Ayer el diario de los Mitre se despachó con un artículo de defensa de los represores enjuiciados. No sorprende pero sí vuelve a indignar. La verdadera deuda del Estado argentino es otra.
No sorprende, porque este medio envalentonado desde el mismísimo día posterior a que Macri ganara las elecciones con el titular “No mas venganza”, comenzó a presionar para que se termine con los juicios a los genocidas y luego continuó haciéndolo poniendo en duda la cantidad de compañeros desaparecidos, muertos y torturados, queriendo volver a la “teoría de los dos demonios”.
No sorprende porque este periódico, propiedad de los Mitre, apoyó y fue beneficiado directamente por la dictadura comandada por Jorge Rafael Videla.
No puede dejar más en evidencia La Nación los intereses de clase que defiende, planteando abiertamente que el Estado Argentino tiene una deuda con los militares que se encuentran “detenidos” sin condena; llegando incluso a cuestionar “las condiciones infrahumanas en la que se encuentran”. Habla de los mismos militares que reventaron a una generación de jóvenes y trabajadores y que están siendo enjuiciados por el último golpe genocida en la Argentina.
Sin embargo, mientras defienden a genocidas, no se alarman por la cantidad de detenidos-no represores- que hay en las cárceles argentinas sin condena. De los aproximadamente 60.000 presos en cárceles comunes provinciales y federales, casi el 60% (la mayor cantidad de entre 18 y 34 años, procesados por delitos contra la propiedad) se encuentra detenido bajo “prisión preventiva”.
No se alarma La Nación por la cantidad de denuncias en las cárceles de nuestro país por vejaciones y torturas a los detenidos “comunes”.
Si lo que reclaman es “igualdad de trato” (lamentablemente en boca de la mismísima Graciela Fernández Mejide) entonces debieran ir presos ya todos los que están enjuiciados y esperar allí en las cárceles comunes que termine el procedimiento, porque esas son las condiciones que le impone la justicia en nuestro país a la mayoría de los presos de los sectores populares. Pero no, la enorme mayoría de los genocidas son beneficiados permanentemente con prisiones domiciliarias y tratos especiales.
Casi treinta años pasaron los miles de represores, participes y cómplices de la dictadura con una impunidad total caminando por las calles de la Argentina como uno más. Incluso muchos de ellos, como los 9.000 de la Bonaerense, siguieron siendo parte del aparato del Estado, ocupando puestos de mando como el mismísimo Milani o lucrando con sus empresas en el caso de los civiles.
Luego de años y años de lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia, recién en el año 2003 se anularon en nuestro país las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y comenzaron a cuenta gotas los juicios contra los genocidas, que tal como denuncia el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), solo existen alrededor de 620 genocidas condenados, un represor condenado por centro clandestino que existió en la Argentina, de los cuales alrededor de solo un tercio se encuentra en cárcel común. Una gran cantidad se han muerto y siguen muriendo impunes, sin condena.
Todo ello a consecuencia de que no se han abierto los archivos del Estado con los cuales se podrían procesar y enjuiciar mucho más rápido a todos los que participaron de los centros clandestinos y que los juicios se realizaran por circuito o centro clandestino de detención.
Si así fuera, además, se los enjuiciaría por todos los compañeros, no por poquitas víctimas en cada tramo como sucede actualmente. Y no quedaría en manos de las mismas víctimas, familiares y amigos la reconstrucción y pruebas de los hechos, para quienes además resulta terriblemente doloroso -en el marco de que algunos se van muriendo también- tener que atestiguar una y otra vez en cada uno de los juicios, reviviendo el horror que vivieron.
La verdadera deuda que tiene el Estado argentino es con los más de 30.000 compañeros muertos y torturados, sus familias y toda la sociedad que sufrió todos estos años de impunidad. La verdadera deuda la tiene con los más de 400 niños apropiados que siguen sin poder encontrar su identidad.
Es evidente que con este gobierno, abiertamente de derecha, estos sectores se sienten a sus anchas para decir barbaridades y presionar para que se terminen los juicios y haya mayor impunidad.
No es posible permitirlo. Hay que seguir peleando en las calles y en los juicios donde este organismo de derechos humanos sigue participando como querellante. En este momento, por ejemplo, el CeProDH actúa en el juicio por “la Escuelita IV” de Neuquén.
La cárcel común para todos los genocidas, por todos los compañeros, condenados por genocidio, es un objetivo irrenunciable. Ni un paso atrás.
Leticia Celli
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