La caída fue producto de una movilización popular que tuvo a la Plaza de Mayo y sus alrededores como campo de batalla contra las fuerzas de represión. Fue el primer gobierno de la historia del país electo por el sufragio universal en ser derrocado por la irrupción popular en las calles.
El descontento contra las políticas económicas del gobierno ya se había expresado en una huelga general el 13 de diciembre, llamada por las dos centrales sindicales existentes: la CGT oficial (Daer) y la disidente (Moyano). El 19 se extendieron los saqueos a los supermercados y comercios, protagonizados por los desocupados y las barriadas pobres de once provincias, incluido el Gran Buenos Aires, fueron las primeras acciones del levantamiento popular en una situación marcada por cuatro años de recesión, división interburguesa y un gran desgaste del gobierno y todo el régimen político. A los saqueos, los gobiernos provinciales como el de Ruckauf en Buenos Aires, Binner en Rosario o Reuteman en Santa Fe, respondieron con represión policial y parapolicial, mientras entregaban alimentos para descomprimir la situación. Por el contrario, los trabajadores y la clase media se solidarizaban con los saqueos. De la Rúa decretó el estado de sitio pero un extendido e inesperado “cacerolazo” –que ganó los barrios de la ciudad de Buenos Aires y se dirigió a la Casa Rosada– lo desafió abiertamente. Renuncia Cavallo. El 20 de diciembre se produce la llamada “batalla de Plaza de Mayo”: jóvenes trabajadores, estudiantes y desocupados, junto a centenares de militantes pertenecientes a los partidos de izquierda hostigaron con piedras a la policía. Ese día tanto la CTA como las dos CGT llaman a una nueva huelga general que desactivan frente a la renuncia y rápida retirada del gobierno. Ese día hubo más de treinta muertos a manos de las fuerzas policiales (muertes de las que fue absuelto su máximo responsable, De la Rúa, en los últimos días del gobierno de Cristina Kirchner).
Por primera vez se sintió en las calles la consigna emblemática del movimiento, con que la población expresaba su repudio a la casta política: “que se vayan todos”. El movimiento de diciembre constituyó un amplio frente social que incluía a los desocupados, los pobres urbanos, la juventud plebeya y las clases medias pobres y las que vieron confiscados sus ahorros con el llamado “corralito”. La alianza del “piquete y las cacerolas” hizo intransitable la gobernabilidad burguesa. La clase obrera participó pero no con sus propios métodos de lucha salvo en las fábricas abandonadas por sus dueños y recuperadas por sus trabajadores como Zanon y Brukman.
La burguesía debió cambiar cinco presidentes en menos de un mes y Duhalde se vio obligado a abandonar anticipadamente el poder y convocar a elecciones luego de que las fuerzas de represión asesinaran a Darío y Maxi en el Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002.
Indudablemente, aquellas jornadas inauguraron un nuevo ciclo político y de la lucha de clases.
Las asambleas populares continuaron funcionando y tomaron mayor notoriedad los movimientos piqueteros combativos dando impulso a las fábricas ocupadas. La experiencia de la democracia directa y autoorganización era inédita en el país luego de las coordinadoras interfabriles del los 70, aunque sin la participación hegemónica de los trabajadores.
Levantamiento popular y complot capitalista
Visto desde hoy, quizás parece un acontecimiento lejano. Del que han quedado pocos rastros. La intervención casi espontánea de un gran sector del movimiento de masas ponía a la luz la profunda crisis institucional del Estado capitalista semicolonial argentino. Pero al no intervenir los trabajadores con sus métodos, desarrollar las asambleas para que se conviertan en organismos con representantes electos que coordinen las fábricas, los bancos, los servicios, los precarizados, los desocupados, los inmigrantes y todos los sectores oprimidos y explotados para organizar por ejemplo el abastecimiento de alimento a la población y la falta de una alternativa clasista y revolucionaria fue aprovechada por los partidos políticos patronales. El antipartidismo en las asambleas y los movimientos piqueteros (que no diferenciaba los patronales y los de izquierda) también fue una debilidad del movimiento que hizo más difícil la lucha política en las asambleas contra los que querían desviar la lucha.
El diario Clarín del 21 de diciembre de 2001 titulaba: “El peronismo debate cómo salir del 1 a 1 sin que haya costo social. El nuevo plan económico implicaría ir hacia una devaluación”. Y sostenía que “Por ello, deberá contar con el consenso de los principales referentes del PJ”. El peronismo asumió la tarea de contener al movimiento de masas, expropiando la victoria popular obtenida en las calles e impuso el golpe devaluacionista contra el bolsillo de las masas. Confundir al movimiento de diciembre con el complot de estas camarillas es funcional a defender al gobierno de la Alianza como la víctima de un golpe de Estado y predicar como una fatalidad la ruptura de la continuidad institucional.
El desvío del movimiento
Néstor Kirchner llegó al poder en el 2003 con un relato más ligado a los DDHH y centroizquierdista (a pesar de su carrera política bajo el gobierno menemista). A su vez reiteraba que no se debían volver a repetir acciones como en el 2001 que cuestionen y “rompan” la institucionalidad burguesa. Con el reparto de planes sociales, el peronismo comenzó a cumplir su rol de “partido de contención”. Su objetivo (como el de toda la burguesía) era terminar de desarticular la rebelión popular. Entre quienes buscaron restarle legitimidad y potencia revolucionaria al movimiento del 2001 el sector desplazado del poder planteó que las jornadas de diciembre fueron un complot orquestado por el PJ bonaerense para derrocar a De la Rúa y entregarle el poder a Duhalde. Otros, principalmente desde la centroizquierda, dijeron que aunque fue legítima la movilización popular, criticaron la consigna “que se vayan todos” en su aspecto más progresivo: el odio a las instituciones como la justicia, los partidos patronales, el Congreso, la figura presidencial y a los banqueros estafadores. No era extraño ver los esfuerzos denodados de los militantes de la CTA para que las asambleas populares se subordinaran a los Centros de Gestión y Participación del Gobierno de la Ciudad, en manos entonces de Aníbal Ibarra.
En pequeños acontecimientos como las protestas callejeras frente a los cortes de servicios, la existencia de un sector de izquierda dentro de los organismos de DDHH (a pesar de que la mayoría fueron coptados por los K) o cierto espontaneísmo en la lucha por el Ni una menos, la desconfianza en la justicia y los organismos represivos se pueden observar elementos que subsisten de estas jornadas. A 15 años, algunos de los que incluía el “que se vayan todos” siguieron quedándose y reprimiendo duramente las luchas sociales y sus dirigentes como Gerardo Morales (actual gobernador radical de Jujuy, en ese momento ministro de Desarrollo Social) o la ministra de Seguridad Patricia Bullrich (que desempeñaba en el 2001 el mismo cargo actual). Necesitamos profundizar las fortalezas y debilidades de estas jornadas, así como aprender de experiencias superiores como las coordinadoras de los 70 para que los revolucionarios y la clase obrera tengamos las herramientas para intervenir en los próximos ascensos.
Gabriela Liszt
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