Paraguay: Aprendices de Lampedusa

Il Gatoppardo, novela llevada al cine magistralmente por el italiano Luchino Visconti hace más de medio siglo, ha legado al mundo de la política una lección que cobardes, timoratos, avivados, crápulas y retrógrados, la han convertido en una actividad inmoral y una de las fuentes más eficaces para el enriquecimiento personal, familiar y de grupúsculos partidistas que, cada día, desprecian más los valores humanos.
En Paraguay, esa obra del Príncipe Giuseppi Tomasi Di Lampedusa, inspirada en los miserables sentimientos y conductas de una familia oligárquica y su entorno social, escrita en los años cincuenta del siglo pasado en esa islita mediterránea, tiene tenaces seguidores que, aunque no muy ilustrados, han asimilado hondamente la idea del autor de que “algo hay que cambiar para que todo siga igual”, y la practican como un credo y como emblema electoral, caso del “Nuevo Rumbo” que prometió el actual Presidente Horacio Cartes.
La decadencia de la sociedad italiana sigue su curso, porque todo lo que ha cambiado en su superficie en las últimas décadas y, a pesar del inmenso capital artístico que ha acumulado, mantiene sin tratamiento sanitario al proceso de descomposición que sufren las raíces de la matriz de su estructura de Estado capitalista sin retorno.
El sistema, que expande sus males como hiedra, encontró en Paraguay un territorio fértil desde hace casi siglo y medio, cuando fue destripada la más avanzada República del subcontinente americano en la Guerra de la Triple Alianza, entre 1864 y 1870, producto del diseño y financiación por el imperialismo británico, padre del estadounidense actual, y ejecutada por la infame cruzada de los ejércitos de Brasil, Argentina y Uruguay.
Paraguay quedó destruido, en lo que está registrado como el primer genocidio de la región, después de los cometidos por las invasiones colonialistas, y desde entonces el país no ha podido recuperar los valores de convivencia en equidad que gozaba su población, su tejido social fue destruido con la muerte de cientos de miles de sus hijos, quedando un tendal de viudas, huérfanos, ancianos, paralíticos, enfermos, ciegos, tuberculosos.
Ahí nacieron los dos grandes partidos que hasta hoy continúan desquiciando al país, el Colorado, creación del ya poderoso Brasil, y el Liberal, obediente a los intereses de la oligarquía argentina, los cuales han vivido la mitad de ese tiempo en guerritas infames provocadas por la ambición mezquina de sus aparatos dirigentes. Pocos paréntesis con decencia, registra la historia de ambos.
En el 2008, los colorados, siempre dueños del poder estatal, perdieron el gobierno frente a la Alianza Patriótica del Cambio, que presidió el ex Obispo Fernando Lugo, un conglomerado variopinto que reunió a la parte gruesa de los abanicos del reformismo confesional y de los adoradores del capitalismo, con minúscula presencia de los sectores populares, y ninguna de las organizaciones campesinas, sindicatos urbanos o de la inasible izquierda, aunque ese emblema exhibió a más de un autoproclamado.
Con todo, ese enjambre ideológico pudo pasar algunas medidas progresistas, en especial la gratuidad de los servicios de salud, algo recuperó de lo que debería ser soberanía energética y mejoró ostensiblemente las relaciones internacionales de Paraguay en todos los continentes, con decidida integración regional.
El déficit en la aplicación del programa, que incluía una reforma agraria y el combate de la miseria que padece un millón y medio de nacionales, el peso saboteador de la burocracia bipartidista que permaneció en los puestos administrativos, la pésima comunicación con el pueblo de la gente que debía comandar Lugo, donde la soberbia ganaba espacio y se alejaba de la franja crítica ciudadana, sumado a casos de corrupción en los ministerios, fueron decepcionando y debilitando las fuerzas partidarias del cambio.
Ese afloje alimentó al enemigo y, como siempre ocurre en las luchas políticas cuando el que impulsa cambios se embriaga con unos pocos éxitos, la derecha conformada por el aparato colorado, los gremios del agronegocio vinculados con las corporaciones transnacionales de la producción transgénica y de la megaminería, respaldadas por la omnipresente Embajada de Estados Unidos y el empresariado mediático de la mentira, dieron el Golpe de Estado de hace 21 meses.
En este poco más de año y medio, pasó por el gobierno un equipo de hienas y chacales, avergonzando a las pocas figuras liberales con dignidad, que hicieron todo lo posible para que los colorados recuperaran el gobierno, con la creencia de que, además de cobijarles innúmeros tapujos, les obsequiarían parte de la torta gobernante una vez que Cartes asumiera, reservándoles algún botín ministerial. Idiotez al grado sumo.
Hoy están recogiendo su traición al pueblo y al proceso de cambios que, con miserias y limitaciones, cobardías e ineptitudes, permitía coexistir en un clima de relativa paz, la cual se está perdiendo en forma acelerada, con mucha represión de las protestas campesinas, y una política económica regresiva, que incluye la venta a privados de las empresas más sensibles del Estado, que tocan en particular al agua, la electricidad, las cementeras y los aeropuertos.
“Usen y abusen”, de la tierra, el agua, y de los recursos naturales, pidió Cartes días atrás a un grupo de empresarios brasileros a los que incitó, con su limitado dominio del portugués y del español, a invertir en Paraguay, al igual que lo hace con capitalistas surcoreanos, taiwaneses y de otras nacionalidades, a los que les garantiza seguridad, apoyado en comandos de agentes de los servicios secretos de Estados Unidos, Israel y Colombia, que operan por todo el país, respaldando a la policía y al Ejército en asaltos nocturnos a humildes poblados campesinos, incendiándoles rancheríos y los poquísimos recursos de penosa sobrevivencia.
En las cárceles del país hay más de cien campesinos presos desde el 15 de junio del 2012, sin condena alguna, acusados de dar muerte a seis policías en una encerrona de presunta autoría de capos mafiosos del latifundio y el narcotráfico, en la que murieron 11 de los miles de labriegos que reclaman tierra para alimentarse, y cinco de ellos están en huelga de hambre desde el 14 de febrero, sin que surja la mínima atención del gobierno.
En apenas siete meses, desde que asumió, Cartes se está granjeando un acelerado descrédito ciudadano, agravado tras doblar su cerviz frente al vetusto pero poderoso aparato colorado, al que había prometido aniquilar, en el marco de “un juego político perverso”, según la mesa de centrales sindicales que participa en la organización de una huelga general para el próximo miércoles 26, que dada la masiva participación que se agita por todo el país, podría desbordar las expectativas de sus propios convocantes.
Conforme el ajetreo es mayúsculo en filas de los organizadores, que tienen que resolver de urgencia problemas difíciles como es el garantizar el traslado desde cientos de kilómetros de miles de campesinos y delegaciones de pueblos originarios, enfrentando el chantaje del grueso de la patronal de las empresas de transporte, es mayúscula la confusión que reina en los medios gubernamentales, en las fuerzas represivas y en la ultraderecha política, sorprendidos todos por la magnitud de la movilización ciudadana.
Cartes pretendió desinflar la convocatoria y decretó un aumento salarial del 10 por ciento del mínimo que este fin de mes llegará a un millón 850.000 Guaraníes, unos 420 dólares, fingiendo ignorar el 25 por ciento que reclaman los gremios, además de otras mejoras, así como el control de precios de los productos básicos de la alimentación, y la prohibición de aumentar el precio del boleto del transporte urbano, totalmente en manos privadas.
Una de las exigencias de la huelga general es la libertad de los presos políticos, y la anulación de la Ley de Alianza Público-Privada, impuesta por Cartes a poco de asumir, con el respaldo total del parlamento que lo facultó para decidir por su cuenta cualquier medida de venta del patrimonio nacional a inversores privados.
Si esa afrenta aún no ha prosperado mucho se debe a la masiva resistencia ciudadana a algo que de ninguna manera tiene carácter público, porque el pueblo fue marginado en su elaboración y recién se enteró cuando el proyecto ya estaba escrito y porque, además, lo púbico en este país hace décadas que es una falacia dado que la administración nacional está secuestrada desde 1954 por el Partido Colorado. En todo caso, lo correcto sería llamarla Alianza Presidencia-Capitales Privados.
Otro punto saliente de la convocatoria es el reclamo de una reforma agraria, empezando por la recuperación por el Estado, con preeminencia de la Corte Suprema de Justicia, de algo así como ocho a doce millones de hectáreas fiscales, destinadas desde hace medio siglo a ser distribuidas entre los campesinos sin tierra, pero explotadas desde entonces por latifundistas privados, mayoría brasileños, quienes ocupan cinco millones en un cuadro de tenencia de 85 por ciento del territorio laborable en poder del 2.5 del total de habitantes.

José Antonio Vera