Reproducimos la declaración elaborada por un grupo de militantes chilenos ante la rebelión en curso en el país vecino.
Asamblea constituyente para reorganizar política, económica y socialmente Chile.
Nacionalización del cobre y los recursos naturales, gratuidad de la educación y salud, no + AFP, basta de trabajo precarizado - negociación colectiva por rama de actividad, reconocimiento de los pueblos originarios, juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos, torturas, heridos y violaciones.
Por un gobierno de los trabajadores
El estallido de la rebelión popular del pasado 18 de octubre re-abrió una etapa política de lucha de clases en el país. El levantamiento de la juventud secundaria contra el alza del pasaje en el transporte, sumó a vastos contingentes de la clase trabajadora a la movilización que levantó el reclamo contra el tarifazo y la carestía de la vida. La crisis que presenciamos, no sólo se limitó al reclamo por las alzas, sino que ha puesto en tela de juicio a todo el régimen social capitalista impuesto por la dictadura pinochetista. El paquete de ajuste estructural con el cual el FMI busca salvaguardar los negocios de las burguesías latinoamericanas, Chile ya lo desarrolló a costas de un régimen militar que arrasó con la clase obrera y todas las conquistas sociales de décadas anteriores. Como tal, esta es la expresión elemental de una etapa de crisis capitalista, el agotamiento en curso de un mal llamado “neoliberalismo”, que no es otra cosa que la recomposición de la salida para las burguesías imperialistas y locales a la crisis de conjunto de todo el régimen capitalista en su etapa de descomposición y decadencia histórica.
Todos los intentos de Piñera para neutralizar la movilización popular han fracasado. Ni los 10 días de estado de sitio de facto y la brutal represión desplegada, ni el congelamiento de la tarifa del metro, ni el cambio de gabinete ni la “agenda social” del gobierno han logrado dar respuesta a todos los reclamos que impuso la lucha popular.
Frente a la incapacidad de Piñera de frenar la rebelión por la fuerza, ha llamado a todos los partidos políticos con presencia parlamentaria a abrir un “diálogo social” para un “nuevo pacto social”. Con el objetivo de desactivar la movilización y colocar al parlamento en el centro de la situación política, el gobierno impone una “agenda social” que en sus puntos no toca la ganancia de los grandes monopolios. Las medidas se limitan a hacer uso las arcas fiscales para subsidiar una serie de “medidas parche”, tales como aumentar en $20.000 la pensión básica solidaria que es un tercio del salario mínimo; un seguro para el gasto de medicamentos, que deja intacto el negociado de los laboratorios farmacéuticos y la salud privada; un bono al salario mínimo para dejarlo en 350 mil pesos, muy lejos de la línea de la pobreza para un hogar obrero promedio y a cargo del Estado, quitando toda responsabilidad a los empresarios. De esta forma, quedó de manifiesto que el gobierno pretende pilotear la crisis financiando estos subsidios con recursos de los contribuyentes y el aumento de la deuda pública para defender las privatizaciones pinochetistas; la misma orientación política de todos los gobiernos centroizquierdistas anteriores, “ajustes” que no dan salidas de fondo a la profunda miseria que se extiende en el país, lo que representa un enorme retroceso social para el conjunto de las y los trabajadores. El PC, los partidos de la ex Concertación y del FA se han sumado a este operativo, con diferencias y alcance de las medidas, pero también comparten la perspectiva de “parlamentarizar” las demandas populares, tal como lo han intentado hacer con el reclamo de “Fuera Piñera” que ha mantenido viva la llama de la movilización en todas las jornadas, planteando en su reemplazo una acusación constitucional contra Chadwick [Andrés, ministro del Interior hasta fines de octubre]. Una acusación de este tipo en el marco de la actual constitución golpista tiene pocas chances de progresar, lo que dejaría, al final de toda la demagogia parlamentaria, en la impunidad las decenas de asesinatos desarrollados bajo los días del toque de queda.
En las álgidas jornadas de lucha, las masas desafiaron el toque de queda, incluido el momento en que Piñera declaró su “plan de guerra” al pueblo que luchaba en las calles. La rebelión en curso logró aglutinar a las masas en una lucha común bajo el reclamo de “Fuera Piñera”, sobrepasando el límite de las luchas aisladas que venían dando los sindicatos, profesores, estudiantes, el movimiento de mujeres y el pueblo mapuche, todas por separado. El movimiento obrero también ha jugado un rol en esta rebelión. La Unión Portuaria hizo el llamado a la huelga general contra el gobierno en los primeros días de la crisis, la Confusam efectuó un paro nacional denunciando el desfinanciamiento al sistema de salud pública; por otra parte “Unidad Social” (la convergencia de la CUT [Central Unitaria de Trabajadores], No + AFP [Administradoras de Fondos de Pensiones], Colegio de Profesores, Confusam, Anef [empleados fiscales], Confech [docentes], Cones [estudiantes secundarios] y otras organizaciones) se pliega convocando a “huelga general”, limitando el carácter de una verdadera huelga general efectiva que paralice la producción en el país, a una marcha autorizada por el gobierno en el centro de Santiago. Asimismo, al calor de esta lucha se han formado cientos de asambleas populares que han comenzado a discutir un programa de acción común.
La rebelión popular dejó planteada la necesidad de sacar a Piñera por medio de la huelga general efectiva y la movilización popular. Solo de esta forma será posible abrir paso a una Asamblea Constituyente libre y soberana convocada por el conjunto de los explotados, en convergencia con las asambleas populares que se extienden a lo largo del territorio, situación que, además plantea la necesidad inmediata de convocar a un gran Congreso de bases de las y los trabajadores sobre el principio de unidad en la acción por el Fuera Piñera, y el encauce de un proceso de deliberación colectiva de un programa político, económico y social de salida, a las urgentes demandas y necesidades del pueblo explotado frente al desarrollo del levantamiento popular y la crisis. En este marco la función clave del congreso, coloca también la necesidad de impulsar la intervención política de la clase trabajadora, único sujeto social capaz de operar una transformación social de fondo, cuya tarea debe ser impulsar la huelga general y un programa de salida a la crisis nacional con perspectiva a poner fin a los 30 años de herencia pinochetista y proceder a una reorganización social, económica y política del país sobre nuevas bases sociales.
Frente a las distintas expresiones de colaboración de clases defendemos la independencia política de la clase, que, además de oponer los principios de la democracia obrera frente a la democracia burguesa, centra la Asamblea Constituyente en principios diametralmente opuestos a los que ha levantado la mesa de “unidad social”. Estos últimos han buscado de manera sistemática desmovilizar a las masas, salvaguardando al gobierno y el régimen en cuestión. El plan de parlamentarizar la asamblea constituyente y colocar en el centro del debate la acusación constitucional para sacar a Piñera entra en esta misma línea de descomprimir la movilización popular. La pretensión, además de oxigenar el régimen, busca embellecer la misma democracia que mantuvo a las fuerzas represivas del Estado en la calle durante la revuelta. La Asamblea Constituyente pone de manifiesto un problema elemental del Estado capitalista, ello porque democracia y dictadura se distinguen sólo en los niveles de represión y el rol de las fuerzas armadas, no así en el elemento estructural que define al Estado. La Asamblea Constituyente no puede ser bajo ningún caso un reordenamiento de las leyes, sino un reordenamiento social sobre nuevas bases sociales, económicas y políticas.
A esta altura de la rebelión es claro que no existe una expresión política propia de los trabajadores y jóvenes en lucha; se repite la situación presente durante la gran rebelión del 2011. En el pasado el vacío político fue ocupado por la constitución del Frente Amplio, pero este rápidamente se adaptó y mostró sus límites para ser una fuerza política autónoma del régimen. Adoptó la colaboración de clases como método al participar en las mesas de discusión parlamentaria que propuso Piñera, en lugar de utilizar su desarrollo y fuerte presencia electoral para preparar la lucha contra las medidas de ajuste. Por esta razón cambió las calles por el parlamento, abandonando las poblaciones, escuelas, universidades y lugares de trabajo. El FA ahora actúa abiertamente a la rastra del PC, a través de la “Unidad Social” que proclama formalmente la huelga general, pero descarta la consigna “fuera Piñera”. La burguesía es consciente de que se ha quebrado el régimen parido por el pinochetismo y busca un nuevo equilibrio para seguir garantizando la rentabilidad del capital imperialista y nativo, pero esa búsqueda no está exenta de un largo período de choques y desplazamientos de masas, pues se desenvuelve en el cuadro de una guerra comercial entre EEUU y China, pero por sobre todo en el marco de una brutal crisis capitalista mundial. Esta situación coloca objetivamente la necesidad de poner en pie una organización política de los trabajadores, no como la acumulación o amontonamiento de tendencias y corrientes contradictorias, sino sobre la base de un programa de independencia política y con el gobierno obrero como horizonte, es decir el derrocamiento revolucionario de la burguesía y el establecimiento de la dictadura del proletariado.
El movimiento obrero y el conjunto de los explotados en Chile no olvidamos el fracaso del frente populismo que hace 46 años costó la vida de miles de valiosos luchadores de vanguardia; el movimientismo y el foquismo en este marco han resultado ser inútiles para revertir la situación política del proletariado en el país, por lo cual levantamos la lucha por la construcción de un partido de clase, sobre la necesidad histórica de la clase obrera de desplazar a la burguesía y proceder a la construcción de su propio Estado, planteando como método las consignas de transición entre las demandas inmediatas y la lucha por el poder político.
La transformación del paro en una huelga general y la formación de comités de huelga, de asambleas populares, coordinadoras y congresos de bases del movimiento obrero y sectores en lucha, plantea la perspectiva de echar a Piñera por medio de la lucha popular. Y de una asamblea constituyente soberana con poder para la reorganización del país sobre nuevas bases sociales.
Llamamos al conjunto de los luchadores a tomar en nuestras manos esta discusión, discutiendo el presente en las poblaciones, escuelas, facultades y lugares de trabajo.
Vitoco La Rosa Ibañez, Ricardo Vásquez, Patricio Suazo, Sebastián Pezo, Marco Donaire
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