Pueblos indígenas demandan Estado Plurinacional

Aunque se han producido avances en reconocimiento de derechos indígenas, falta que políticas públicas los tengan en cuenta.
En mayo pasado, en el marco del bicentenario de la constitución del primer gobierno argentino, organizaciones kolla, mapuche, toba-qom y diaguita-calchaquí, junto a movimientos sociales, marcharon hacia Buenos Aires en cuatro columnas, que partieron de las provincias de Jujuy, Chaco, Mendoza y Neuquén. Más de 20,000 personas se congregaron en Plaza de Mayo en apoyo a la creación de un Estado Plurinacional. Un hecho sin precedentes en Argentina.
La demanda comprendió ítems referentes a la permanencia en sus territorios, el resguardo del medio ambiente y condiciones adecuadas en áreas como educación y salud. En resumen, las naciones indígenas reclaman protagonismo en la toma de decisiones en el marco del Estado.
Según la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas, realizada entre el 2004 y el 2005, sólo el 1.6% de la población argentina —en base al censo de 2001 que dio un total de 36.2 millones de habitantes— se autorreconoce indígena. Este dato confronta con un estudio publicado por la Universidad de Buenos Aires en el mismo periodo, según el cual el 56% de los habitantes tiene al menos un ancestro indígena, según lo delata su ADN.
A partir de la década de 1990 se produjeron avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Argentina. El acceso al territorio y puesta en marcha de sistemas de salud y educación interculturales, junto a la implementación de un sistema de consulta previa, libre e informada —ante cualquier iniciativa que los afecte—, son sólo algunos de ellos. Pero su incorporación a la legislación argentina a partir de la reforma constitucional de 1994 y la ratificación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el 2000, no necesariamente se tradujo en políticas públicas.
En ese contexto, organizaciones de diferentes pueblos han optado por profundizar la relación con el Estado y ocupar cargos en la función pública, pero no sólo en las dependencias de “asuntos indígenas” nacionales y provinciales. Ejemplo de ello son la legisladora provincial Inocencia Charole y su par Egidio García —referentes del pueblo toba-qom en el Chaco—, que conquistaron sus bancas desde las filas del gobernante Partido Justicialista. En los últimos años esta tendencia está ganando terreno a planteos autonomistas que propician la construcción política al margen del Estado.

Ley débil

En noviembre del 2006 el Parlamento argentino aprobó la ley 26.160 de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena, en un intento de frenar los conflictos territoriales que, en no pocos casos, terminaban en violentos desalojos. La norma apuntaba a paralizar esa situación por cuatro años, lapso en el que se realizaría un relevamiento de comunidades para identificar y evaluar cada uno de los casos, para la posterior entrega de títulos.
Tres años después el Parlamento tuvo que prorrogar la norma hasta noviembre del 2013 porque poco se había avanzado en su aplicación. En provincias como Neuquén hay una abierta oposición del gobierno local a implementar el relevamiento, al que considera una intromisión del gobierno nacional. Por otra parte, tampoco se descomprimieron totalmente los conflictos territoriales ni se frenó la violencia. El 12 de octubre del 2009, Javier Chocobar, de la comunidad diaguita calchaquí de Chuschagasta, en la norteña provincia de Tucumán, murió baleado cuando el terrateniente Darío Amín, acompañado de dos sicarios, atacó a comuneros que reivindicaban sus tierras.
“Gran parte de las demandas de los pueblos indígenas es que se pongan en práctica los derechos que están reconocidos, porque hay una disociación entre la práctica y el reconocimiento”, resume Roberto Ñancucheo, titular de la Dirección de Pueblos Originarios de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y dirigente de la Confederación Mapuche del Neuquén. “El desafío es cómo desde nuestras concepciones culturales, desde nuestras ideas organizativas, nos hacemos parte de la definición del Estado de poner en marcha estos derechos”, añade, y subraya la importancia de la capacidad de movilización que tengan los pueblos indígenas.
Desde marzo del 2009 funciona en Argentina el Encuentro Nacional de Organizaciones de los Pueblos Originarios, un ámbito de debate y articulación política integrado por 26 organizaciones de diferentes pueblos. Este espacio tuvo particular protagonismo en la lucha para que en la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en octubre, se garantice a los indígenas el acceso a medios autónomos de comunicación.
“Esa articulación sirvió más, porque las mismas comunidades no están pidiendo al Estado sino buscando alianzas para poder demostrar la capacidad que tienen y ya no buscar abogados. Porque al principio de la lucha la referencia que teníamos eran los abogados”, destaca Félix Díaz, de la comunidad toba-qom Navogoh, de la provincia de Formosa, en el noreste del país.

El espejo boliviano

Diversas organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos, que desde hace décadas articulan con los pueblos indígenas, coincidieron en que la llegada de Evo Morales a la presidencia de Bolivia hizo que sectores medios progresistas en Argentina pongan su mirada en las demandas indígenas.
“El proceso boliviano tiene importancia en el sentido de que a los indígenas ya no sólo se nos considera objetos sociales —artesanos, músicos, bailarines— sino como sujetos portadores de un proyecto emancipatorio [que apunta a la descolonización del Estado y a la edificación de una sociedad equitativa y solidaria]”, afirmó a Noticias Aliadas Marcelo Luna, vocero de la Coordinadora de Comunidades del Pueblo Charrúa de Entre Ríos, provincia que limita con Uruguay.
En ese sentido, Mario Quinteros, de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Calchaquí —organización presente en las provincias norteñas de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja—, subraya el desafío que esta “nueva mirada” plantea.
“Espero que las organizaciones sociales comiencen a debatir la cuestión de los pueblos indígenas: la existencia, la visibilidad, el considerarlos como sujetos políticos y con posibilidades de contribuir al cambio en la sociedad argentina. Pero, por sobre todo, creo que nuestra propia dirigencia, en las comunidades y en las organizaciones, tiene que comenzar a rever la posición excluyente que mira todo desde el planteo de los pueblos indígenas, que para nada es ilegítima. Pero hay que pensar cómo, en un proceso más amplio de alianza con todos los sectores del campo popular, buscar un mejor porvenir”.
“Creo que la defensa de la diversidad cultural o de la particularidad de las identidades indígenas no tiene que hacérsela negando al resto del contexto social argentino, latinoamericano, sino precisamente decir: somos diaguita, somos mapuche, somos qom, somos wichí, este es nuestro lugar en el mundo y estos son nuestros aliados, que están más allá de nuestros lugares o de nuestras visiones”, afirma Quinteros.