El gobierno venezolano logró finalmente desplazar a la oposición de la Asamblea Nacional, pero en unas elecciones marcadas por una bajísima participación electoral, de apenas el 30% (menos de la mitad que en 2015). El sector de Juan Guaidó, que boicoteó el comicio, salió a celebrar este dato, pero debe demostrar aún que tenga mayor capacidad de movilización que el oficialismo en la consulta popular propia que arranca hoy y se extiende hasta el sábado 12.
De acuerdo a los datos aportados por la Comisión Nacional Electoral, el Gran Polo Patriótico, la fuerza comandada por el oficialista PSUV, obtuvo casi el 70% de los sufragios este domingo. No tenía enfrente rivales de peso. Por un lado, el sector más representativo de la derecha no participaba de la elección. Por otro, la oposición que sí concurrió se presentaba dispersa en 15 listas, entre las cuales figuran partidos que fueron intervenidos por el gobierno, con el propósito de que sus sellos figuraran en el cuarto oscuro.
La Alianza Democrática, un bloque constituido entre otros por la intervenida Acción Democrática y por Avanzada Progresista, el partido del exgobernador de Lara Henri Falcón (quien participa de la Mesa de Diálogo Nacional con Maduro), quedó en segundo lugar con el 18% de los votos. En tercer puesto se ubicó la coalición Venezuela Unida, liderada por Primero Venezuela, partido de Luis Parra, un diputado que se proclamó presidente de la Asamblea Nacional en reemplazo de Guaidó, en una movida que contó con el visto bueno del gobierno venezolano. Aquel conflicto, en enero, dio origen a dos parlamentos, con sesiones paralelas.
La Alianza Popular Revolucionaria, un desprendimiento del oficialismo comandado por el Partido Comunista, obtuvo el 2,7% de los votos.
La baja concurrencia a las elecciones es un indicio de la pérdida de popularidad del oficialismo. Esto responde a un derrumbe económico que ha pulverizado los ingresos de los trabajadores (inflación del 70% mensual, devaluación, salario mínimo equivalente a 40 centavos de dólar).
Sin embargo, la oposición derechista sale golpeada porque pierde el recinto legislativo que había conquistado en 2015.
Ya venía vapuleada por el fracaso de las intentonas golpistas de Guaidó.
En estas condiciones, crecen los reclamos de un cambio de política. En un reportaje con el diario La Nación (7/12), Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular (la fuerza de Guaidó), asegura que hoy la variante de la invasión militar “dividiría a la opinión pública. El punto de encuentro (…) es la promoción de unas elecciones presidenciales”. Se refiere a elecciones sin Maduro. No descarta, en el mismo sentido, algún tipo de transición pactada con sectores del régimen. El exgobernador de Miranda, Henrique Capriles, que exploró la posibilidad de presentarse en los comicios legislativos de este domingo, también insiste en la necesidad de una nueva orientación. En Estados Unidos, según algunos analistas, un gobierno de Joe Biden podría patrocinar algún tipo de negociación internacional para la salida de Maduro, involucrando a aliados venezolanos como Cuba y China y a los gobiernos argentino y mexicano (Clarín, 27/11).
Al frente de la nueva Asamblea Nacional, el gobierno venezolano redoblará el curso de ajuste y entrega que ha emprendido frente a la crisis. Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente, anticipó que se revisará la ley de hidrocarburos para facilitar la privatización de empresas. En este sentido se inscribe también la recientemente aprobada “Ley Antibloqueo”. Justamente, el objetivo político de esta elección parlamentaria regimentada y amañada no es iniciar una nueva etapa de lucha antiimperialista, sino el de legalizar con un Congreso “elegido” por el voto popular, la firma de contratos de entrega de las riquezas petroleras y mineras venezolanas. Este ha sido un reclamo del capital financiero mundial, incluyendo el de potencias aliadas a Maduro (Rusia, China).
En paralelo, crece la represión y encarcelamiento de trabajadores en lucha.
Los trabajadores venezolanos necesitan emerger como un factor autónomo en esta crisis, frente a la derecha golpista y el gobierno ajustador.
Gustavo Montenegro
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