Los indicadores económicos -cualquiera que se tome- dan idea de una catástrofe. No se trata solo de una recesión mayor a la de 2002, sino que, tal cual lo previmos desde estas páginas, los decretos de prohibición de despidos y doble indemnización son papel mojado.
Según la Fundación Observatorio Pyme, 61 mil empresas, que emplean a unos 260 mil trabajadores, están al borde del cierre definitivo; en el primer trimestre, los empleos caídos sumaron 300.000 y esa cifra se triplicaría en el año, según la OIT: una proyección que, para algunos, es “optimista”.
Ese informe además destaca que las actividades más afectadas registran un alto nivel de trabajo de mujeres: hotelería, gastronomía, comercio y la industria manufacturera.
Los miles de cierres de empresas y despidos en masa son la característica de la etapa de depresión a la que ingresamos. Las consultoras ya coinciden en forma generalizada en que la contracción de la economía “batirá el récord histórico que había marcado el 2002”.
La actitud criminal de las patronales
Esto ocurre cuando la pandemia amenaza con salirse de control. La curva de contagios diarios crece sin parar y alcanza picos entre los trabajadores de la salud, los supermercados, los bancos, y se empiezan a multiplicar los casos en las empresas.
Coto de Lanús registra más de 50 casos; la fábrica de vidrio Cattorini, otros tantos; Mondelez obliga a trabajar a sus empleados a pesar de haber aumentado los contagios en un 300% en pocos días; los trabajadores de Felfort fueron al paro frente la negativa de la patronal a testear y aislar a los contactos estrechos. Ya registramos los paros del Sutna por un protocolo obrero de protección. La lista es larga. El denominador común es la reticencia de las patronales a otorgar las licencias por aislamiento y a testear los contactos estrechos.
Los trabajadores de la salud tienen los índices más altos de infectados. Ya se cuentan varias muertes entre el personal, muchas de ellas por trabajadores incluidos en los sectores de riesgo que no contaban con la licencia correspondiente.
El gobierno cede
Pese a esto, la presión de las patronales contra el necesario retorno a la “fase 1” de la cuarentena en el Amba logró mantener abiertas 2.600 empresas, que se suman a los rubros esenciales. El “quedate en casa” corre fundamentalmente para los sectores más vulnerables: los cuentapropistas, cooperativistas y pequeños comerciantes, que carecen de medios para protegerse y subsistir.
En lugar de reforzar la asistencia social, el Estado destina su mayor esfuerzo a rescatar a los grandes capitalistas y a evitar el default “abierto”, cediendo constantemente a las exigencias de los especuladores internacionales, que han arrancado ya 10 mil millones de dólares adicionales a la propuesta inicial del ministro Martín Guzman para la reestructuración de la deuda.
La suspensión de las paritarias en la inmensa mayoría de las actividades es otro dato relevante. En el primer trimestre del año, el salario promedio, según el Indec, fue de 28.497 pesos y el promedio per cápita, considerando la población ocupada y desocupada, fue 19.916 pesos. En otro renglón se dice que “los salarios subieron 0,2% en abril” contra una inflación del 1,5%.
La decisión de desdoblar el aguinaldo a los empleados estatales fue una señal política para que el conjunto de las patronales avanzara en fraccionarlo, incluso en varias partes. El primero en arreglar fue Carlos Acuña, de estacioneros, uno de los secretarios generales de la CGT.
Frazada corta
Estos golpes a los trabajadores están muy lejos de alcanzar a recomponer los beneficios de los capitalistas, que pugnan por mayores subsidios y un plan de salvataje en regla. Una parte sustancial del “gasto”corresponde a los intereses de la deuda. Pero, al mismo tiempo, las patronales de las actividades en funcionamiento han evadido 400 mil millones de pesos en impuestos, que ahora reciben el premio de una generosa moratoria.
Al coro de disconformes se suma la burocracia sindical de la CGT, que alerta sobre la fragilidad y el riesgo de colapso de las obras sociales y la falta de espacio “en la toma de decisiones”.
Los 3.800 millones de pesos del Fondo de Redistribución, que el Ejecutivo terminó aflojando para “pagar proveedores y compensar las caídas en sus recaudaciones”, no conformó; es un parche y la burocracia había reclamado que la asistencia saliera del Tesoro.
La mesa chica de la CGT se reunió solo para volver a postergar el consejo directivo y deslizar algunas críticas al gobierno por “cierta desorientación”. La semana próxima habrá un encuentro bilateral con la UIA para analizar los cambios en el programa de ATP (un tope más bajo, límites a empresas grandes y por regiones) que, según voceros de la central, “tendrá impacto en los salarios”. O sea que lo dan por un hecho.
El pacto anti-salarial UIA-CGT-gobierno, que habilitó suspensiones a la baja, fue solo una avanzada de la ofensiva histórica que se prepara contra los trabajadores. El Consejo Económico y Social, para elaborar “una estrategia de reconstrucción económica”, es el planteo por el que presionan las patronales y sus socios de la calle Azopardo, cada vez más alejados de las preocupaciones, necesidades y luchas de las bases que dicen representar. Pero ¿cuál será su función? Sin dudas, enchalecar al movimiento obrero en la agenda dominante que es la del FMI, asumida por todas las patronales como propia.
Ofensiva y resistencia
Los conflictos y protestas, contra la falta o incumplimiento de los protocolos de seguridad, contra los despidos, por salarios y el pago integral de los aguinaldos, empiezan a verse en distintos puntos del país; entre ellos hay que destacar dos: la jornada de lucha “internacional” de los trabajadores de App y el paro-apagón virtual de los docentes universitarios de Conadu-H, que se impuso por el impulso del clasismo (AGD-UBA, Tucumán, Luján y otras) y contra la posición de direcciones afines al gobierno, por ejemplo en Mendoza o Salta. La AGD ha convocado a todos los sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires, formalmente opuestos a las cuotas de Larreta, a parar en conjunto el próximo 3 de julio.
La resistencia de los precarizados y el choque con las expectativas en el kirchnerismo son los “datos” más significativos de la situación actual.
Miguel Bravetti y Sebastián Rodriguez
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