender su fuerza de trabajo por un salario. Desde el punto de vista capitalista, un trabajo sólo es productivo cuando los asalariados que lo realizan generan plusvalía para el empresario que los contrató. El fin de la producción capitalista es la obtención de plusvalía.
En las empresas públicas del Estado capitalista los trabajadores asalariados sólo pueden ganarse la vida mediante el salario que obtienen al vender su fuerza de trabajo. Sin embargo, los medios de producción no son propiedad de un capitalista o grupo de capitalistas concretos. Los medios de producción son propiedad del Estado. El Estado es el representante oficial de toda la sociedad, su compendio en una corporación visible. En este sentido, nos encontraríamos aparentemente con que la propiedad de los medios de producción y de la ganancia obtenida sería social, no privada. Formalmente, las empresas y asalariados públicos del Estado capitalista no cumplirían las premisas de la producción capitalista. Estaríamos ante un sistema de producción que parece no capitalista. Un sistema económico basado en la propiedad social de los medios de producción y en donde la ganancia obtenida también sería patrimonio social. Al ser social la ganancia, no podría hablarse de explotación del trabajo ajeno, pues sería la propia sociedad la que emplea a sus miembros y reparte luego sus beneficios. Los empleados públicos, por tanto, no formarían parte del proletariado.
La socialdemocracia y el resto de revisionistas han defendido siempre los anteriores argumentos, contraponiendo la empresa pública a la privada y presentando todo como si nos encontrásemos ante dos sistemas productivos diferentes. Se justifica así la explotación sufrida por los trabajadores públicos, diferenciándolos de los del sector privado, presentándolos como privilegiados, como si su régimen productivo anulara la explotación que sufren. Al mismo tiempo, sirve como excusa para la defensa de la llamada economía mixta, esto es, la convivencia de empresas públicas y privadas, una especie de armonía entre el sistema económico socialista y el capitalista en el que se superarían las arbitrariedades del mercado, se redistribuiría la riqueza y se evitarían las contradicciones y crisis del sistema capitalista. Más aún, la defensa revisionista del sector público traspasa el campo puramente económico sirviendo para justificar que ya no es necesaria la revolución para que se efectúe un cambio hacia una sociedad socialista, pues ahora es el propio Estado el que, al adquirir la propiedad de las empresas de los principales sectores estratégicos, logra dominar a los capitalistas y crear una economía que produce y se apropia de la riqueza socialmente.
En realidad todos los argumentos revisionistas anteriores se basan en un análisis falso de la realidad. Las empresas públicas gestionadas por el Estado capitalista no suponen un sistema productivo diferente al de las empresas privadas. Tanto las empresas públicas del Estado capitalista como las empresas privadas se rigen por las leyes capitalistas de producción.
La propiedad social, tanto de los medios de producción como de los posibles beneficios generados en las empresas públicas, es sólo formal, aparente. Antes hemos afirmado que el Estado es el representante oficial de toda la sociedad. Es aquí donde reside el problema. El hecho de que la representación oficial de la sociedad recaiga sobre el Estado no implica que el Estado represente los intereses de toda la sociedad. En realidad, el Estado capitalista es tan sólo la superestructura de la que se dota la burguesía para mantener la explotación de las clases trabajadoras. Aunque el Estado represente oficialmente a los trabajadores no defiende sus intereses. Aunque la propiedad de las empresas públicas sea oficialmente social, esta propiedad social es tan sólo formal y esconde el beneficio único y exclusivo de la clase capitalista. Veamos cómo plantea Engels el problema que nos ocupa:
En la sociedad capitalista los medios de producción no pueden entrar en actividad a menos de transformarse antes en capital, en medios de explotación de fuerza humana de trabajo. La necesidad de que el capital posea los medios de producción y de vida está siempre, como un fantasma, entre ellos y los trabajadores. Y esa necesidad impide que coincidan juntas las palancas material y personal de la producción: ella es lo único que prohibe a los medios de producción servir para lo que realmente sirven, y a los trabajadores vivir y trabajar. Así, pues, por una parte, el modo de producción capitalista se encuentra en la crisis ante la demostración de su propia incapacidad para seguir administrando aquellas fuerzas de producción. Por otra parte, esas fuerzas productivas presionan cada vez más en favor de la superación de esa contradicción, en favor del efectivo reconocimiento de su carácter de fuerzas productivas sociales.
Esta contrapresión de las fuerzas productivas, en imponente crecimiento, contra su condición de propiedad del capital, esa creciente constricción a reconocer su naturaleza social, es lo que obliga a la clase misma de los capitalistas a tratarlas cada vez más como fuerzas productivas sociales dentro, naturalmente, de lo que eso es posible en el marco de la sociedad capitalista. Tanto el periodo de alta presión industrial, con su limitada hinchazón del crédito, como el crack mismo, por el hundimiento de grandes establecimientos capitalistas, empujan hacia aquella forma de asociación de grandes masas de medios de producción que se nos presenta en las diversas sociedades anónimas. Algunos de esos medios de producción y tráfico son ya por sí mismos tan colosales que, como ocurre con los ferrocarriles, excluyen cualquier otra forma de explotación capitalista. Pero llegados a un cierto nivel de desarrollo, ya no basta siquiera esa forma: el representante oficial de la sociedad capitalista, que es el Estado, se ve obligado a asumir la dirección. Esta necesidad de transformación en propiedad del Estado aparece ante todo en las grandes organizaciones del tráfico: los correos, el telégrafo, los ferrocarriles.
Si las crisis descubren la incapacidad de la burguesía para seguir administrando las modernas fuerzas productivas, la transformación de las grandes organizaciones de producción y tráfico en sociedades anónimas y en propiedad del Estado muestra que la burguesía no es ya imprescindible para la realización de aquella tarea. Todas las funciones sociales de los capitalistas son ya desempeñadas por empleados a sueldo. El capitalista no tiene ya más actividad social que percibir beneficios, cortar cupones y jugar a la bolsa, en la cual los diversos capitalistas se arrebatan los unos a los otros sus capitales. Si el modo de producción capitalista ha desplazado primero a los trabajadores, ahora está haciendo lo mismo con los capitalistas, lanzando a éstos, como antes a muchos trabajadores, a engrosar la población superflua, aunque no, por el momento, al ejército industrial de reserva.
Pero ni la transformación en sociedades anónimas ni la transformación en propiedad del Estado suprimen la propiedad del capital sobre las fuerzas productivas. En el caso de las sociedades anónimas, la cosa es obvia. Y el Estado moderno, por su parte, no es más que la organización que se da la sociedad burguesa para sostener las condiciones generales del modo de producción capitalista contra los ataques de los trabajadores o de los capitalistas individuales. El Estado moderno, cualquiera que sea su forma, es una máquina esencialmente capitalista, un Estado de los capitalistas: el capitalista total ideal. Cuantas más fuerzas productivas asume, tanto más se hace capitalista total, y tantos más ciudadanos explota. Los obreros siguen siendo asalariados, proletarios. No se supera la relación capitalista, sino que más bien, se exacerba. Pero en el ápice se produce la mutación. La propiedad estatal de las fuerzas productivas no es la solución al conflicto, pero lleva ya en sí el medio formal, el mecanismo de solución (1).
Tenemos, pues, que las empresas públicas regidas por el Estado no son más que un intento de la propia burguesía para solventar la contradicción existente entre el carácter cada vez más social de los medios de producción y el carácter privado de los medios de producción en el capitalismo. Al igual que los ejecutivos del sector privado gestionan las sociedades anónimas entregando el beneficio a los capitalistas propietarios de las mismas, el Estado gestiona las empresas públicas en beneficio de la clase capitalista.
El Estado invierte en aquellos sectores que necesitan un capital mayor del que disponen los capitalistas particulares o cuando el tiempo de amortización de una fuerte inversión es muy grande, o nacionaliza las empresas en crisis o privatiza las empresas públicas con beneficios... Todas estas variantes no son más que distintas formas que adopta el Estado como gestor de los intereses capitalistas. Lo fundamental en este caso, la esencia de la producción pública, es capitalista. De la misma forma que la concentración empresarial y la aparición de las sociedades anónimas y monopolios representan un paso adelante en la socialización de la producción, la empresa pública acentúa más aún ese carácter social demostrando que la clase burguesa es un lastre, que es innecesaria para la producción. Ahora bien, así como al admitir que las sociedades anónimas y monopolios son consecuencia y agudizan el carácter social de la producción no podemos afirmar que las sociedades anónimas y monopolios sean formas socialistas o conduzcan por sí mismas al socialismo (como afirman Kautsky y los partidarios del ultraimperialismo), de la misma forma, las empresas públicas, aunque suponen la prueba del alto nivel de socialización alcanzado por la producción, no nos muestran una producción socialista ni suponen por sí mismas un acercamiento a un régimen socialista de producción (como afirman los socialdemócratas y los defensores de la economía mixta).
La empresa pública dirigida por el Estado burgués es una empresa capitalista. El Estado es aquí el gestor de los intereses capitalistas. Utiliza la fuerza militar, policial, judicial y represiva para imponer la existencia de empresas que los capitalistas por sí solos no pueden defender. Utiliza también el poder político del Estado para recaudar impuestos que aseguren el capital suficiente para realizar costosas inversiones, sustenta todo el aparato burocrático que requiere el dominio de la clase capitalista, crea las infraestructuras energéticas, de transporte y de todo tipo necesarias para que se desarrolle la producción capitalista a mayor escala. En pocas palabras, el Estado a través del empleo público asegura el dominio económico, social y político de la clase capitalista sobre toda la sociedad. La gestión del Estado hace que la propiedad y el beneficio social generado por el empleo público sean realmente propiedad y beneficio exclusivo de los capitalistas.

Trabajo productivo e improductivo en el sector público

Hasta aquí hemos visto que el sector público de la economía capitalista sigue las mismas leyes capitalistas de producción, que explota a sus asalariados de la misma forma que lo hace cualquier capitalista particular. Nuestro análisis del trabajo público debe seguir, por tanto, los mismos criterios que al analizar la empresa privada. No existe diferencia esencial alguna entre el sector público y privado de la economía a la hora de establecer si el trabajo que se efectúa es productivo o improductivo. O sea, el trabajo asalariado público será productivo (desde el punto de vista capitalista) siempre que genere plusvalía y será improductivo cuando no genere plusvalía.
La gestión pública del Estado capitalista no cambia el carácter del trabajo realizado. Si un trabajo cualquiera es productivo en el sector privado, lo será también en el público. Si un trabajo es improductivo en el sector público, será igualmente improductivo en el privado. El cambio de trabajo público a privado, o viceversa, sólo supone un cambio de gestores, mantiene el sistema productivo capitalista y, por tanto, la mera división social del trabajo, el que se realice a las -rdenes de uno u otro capitalista (y aquí el Estado funciona a todos los efectos como un gestor capitalista) no hace que un trabajo asalariado cualquiera cambie de carácter. Si no produce plusvalía en el sector público tampoco lo hará en el privado y, si produce plusvalía en el sector privado, también la producirá en el público.
Por tanto, para la sociedad capitalista serán productivos tanto los trabajos asalariados públicos como los privados realizados en la industria, la agricultura, los transportes de mercancías, la construcción, minería y, en general, todos aquellos que produzcan plusvalía. Igualmente, serán improductivos todos aquellos trabajos asalariados del sector público o privado que no generen plusvalía, tales como los realizados en tareas de banca, comercio, educación, sanidad, burocracia, represivas, militares, de servicios y similares.
El trabajo realizado por un mecánico de la SEAT será siempre productivo, con independencia de que la empresa automovilística sea propiedad del Estado o de la Volkswagen. El trabajo de un profesor, un abogado o un policía será siempre improductivo, al margen de que se halle asalariado del Estado o de un empresario particular.
Hay que tener en cuenta que el fin de la producción capitalista no es producir mercancías. El objetivo es conseguir plusvalía. La gestión pública del Estado capitalista también busca la producción de plusvalía. El sector público, igual que el privado, no intenta generar riquezas, ofrecer a la sociedad nuevos productos o servicios que mejoren el nivel de vida de la sociedad. Sólo se produce con ánimo de lucro, pensando ampliar los beneficios obtenidos. Los gestores del empleo público actúan como ejecutivos de una gran sociedad anónima, cuidando siempre de los intereses capitalistas.
En la sociedad capitalista la competencia hace que los capitalistas se repartan, de forma proporcional al capital que invierte cada uno, la ganancia obtenida por todos ellos. Los sectores productores de plusvalía se ven obligados a ceder parte de ésta a los capitalistas que contratan asalariados que no la crean. Sólo así estos empresarios del comercio, banca, educación, sanidad y otros sectores improductivos pueden obtener una ganancia en sus negocios. Estos trabajos no producen directamente plusvalía y, por eso, son improductivos, pero gracias a sus asalariados obtienen ganancia (cedida por los sectores productivos) que permite a estos capitalistas valorizar su capital. Esta es la causa de que un trabajo asalariado improductivo (que no genera plusvalía) sea productivo (origine ganancia) para el capitalista que lo emplea. Tenemos, pues, que en la sociedad capitalista se nos presenta como trabajo productivo tanto el que crea plusvalía (y que es realmente productivo) como el que no la crea y tan sólo se apropia de la parte de plusvalía que le ceden otros sectores productivos (y que realmente es improductivo).
Veamos ahora lo que pasa en el sector público. En las empresas públicas productoras de plusvalía la cosa se nos presenta claramente similar a las empresas productivas privadas. Aquí se explota al máximo a los asalariados para lograr la mayor plusvalía posible. El hecho de que los trabajadores de estas empresas públicas posean unas condiciones laborales algo distintas al resto de asalariados de la industria privada no supone un cambio sustancial en las relaciones de producción. Estos cambios obedecen a necesidades de la empresa como tal, y es indiferente el hecho de que ésta sea pública o privada. Podemos observar que muchas multinacionales ofrecen a sus empleados colonias de casas en las que vivir cerca de la fábrica, préstamos, economatos, colegios, sanidad, etc. Estas ofertas varían según las necesidades de la industria y la intensidad de las luchas obreras. Cuanto mayor es una empresa, mayor número de empleados posee. Igualmente, precisa crear la infraestructura que permita la vida, reproducción y puesta a punto de la fuerza de trabajo que utiliza. Es esta socialización de la producción la que hace que la industria se vea obligada a cubrir algunos derechos laborales y sociales que la pequeña empresa ni siquiera se plantea resolver. Además, la mayor concentración de asalariados favorece la unidad y lucha obrera por determinadas conquistas. Estas son las razones objetivas por las que a veces los obreros de las industrias públicas y privadas poseen algunas conquistas laborales y sociales mayores que el resto de trabajadores.
A lo anterior hay que a-adir que la empresa privada se encuentra limitada por la cantidad de capital que dispone el inversor y la necesidad de conseguir beneficios. Por su parte, gracias a la empresa pública, los capitalistas invierten dinero que no es suyo. El Estado capitalista consigue el capital necesario para invertir exprimiendo a toda la sociedad (impuestos, tasas, deuda pública...). Así logra que la inversión se realice. Al usar la riqueza social, el Estado puede permitirse a veces el lujo de conceder algunas mejoras laborales a sus asalariados productivos. Todo con el fin de que lo antes posible la inversión realizada sea productiva y genere beneficios a los capitalistas. En realidad lo que da de un lado lo quita de otro, aumentando impuestos, devaluando la moneda, subiendo los intereses de los préstamos, etc. Los asalariados de las empresas productivas públicas son tan explotados como sus compañeros de la industria privada. Unos y otros realizan un trabajo productivo que crea plusvalía. Buena prueba de que las concesiones extras que el Estado hace a sus proletarios no pasan de ser coyunturales es que, una vez alcanzado el objetivo buscado, aparecen las reconversiones, las privatizaciones y demás medidas similares.
La plusvalía creada en la empresa pública es traspasada a los capitalistas de distintas maneras: en primer lugar se evita la necesidad de un capital privado original, el riesgo de una inversión fuerte que pueda fracasar. El Estado es quien asume el riesgo y la primera inversión de capital. El capitalista de turno sólo se hace con la industria cuando ésta genera beneficios y tiene asegurado el mercado. Sólo cuando tiene claro que su capital se valorizará. Mientras eso no sea así, la industria será gestionada por el Estado, que hará recaer los costos y las inversiones sobre las espaldas de toda la sociedad. Igualmente, si la productividad de una empresa disminuye por cualquier razón, el Estado la nacionaliza, socializando las pérdidas ocasionadas. El Estado privatiza los beneficios y socializa los gastos y pérdidas. En ocasiones el Estado crea un monopolio, pone trabas al comercio, da subvenciones, etc., con el fin de acelerar el proceso que haga rentable un sector para los capitalistas privados.

Existe otro modo de traspasar a los capitalistas la plusvalía creada en las empresas públicas productivas: la tasa general de ganancia.

Influencia de la empresa pública en la tasa general de ganancia

Los capitalistas tienden a repartirse entre ellos (tendencia en que consiste la competencia) la cantidad de trabajo no retribuida que estrujan a la clase obrera o los productos de esta cantidad de trabajo, no en proporción en que un capital específico produce directamente plustrabajo, sino, primero, en aquella en que ese capital específico representa una parte alícuota del capital global y, segundo, en la proporción en que el capital global produce plustrabajo. Los capitalistas se reparten el botín del trabajo ajeno como hermanos-enemigos, de modo que, por término medio, uno se apropia de la misma cantidad de trabajo no retribuido que otro (2).
La competencia capitalista hace que las distintas tasas de ganancia de las empresas particulares formen una sola tasa general de ganancia, que es la media de las diferentes tasas de ganancia particulares. Las empresas públicas gestionadas por el Estado burgués siguen el sistema capitalista de producción y, por tanto, entran también a formar parte de la tasa general de ganancia. Para simplificar las cosas partimos de unas condiciones de libre mercado. La creación de monopolios públicos u otras intervenciones económicas del Estado (tasas, transferencias, préstamos, etc.) también repercuten en la formación de la tasa de ganancia, pero no pueden impedir la competencia, tan sólo hacen que la transferencia de plusvalía entre unas y otras empresas sea mayor o menor, sin alterar el sistema de producción capitalista.
Pueden darse varios casos: Que la empresa pública produzca mayor, menor o igual plusvalía que la que le adjudica la tasa general de ganancia (en estos tres casos hablamos de empresas públicas productivas) y que no produzca ninguna plusvalía (en cuyo caso estaremos ante un trabajo público asalariado improductivo). Estudiaremos los distintos casos de forma separada, comparándolos cada uno con una economía capitalista en la que sólo hubiese empresas privadas.

tabla I
sector privado:
capital: 100 c
plusvalía producida: 20 p
ganancia obtenida: 20 g
Tgp (tasa de ganancia sector privado) Tgp = 20 p / 100 c = 20%
La tabla I nos muestra la formación de la tasa de ganancia en una economía capitalista sin sector público. Las empresas privadas se reparten entre sí una ganancia del 20 por ciento del capital que invierte cada una. La plusvalía total producida por las empresas privadas (20 p) es igual a la ganancia que se reparten esos capitalistas (20 g).

tabla II
total: sector privado: sector público:
capital 110 c 100 c 10 c
plusvalía producida 25 p 20 p 5 p
ganancia obtenida 25 g 100 x 0'227 = 22'7 g 10 x 0'227 = 2'3 g
diferencia G-P 0 + 2'7 - 2'7
Tep (tasa de ganancia empresa pública) Tep = 5 p / 10 c = 50% > 20% Tgp
Tgg (nueva tasa general de ganancia) Tgg = 25 p / 110 c = 22'7%
sube la tasa general de ganancia
La tabla II nos muestra la formación de la tasa general de ganancia en una economía capitalista con una empresa pública cuya tasa de ganancia es mayor que la tasa general de ganancia que obtiene el sector privado. En este caso la propia competencia capitalista le hará ceder la plusvalía excedentaria para elevar la nueva tasa general de ganancia que ahora se forma (lo mismo que ocurriría con cualquier empresa privada en su situación). Al subir la tasa general de ganancia, baja la tasa de ganancia de la industria pública y consigue que los capitalistas en general se apropien de parte de la plusvalía creada en la empresa pública.
En nuestro ejemplo veíamos que la tasa general de ganancia del sector privado era del 20 por ciento; si la tasa de ganancia de la empresa pública de la tabla II fuese del 20 por ciento, le correspondería por su capital de 10 una ganancia de 2, sin embargo su tasa de ganancia es del 50 por ciento, ya que produce una plusvalía de 5. Es decir, le sobran 3 de plusvalía que, gracias a la competencia, reparte con el resto de capitalistas haciendo que la tasa general de ganancia pase del 20 por ciento anterior al 22'7 por ciento actual. Así tenemos que ahora los capitalistas privados producen una plusvalía igual a 20p pero se reparten una ganancia de 22'7g. La diferencia, 2'7, procede de la plusvalía creada por la empresa pública y que, gracias a la competencia, les cede. (Como ya dijimos antes, el monopolio público y otras intervenciones fiscales y monetarias del Estado pueden alterar el grado de esta cesión de plusvalía creada por la empresa pública).

tabla III
sector privado: sector público: total:
capital: 100 c 10 c 110 c
plusvalía producida 20 p 2 p 22 p
ganancia obtenida 100 x 0'2 = 20 g 10 x 0'2 = 2 g 22 g
diferencia G-P 0 0 0
Tep = Tgp 20 p / 100 c = 2 p /10 c= 20%
nueva tasa general de ganancia Tgg = 22 g / 110 c = 20%
la tasa de ganancia no varía

La tabla III nos muestra la formación de la tasa general de ganancia en una economía capitalista con una empresa pública cuya tasa de ganancia es similar a la tasa general de ganancia que obtiene el sector privado. En este caso la existencia de la empresa pública no altera el valor de la tasa general de ganancia, pero dificulta su caída. Si en nuestro ejemplo la tasa general de ganancia del sector privado era del 20 por ciento, después de incorporarse al mercado la empresa pública la nueva tasa general de ganancia sigue siendo del 20 por ciento. Esto es así porque, al ser idéntica la tasa de ganancia de la empresa pública y la tasa general de ganancia del sector privado, la competencia no le hace entregar a la empresa pública parte de la plusvalía que produce al resto de capitalistas privados. Ahora bien, la incorporación de esta empresa pública supone un aumento del capital global y de la plusvalía total producida, de forma que, aunque no produce una variación en la tasa general de ganancia, repercute en el crecimiento de la economía, lo cual facilita la aparición de nuevas empresas de mercancías y servicios, con lo que, a la larga, se dificulta la caída de la tasa de ganancia e incluso puede hacer indirectamente que se mantenga o suba.

Los asalariados improductivos del Estado

En principio aquí englobaremos a todo el aparato burocrático, represivo, militar, educativo, sanitario, etc., empleado por el Estado (más tarde se verá la diferencia de los trabajos improductivos y de explotación). Estos trabajos no producen plusvalía, son gastos.
Los asalariados improductivos del Estado son, a efectos de la producción capitalista, iguales que los asalariados improductivos de las empresas privadas. Aquí lo único que cambia es el gestor que dirige el trabajo. Tanto unos como otros son explotados sin que en ningún caso creen plusvalía para sus empresarios. Estos trabajadores improductivos subsisten sólo gracias al sueldo que reciben por su fuerza de trabajo. Las empresas improductivas privadas sólo logran adquirir ganancias gracias a que las empresas productivas (que son las únicas que crean plusvalía) les ceden parte de su ganancia. La competencia hace que las tasas de ganancia de todas las empresas, productivas e improductivas, tiendan a ser iguales. En condiciones de libre mercado la empresa improductiva pública se comportaría igual que una empresa privada; por tanto, como parte del capital global, le correspondería una porción de la plusvalía total producida por las empresas productivas.
La intervención del Estado altera la libre competencia (aunque no la impide totalmente). Puede buscar dos objetivos: hacer que toda la sociedad cargue con los gastos que ocasiona un trabajo asalariado improductivo y dar lugar a una empresa improductiva que genere beneficios con vistas a su privatización.
a) Trabajo asalariado improductivo a cargo del Estado.- En estos casos el Estado gestiona estos servicios sin buscar un beneficio económico, es decir, no intenta que los servicios públicos generen plusvalía. Tan sólo los realiza porque son necesarios para el mantenimiento del sistema capitalista que, sin ellos, no podría subsistir. El Estado es aquí el que garantiza que un determinado trabajo social improductivo se lleve adelante. Obliga a todos los miembros de la comunidad a sufragar el gasto que ocasiona este servicio. Como gestor capitalista reproduce unas relaciones laborales asalariadas de explotación (al margen de que en estos trabajos no se cree nunca plusvalía).
El Estado no busca obtener beneficios para sí. El Estado burgués es el gestor capitalista y, por ello, busca que los capitalistas sean los que obtengan directa o indirectamente las ganancias generadas. Obviamente, al igual que los ejecutivos de las grandes sociedades anónimas, los gestores públicos participan de esos beneficios, pero no pasan de tomar unas migajas. Ni los gestores públicos ni los privados obtienen el grueso de las ganancias. Ellos sólo dirigen y vigilan que la producción capitalista se efectúe y los beneficios lleguen a manos de los capitalistas. Es por eso que, en los trabajos asalariados sociales improductivos gestionados por el Estado, éste no busca obtener beneficios. No está interesado en que dichos trabajos asalariados participen de la tasa general de ganancia. Su función aquí es precisamente ésa, que se realice un trabajo asalariado improductivo (que por tanto no genera plusvalía) sin que el resto de trabajos productivos deban cederle parte de sus ganancias.
Tenemos pues una gestión capitalista que explota el trabajo asalariado pero que no busca obtener ganancias. Su objetivo es reducir costes, hacer que dichos trabajos asalariados improductivos imprescindibles para la sociedad capitalista sean lo más baratos posible, esto hace que en su precio no se incluya ninguna participación en la ganancia total producida. Sólo así se logra que estos trabajos asalariados se efectúen sin que la tasa general de ganancia se reduzca.
El hecho de que no se produzca en ningún caso plusvalía en estos servicios públicos no supone que no nos encontremos ante una relación capitalista de producción. En realidad, ocurre lo mismo que en cualquier otro trabajo asalariado improductivo gestionado por el sector privado. Tanto el trabajo asalariado improductivo público como el privado forman parte del capital global. La diferencia está en que el capitalista improductivo adquiere la parte de la ganancia social que le corresponde por la competencia y el Estado no la toma para que no baje la tasa general de ganancia. Ahora bien, aunque de hecho se mantiene la producción capitalista, los servicios públicos son la mejor muestra de que el grado de socialización alcanzado por la producción es tal que permite pasar ya a otro sistema económico en el cual la producción y el beneficio es común, un sistema en el que no se busca la apropiación de plusvalía. Tenemos pues un claro ejemplo de la contradicción básica del sistema capitalista, que enfrenta el grado de socialización alcanzado por la producción con la propiedad privada de los medios de producción.
b) Gestión de una empresa pública improductiva buscando su privatización. En esta ocasión salta a la luz todo el modo de producción capitalista de los trabajos asalariados improductivos públicos. En el apartado anterior vimos cómo el hecho de que estos trabajos asalariados improductivos no produzcan plusvalía y que el Estado no se apropie de parte de la ganancia total producida (al formar parte estos trabajos del capital global) hace que parezca que nos encontramos ante una relación de producción no capitalista. Esta falsa apariencia desaparece desde el momento que observamos cómo cualquier servicio público puede pasar a manos privadas. El trabajo efectuado es el mismo, por lo que sigue teniendo el mismo carácter. Era asalariado en el sector público y lo seguirá siendo en el privado. No generaba plusvalía (era improductivo) en el sector público y seguirá sin crearla en el privado (continuará siendo improductivo). La única diferencia que existe entre la gestión pública y la privada del sector público es que el Estado no hace uso de su derecho a percibir la parte de ganancia que le corresponde por la empresa improductiva y el capitalista no sólo adquiere, sino que intenta incrementar, esa porción de la ganancia total que la competencia entrega a su empresa improductiva. Esta es la razón por la que un trabajo asalariado que no produce plusvalía (es improductivo) se nos presenta como improductivo en el sector público (al no percibir ganancia) y como productivo en el sector privado (generador de ganancias para su capitalista). La realidad es que en los dos casos es improductivo (no produce plusvalía) y, sólo en tanto participa o no de la ganancia que le ceden los capitalistas realmente productores de plusvalía, nos encontraremos ante un trabajo asalariado formalmente productivo (que origina ganancia sin crear plusvalía).
Dado que los servicios públicos afectan al conjunto de la sociedad, mueven grandes cantidades de capital. Todas las personas se ven obligadas a costearlos con independencia de que los usen o no. Son trabajos que, si bien no crean plusvalía, resultan imprescindibles para que el sistema económico, político y social capitalista se mantenga. Todo ello hace que los grandes capitalistas intenten hacerse con su control, buscando la privatización de la ense-anza, la sanidad, los medios de comunicación y transporte de personas, etc.
Ningún capitalista se hará cargo de una empresa que no le genere ganancias. Los trabajos públicos improductivos no crean plusvalía ni hacen que el Estado se apropie de ganancias, pero esto último es sólo porque los propios gestores estatales no quieren que baje la tasa general de ganancia, pues objetivamente, como parte del capital global, podrían obtenerla. De hecho, en ocasiones el Estado sí toma la parte de ganancia que le corresponde, incrementa los precios de los servicios públicos que presta, cobrando no sólo el costo de los medios de producción y la fuerza de trabajo que emplea, sino a-adiendo un plus que supone su ganancia. Esta ganancia es en realidad la manifestación física de que el servicio público participa de la ganancia total como parte del capital global de toda la sociedad. Es sólo la cesión (debida a la competencia) de plusvalía creada en los sectores productivos. En este caso las empresas públicas improductivas actuarían de la misma manera que las empresas improductivas privadas. Ninguna de las dos produce plusvalía, pero las dos participan de la ganancia total como parte del capital global. Ni que decir tiene que, en este caso, esa obtención de ganancia de la empresa improductiva pública genera una bajada de la tasa general de ganancia.
En cuanto un servicio público participa de la ganancia social, se ve transformado en una empresa productiva para su propietario. Sigue sin crear plusvalía (por lo que sigue siendo improductivo el trabajo asalariado que emplea), pero, consigue que el propietario de la empresa obtenga ganancias (por lo que el trabajo que contrata es productivo para él). En estas condiciones los capitalistas sí están dispuestos a asumir la dirección y el control directo de los servicios públicos, pues éstos les producen ganancias como cualquier otra empresa capitalista. Esta es la razón por la que asistimos a la privatización de la seguridad social, la educación, los transportes públicos, etc. El Estado ha logrado poner en funcionamiento estos trabajos asalariados improductivos, ha creado las estructuras que obligan a financiar estos servicios sociales. De hecho, muchas de estas nuevas empresas privadas de servicios públicos cobran sus prestaciones directamente del Estado, que se convierte así en un simple recaudador de los capitalistas particulares. (Por ejemplo, la Administración Pública contrata empresas de vigilancia para seguridad de organismos e instituciones por valor de 35.000 millones de pesetas anuales).
La existencia de monopolios públicos, transferencias y subvenciones estatales, así como otras múltiples formas de intervención estatal hacen que la realidad sea mucho más compleja de lo que aquí hemos expuesto. Un análisis en profundidad de todas las relaciones económicas del Estado haría demasiado extenso este texto. Aquí sólo se pretende dar unas pinceladas que muestren que la base de las relaciones de producción del trabajo asalariado del Estado capitalista siguen las mismas leyes que imperan en las empresas privadas.

Los asalariados del Estado capitalista

Una vez que hemos comprobado que las relaciones de producción en los trabajos asalariados del Estado siguen las leyes capitalistas, resulta obvio que nuestro análisis de los empleados públicos debe seguir el mismo criterio que el de los asalariados del sector privado. Todos los asalariados públicos sobreviven gracias a la venta de su fuerza de trabajo por un salario. No poseen otras rentas ni son dueños de los medios de producción. Estos asalariados públicos son, pues, obreros.
Por otra parte, desde un punto de vista de la sociedad en su conjunto sólo son proletarios aquellos asalariados públicos cuyo trabajo cree plusvalía y no serán proletarios (pero sí obreros, en cuanto que son asalariados) los empleados públicos que no creen plusvalía.
Finalmente, desde el punto de vista de la empresa concreta, serán proletarios todos aquellos asalariados públicos que originen ganancias al Estado (con independencia de que su trabajo concreto cree o no plusvalía) y no serán proletarios aquellos que no generen directa o indirectamente ninguna ganancia.
Al margen de lo anterior, hemos de detenernos a ver qué sucede con aquellos que llevan a cabo el trabajo estatal de supervisión, dirección y vigilancia. Su papel es claramente distinto al del resto de asalariados productivos e improductivos del Estado.

Trabajo estatal de supervisión, dirección y vigilancia: Trabajo estatal de explotación

Cuando el proceso de producción tiene la forma de un proceso de trabajo socialmente combinado, surge la necesidad del trabajo de dirección y supervisión. Estos trabajos son imprescindibles para que los diferentes trabajos parciales actúen de forma coordinada, con el orden, intensidad y medida adecuadas. No se trata de funciones de los trabajos parciales, sino de una actividad que afecta al trabajo en su conjunto. Una orquesta no puede tocar sin director, un barco mercante no puede navegar sin capitán o una fábrica no puede producir sin supervisión y dirección.
Este es un trabajo productivo que debe efectuarse en todo modo combinado de producción. Por otro lado, prescindiendo del departamento comercial, este trabajo brota necesariamente en todos los modos de producción que se basan en la antítesis entre el obrero como productor directo y el propietario de los medios de producción. Cuanto mayor sea ese antagonismo, tanto mayor será el papel que desempe-a ese trabajo de supervisión. Por eso alcanza su punto culminante en la esclavitud. Pero también es indispensable en el modo capitalista de producción, puesto que el proceso de producción constituye aquí, al mismo tiempo, el proceso de consumo de fuerza de trabajo por el capitalista (3). En este último caso el trabajo de supervisión y dirección procede de la división social en clases, de la explotación de trabajo ajeno. Aquí no sólo no se produce nada (este trabajo es improductivo socialmente), sino que se ponen las medidas necesarias para apropiarse lo producido por otros: es trabajo de explotación.
Tenemos, por tanto, que en la producción capitalista existe un trabajo de supervisión y vigilancia que es fruto de que el proceso de producción sea socialmente combinado y otro trabajo de supervisión, vigilancia y dirección que es realmente trabajo de explotación y resulta imprescindible tan sólo para mantener el dominio de la clase capitalista sobre los medios de producción.
El trabajo público del Estado también comprende estos dos tipos de trabajos de supervisión y dirección. Toda empresa pública (sea de servicios o de mercancías) supone una producción socialmente combinada que necesita una organización y dirección adecuadas. El trabajo asalariado que efectúa estas tareas posee el mismo carácter que el del resto de obreros asalariados en esas empresas públicas.
Por su parte, el trabajo de supervisión y dirección que busca asegurar y mantener la explotación capitalista en las empresas públicas es siempre improductivo, los que lo realizan no sólo no son obreros, sino que son gestores y siervos de los intereses capitalistas, cumplen un papel similar al de los ejecutivos y directivos de la empresa privada.
Hasta aquí hemos visto la actuación del Estado como capitalista, pero el papel fundamental del Estado es el de sostener las condiciones generales externas del modo de producción capitalista contra ataques de los trabajadores o de capitalistas individuales. Para ello se dota de un fuerte aparato burocrático-militar. Los trabajos de vigilancia, dirección y supervisión que se desarrollan en estas esferas son eminentemente trabajos de explotación que sustentan el dominio capitalista. Jueces, policías, militares, carceleros, políticos y demás representantes oficiales, burócratas y gran parte de los funcionarios administrativos componen este apartado.
Cualquiera de estos trabajos son improductivos: no sólo no generan plusvalía, sino que su función es precisamente asegurar que los capitalistas puedan seguir explotando al resto de trabajadores. Ahora bien, dentro de este colectivo existen ciertas diferencias importantes. Por un lado, tenemos a los cuadros dirigentes de estos trabajos de explotación, que en su mayoría son representantes de la propia burguesía. Así es fácil ver ministros, políticos, oficiales del ejército que son miembros de grandes familias capitalistas o que, después de su paso por la Administración, pasan a ser ejecutivos de grandes industrias. Esta es la prueba material de que todos estos elementos no pueden ser considerados en ningún caso obreros. El ingreso que reciben por su trabajo es en realidad una participación de las ganancias capitalistas.
El grueso de este trabajo de explotación está efectuado por trabajadores a las -rdenes de los anteriores. Estos funcionarios públicos se encuentran con una situación contradictoria: El trabajo que realizan es un trabajo de explotación (ya que, gracias a la burocracia y represión que ejercen, el sistema capitalista se mantiene), pero ellos mismos son trabajadores que venden su fuerza de trabajo por un sueldo y que no poseen otro modo de vida. En cuanto realizan trabajo de explotación su papel es similar al de sus cuadros dirigentes. Dado que su trabajo consiste en defender los intereses de la burguesía, se aburguesan políticamente y caen fácilmente en manos de la corrupción. Pero al depender exclusivamente del sueldo que ganan por la venta de su fuerza de trabajo, se encuentran muchas veces en situaciones similares al resto de trabajadores y en este sentido se proletarizan. En realidad no son ni burgueses ni proletarios, por eso dan bandazos defendiendo al Estado y al sistema capitalista, al tiempo que reivindican mejoras laborales y se quejan de la explotación que sufren por los mismos explotadores a los que defienden. Esta contradicción se agudiza más aún por el hecho de que el Estado actúe con ellos como lo hace con el resto de sus trabajadores improductivos que no realizan tareas de explotación (médicos, profesores, conductores de transportes públicos...). El Estado, como todo capitalista, falsea la realidad del trabajo de explotación presentándolo como parte imprescindible de la producción. De esta manera se llega incluso a privatizar algunos de estos trabajos y aparecen empresas de seguridad que cumplen funciones policiales o, empresas de servicios que realizan tareas burocráticas del Estado. Para estas empresas privadas sus trabajadores asalariados le generan una ganancia, es decir, son trabajadores productivos. En realidad, estos trabajos serían improductivos y tan sólo dan lugar a participación en la ganancia generada en la sociedad si se considera el capital que los pone en funcionamiento parte del capital global. Pero en esto son iguales al resto de empresas que realizan trabajos improductivos, que también logran sus ganancias sólo porque las empresas productivas les ceden (por la competencia) parte de la plusvalía que sus proletarios originan.
La diferencia, pues, entre los trabajos asalariados de explotación y el resto de trabajos asalariados improductivos no es la forma en que hacen que el capital de sus empresarios se valorice. En esto son iguales. Ni los trabajos de explotación (funcionarios públicos de la burocracia, policías, carceleros, etc.) ni los demás trabajos improductivos (médicos, maestros, conductores de transportes públicos, etc.) crean plusvalía. Ahora bien, todos ellos pueden hacer partícipe de las ganancias que se generan en la sociedad a su empresario (sea éste el Estado o un capitalista particular) porque el capital que se necesita para poner en marcha dichos trabajos es parte del capital global de toda la sociedad, transformando el trabajo de explotación o el improductivo en productivo para el empresario (en cuanto que logra ganancias). Para los capitalistas tan imprescindible es un policía como un médico, incluso el policía generalmente es más importante para que su negocio siga funcionando. De esta forma el capitalismo llega a presentar como productivo incluso el trabajo de explotación. Esta es la razón por la que todos los que realizan trabajos burocráticos y represivos para el Estado se ven a sí mismos como trabajadores asalariados, como obreros.
La realidad es muy distinta. Existe una diferencia fundamental entre el trabajo de explotación y el resto de trabajos improductivos. Los trabajos improductivos no crean directamente plusvalía, pero su labor es objetivamente necesaria para que el proceso combinado de producción se lleve adelante. Es necesario que el trabajador esté sano, tenga los conocimientos precisos, pueda transportarse al lugar de trabajo, necesita reponer fuerzas divirtiéndose, etc. El médico, el maestro, el conductor de transportes públicos, etc., realizan trabajos improductivos (no crean plusvalía), pero crean las bases para que siga dándose un proceso productivo social. Por ello forman parte de la producción como algo intrínseco a ella.
Los trabajos de explotación sólo son imprescindibles para la clase explotadora. Se parecen a los improductivos en que no crean plusvalía y en que los capitalistas los quieren hacer partícipes de sus ganancias, pero su función es cualitativamente distinta. No son imprescindibles para que el proceso de producción socialmente combinado se realice. Tan sólo son fundamentales para que ese proceso de producción beneficie exclusivamente a la clase explotadora. En realidad son parásitos de la producción, siervos del capitalista al que defienden. Como tales siervos sólo reciben unas migajas como pago por sus servicios. Esto hace que sus condiciones laborales sean en ocasiones tan lamentables como las del resto de trabajadores. Su problema está en que, al defender su puesto de trabajo y las mejoras correspondientes, indirectamente, están luchando por el mantenimiento y fortalecimiento de la burocracia y la represión que a ellos mismos oprime. Si lucharan contra la represión y la burocracia lucharían por la propia desaparición de sus trabajos. Son parte del sistema explotador que les explota. Para los capitalistas no son más que trabajadores y para los trabajadores no son más que sicarios del capital.
La contradicción entre el grado de socialización alcanzado por la producción y la propiedad privada de los medios de producción se pone una vez más de manifiesto. La clase capitalista se demuestra parasitaria. La clase obrera no sólo puede, sino que debe deshacerse de esa lacra para seguir avanzando. El Estado burgués, como representante capitalista, está en la misma situación. Es una forma de dominio que debe desaparecer para garantizar el progreso social. De la misma forma que la desaparición de los capitalistas no supone la desaparición del trabajo social combinado, la demolición del Estado burgués no supone la desaparición de ese mismo trabajo público socialmente combinado. Al eliminar el dominio de los capitalistas y de su Estado, lo único que desaparece es el trabajo de explotación (burocrático y represivo), ya sea público o privado, aquél que permitía la expropiación de los trabajadores. Por eso Lenin decía que en la nueva sociedad no hay 'obreros', pero en cambio no hay nadie que no sea trabajador (4).

J. Manzanares
Antorcha núm. 9, octubre de 2000

Notas:

(1) F. Engels: Anti-Dühring, Sección III, Capítulo II.
(2) C. Marx: El Capital, tomo IV, Teorías de la plusvalía, 2ª parte, Capítulo VIII.
(3) C. Marx: El Capital, Tomo III, Capítulo XXIII
(4) Lenin: ¿Se sostendrán los bolcheviques en el poder?