Los trabajadores y el pueblo de Portugal despidieron el año 2012 en medio de anuncios de un enorme plan de privatización de empresas estatales y de servicios. Este paquete de privatizaciones es parte del acuerdo que el ex gobernante Partido Socialista y la actual coalición conservadora de gobierno, encabezada por Passos Coelho, firmaron con la troika (BCE, CE y FMI) a mediados de 2011, a cambio de un rescate de 78.000 millones de euros. Es decir que más allá de las tibias críticas que hoy pueda hacer el Partido Socialista a los ajustes de Coelho, la venta a precio de remate de las empresas públicas fue parte del acuerdo entre “socialistas” y conservadores aceptando los términos del ajuste impuesto por la troika que establecía como condición que el Estado se desprendiera de sus acciones en varias empresas.
No se trata de una cuestión menor, sino que es el programa de privatizaciones más extendido de la historia de Portugal y afecta a las empresas estratégicas hoy en manos del estado. El grupo empresarial chino Three Gorges ya se quedó con la empresa eléctrica “Energías de Portugal” (EDP) tras comprar el 21,35% de las acciones por 3.521 millones de dólares, lo que lo convierte en el accionista mayoritario. Esta privatización es la primera de un paquete que incluye la venta de los Transportes Aéreos Portugueses (TAP), la Administración Nacional de Aeropuertos (ANA), la empresa nacional de gestión de terminales aéreas y de carga ferroviaria, como así también la empresa Red Eléctrica Nacional (REN) y los activos del estado en el área de hidrocarburos. A mediano plazo también se establece la privatización de Correos y Telégrafos de Portugal (CTT), y la venta parcial de Radio Televisión Portuguesa (RTP) y de la empresa Aguas de Portugal, entre otras.
Para hacer más “atractiva” la privatización de empresas estatales el acuerdo incluye un ataque brutal a las condiciones laborales de sus trabajadores. Entre ellos la extensión de la jornada de trabajo en media hora, la eliminación del aguinaldo de Navidad, la reducción de las vacaciones de 25 a 22 días por año y ajustes en salarios y beneficios.
Condiciones similares fueron impuestas por la troika en otros países como Grecia donde se intimó al gobierno a avanzar en un plan de privatizaciones de las empresas públicas, activos turísticos, sitios de interés histórico y hasta la venta de algunas de sus islas a particulares. También avanzan sobre los servicios sociales como en el Estado español donde los trabajadores de la sanidad de Madrid vienen de realizar una importante huelga contra el vaciamiento y los recortes presupuestarios que precedieron la actual propuesta del gobierno de Rajoy de privatizar parte del sistema de salud y que ya despertó la indignación entre los trabajadores y trabajadoras de los sindicatos de médicos y enfermeros que acaban de convocar a una nueva huelga (ver: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01...).
Como si no fuera suficiente, luego de este anuncio y a días de empezado el año 2013 el FMI dio a conocer un memorándum en el que “propone” al gobierno portugués una serie de recortes por un total de 4.000 millones de euros que implican un ataque en regla a los trabajadores públicos. El plan incluye el despido de entre el 10% y el 20% de los empleados públicos y recortes en los salarios de este sector de entre el 3% al 7%. El documento presentado por el FMI dice sin vueltas que docentes y médicos (entre otros) tienen demasiados privilegios y sueldos muy elevados, proponiendo acabar con los aumentos por antigüedad y cambiarlos por una nueva escala regida por la productividad, calificación y desempeño de los trabajadores. Bajo este esquema se esconde la forma de sistematizar el recorte presupuestario en salud y educación, el vaciamiento, desguace y los despidos que permitan luego avanzar también en la privatización de estas áreas, como así también de la seguridad social. En el caso de los docentes propone pasar a un régimen de “movilidad” (flexibilidad, contratación y suspensiones) a entre 30 y 50 mil trabajadores además de alargar la jornada laboral a 40 horas semanales. El segundo punto del memorándum del FMI apunta directamente contra la Caixa Geral de Aposentações (caja de pensiones y jubilaciones) y propone recortar un 15% las pensiones que estén por arriba del valor mínimo o ajustar el cálculo previsional en base al presupuesto votado por el congreso (lo que podría significar un recorte directo del 20% sobre todas las pensiones y jubilaciones). Por último plantea que el sistema de protección social es demasiado costoso y propone la reducción del subsidio por desempleo tanto en el valor como en la cantidad de tiempo.
La UE por su parte exige a Portugal que aplique una reforma laboral para abaratar el costo de los despidos, llevando las indemnizaciones a 12 días de salario por cada año trabajado. El nivel de ataque planteado contra los trabajadores y el pueblo de Portugal se demuestra brutal. Sin embargo las direcciones sindicales mayoritarias solo se limitaron a cuestionarlo de palabra. Tanto la UGT (ligada al Partido Socialista) como la CGTP (ligada al Partido Comunista de Portugal) condenaron públicamente las propuestas del FMI planteando que son “absolutamente inaceptables” pero por el momento ninguna de las centrales sindicales convocó a algún tipo de acción que esté a la altura de enfrentar semejante ataque. Mientras que el FMI, la troika y el gobierno de Coelho salieron con los “tapones de punta”, la CGTP solo anunció una “jornada de lucha” para mediados de febrero, es decir dentro de un mes y sin hacer un llamado a huelga que permita paralizar verdaderamente al país.
La impotencia de la estrategia parlamentaria
Los trabajadores y el pueblo de Portugal venían de lograr un importante triunfo luego de las multitudinarias e históricas movilizaciones que en septiembre pasado terminaron con las pretensiones de Coelho de imponer un impuesto directo al salario (ver: http://www.ft-ci.org/article.php3?i...). Sin embargo el rol nefasto de las direcciones sindicales evitó darle continuidad a esta lucha, empezando por la UGT que no solo no llamó a ninguna acción, sino que se negó a participar en la jornada de huelga del 14N (que se realizó en simultaneo en varios países del sur de Europa). Es que la estrategia de la UGT de ninguna manera es la de tirar al gobierno conservador con las masas en las calles, sino la de fortalecer al Partido Socialista como oposición burguesa al gobierno de Coelho ante unas hipotéticas elecciones anticipadas (con las que amenazan en su discurso público), tratando de limpiar su imagen después haber votado junto a los conservadores el programa de la Troika. La CGTP por su parte si bien realizó después de las marchas de septiembre una jornada de movilización y convocó a la huelga del 14N, no fue capaz de llamar a una lucha consecuente para acabar con el gobierno de Coelho. La clase obrera y el pueblo de Portugal mostraron en cada una de las manifestaciones su disposición a enfrentar los ataques, sin embargo la metodología de la CGTP de llamar a jornadas de lucha aisladas, sin continuidad ni programa claro y sin discusión en las bases no hace más que minar el ánimo y las energías de los trabajadores que ven cómo el triunfo de septiembre se desvanece al mismo tiempo que el gobierno retoma la iniciativa con el nuevo plan de ajustes. La CGTP ni siquiera fue capaz de tener una política activa sobre la base de la UGT que en al menos 23 de sus sindicatos afiliados sufrieron una verdadera “rebelión” y llamaron a parar el 14N junto con la CGTP a pesar de la negativa de la dirección nacional de la UGT de ir a la huelga (ver: http://www.ft-ci.org/article.php3?i...). Es que al igual que la UGT, la CGTP actúa como el “brazo sindical” del PCP y en última instancia su estrategia es la de presionar en las calles para obtener una mejor posición en la lucha parlamentaria (y eventualmente en el llamado a conformar un “gobierno de izquierda”, moción que viene siendo levantada por el Bloco de Esquerda).
El Bloco de Esquerda por su parte es centralmente una coalición de izquierda parlamentaria (con escaso peso en los sindicatos y la clase obrera), y aunque participaron de las acciones de septiembre pasado por medio de sus organizaciones barriales y sociales, y luego de las marchas convocadas por la CGTP, el centro de su política está puesto en propagandizar la consigna de un “gobierno de izquierda”, referenciándose con el fenómeno electoral reformista de Syriza en Grecia. Es por eso que su principal actividad en las últimas semanas mientras se anunciaban los paquetes de ajuste y las privatizaciones fue la de hacer una serie de charlas en distintas ciudades de Portugal para presentar la política de “gobierno de izquierda”, mientras que su grupo parlamentario (tienen 6 bancas) acaba de presentar junto al PCP y los Verdes un pedido al Tribunal Constitucional para que fiscalice la “constitucionalidad” del presupuesto para 2013 que incluye un fuerte recorte de los gastos sociales.
Es decir que su actividad se limita a los marcos del régimen burgués ya sea depositando confianza en que mediante el parlamento o el tribunal constitucional se puede derrotar el ajuste mientras que llaman a los trabajadores a prepararse, no para pelear, sino para votar por un futuro “gobierno de izquierda”.
Esta política expresa una falta absoluta de confianza en la fuerza de la clase obrera y del pueblo de Portugal. La realidad ha demostrado que ninguna medida parlamentaria ha servido derrotar los planes de la Troika, mientras que la movilización callejera (como la de septiembre pasado) pudo hacer retroceder, aunque parcialmente, uno de los ajustes de Coelho.
Frente a la política impotente de la izquierda parlamentaria y el inmovilismo de las direcciones sindicales, será necesario que los trabajadores y el pueblo de Portugal, que vienen de hacer un ejercicio de fuertes movilizaciones, y las bases de la UGT que se “rebelaron” contra su dirección sindical, comiencen a superar a las direcciones conciliadoras y exijan desde las bases un plan de lucha real y una huelga general por tiempo indeterminado para acabar en las calles con el gobierno de Passos Coelho y el ajuste de la troika.
Juan Andrés Gallardo
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