Lacalle a prueba: un año de gobierno

Para cualquier habitante del país el hecho de que estemos hablando de apenas doce meses de gobierno debe producir cierta extrañeza. La situación de agobio que se respira en el conjunto de la sociedad, pandemia mediante, alteró hasta cierto punto la percepción del tiempo desde la elección de 2019 hasta hoy.

 El primero de marzo se cerrará el primer año de Lacalle Pou como presidente. Obligado apenas quince días después a enfrentar el desembarco del virus en el país, el gobierno aparece tempranamente fatigado. Luego de navegar los primeros meses con una imagen favorable debido a un manejo relativamente bueno de la pandemia, el presidente tiene dos nudos que lo amenazan: el primero es la cuestión económica y el segundo su propio armado de gobierno. 

 Como apunto alguien llama la atención que en un momento de creciente desempleo, ollas populares y miseria creciente la ministra de economía festeje como una conquista el ahorro de 660 millones de dólares, y el cumplimiento de los objetivos fiscales. 

 Lacalle Pou llegó al gobierno en el último minuto de la “ola” de recambio continental después de todo un periodo de gobiernos nacionalistas y centroizquierdistas. Esta onda de corto alcance empezó en 2015 con la victoria de Macri, que duró un periodo y se fue sin pena ni gloria. En 2016 Dilma Rousseff se deja voltear por sus propios socios, quedando la presidencia en manos de su vice, Temer antes del ascenso del fascista Bolsonaro, quien se mantiene en el poder con alfileres. Podríamos seguir; Ecuador con el posible regreso del Correismo al poder, relevando a un Lenin Moreno que salió de sus propias entrañas y Bolivia, donde los golpistas debieron hacer las maletas de apuro y “normalizar” el ciclo electoral. Chile merece una mención especial, pues marca un nuevo punto de partida para toda la región. 

 Uruguay llega con cierto delay, justo cuando la “ola derechista” pasa a mejor vida. A contramano de esta esquematización el politólogo Adolfo Garcé se pregunta si no estamos asistiendo a una “era multicolor” que seguiría a la era progresista. Es un planteo atrevido, si bien el autor no se juega a vaticinarla, sostiene que es perfectamente posible y enumera: un liderazgo incuestionable, una agenda ambiciosa, niveles razonables de disciplina parlamentaria y la “confianza” del mundo empresarial, aunque apenas se traduzca en un apoyo “discreto” (sic). Garcé sin embargo no menciona un aspecto clave a saber, el contexto internacional. La omisión no es casual, la realidad de América Latina desmiente esta posibilidad. Despojado de este elemento la hipótesis es una colección de observaciones menores y buenos deseos. Incluso dando por descontado que el presidente logre subordinar a las bancadas de los distintos aliados es claro que Lacalle no se ha convertido en el eje de un reagrupamiento político consolidado de la política burguesa. El presidente lejos de disciplinar a sus socios ha visto multiplicar los litigios hacia dentro y hacia fuera de la coalición, con un marcado eje de discordia en la conducción económica y la respuesta al rápido deterioro económico de la población. Logró aprobar la LUC trabajosamente y luego de negociar y renegociar, pero esa mega ley no le resuelve nada a la burguesía, no implica ninguna salida de fondo. Incluso está en veremos que pueda avanzar en la reforma de la seguridad social, en medio de una creciente exasperación por abajo y hasta con reclamos de sectores aliados como UnSoloUruguay. Los números de contagios se han mantenido en una banda estable pero una mirada más de cerca revela un crecimiento sostenido de los índices de positividad, nada menos que en vísperas del comienzo de cursos. Íntimamente vinculado a esto hay que apuntar el fracaso en la obtención de la vacuna, con anuncios desmentidos unos tras otros que le abrieron una crisis de naturaleza particular. Independientemente de si consigue una cantidad de dosis aún inciertas en las próximas horas, es sólo un conejo que saca de la galera a último momento, no el resultado de ningún plan serio. 

 La tendencia política general del Uruguay va en el sentido opuesto al que presenta Garcé. El gobierno es débil. La oposición, apuntamos brevemente, se ha dedicado a tender puentes y sabotear la movilización popular. Los casos extremos son los de Fernando Pereira y Orsi. Este último hasta desalentando la campaña de recolección de firmas contra la LUC, el único punto que podía diferenciarlo del gobierno. Otro tanto corre para la burocracia sindical, quien se jacta de no promover la movilización y ser “responsable” ante la pandemia, aunque ello signifique hasta mirar para el costado cuando se suspende el derecho a reunión. Se está configurando una situación excepcional. La centroizquierda renuncia a cualquier autonomía política. 

 Por último, no está en duda la perspectiva del derrumbe político y económico que ya empezó, sino quien dirigirá la lucha. La preocupación de los luchadores y activistas debe estar en preparar el terreno para una creciente lucha de clases y oponer la acción directa a las trenzas parlamentarias. No se trata solo de resistir, sino de derrotar la embestida del gobierno derechista.

 Esta es la cuestión. 

Camilo Márquez - Partido de los Trabajadores (Uruguay) 

 26/02/2021

PBI: no volvimos al 74

El anuncio de que la caída del PBI en 2020, un 10%, ha llevado al ingreso nacional ´per cápita´ a los niveles de 1974 es engañoso. Está calculado en pesos constantes, o sea que ignora la mayúscula desvalorización externa del peso. En términos de valor, la devaluación, en 2019, fue suficiente para reducir el PBI en dólares, de 450 mil millones a poco más de 300 mil millones, antes de calcular la caída del nivel de la producción física. A nadie se le escapa que la distribución del ingreso en esa caída acrecentó en forma escandalosa la desigualdad: el de los trabajadores y jubilados cayó muchísimo más que el promedio ´por persona´, o sea que el aumento de los ingresos de los capitalistas contrarrestó tanto la caída de la producción como la desvalorización del PBI tomado en su conjunto. El valor agregado en cada rama de la producción se inclinó fuertemente hacia las ganancias en detrimento de los salarios. 

 La noticia de un regreso a los niveles de medio siglo atrás fue presentada como una prueba inequívoca del “estancamiento” de Argentina. Esto no solamente lo sostiene Clarín, puesto que dice lo mismo el documento presentado al último congreso del aparato del PO. Para asegurar tal cosa, sin embargo, no alcanza el número del PBI, que en realidad opera como un encubrimiento. Un ejemplo. La caída del PBI, en 2002, fue tan feroz como la actual, sin que mediara la pandemia. Sin embargo, se empezó a hablar de un crecimiento ´a tasas chinas´ desde 2005, claro que ignorando en el camino el derrumbe de 2009. Para que ocurriera ese giro, debía existir una capacidad instalada previa y el financiamiento que ofreció el impago de la deuda pública durante cinco años.

 Una situación de estancamiento es aquella en que cae el PBI potencial, no el PBI corriente. El potencial refiere al nivel de capital existente y a la capacidad de producción general. Influye en esta capacidad el grado de concentración de la industria y la cadena de valor que han desarrollado las compañías grandes con las menores – la llamada ´tercerización´. Esos niveles de capital y de capacidad instalada son muy superiores a 1974 e incluso mayor a 2016. Las crisis industriales y las hiperinflaciones han servido como aceleradores de la concentración económica, con una violencia admisiblemente mayor a una mayoría de los países capitalistas. La violencia del desarrollo capitalista no debe ser confundida con estancamiento. 

 El PBI es el valor agregado en el período de que se trate. No debe ser confundida con la productividad del trabajo en la industria, el comercio y el agro. La siderurgia, por caso, produce muchísimas veces más que en el 74, con el 10% del personal de esa época; algo similar ocurre en la industria automotriz – no hablemos de la producción de granos y últimamente de carne blanca y roja. La potencia instalada para generación eléctrica (capacidad de generación ) creció un 45% en la última década, entre centrales térmicas, hidro y "parques eólicos". De todos modos, es un hecho, a nivel mundial, que la tasa de aumento del PBI es inferior a su potencial, o sea que domina la sobreproducción y que la acumulación se desplaza de la industria hacia el campo financiero; la tasa de endeudamiento mundial supera el 500% del PBI del conjunto de los países. Los números del PBI no hacen esta distinción entre capital industrial y capital ficticio, de modo que disfrazan una actividad parasitaria. El estancamiento, en cuanto línea de tendencia histórica del capital, es manifiesto, lo que no significa que Argentina se quedó en el 74, el año del fallecimiento de Perón. La tendencia al estancamiento en un sistema dinámico de explotación social y de rivalidad internacional como el capitalismo, es el fuelle de las guerras internacionales y de las crisis de régimen político. De los Trump y Bolsonaro, de las guerras imperialistas en Asia, y de las rebeliones populares desde Chile a Myanmar o Bielorrusia. 

 Pero la falacia de la vuelta al 74 no termina aquí. La situación social de la clase obrera y de las masas es infinitamente peor que en el 74; no estamos como hace medio siglo, estamos mucho más abajo. Esto es lo que disimula la noticia de que el PBI ´per capita´ (por persona) cayó al de aquella fecha. El promedio oculta la colosal divergencia social. Si, por un lado, existe una diferenciación social ascendente en una ultra minoría de trabajadores, los índices de pobreza son concluyentes en este punto: 50% de pobreza absoluta, medida sin el rigor debido. Este agravamiento de la miseria social es la contrapartida del desarrollo capitalista, no del estancamiento. Quieren que se entienda lo contrario aquellos que sostienen que los ingresos de los trabajadores no pueden aumentar si antes ´no crece la torta´; o quienes fingen una lucha contra la carestía en los alimentos, para justificar el congelamiento de salarios y jubilaciones. La violencia de la desigualdad social tiene su raíz en el desarrollo capitalista del último medio siglo. El fenómeno no es sólo local, aunque sí su envergadura, pues Estados Unidos ya acumula unos 42 millones de pobres, en tanto el poder adquisitivo de los ingresos de la clase obrera no ha crecido de conjunto en el último cuarto de siglo. El uno por ciento concentra un patrimonio mayor al del 40% de ingresos más bajos. 

 La política del gobierno ´nacional y popular´ se inscribe en esta tendencia general, no la contraría. Acaba de conceder un enésimo blanqueo, en este caso a los capitales de la construcción, donde el trabajo en negro campea sin resistencia. La burocracia de la Uocra saluda el blanqueo y la destrucción de los derechos laborales. Ha designado al retroceso del poder adquisitvo de los salarios y las jubilaciones como las ´anclas´ de la inflación. Profundiza la tendencia a la desigualdad creciente de la participación de las clases laboriosas en el PBI. En esta tendencia social e histórica de conjunto se encuentra la razón a los levantamientos de los años y décadas recientes, y de los que están por venir. 

 Jorge Altamira 

 27/02/2021

Italia: el coronavius causa estragos entre estudiantes y docentes

Las autoridades italianas han anunciado que se encuentran presentes en el país al menos cuatro cepas del virus, incluidas la brasileña y la sudafricana, que podrían jaquear la efectividad de las vacunas existentes. Al mismo tiempo, la variante británica alcanza niveles preocupantes, el 30% de los infectados tiene esta cepa. Su expansión se ha duplicado en apenas una semana. 

 Los mayores números de contagios se están produciendo entre niños y jóvenes de entre 8 y 19 años, que asisten a las escuelas, lo cual ha provocado el cierre de los establecimientos. En la provincia de Brescia, en siete municipios de Bergamo y en una comuna de Cremona se han reportado en pocos días 400 estudiantes y 123 docentes infectados; una escuela funcionó como foco de contagio. El resultado ha sido más de 6.000 estudiantes aislados. Según los informes, los contagios registrados afectan a todos los niveles educativos siendo: “20 del jardín de infantes, 76 de la llamada escuela de infancia y 140 de las primarias. La mayoría son alumnos secundarios” (Clarín, 24/02). 

 En Roma, la situación también ha obligado a cerrar las escuelas y decretar cuarentenas estrictas en cinco municipios. En Bolonia se constató la difusión de la pandemia en algunas escuelas en la ciudad y la provincia.

 En la región Puglia (sur), el gobernador Michele Emiliano ordenó el cierre de todas las escuelas y la obligación para los alumnos de seguir la Didáctica a Distancia, ante el aumento veloz de los contagios. 

 En Soligo de Treviso y en La Maddalena, en la isla de Cerdeña, se registraron casos de variante brasileña entre alumnos de dos escuelas. 

 En Ancona, capital de la región de las Marcas, la difusión del contagio se concentró en algunas escuelas. 

 Cepas, cuarentenas, vacunas, capitalismo 

La viróloga Ilaria Capua dijo que los números “son de escalofrío”, porque “hay una activa circulación de las variantes más contagiosas”. Y agregó: “hasta que la población más frágil no sea vacunada o inmune tendremos esta situación en agravamiento”. Esto conduce a un aumento de la mortalidad, que es registrado en todas las edades. La bióloga Barbara Gallavotti declaró: “Vemos un crecimiento de la mortalidad en todas las franjas de edad. Además hay otro problema: más circula el virus, más nacen nuevas variantes”. Es claro que la situación no puede ser enfrentada en las escuelas con el barbijo y la distancia social. La presencialidad es inviable sin vacunas, aunque la aparición de estas variaciones del virus hacen temer también acerca de la efectividad de al menos algunas vacunas. El ministro de Salud, Roberto Speranza ha declarado en el Parlamento: “No se dan las condiciones epidemiológicas para aflojar las medidas de contraste a la pandemia, no podemos bajar la guardia” (Clarín, 24/02). Hasta ahora, Italia había decretado menos restricciones que otros países como Gran Bretaña, Francia y España.

 El foco en las escuelas ha acelerado la expansión de las cepas más contagiosas y peligrosas. Que los principales afectados sean los niños y jóvenes, tira por el piso el verso que el virus que aseguraba lo contrario. El anuncio de “AstraZeneca, una de las tres vacunas aprobadas por la Unión Europea, de que en el segundo trimestre enviará a Italia solo la mitad de las dosis comprometidas, tira por tierra el plan de vacunación del gobierno. Al día de hoy, solo cuenta con 2.4 millones de personas inoculadas, el 4%. 

 El gobierno ha pedido a las Fuerzas Armadas el aprovisionamiento de camas de terapia intensiva extras, porque el sistema sanitario está al borde del colapso, otra vez. La catástrofe que vive Italia es el resultado de la reapertura que exigen las patronales en todo el mundo. La vuelta a clases sin vacunas y en pandemia ha dejado a la vista sus resultados.

 Joaquín Antúnez 

 25/02/2021

Los “aprietes” internacionales de Pfizer y su incumplimiento de contratos

Luego del acaparamiento de vacunas por parte de un puñado de países imperialistas, una nueva denuncia devela las apretadas de Pfizer a numerosos estados de la periferia: “La compañía farmacéutica Pfizer, con sede en Estados Unidos, está exigiendo un rescate a los países, interfiriendo con su legislación e incluso exigiendo bases militares como garantía” (Inventia, 26/2 y Wionews, 25/2).

 Esto fue calificado como un acto “terrorista” por parte de la farmacéutica norteamericana (ídem). 

 Las compañías farmacéuticas fueron financiadas por diferentes Gobiernos y organismos internacionales y por subas espectaculares de sus acciones. Utilizaron “su poder para lucrar y se aprovechan tanto de un hecho desafortunado que recurren incluso al acoso” (ídem). 

 Pfizer “parece haber olvidado la necesidad del momento y, en cambio, ha recurrido a tácticas baratas para ganar cuota de mercado y aumentar sus ventas”, en referencia al uso de la piratería y la extorsión. El socio alemán de Pfizer, BioNtech, recibió 445 millones de dólares del gobierno de Alemania; EEUU le pagó 2 mil millones de dólares en julio de 2020. 

 “Pfizer se encuentra en una ola de extorsión de países pobres en nombre de la vacuna Covid-19” (inventia, 26/2). Pfizer tiene acuerdos comerciales con muchos países latinoamericanos: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México, Panamá, Perú y Uruguay. “Esto hace que uno se pregunte (...) a qué tuvieron que renunciar: ¿bases militares, activos soberanos?”. 

 Negocios y acaparamiento 

Pfizer está buscando ganar $ 15 mil millones con las ventas de vacunas este año. Está en conversaciones con 100 países y organizaciones de todo el mundo. El 22 de enero de 2021, Pfizer firmó un acuerdo con Covax, la alianza global de vacunas, comprometió 40 millones de dosis a países pobres este año, mientras que anunció que enviará en breve 300 millones de vacunas sólo a EEUU (para julio) y que tiene pensado producir 2.000 millones más. La compañía publicó un comunicado de prensa del presidente y director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla: “En Pfizer, creemos que cada persona merece ser vista, escuchada y cuidada, es por eso que desde el comienzo de nuestro programa de desarrollo de vacunas, Pfizer y BioNtech, se ha comprometido firmemente a trabajar por el acceso equitativo y asequible de las vacunas covid -19 para personas de todo el mundo”, una total y completa mentira.

 El director de la OMS, Tedros Ghebreyesus, advirtió sobre el acaparamiento, ante un anuncio del G-7 de donar 7.500 millones dólares al fondo COVAX, “si no podemos comprar vacunas, el dinero no sirve para nada”. Según las previsiones de la OMS, se esperan 337 millones de dosis totales a distribuir entre 145 países, algo que no llegaría a vacunar ni al 20% de la población de esos países (página12, 23/2).

 Argentina y Brasil 

Argentina y Pfizer negociaron en junio de 2020 un acuerdo para proteger a la compañía en caso de demandas judiciales que inicien los usuarios. La empresa solicitó cargar los costos de cualquier resarcimiento ordenado por la justicia sobre Argentina. Es lo que aprobó el parlamento argentino en octubre de 2020. Sin embargo, Pfizer protestó porque la ley no la cubría en casos de “negligencia”. Argentina ofreció enmendar la ley, para definir la negligencia para incluirla más claramente como “distribución y entrega de vacunas por negligencia” (Wionews), o sea a la logística. Pero Pfizer no acordó. “En los Estados Unidos, la ley PREP, que es la ley de preparación pública y preparación para emergencias, otorga total inmunidad a empresas como Pfizer y Moderna. Pero esto no se aplica a la negligencia, sino a la intencionalidad” (Inventia, ídem). Cuando Pfizer vio rechazado este reclamo, exigió que Argentina contrate un “seguro internacional” para pagar posibles causas judiciales contra la empresa”. Esto sí habría sido aceptado por Alberto Fernández. Para los desmemoriados, es oportuno recordar que en 2001 el gobierno de De la Rúa sacó un seguro para la convertibilidad. Cuando el peso se vino abajo, en 2002, ni el Deustche Bank, ni el Morgan cumplimentaron el contrato. 

 “Pero aquí no es donde Pfizer terminó su acoso: en noviembre, Pfizer regresó con más demandas. Esta vez quería activos soberanos como garantía. Pfizer quería que Argentina pusiera, contenga la respiración, ¡sus reservas bancarias, su base militar y los edificios de su embajada como garantía!” (ídem). El sabotaje de Pfizer, que había hecho pruebas clínicas en el Hospital Militar, como anticipo de un contrato de vacunas, forzó las urgentes negociaciones de Argentina con Rusia. Ahora espera convertirse en productor de ella en asociación con México. 

 Brasil, el tercer país más afectado del mundo por la pandemia, también recibió aprietes. Pfizer reclamó a Brasil que creara un fondo de garantía y depositara dinero en una cuenta bancaria extranjera, “una demanda tan extraña y despiadada” (ídem). El 23 de enero de 2021, el Ministerio de Salud de Brasil emitió una declaración en la que citaba a expertos de las cláusulas previas al contrato de Pfizer: “Brasil renunciaría a la soberanía de sus activos en el exterior a favor de Pfizer, las reglas del país no se pueden aplicar a Pfizer, Brasil toma en consideración el retraso en la entrega, Pfizer no será penalizado por el retraso en la entrega, en caso de efectos secundarios, Pfizer quedará exento de toda responsabilidad civil” (ídem). Como consecuencia, Pfizer retrasó la entrega de vacunas, lo que costará miles de vidas, en Brasil donde mueren 1.400 personas por día. Bolsonaro se agarró desesperado a la vacuna Sinopharm, a pesar de haber denunciado durante meses al “virus de Wuhan”. 

 Emiliano Monge 

 28/02/2021

El encuentro de Trotsky y Breton en clave onírica // Entrevista a Ale Rath, director de "Manifiesto"

Documental La Ruta del Che

Biden bombardea Siria

La naturaleza del imperialismo. 

 A tan solo un mes de su llegada a la presidencia, Joe Biden ordenó su primer bombardeo en Medio Oriente, lo que ya se ha convertido en una tradición de los mandatarios yanquis (desde Ronald Reagan en adelante, todos lo han hecho). Fue en Siria, en la frontera con Irak, y estuvo dirigido pretendidamente contra milicias proiraníes que operan en el país mesopotámico. 

 El ataque, que según algunas fuentes habría causado más de veinte muertos, se hizo en franca violación de la Carta de Naciones Unidas, que no autoriza respuestas armadas contra un país que no esté involucrado en la agresión previa. Fue justificado por el gobierno yanqui como una represalia ante un ataque contra objetivos norteamericanos en Irak a mediados de mes.

 Preocupado por los retrocesos norteamericanos en materia de política exterior en los últimos años, Biden ya había confirmado al comienzo de su mandato su intención de recuperar el terreno perdido, al expresar que “Estados Unidos está de vuelta”. Credenciales no le faltan: como presidente de la comisión de asuntos exteriores del Senado, apoyó las invasiones de Afganistán e Irak.

 Como parte de su política exterior, Biden prepara una línea más dura contra Rusia y mantendrá la guerra comercial con Beijing y los ejercicios militares en el Mar de China Meridional, lo que ya desató roces con el gigante asiático. Al mismo tiempo, ha expresado algunos contrapuntos con Trump, por ejemplo en el propósito de retomar los acuerdos con Irán abandonados por el magnate (este bombardeo, de todos modos, es una piedra en el zapato de esa tentativa). 

 El ataque aéreo llega cuando la guerra y las sanciones económicas han agudizado las penurias de las masas en Siria. Un funcionario de la ONU asegura que el 60% de la población no tiene “acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos” (Europa Press, 26/2). También advierte sobre el desarrollo de la desnutrición infantil. La guerra en Siria ya ha dejado más de 500 mil muertos y 11 millones de desplazados y refugiados, sobre una población de 22 millones al comienzo del conflicto.

 En el complejo escenario sirio se entrecruzan los intereses del imperialismo yanqui, de Rusia y otras potencias regionales, como Turquía e Irán, que están desangrando al país. Bachar Al-Assad, que cuenta con el apoyo de rusos e iraníes, ha logrado mantenerse en el cargo. La oposición islamista quedó reducida a algunas áreas de la provincia de Idlib, donde resisten grupos ligados a Al Qaeda y otros relacionados con Turquía. El Estado Islámico, por su parte, fue derrotado a partir de la acción de una coalición internacional. 

 Uno de los objetivos norteamericanos en Siria es el control del petróleo. Bajo el gobierno de Trump, en nombre de priorizar la situación doméstica, se ordenó en octubre de 2019 el retiro de las tropas norteamericanas en el país, cuando Turquía emprendió una ofensiva contra los kurdos en la frontera norte (lo que fue leído por estos como una entrega por parte de los yanquis). Sin embargo, estas tropas se fueron reubicando después sobre los pozos petroleros.

 La orden del retiro fue aprovechada por Putin para ganar una mayor gravitación en la región. Arribó a un acuerdo con Turquía para establecer una zona de seguridad (que desplazó a los kurdos) y patrullajes conjuntos. Pero posteriormente, a comienzos de 2020, Turquía y Rusia se vieron fuertemente enfrentados ante la ofensiva del gobierno sirio sobre Idlib.

 A contrapelo de Estados Unidos, Turquía, Rusia e Irán han ido ganando mayor influencia en Siria. 

 En Irak, donde operan las milicias proiraníes que fueron atacadas (el llamado Hezbollah iraquí y Kataib Sayyid al-Shuhada, integrantes de las Fuerzas de Movilización Popular creadas en 2014 para enfrentar al Estado Islámico), Estados Unidos tiene desplazados 5 mil soldados. En 2019, estalló una rebelión popular contra el gobierno de Adel Abdul-Mahdi, debido al desempleo masivo y la falta de agua potable y luz. En la represión hubo cientos de muertos. Tras su caída, se instauró en 2020 un gobierno liderado por Mustafa al Kadhimi, apoyado tanto por Estados Unidos como por Irán. El régimen corrupto de reparto de esferas de influencia entre distintos grupos confesionales se mantiene. Este gobierno también ha reprimido de forma criminal las recientes movilizaciones contra la devaluación monetaria, que amenazan con agudizar el empobrecimiento de las masas. 

 En definitiva, allí donde están los intereses norteamericanos, las masas lo sufren. Pero no son solo los yanquis. Hay un incremento notable de la intervención militar de las potencias imperialistas para defender sus privilegios de exacción de las riquezas nacionales (Francia, Italia, etc.). La agudización de la crisis económica capitalista las “obliga” a crecientes aventuras militaristas y masacres de los pueblos. ¡Fuera yanquis e imperialistas de Siria, Irak y Medio Oriente! Para la izquierda norteamericana, en particular para los sectores que activan dentro del Partido Demócrata, es un deber imperativo denunciar y movilizarse contra estas acciones militaristas-imperialistas. El “progresismo” si no es antiimperialista deviene en cómplice reaccionario. 

 Gustavo Montenegro

Lázaro Báez: el enriquecimiento ilícito no tiene grietas

Lawfare y patria contratista 

 El Tribunal Oral Federal N° 4 votó una condena de 12 años para el empresario Lázaro Báez, socio económico del matrimonio Kirchner, así como condena menores para una serie de familiares, socios y empleados. 

El Tribunal considera haber probado la operación de evasión fiscal y maniobras de lavado de dinero sobre 61.130.860 dólares y 4.174.697 pesos. Si bien a Cristina Fernández de Kirchner ya se le había dictado falta de mérito en relación a esta causa, los fundamentos que el Tribunal votó podrían agravar su causa relativa a las obras de Vialidad, donde Báez y Fernández de Kirchner comparten el procesamiento, al considerar que esta suma de riqueza fugada provenía de la obra pública. 

 El fallo tuvo un voto en disidencia, de la jueza Gabriela López Iñiguez, que varios medios han señalado como cercana al kirchnerismo por sus votaciones en otros fallos, que acordó con la condena, pero se diferenció en penas y fundamentos. La jueza dio a conocer un texto donde desarrolla que “Lázaro Báez amasó una fortuna en dinero negro, millonaria en dólares, producto de la defraudación tributaria, que luego escondió en diversos sitios que abarcaron desde guaridas fiscales offshore a la simple acumulación de dinero físico, trasladado mediante bolsos en vuelos privados a Buenos Aires para ser finalmente externado mediante cuevas financieras de la city porteña”. La jueza sin embargo considera que es muy alta la condena y que existe “una desproporción en las penas entre el cliente (Báez) que usa cuevas, financieras y agentes de bancos internacionales para ocultar dinero y los dueños de esas cuevas, financieras y bancos internacionales” (Página/12, 25/2).

 En una línea argumentativa similar, salió a declarar a los medios el legislador Oscar Parrilli, mano derecha de Fernández de Kirchner: “¿Saben por qué lo condenan a Lázaro Báez? Porque es morocho, porque es de tez oscura, porque es amigo de Néstor Kirchner y porque no forma parte del círculo áulico de empresarios amigos del poder, muchos de ellos relacionados con los medios de comunicación”. Aunque muchos medios interpretaron el tema como un intento de encuadrar la condena en una discriminación racial, lo que está planteando es el trato diferenciado en la justicia entre Báez, un contratista que creció en sus negocios con el Estado por la influencia política de los Kirchner con la llamada “patria contratista” que viene amasando fondos estatales desde la dictadura militar, pasando por gobiernos de distintos signos políticos. Parrilli detalló incluso que Gianfranco Macri, hermano del expresidente, blanqueó un monto similar en ocasión de la Ley de Blanqueo que este impulsó.

 Los argumentos de López Iñiguez y de Parrilli no plantean, entonces, la inocencia de Báez, ni tienen una explicación alternativa de los montos millonarios que sacaba el país por distintos mecanismos. La queja se centra en que no existen reglas de juego comunes dentro de la burguesía, y que algunos logran hacer valer un manto de impunidad escandaloso, mientras otros sufren condenas por un ejercicio de corrupción equivalente.

 La oposición que realiza Parrilli entre Báez y los empresarios de la patria contratista no deja de estar forzada. Báez, aunque había ingresado mucho después al club, había participado, en su proporción, del mismo cartel de negocios que los Roggio, Macri y Rocca. Báez se asoció con Ángelo Calcaterra, titular de IECSA, del Grupo Macri, para muchos proyectos, entre ellos, el siempre demorado soterramiento del Ferrocarril Sarmiento y una licitación para dos represas en Santa Cruz para la cual, según se ventiló en este juicio, Báez hizo reingresar al país una parte importante de los millones de dólares lavados que estaban involucrados en este juicio. 

 Todas estas empresas estaban fuertemente implicadas en la llamada «causa del cuaderno» que seguía la ruta de los sobornos entregados al Estado para licitar obra pública sobrefacturada. Paolo Rocca y Ángelo Calcaterra se declararon «arrepentidos» por sus sobornos y no pasaron ni un día en prisión. Evidentemente hay una manipulación de estos procesos judiciales. Pero esto no puede esconder que estamos frente a elementos de un entramado mafioso común 

 ¿Báez preso político? 

Esta argumentación permite analizar en qué consiste la lawfare que el kirchnerismo, sus medios de comunicación y la defensa de Báez levantan como explicación para el desarrollo de estas causas. 

 ¿Qué sería lawfare? El término resulta de la combinación de las palabras inglesas para ley y guerra, y consistiría en la posibilidad de deponer o condicionar gobiernos mediante la manipulación de la justicia. El método ha jugado efectivamente un rol en la lucha interburguesa en la región, por ejemplo en el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff y la proscripción de Lula en Brasil. En Argentina, la ruptura en la burguesía que se generó en la crisis del campo en 2008 abrió una división profunda en la justicia, los servicios de inteligencia, los medios de comunicación y otros instrumentos de dominación de la burguesía. Estos recursos, que mientras reinaba una relativa armonía dentro de la clase dominante, eran presentados como neutrales, independientes o imparciales, se transformaron en el botín y la plataforma de una larga y sangrienta batalla entre distintas camarillas patronales que se ha prolongado de los gobiernos de CFK, al de Macri, al actual de Fernández-Fernández. 

 Durante el menemismo, los actuales integrantes del Frente de Todos (el 95% de los cuales revistaban en sus filas) no denunciaban en ese momento la manipulación de la justicia en función de intereses particulares. En ese momento la manipulación en función de la impunidad reflejaba intereses mucho más generalizados de la burguesía argentina, y por lo pronto de los funcionarios pejotistas que hoy recurren a teorías “izquierdistas” para defenderse de sus causas por corrupción. No hay un paso de una justicia imparcial al lawfare. Solo hay una división de la burguesía, agravada por la crisis capitalista, que genera choques dentro del Estado y crisis políticas recurrentes.

 Hay cientos de poderosos que son igual de culpables que Báez pero han logrado una mejor protección del Estado. El fallo contra Báez es un episodio más de la guerra judicial entre kirchneristas y macristas, que expresan a distintas fracciones de las clases dominantes que actúan en el país. La operación para presentar a quien se ha enriquecido con fondos que han sido negados para incontables urgencias populares como un preso popular debe ser rechazada por los trabajadores.

 Guillermo Kane

El pantano de las negociaciones con el Fondo

El gobierno apuesta a un acuerdo, pero las cuentas no cierran. 

 Las gestiones del gobierno nacional por alcanzar un acuerdo con el FMI no terminan de avanzar. Luego de que la gira presidencial por México tuviera este punto como prioritario, se confirmó que a mediados de marzo el ministro Martín Guzmán viajará a Washington a reunirse con funcionarios del organismo multilateral para intentar destrabar las negociaciones. Lo cierto es que, a pesar de la predisposición oficial, las cuentas no cierran y crecen las dudas acerca de la capacidad del gobierno de cumplir con sus promesas. 

 El apuro por sellar una reestructuración para la devolución de 45.000 millones de dólares tiene sus motivos. Las especulación acerca de que Alberto Fernández intentaría postergar la firma para después de las elecciones, de manera de contar con mayor margen fiscal para afrontar las legislativas, abren varios interrogantes. 

 No obstante los altos precios internacionales de la soja y las materias primas, las reservas del Banco Central continúan estancadas. De hecho, un retrato de la precariedad de la pax cambiaria -alcanzada tras la corrida de octubre pasado- es que el propio informe de política monetaria de la entidad que conduce Miguel Pesce planteó que para nutrir las expectativas de un crecimiento en la actividad económica debería suscribirse un acuerdo dentro del primer semestre. Una presión desde adentro. Es entendible, por otra parte, cuando para contener la brecha cambiaria se haya malvendiendo bonos, lo que equivale a endeudarse a tasas del 17%. 

 El punto que preocupa en particular es el pago de 2.300 millones de dólares al Club de París, que vence en mayo. El gobierno no tiene las divisas para hacerle frente, y un default complicaría toda la ingeniería del rescate de la deuda en la que se empeñó el gobierno desde el primer día de su mandato; pero cualquier renegociación requiere un arreglo previo con el Fondo. Esta situación es ilustrativa, o premonitoria, porque se trata de una deuda ya reestructurada en la presidencia de Cristina Kirchner, cuando el entonces ministro Axel Kicillof firmó un cronograma leonino de repago con tasas al 9%. 

 A la presión se sumaron explícitamente los tenedores de los bonos canjeados el año pasado, enojados por el desplome sostenido de las cotizaciones de los títulos argentinos, cuando el riesgo país volvió a superar los 1.500 puntos. Los aprietes llegaron incluso en la reunión con gerentes de multinacionales que mantuvo Guzmán en México, quienes reclamaron un pronto acuerdo con el FMI como condición para cualquier inversión. Los empresarios argentinos, por su parte, no dejan de señalar los altísimos costos de financiamiento para cancelar sus obligaciones. La acciones de las compañías nacionales volvieron a desplomarse hasta un 11% por la posibilidad de que se dilaten las conversaciones. 

 Lo que obstaculiza que las «constructivas» negociaciones arriben a buen puerto son las dudas que genera la política económica del gobierno nacional, es decir la capacidad de repago de lo pactado. Para evitar que se desencadene la latente corrida cambiaria, el Fondo exige un ajuste fiscal mayor al previsto. Guzmán dio señales de buena voluntad, pero la cuestión tarifaria sigue siendo un interrogante: si se aplican efectivamente los aumentos del 30% fijados tácitamente en el Presupuesto 2021, retroalimentarían una inflación ante la cual ya se ha visto impotente (en febrero será otra vez mayor al 3%). Es lo que sucede con los naftazos sucesivos que ya totalizan subas mayores al 11% en lo que va del año. 

 La inflación preocupa porque tensiona en un punto sensible como es el tipo de cambio. El ministro de Economía salió a reafirmar que el dólar subirá en todo el año apenas un 25%, pero anualizada la tendencia de enero y febrero da una devaluación del orden del 50%. La estrategia oficial ha sido recurrir a una política monetaria «ortodoxa», basada en dejar de cubrir el déficit con emisión de pesos y en su lugar tomar nueva deuda. Pero es otra bomba de tiempo, como revela que la colocación de más de 200.000 millones de pesos debió hacerse otra vez con títulos atados a la inflación. La «desindexación» que se impone sobre salarios y jubilaciones no corre para el capital financiero. 

 Ello refuerza la incertidumbre, porque acicatea el riesgo en caso de que la inflación siga el ritmo de estos dos primeros meses. Como compensación, Guzmán intentará sacar chapa en Estados Unidos de las buenas migas que está tejiendo con el mundo empresario, y presentar al gobierno como capaz de poner un techo a los aumentos paritarios. Otro botón de muestra es la reciente media sanción que obtuvo el Consenso Fiscal 2021 firmado con las provincias, que habilita a los gobernadores a aplicar impuestazos al bolsillo popular -especialmente en Ingresos Brutos, que se traslada a los consumidores. Pero las garantías que exige el FMI para acceder a un acuerdo de Facilidades Extendidas por 10 años son mayores. 

 La experiencia acumulada en programas de este tipo firmados durante los últimos años no deja margen de duda. Grecia se comprometió en 2012 a un ajuste drástico del gasto primario de 8 puntos del PBI, a fuerza de una confiscación jubilatoria y un cronograma de privatizaciones. El mismo año Portugal ejecutó «un ambicioso conjunto de reformas del mercado laboral para alinear los salarios con la productividad y reducir los costos laborales en un 15%» (en palabras del propio organismo), además de subas en el IVA y rebajas impositivas a los capitalistas. En 2015, Ucrania logró un acuerdo a base de un tarifazo en el gas para reducir subsidios, congelamiento de jubilaciones y privatización de la salud. He aquí las tan mencionadas «reformas estructurales» que el FMI exige como condición para la reestructuración. Guzmán ya abrió el paraguas, y comenzó a hablar de esquema para atar el salario a la productividad. 

 Las contradicciones de la política económica del gobierno argentino aumentan las exigencias por un programa rígido. Es por eso que Alberto Fernández apunta toda su política exterior a mendigar votos en el directorio del Fondo. Incluso si lograra tener éxito, se ahorraría los grandes desembolsos que le esperan para el resto del mandato pero luego quedaría una carga de 10.000 millones de dólares al año, que a los niveles actuales aparece como imposible de garantizar. En este cuadro, la simulación de que las negociaciones siguen encaminadas -a pesar de carecer de avances concretos- obedece a la intención de evitar que se esfume la pax cambiaria, que tan cara sale al gobierno. 

 Vale apuntar finalmente el fraude de los senadores kirchneristas, que reclamaron al Fondo una autoevaluación de los resultados desastrosos del megacrédito otorgado en 2018 al entonces gobierno de Mauricio Macri. Una investigación real revelaría que se consumieron esas divisas porque financiaron la fuga de capitales, dejando al país una hipoteca inafrontable. Pero el objetivo de los legisladores K es apenas intentar aflojar a los negociadores. Un planteo consecuente debería en cambio plantear una ruptura con el FMI y el repudio de la deuda externa fraudulenta. Por otro lado, debería implicar a su vez una investigación en nuestro propio país, para poner de manifiesto las maniobras de los capitalistas que fugan sus ganancias al exterior mientras la economía Argentina declina constantemente. Es un programa que solo puede enarbolar la clase obrera, para sacar al país del laberinto de la quiebra nacional.

 Iván Hirsch

El partido de ultraderecha Vox, Eliécer Ávila y la “disidencia moderada” cubana

Vargas Llosa: elogio del narcogobierno

Decepcionado con el “modelo chileno” del cual fue un obstinado propagandista durante más de treinta años el novelista hispano-peruano acaba de publicar el pasado domingo un artículo que completa el proceso de descomposición moral de su pensamiento político. 

 Huérfano de referentes ejemplares a los cuales señalar en la región, en su desgraciada intervención no se le ocurre nada mejor que exaltar a los narcogobernantes colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque como ejemplos que los demás países de Latinoamérica deberían emular. 

 Las afirmaciones que desgrana en ese artículo son una mescolanza de mentiras y disparates que exceden a las que ya nos tiene acostumbrados. Es más, un fiscal celoso podría llegar a considerarlas como apología del delito, dado que el narcotráfico está así tipificado en casi todos los países. Se nota que los años no pasan en vano y las tendencias al desvarío del escritor se tornan incontrolables, especialmente cuando voltea su mirada sobre Venezuela y sus adyacencias. Digo esto porque lo que origina su nota del domingo fue la promesa de Iván Duque de regularizar la situación de los inmigrantes venezolanos radicados en Colombia. 

 Esta iniciativa merece ser aplaudida, y ojalá que se convierta en realidad. Pese a una incertidumbre que llama a la cautela, el sólo anuncio de Duque desató la desbocada respuesta del peruano que escribió nada menos que “ningún otro (país) ha sido más libre, civil y democrático en ese mismo período” que Colombia. Se refiere a la etapa inaugurada con el Bogotazo, en 1948, y que llega hasta la actualidad. Con la furia y la ceguera propia de los conversos asegura que mientras las guerrillas mataban, secuestraban y perpetraban toda clase de atentados terroristas “la Colombia ‘civilizada’ (énfasis en el original) tenía una vida política democrática, con libertad de prensa y elecciones limpias, salvo el pequeño período de la dictadura militar de Rojas Pinilla, entre 1953 y 1957.” La consecuencia de un clima político y social tan favorable, acota Vargas Llosa, no fue otra que facilitar las actividades del empresariado colombiano, que “ha hecho progresar al país a unos niveles que envidia el resto de América Latina.” Al otorgársele al casi millón de migrantes venezolanos sus documentos de identidad podrán “acceder a puestos de trabajo, así como a la seguridad social y a la educación en las instituciones colombianas.” Esto será posible debido a que supuestamente la población local no da abasto para satisfacer la demanda de mano de obra que existe en Colombia y que los que no consiguen trabajo saben que su bienestar está asegurado por la amplia cobertura de la seguridad social existente en el país y la extensión de su sistema de educación gratuita en todos los niveles.

 Sin embargo, los datos de la realidad no avalan las demenciales ocurrencias del autor de La Casa Verde. En efecto, según datos oficiales la tasa de desempleo nacional entre septiembre y noviembre de 2020 fue de 14,6 por ciento, aumentando 4,8 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre del año 2019. Difícil que bajo estas condiciones los migrantes venezolanos encuentren el paraíso laboral que les promete Vargas Llosa. Por otra parte, la seguridad social es una planta exótica en Colombia que sólo una minoría puede disfrutar, y la educación pública, sobre todo la universitaria, está fuera del alcance de las grandes mayorías nacionales. De hecho, la mayoría del alumnado universitario está matriculado en instituciones privadas y las universidades públicas no son gratuitas, aunque los aranceles varían según los casos y la condición social del alumno. 

 Al elogiar la actitud de Duque hacia los migrantes el novelista destila su ponzoña en contra de quien por largos años fuera su ídolo, Sebastián Piñera, y resalta la diferencia entre la actitud del presidente colombiano y “la del Gobierno de Chile que acaba de expulsar a muchos venezolanos.” Nadie puede asegurar que la promesa de Duque de regularizar la situación de los migrantes venezolanos será concretada. Pero Vargas Llosa tiene una memoria selectiva y soslaya mencionar un ejemplo notable que no puede ignorar: la legalización de la situación de unos cuatro millones de residentes invisibilizados en Venezuela, buena parte de los cuales eran colombianos. Esas personas carecían de documentos de identidad, vivían en los cerros en calles sin nombres y ranchitos sin número y que gracias a Hugo Chávez se convirtieron en ciudadanas y ciudadanos de Venezuela. Ese masivo proceso se llamó la “cedulación”, y luego fue completado con un gigantesco programa de construcción de viviendas populares, la extensión de los servicios de salud por todo el país (Programa Barrio Adentro) y un enorme impulso a la educación. Ninguna de estas tres cosas figura en la agenda de Iván Duque. Mentiroso impenitente, Vargas Llosa oculta lo que conoce porque el objetivo de sus notas de opinión no es esclarecer e informar al público sino mentir, difamar a las personas y procesos que repudia y apoyar a sus “amiguetes” conservadores en la región o fuera de ella. O, para usar el lenguaje que él también usa, aupar a sus “hijos putativos” en Latinoamérica, que son más de los que quisiéramos. Sólo que ahora están en decadencia. Por eso exhorta a los gobernantes del Grupo de Lima para que imiten a Duque, que hagan lo que éste dice que quiere hacer: “legalizar la presencia de las decenas de miles (o millones) de venezolanos que han llegado a sus playas … esos exiliados podrían encontrar trabajo legal, acudir a la sanidad y sus hijos acceder a la escuela pública, que ahora les está vedada.” 

 ¿Podrían, de verdad? Basta una mirada superficial a los indicadores sociales de Colombia para comprobar que tal cosa es prácticamente imposible porque los ya mencionados índices de desempleo en Colombia, sumado a la desocupación encubierta, y la histórica desatención de la salud y la educación públicas frustrarán sin duda las rosadas aspiraciones del novelista. Una rotunda desmentida de las prédicas de Vargas Llosa lo brinda un reciente informe oficial de las Naciones Unidas, con base en cifras oficiales del Gobierno colombiano en donde se asegura que hay en el país unas ocho millones de personas desplazadas de sus lugares habituales de residencia a causa de la violencia del paramilitarismo, el narcotráfico, la apropiación de tierras y el conflicto armado. Colombia es el país con el mayor número de desplazados del mundo; 7.816.500 personas al final del 2018, seguramente a causa de la prosperidad y democracia que tanto ha alabado el novelista. ¿Podrá garantizar para los migrantes venezolanos lo que ha demostrado ser incapaz de hacer con su propia ciudadanía? 

 El homenaje que rinde a la “Colombia civilizada” sólo puede caracterizarse como una alucinación, un delirio que arroja un manto de ocultamiento sobre la brutal violación de los derechos humanos en ese país. Un informe reciente de la Defensoría del Pueblo, un órgano del Estado colombiano, señala que “753 líderes sociales fueron asesinados entre 2016 y 2020” (573 durante la gestión presidencial de Duque) y que aparte “existen otras 4.281 víctimas de otras formas de violencia en Colombia.” ¿Éste es el Gobierno que Vargas Llosa propone nada menos que como “modelo a imitar” en Latinoamérica y el Caribe? ¿Está el novelista en su sano juicio? ¿Se puede llamar “democracia” o proponer como un ideal a emular un régimen de represión y violencia como el colombiano, que ha sembrado de fosas comunes todo el territorio y que perpetró, bajo Uribe, el crimen de los “falsos positivos”: humildes campesinos analfabetos y desempleados que eran reclutados por el Ejército, disfrazados luego como insurgentes de la FARC o el ELN y aniquilados a mansalva para ser presentados ante la prensa como prueba de la eficacia de la lucha antiguerrillera en Colombia, mientras sus familiares los buscaban con desesperación. ¿Es ese el modelo a imitar? 

 Una misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el ACNUDH, comprobó que “la defensa de los derechos humanos en Colombia continúa siendo una actividad de alto riesgo. En 2020, se conoció de 133 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos.” ¿Puede un intelectual público como él, tan atento a las vicisitudes que atribulan a Latinoamérica ignorar algo que cualquier medio de comunicación ha venido informando regularmente? 

 Suficiente con el tema de la violencia y la represión. Examinemos por último los vínculos con el narcotráfico del tan admirado Álvaro Uribe, supuesta víctima de la campaña de desprestigio de la omnipotente izquierda latinoamericana. Un documento del Departamento de Defensa de Estados Unidos, inicialmente elaborado en Septiembre de 1991, desclasificado en el 2004 y filtrado a la prensa poco después más tenía por objeto lo que exhibimos a continuación: 

 Traducción: “Este informe suministra información sobre los narcotraficantes colombianos más importantes contratados por los cárteles para su seguridad, transporte, distribución, colección y ejecución de operaciones de narcóticos en Estados Unidos y Colombia. Estos individuos son también contratados como “sicarios” por los líderes de los cárteles para perpetrar asesinatos.”

 En el número 82 de esa lista, al final de la página 10, figura Álvaro Uribe Vélez, que los redactores lo caracterizan de esta manera: “Político colombiano y senador, dedicado a la colaboración con el cártel de Medellín a los más altos niveles gubernamentales. Uribe está involucrado en negocios del narcotráfico en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia por su conexión con los narcotraficantes. Uribe ha trabajado para el cártel de Medellín y es un estrecho amigo personal de Pablo Escobar Gaviria. Participó en la campaña política de Escobar para acceder a una posición de parlamentario suplente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos que desde el Senado ha atacado todas las formas de un Tratado de Extradición”. (p. 10 y 11)

 Obviamente que a partir del descubrimiento de estos vínculos de Uribe con el narcotráfico el Gobierno de Estados Unidos observó con atención la progresión de su carrera política y en el momento oportuno algún funcionario de la CIA estacionado en Bogotá se apersonó a él y le dijo algo que imaginamos habrá sido más o menos así: “¡Hellow, Álvaro. Bienvenido a la compañía. Ahora trabajas para nosotros! Puedes negarte si quieres, pero en tal caso terminarás pudriéndote en una cárcel de máxima seguridad por el resto de tu vida.” La lambisconería de Uribe para con la Casa Blanca, y la de sus sucesores, todos cómplices del narco colombiano, hay que entenderla a partir de esta realidad. No sólo porque son oligarcas y reaccionarios. Es gente que carga con un tremendo prontuario sobre sus hombros y deben obedecer sin chistar lo que ordena el Gobierno de Estados Unidos. Si éste les dice que ataquen a Chávez o a Maduro lo hacen; si les pide que organicen un concierto/invasión a Venezuela desde Cúcuta lo hacen; si les ordenan que sus tropas penetren en territorio ecuatoriano en Sucumbíos y arrasen con un campamento guerrillero lo hacen; si les piden destruyan a la UNASUR acatan la orden sin chistar. No tienen opción, porque saben que están en “libertad condicional” que el amo del Norte puede interrumpir en cualquier momento y encerrarlos en un calabozo por el resto de sus días. Narcogobernantes con tales prontuarios son presas fáciles de cualquier extorsión que decida la Casa Blanca. 

 ¿Sólo Uribe? No. En marzo del año pasado la Agencia EFE informaba sobre “la tormenta que empezó a formarse sobre el presidente colombiano, Iván Duque, y su mentor, el senador Álvaro Uribe, por una supuesta compra de votos en 2018 con la ayuda de un presunto testaferro de narcotraficantes”, José Guillermo Hernández, alias el “Ñeñe”. Y el diario en el que Vargas Llosa publica sus brulotes, El País, informaba en su edición del 11 de marzo del 2020 que “el narcotraficante y testaferro, fue asesinado en mayo de 2019 en Brasil y el propio expresidente y actual senador Álvaro Uribe manifestó en un trino que ‘causa mucho dolor el asesinato de José Guillermo Hernández, asesinado en un atraco en Brasil donde asistía a una feria ganadera’. El homicidio sucedió en medio de una vendetta entre narcotraficantes, según las pesquisa. … Desde hacía unos meses, igualmente, en redes circulaban múltiples fotos del presidente Duque, senadores y altos dirigentes del partido Centro Democrático, fundado por Uribe y principal plataforma del actual Gobierno, con el Ñeñe.” 

 Estos delincuentes son los que Vargas Llosa, en su descomposición moral, propone como modelos para Nuestra América. Es el remate lógico de su defensa a ultranza del capitalismo y del neoliberalismo; de la protección de los intereses de sus compinches como el hiper corrupto rey emérito Juan Carlos o el mentiroso serial José M. Aznar y gran parte de la burguesía española y latinoamericana. Mentir y mentir hasta el fin, confiando en que algo quedará en la conciencia de sus lectores. Se equivoca, y debe ser amargo reconocerlo; desesperante también tener que aferrarse en medio del naufragio de sus proyectos políticos a dos bandidos como Álvaro Uribe e Iván Duque. Como apasionado lector de sus novelas, pletórica de personajes queribles y admirables, siento lástima por aquel joven inconformista de San Marcos y la célula Cahuide del Partido Comunista Peruano que el ultraja irreparable de los años –por cierto no para todos- convirtieron en un bárbaro adalid de la derecha, incluyendo a sus más desprestigiados narcogobernantes. 

 Vergüenza debería sentir por proponer tamaño desatino, movido por su odio visceral, incandescente contra quienes luchan por una sociedad mejor basada en el humanismo, la solidaridad, la felicidad colectiva. 

 Atilio A. Boron

 | 26/02/2021 |

¡No a las patentes! Vacunas para todxs

¡Por un plan de vacunación universal y gratuito! 

 La pandemia causada por el Covid-19 ya ha ocasionado millones de muertos y contagiados en el mundo. Pero a pesar de que se descubrieron varias vacunas en tiempo récord, millones observan azorados cómo el gran negocio capitalista que hay detrás de ellas por parte de un puñado de multinacionales farmacéuticas y laboratorios apañadas por los gobiernos imperialistas y capitalistas está impidiendo que haya una producción mundial suficiente para poder inmunizar de manera urgente a la población del planeta. Negocio que es amparado por el régimen de patentes y propiedad intelectual de medicamentos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que consiste en que cada una de esas empresas tiene exclusividad para producir y vender las mismas, cuando debería ser un derecho humano esencial y patrimonio de la humanidad para poder salvar a millones.

 Esto sucede mientras el Ministerio de Salud procedía a una “vacunación VIP” a sus amigos y allegados, lo que ha producido la renuncia del ministro Ginés González García y una crisis política nacional. Esto sucede en la Argentina, al igual que en Perú, Chile y otros países mientras la población trabajadora de estas naciones sufren las consecuencias de la pandemia sin perspectiva de una vacuna en el corto plazo. 

 Ante esto emitimos la presente declaración del FIT Unidad, impulsando una campaña de lucha, en consonancia con la campaña mundial en curso impulsada por distintas organizaciones exigiendo que no rijan las patentes médicas para las vacunas y medicamentos para combatir el Covid-19. Rechazando a su vez el repugnante secretismo y los sistemas de “confidencialidad” de los gobiernos, centralmente por parte de EE.UU., Canadá, Inglaterra, la Unión Europea, celebrando contratos con pagos por adelantado para garantizarse la vacuna para esos países, incluso en cantidades que superan varias veces a la de su población, impidiendo el derecho a otros países semicoloniales que puedan acceder a la vacuna para todas sus poblaciones. La Unión Europea, por ejemplo, compró dosis que triplican su población, mientras países del continente africano o de América Latina quedan completamente rezagados. O Israel, país que algunos ponen de ejemplo por encabezar el ránking de vacunación, cuando no se ha vacunado a casi nadie del pueblo palestino.

 Las patentes y la propiedad intelectual no son nada más que la apropiación privada por parte de multinacionales imperialistas de un bien común, como lo es el conocimiento científico y técnico que se ha ido acumulando durante décadas producto de múltiples investigaciones en diferentes países (en universidades, hospitales o centros de investigación de todo el planeta) financiado centralmente con millones de dólares con dinero público. Esa propiedad monopólica está provocando todo tipo de crueldades, consecuencia directa de un capitalismo imperialista que se guía por la ganancia privada. Un sistema anárquico e irracional, todo lo contrario a la cooperación internacional para la producción y planificación imprescindibles en función de las necesidades sociales de los pueblos del mundo para que la vacuna se produzca y llegue a todas las personas sin distinción.

 La lucha consecuente para terminar con la pandemia adquiere características sociales y políticas muy definidas. La lucha por la liberación de las patentes, y para que se implemente un plan masivo de producción de vacunas, debe ser financiado por el no pago de la deuda externa y un verdadero impuesto a las ganancias a multinacionales, bancos y grandes capitalistas como lo venimos proponiendo desde el FIT Unidad para Argentina, entre otras medidas. Esta es la tarea que está planteada como necesidad urgente ante la catástrofe de la pandemia. La lucha por conquistar la vacunación masiva, es la lucha contra el sistema mismo que apoya su existencia en la propiedad privada, en este caso, de las patentes, atentando contra la salud de toda la humanidad.

 Por eso saludamos la campaña que vienen impulsando distintas organizaciones como Médicos Sin Fronteras para que “no haya patentes médicas y que las vacunas, medicamentos y diagnósticos para el Covid-19 lleguen realmente a todas las personas del mundo”, reclamando a los gobiernos la exención de patentes, de métodos de diagnóstico, tratamientos y vacunas. 

 Luchar contra las patentes para vacunas y medicamentos que son patrimonio de la humanidad es una tarea clave. Como fueron los casos de la vacuna Salk contra la poliomielitis y la penicilina, cuyos inventores Jonas Salk y Alexander Fleming, respectivamente, no patentaron dichas vacunas y medicamentos, o antecedentes de India y Brasil que sorteando las patentes pudieron producir medicamentos para combatir el HIV/Sida. 

 Por el contenido de esta lucha, que afecta directamente los cimientos de la sociedad capitalista, basada en la propiedad privada de los medios de producción y en la transformación en mercancía de toda la producción social, le cabe a los trabajadores y sus organizaciones políticas y sindicales, comités de lucha, etc., en todo el mundo tomar la iniciativa para que se anulen las leyes de patentes, se nacionalicen los laboratorios y se establezca un plan coordinado de producción y distribución de las vacunas y de todos los insumos médicos necesarios para enfrentar la pandemia. En Argentina la burocracia sindical opera en un rumbo contrario, ya que está asociada con el manejo de la sobras sociales a los intereses que manejan la medicina privada y los grandes laboratorios, mientras que muchos de sus dirigentes, como Hugo Moyano y parte de su familia, escandalosamente entraron en el selecto grupo de privilegiados que se inocularon con las “vacunas vip”.

 Una coalición de 99 países liderada por India y Sudáfrica ha solicitado a la Organización Mundial del Comercio que ceda los derechos de propiedad intelectual para que los fabricantes de medicamentos genéricos puedan comenzar a producir las vacunas. Lo mismo viene reclamando Médicos sin Fronteras, la reconocida ONG Oxfam y Amnesty, entre otras. Si bien se trata de un planteo limitado, que se explica por las ataduras de esos mismos Estados a los intereses generales del capital, el gobierno argentino, firmante de esta declaración, no hace nada al respecto. Por el contrario, aprobó la ley 27.573 -con la rotunda oposición del FIT Unidad- para darle impunidad e inmunidad a las multinacionales y renunciar a los tribunales locales en caso de juicios y controversias, ley aprobada por el peronismo del Frente de Todos y sus aliados, y la mayoría de la oposición patronal de Juntos por el Cambio, es decir, los diputados que responden a Macri, Larreta, Patricia Bullrich y Carrió.

 El presidente Alberto Fernández dijo en el Foro de Davos que la vacuna debe ser un “bien público global” pero ni siquiera se ha pronunciado por la eliminación de la ley de patentes. Es más. El gobierno dice que la vacuna AstraZeneca se produce en Argentina, pero al servicio del Grupo Insud-Pharma (del millonario empresario Sigman) en acuerdo con el magnate mexicano Carlos Slim. 

 En la Argentina hay al menos seis proyectos en curso de fabricación de las vacunas con muy poco o nulo financiamiento del Estado, y una parte de las de Oxford-Astra-Zeneca ya se están produciendo en el laboratorio mAbxience (del magnate amigo del gobierno Hugo Sigman), pero el gobierno ni siquiera se garantizó que un gran porcentaje de estas últimas queden en el país llevándoselas el laboratorio a México para su envasado. La humanidad no puede quedar al arbitrio de un puñado de empresas cuya única lógica es maximizar sus ganancias. Es necesario luchar por un plan de producción y distribución de vacunas gratis para la Argentina y los países que lo necesiten, al igual que la distribución masiva de plasma, suero equino y todos los medicamentos necesarios para impedir muertes evitables por el Covid-19, en la línea de desconocer el derecho de patentes y de propiedad intelectual convocando a los pueblos de otras naciones a impulsarlo mancomunadamente. 

 De esta manera impulsamos y nos sumamos a las distintas iniciativas que apunten a movilizar por esta exigencia, llamando a que se pongan todos los recursos económicos, humanos, tecnológicos y de infraestructura para lograr una producción a gran escala de la vacuna y de los medicamentos paliativos, declarándolos de utilidad pública, incluso interviniendo laboratorios y farmacéuticas privadas extranjeras y del país, a fin de contar con todos los insumos y tecnología necesarios bajo control de lxs trabajadorxs y usuarios. Para poner en pie un plan de vacunación universal, gratuita, que sea parte del plan anual de vacunación y poder avanzar hacia la inmunidad colectiva. 

 Junto con esta pelea, sostenemos una salida global y de fondo, que pasa por la abolición definitiva de todas las patentes y por un sistema nacional único de salud, estatizando los laboratorios, la industria farmacéutica y la medicina privada poniéndolos bajo control y gestión de sus trabajadoras y trabajadores para terminar con el negocio capitalista de la salud y así poder garantizar al pueblo trabajador el disfrute de una salud pública, universal, gratuita y de excelencia, es decir, terminar con el régimen que impone esta situación acuciante a la humanidad. 

 En ese marco convocamos a luchar en común con todos aquellos que reclaman contra las patentes, por vacunas gratuitas para todxs y un plan de emergencia mundial con libertad de producción en cada país. Llamando a la más amplia unidad para impulsarla, denunciando a las grandes multinacionales farmacéuticas y laboratorios que hacen negocios con la necesidad acuciante de millones.

 Llamamos a lograr miles de pronunciamientos y a impulsar unitariamente distintas iniciativas, protestas y movilizaciones a tal fin, impulsando un gran movimiento, coordinando con internas, cuerpos de delegados y sindicatos y distintas organizaciones obreras, populares y de DD.HH, personalidades, partidos de izquierda, organizaciones sociales, estudiantiles y de mujeres fomentando también iniciativas de coordinación internacional para tal fin.

 Frente de Izquierda Unidad

Las estafas judiciales de un régimen agonizante

Los franceses han desarrollado el hábito de interpretar los períodos de gran corrupción en su país como una señal de “fin de régne”, lo que correctamente traducido al castellano significa “fin de régimen”. Argentina ha venido atravesando estas etapas desde hace un siglo, aproximadamente, y por supuesto desde la colonia, con breves intermedios de incierta honestidad. La “correlación”, como diría un matemático, entre corrupción y derrumbes políticos, en todos esos momentos, ha sido perfecta.

 Para los contendientes en la disputa judicial corriente, todo obedece a operaciones políticas de sus adversarios. Los ‘arrepentimientos’ que siguieron a la aparición de los ‘cuadernos’ de Centeno, mostraron al 90% de la patronal de Argentina formando trenzas para acaparar obra pública y coimeando funcionarios como una rueda de las más importantes de las ganancias capitalistas. Contrariando los insultos que unos y otros se lanzan desde los medios, tanto macristas como kirchneristas han logrado bloquear el tratamiento judicial del negociado de corrupción más grande de la historia de América Latina, como ha sido el caso Odebrecht. En otros países, la cuestión Odebrecht ha llevado a prisión a varios presidentes, e incluso a un suicidio. El caso más notorio en Argentina juntó a De Vido con el primo de Macri; los negociados en Córdoba, por las conexiones de gas, han sido tapados sin atenuantes. De lo que tampoco nadie habla desde hace mucho tiempo es del destino de los cerca de mil millones de dólares que recogió Néstor Kirchner por la privatización de YPF en los años dorados de Menem. 

 Todo esto viene al caso como consecuencia del fallo que condena a 14 años de prisión a Lázaro Báez y, en distinta escala a familiares y asociados, por el lavado de sumas enormes de dinero. La prensa opositora ha celebrado el fallo con la expectativa de que sirva para enjuiciar y condenar a Cristina Kirchner, en el supuesto de que el dinero público no pudo haber salido de ningún otro lado que de la obra pública de Santa Cruz. Si el triunvirato que condenó a los Báez comparte esta caracterización, recién se sabrá el 26 de abril, cuando los jueces den a conocer los fundamentos del fallo. Para involucrar a CFK será necesario algo más que conectar los cabos – habrá que presentar pruebas. Fue lo que la fiscalía no pudo hacer en la instancia de instrucción, bajo el juez Sebastián Casanello. De acuerdo a Página 12, esa prueba no aparecerá nunca por la sencilla razón de que en el juicio por la obra pública en Santa Cruz ya estaría acreditado que el gobierno no pagó sobreprecios. El dinero que ha lavado Báez tendría, entonces, un orígen inmaculado, que luego perdió cuando quiso evadir impuestos. Más o menos lo que hacen todos los capitalistas. Si el tribunal, en los fundamentos del fallo, dijera que el orígen de la plata negra es “tributario”, la ‘burbuja’ K saltaría de alegría. Página 12 reivindica que Báez haya traido el dinero lavado para asociarse con el macrista Calcaterra en las represas de Santa Cruz. Una ‘inversión productiva’, aunque violatoria del medio ambiente y económicamente ruinosa, perdona un delito. Cuando los franceses concluyeron que cosas como estas anticipaban derrumbes políticos, tenían en cuenta que los protagonistas se enredaban en disputas de robos y fraudes mientras el pueblo se moría de hambre. En todo este estropicio está envuelto el poder judicial, que acomoda las sentencias a los intereses que lo rodean. Por caso, la Corte Suprema no ha levantado el secreto del pacto YPF-Chevron, articulado por ‘personas estratégicas’ como Kicillof y CFK, que establece una cuasi asociación ilícita entre las dos compañías, secundado en un fideicomiso establecido en un paraíso fiscal. 

 Mientras Alberto Fernández declara ‘personal estratégico’ a sus compadres, y Larreta y otros gobernadores macristas privatizan la vacunación, esta ventilación de trapos sucios de unos y otros deja en claro que ninguno de los dos bandos reúne las condiciones mínimas de gobierno. Ambos han forzado la reapertura escolar sin haber reunido siquiera el stock de vacunas necesario para los docentes, a sabiendas de que perjudicará y pondrá en riesgo la vida de maestros y alumnos, como ocurre ahora mismo en Francia y en Italia – en California y Oregón. 

 Los trabajadores, que observan asqueados esta realidad, tienen el desafío de sacar las conclusiones políticas que correspondan. 

 Jorge Altamira

 25/02/2021

La Ideología Alemana - Marx y Engels (1/2)

Pablo Hasél y la “justicia” española

El rapero fue condenado a nueve meses de prisión.

 Las togas que condenaron a Pablo Hasél por delitos de opinión, y cuyo encarcelamiento ha provocado una ola de protestas en todo España, están cortadas con la misma tijera: la tijera del franquismo. 

 La jueza Concha Espejel, casada con un coronel de la Guardia Civil, fue condecorada hace un tiempo con la Cruz al Mérito por este mismo cuerpo policíaco-militar de fuerte tradición franquista. Aparte, tiene estrecha relación con el derechista Partido Popular al que intentó favorecer en sus numerosos juicios por corrupción. Es también la jueza que caratuló como “terrorismo” una simple pelea de bar en Altsasu, por la que varios jóvenes ligados al independentismo vasco fueron condenados a penas de cárcel de varios años.

 Por su parte, el otro juez, Nicolás Poveda, directamente fue candidato a senador por el fascista partido Falange en el año 1979. Una joya. Evidentemente no se trata de una casualidad sino que estamos ante un problema de raíz: la columna vertebral del Estado español, la que forman las fuerzas armadas y la judicatura, son herencia política directa del régimen político derivado del triunfo franquista en la Guerra Civil.

 La llamada “Transición española” fue un operativo político de recambio, organizado por Franco en persona, donde se pasó del régimen fascista a una monarquía constitucional encabezada por Juan Carlos I, que garantizó la impunidad de todos los crímenes del franquismo y preservó su aparato político-represivo para asegurar la continuidad de los mismos privilegios económicos. Este operativo, tutelado por la llamada “oligarquía madrileña”, contó con el apoyo de las burguesías vasca y catalana y la complicidad fundamental del Partido Comunista de Dolores Ibárruri y Santiago Carrillo. 

 En el ámbito judicial destaca en esa transición la Audiencia Nacional, un verdadero tribunal de excepción sin jurisdicción ni competencias claramente establecidas, que fue creado en 1977 con los mismos funcionarios y en el mismo edificio donde, hasta el día anterior, funcionaba el tristemente célebre Tribunal de Orden Público franquista. Utilizado en los ’80 y ’90 para la represión política contra el movimiento vasco, con el juez “kirchnerista” Baltasar Garzón como punta de lanza y Felipe [González] en el gobierno, cuando se cambiaron las leyes para tipificar como terrorista cualquier manifestación o declaración política de apoyo a la izquierda abertzale y el terrorismo de Estado del GAL [Grupos Antiterroristas de Liberación] secuestró, torturó y asesinó a cientos de personas. Más recientemente se dedica a perseguir al independentismo catalán y a los luchadores sociales en general.

 La Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, llamada “ley mordaza”, ha sido un salto cualitativo en esta deriva fascistoide de la Justicia española. Aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en 2015, regimenta el derecho de manifestación, blinda la impunidad policial, le otorga discrecionalidad a la hora de sancionar el derecho a protesta y ha permitido el encausamiento y la condena de miles de activistas y luchadores sociales. Desde los afectados por los desahucios, pasando por los que luchan contra los recortes en sanidad y educación, hasta los militantes de los CDR [Comités de Defensa de la República] catalanes. 

 Justamente en octubre de 2019 una ola de protestas e indignación, similar a la de estos días por la condena a Hasél, sacudió Catalunya. El Tribunal Supremo condenó a altas penas por sedición (entre 9 y 14 años de prisión) al gobierno de la Generalitat que organizó un referéndum de autodeterminación, que fue brutalmente reprimido. Además, los Jordis (los dos líderes de los movimientos civiles catalanes Jordi Cuixart y Jordi Sánchez) sufrieron condenas de 10 años por el solo hecho de subirse a un coche de la Guardia Civil para desconvocar una concentración. 

 El mensaje fue claro: el Estado español no piensa tolerar ningún movimiento que ponga en entredicho el statu quo dominante. El mismísimo rey Felipe VI pronunció un discurso el 3 de octubre de 2017 donde apoyó el uso de la fuerza contra el pueblo catalán. 

 A partir de la experiencia de este frustrado intento secesionista, un sector importante de la burguesía española empieza a ver con buenos ojos, y dar alas y publicidad mediática, al abiertamente fascista partido Vox, un partido surgido de dentro del propio Estado monárquico y con alta adhesión, tanto entre las fuerzas represivas como en el sistema judicial. 

 Pero, producto de la crisis política derivada del proceso independentista catalán, el gobierno de Rajoy cayó en 2018 con una moción de censura y de las elecciones convocadas salió el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias [PSOE y Podemos, respectivamente] que llegaron al poder con la etiqueta de gobierno “de izquierdas y progresista” y que prometió derogar la “ley mordaza” y emprender una reforma del Poder Judicial. Sin embargo, 15 meses después, las promesas no solo no fueron cumplidas sino que se siguen utilizando las mismas leyes y a la misma Justicia para criminalizar y someter al incipiente movimiento de la juventud que se organiza para hacer frente a la insostenible situación de miseria, precariedad y explotación a la que este régimen monárquico podrido (y salpicado por la corruptela y los desfalcos millonarios de Juan Carlos I) las está condenando.

 Sebastián Fischer 

Desde Barcelona

Alberto Fernández y la defensa “estratégica” del Estado

Después de la renuncia de Ginés García y las “autocríticas” de apuro, el gobierno del Frente de Todos se ha embarcado en un contragolpe en relación a la crisis política planteada por las vacunas VIP. Desde México, Alberto Fernández defendió a los funcionarios que debían asumir tareas “estratégicas” en la gestión del Estado, y, por lo tanto, la pertinencia de su vacunación. Más cerca, en Villa Gesell, Kicillof le imprimió un tono heroico a quienes como AF, CFK y él mismo habían resuelto vacunarse para darle ´confianza al pueblo´, cuando arreciaban las críticas a la Sputnik V. Sin embargo, la mayor prueba de confianza pasaba por la inmunización de los propios infectólogos o médicos, esto es, de los que saben del tema – bastaba con ellos. Alberto Fernández mandó el episodio del ´vacunagate´ a la consideración de los ´jueces y fiscales´, a sabiendas, probablemente, de que el expediente judicial termine en la nada. Del otro lado de la grieta, los casilleros de vacunados VIP en las provincias e intendencias opositoras o semiopositoras, de Schiaretti a Gerardo Morales, empiezan a llenarse de privilegiados. En la CABA, Larreta intenta legalizar la privatización del proceso vacunatorio, al tercerizarlo en prepagas u obras sociales que podrían introducir sus propios parámetros de prioridad para asignar las vacunas.

 Pero más allá de estos vericuetos, la defensa de los vacunados por tareas “estratégicas” es, ella sí, una reivindicación “estratégica”: si se mira bien, Alberto Fernández ha salido a defender a la maquinaria del Estado como “cuerpo especial”, es decir, separado de la mayoría del pueblo y con la tarea -“especial”- de asegurar la expoliación económica y social de esa mayoría por parte de la minoría que vive del trabajo ajeno. 

 Si la condición de “estratégico” se asumiera a partir de la preservación de la vida y de la salud de la mayoría, es indudable que ese lugar le cabe a médicos, enfermeras, infectólogos, investigadores. Los funcionarios que han sido “adelantados” en la fila de la vacuna no cumplen ninguna misión “estratégica” desde ese punto de vista. ¡Pero sí la cumplen para el capital! Tomemos el caso de Martín Guzmán. Incluso si, por un momento, admitiéramos la pertinencia de tramitar o discutir las acreencias de los usureros internacionales contra la Argentina, no existe en ello ninguna habilidad especial que supere los manuales convencionales de administración o matemática financiera. Guzmán, sin embargo, ha sido considerado “estratégico”, y, según se informa, por recomendación de los organismos financieros que negocian con la Argentina. El ministro, por lo tanto, reviste una condición “especial”, y hasta cierto punto “intransferible”, que es propia de toda burocracia jerárquica de un Estado capitalista: cuenta con el mandato del capital para transferirle la hipoteca de la deuda externa a los oprimidos. No es, por lo tanto, un técnico cualquiera: ha sido cooptado por el Estado para asegurar una cierta orientación social y política. El carácter “estratégico” de los funcionarios ´seleccionados´ para el vacunatorio VIP no tiene que ver con su calificación o capacidades para enfrentar la catástrofe sanitaria o social. Han sido vacunados como parte de una maquinaria estatal “especial” y separada de la sociedad. (Digamos, de todos modos, que el joven Guzmán se ha cargado un par de vacunas más para inmunizar a sus secretarias. Como representación de una minoría, el Estado capitalista ni siquiera ha podido consagrar su pretensión republicana – continúa siendo, en buena medida, un Estado de cortesanos.) 

 La crisis humanitaria planteada por el Covid no sólo demuestra la inviabilidad del régimen social fundado en el lucro privado para dar cuenta de ella. Desenmascara, también, al Estado que actúa como gendarme de esos intereses sociales, el cual, cuando lo que está en juego es la vida humana, muestra como nunca su carácter de aparato ajeno y hostil a la mayoría del pueblo. Un estado de miembros electos, revocables en todo momento, sin privilegios salariales o personales especiales respecto de un trabajador, no reclamaría para esos funcionarios ninguna prioridad en la asignación de estas vacunas.

 Algunos “opinólogos” han salido a justificar las tropelías oficiales como un resultado inevitable de la ´escasez de vacunas´ - si hay penuria, no se pueden evitar los privilegios. Es un recurso pérfido para presentar como una fatalidad a la corruptela perpetrada por los funcionarios. Esa corruptela es el resultado necesario, no de la escasez, sino del Estado capitalista, como cuerpo separado de la propia sociedad. La opresión social convierte al Estado en una camarilla, incluso cuando formalmente reivindica al republicanismo o a la división de poderes. Dicho esto, hay que decir enseguida que el “régimen de compadres” también ha sido incapaz de superar la penuria de vacunas. Con la caída de Ginés, se han comenzado a destapar los acuerdos oscuros que han dejado a Argentina sin vacunas, incluso con la “burguesía nacional” (Sigman) participando como subcontratista de AstraZeneca. ¿Dónde están las vacunas de Sigman-Slim-Zeneca? 

 La crisis de las vacunas plantea una lucha política contra el Estado: publicación integral de todos los vacunados; control de las prioridades y listados de vacunación por parte de trabajadores electos; abolición del secreto y fórmulas de fabricación, para su producción en escala y cantidades necesarias. El cumplimiento de estas prerrogativas elementales plantea luchar por un gobierno de trabajadores. 

 Marcelo Ramal

 24/02/2021

A qué responde el improvisado anuncio de vacunación a la docencia

La ministra Carla Vizzotti, la reemplazante de Ginés García en Salud tras el escándalo del “vacunatorio vip”, anunció durante la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), el comienzo de la campaña de vacunación contra el coronavirus al personal docente a nivel nacional. Este será inmunizado con las vacunas del laboratorio chino Sinopharm. El anuncio se realizó poco después del despegue de un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Beijing para traer al país 904.000 dosis. Por su parte, en cambio, el ministro de Salud porteño, Fernan Quirós, declaró que no alterará su plan de vacunación y que usará las dosis que les asignen para completar la vacunación del personal de salud. En cualquier caso, la vacuna en cuestión no es aplicable a personas mayores de 60 años. 

 La precipitada medida debe ser analizada bajo la lupa de la situación política. 

 La política compulsiva de la “presencialidad educativa sin vacunas”, impulsada por el gobierno nacional y los gobernadores, ha entrado en zona de turbulencias. Ocurre que, como viene denunciando la docencia que se está organizando para derrotarla, la misma está redundando en un aumento de la contagiosidad en pocos días. 

 Este experimento de presencialidad criminal, en Córdoba, por ejemplo, obligó al Ministerio de Educación de la provincia a activar el protocolo Covid-19 en nada menos que 21 escuelas estatales. Algunos edificios escolares fueron cerrados en su totalidad y la actividad pasó a la virtualidad, mientras que para los posibles contactos estrechos de casos positivos se solicitó el testeo y el aislamiento. 

 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por otra parte, los sindicatos denuncian que hay 92 casos positivos entre docentes y 12 casos entre auxiliares desde el 8 de febrero pasado, fecha en la que el personal tuvo que reincorporarse; y cuatro casos de estudiantes positivos y otros diez presuntos positivos; 23 ´burbujas´ aisladas y 17 escuelas debieron suspender sus actividades por falta de insumos, problemas de infraestructura o casos de Covid y aislamientos tras la apertura realizada el 17 de febrero pasado. Al mismo tiempo, denuncian que, en varias escuelas donde se confirmaron contagios, no se cerraron los establecimientos para la desinfección ni se informó claramente a las familias sobre la situación sanitaria. 

 El gobierno de los Fernández también intenta morigerar, con este anuncio de vacunación a la docencia, el impacto del ´vacunatorio VIP´ para los amigos del poder, organizado desde el mismísimo Ministerio de Salud nacional, mientras se agitaba que los docentes debían volver a las escuelas sin vacunas. 

 Desde la convicción de que la presencialidad en pandemia y sin vacunas es una política criminal al servicio del capital, impulsemos en cada escuela y distrito el paro del 1 de marzo en el marco de la jornada de lucha convocada por Ademys en CABA y por diferentes seccionales opositoras de CTERA en numerosas provincias, incluidos los Suteba multicolores de Provincia de Buenos Aires. 

Ana Belinco 

 24/02/2021

Uruguay: ¿Porque vamos contra toda la LUC?

La ley es un conjunto de artículos que abarca diversos temas, pero la atraviesa una lógica ajustadora y represiva con el que el gobierno quiere avanzar en sus propuestas neoliberales. 

No alcanza con la derogación parcial, porque muchos peligrosos artículos quedarían vigentes. Ya cuando era candidato a presidente Luís Lacalle Pou anunciaba que si llegaba al gobierno, propondría una Ley de Urgente Consideración que abarcaría distintos temas y sería el puntapie inicial para el logro de sus objetivos políticos. 

 Aún cuando hacia planteos demagógicos, como bajar tarifas e impuestos, todos sabíamos que la derecha conservadora llegaba para profundizar un ajuste en función de las necesidades de los empresarios y poderosos. 

 Achicar el Estado, y "generar oportunidades de negocios" para el empresariado, bajar el costo laboral ( o sea que los trabajadores pierdan salarios y derechos), avanzar en una reforma de la educación en clave mercantilista, reformar el sistema de jubilaciones son solo algunos de esos objetivos que la derecha se ha planteado para estos 5 años. 

Y para concretar estos cambios, también necesita una plataforma de seguridad y represiva que le permita llevar adelante estos cambios sin resistencia. La Ley de Urgente Consideración es entonces el primer paso de este programa de gobierno, el que implementa los primeros cambios y allana el camino para poder avanzar en los años siguientes. 

 Analizando los principales artículos podemos ver cuales son las medidas principales que votó la Coalición Multicolor: En las áreas de seguridad y represión se flexibiliza la "legítima defensa policial" lo cual abre la puerta al gatillo facil, se aumentan penas y condenas y se recortan garantías y derechos individuales. 

A su vez se restringe el derecho de huelga, prohibiendo la ocupación de lugares de trabajo (tema sobre el que ya había avanzado el Frente Amplio cuando era gobierno). 

 Cuando la crisis económica deteriora las condiciones de vida de grandes sectores, y también cuando se quieren implementar reformas antipopulares se busca una base jurídica que de una respuesta represiva a estas cuestiones. 

La derecha vuelve con sus medidas clásicas, más encierro y más represión, tanto para los pobres como para los que resisten sus planes. 

 Este conjunto de medidas implican una mayor criminilización de la pobreza y un aumento del control social por eso es un apartado central de la LUC. 

 El área educativa es una de la que tiene más extensas referencias en la Ley de Urgente Consideración, y entre otras cuestiones da mayor peso a representantes de la educación privada, así como también elimina los consejos de educación en distintos niveles y con ello, la representación de los trabajadores en dichas instancias. 

Deja abierta la puerta a una mayor mercantilización y lógica lucrativa. La LUC tambíen está relacionada a la anunciada reforma de la seguridad social. 

La "comision de expertos" que está funcionando hace algunos meses fue creada desde uno de los artículos de la ley, y aunque aún está en una etapa que denominan diagnóstica, hay claras señales de hacia donde apunta la reforma. 

 El objetivo que proclama el gobierno es el de crear una Comisión supuestamente amplia y representativa de distintos sectores sociales (hasta el PIT-CNT la está integrando), pero esa amplitud es porque quieren asegurarse un consenso que les permita avanzar sin resistencias.

 Está claro que esto no es una instancia de debate democrático ciudadano sobre la seguridad social; la Comisión es un ambito del gobierno, su propuesta es la que saldrá de allí y nada bueno podemos esperar los trabajadores de estos "expertos". 

 Sobre el contenido, aunque son ambiguos porque saben que son reformas antipopulares que generarán resistencia, han dado claras señales de mantener y profundizar la injerencia privada en el sistema de la seguridad social, aumentando además la edad jubilatoria y bajando los montos a percibir. 

 En relación al Estado, la LUC está impregnada de una mirada neoliberal, apuntando al achicamiento y la privatización de sectores. 

Seguramente a lo largo del gobierno se profundizará en este objetivo , pero ya en la ley se plantean reducir la cantidad de empleados, y reducir el control estatal de sectores claves como la electricidad, el agua y el combustible. 

 En otras áreas, la ley termina con algunos controles financieros sobre el pago electrónico lo que favorece la irregularidad y el trabajo informal, así como también un menor control acerca de los activos económicos de los empresarios. 

 ¿Qué han hecho el Frente Amplio y el PIT-CNT

 La propuesta que manejan algunos colectivos de ir por la derogación parcial es inseparable de las posiciones que han tenido el Frente Amplio y el PIT-CNT frente a la LUC. 

 Aunque el Plenario Nacional del FA ha señalado en un documento que la ley "es inoportuna, antipopular, represiva y regresiva...y que tiende a concentrar los recursos y el poder en los sectores privilegiados de la sociedad” sus representantes en el parlamento han votado casi la mitad de sus artículos, avalando de esa manera partes sustantivas de la ley. 

 A lo sumo su rol ha sido el de intentar "limar" algunos aspectos de la ley a través de la acción parlamenaria y la negociación, pero bien lejos han estado de enfrentar la LUC en las calles y frontalmente. 

 Mientras las bases y los militantes del FA rechazan más categoricamente la iniciativa del gobierno, sus dirigentes aparecen mucho más dubitativos.

 La derogación parcial, parece más un intento de quedar bien con esa base crítica propia y a la vez ser una oposición "responsable" que comparte aspectos centrales de la ley. 

Al fin y al cabo Lacalle y sus socios avanzan sobre el terreno que dejó el Frente Amplio en sus 15 años de gobierno donde permanecieron intactos puntos claves del modelo neoliberal que se ha impuesto desde los tiempos de la dictadura en adelante.

 Lamentablemente la cúpula del PIT-CNT parece más preocupada en acompañar al FA en su deriva política que en ser la organización de los trabajadores. 

La pérdida de la independencia política de la central se volvió a ver cuando en la Intersocial impusieron su punto de vista pasando por encima de la mayoría de las organizaciones que se habían pronunciado por la derogación total. 

 No podemos olvidar las frases elogiosas (un presidente inteligente y con capacidad de escucha) de Fernando Pereira hacia Lacalle Pou en los primeros meses de "luna de miel" con el gobierno.

 ¿No sabe Pereira a quienes representan los Lacalle, los Sanguinetti, los Manini? ¿podía dudar de los planes antiobreros y ajustadores de este gobierno?. 

Las expectativas e ilusiones solo confunden. Cuando ya estaba claro el contenido de la LUC y había que poner toda las fuerzas disponibles para enfrentantarla en las calles y con los métodos históricos de la clase trabajadora (la movilización por ejemplo)  Pereira daba señales contradictorias y que luego se plasmaron en la oposición a plantear la derogación total. 

 El Frente Amplio, y la dirección del PIT-CNT están jugados a la negociación y acción parlamentaria para ser actores políticos "responsables" y plenamente integrados al régimen y buscan como mucho limitar algunas propuestas del gobierno. 

 ¿Porque un referéndum por la derogación total? 

 El conjunto de organizaciones que vienen impulsando la derogación total no lo hacen por mero capricho, sino porque con la propuesta de derogación parcial quedan vigentes aspectos medulares de la LUC, conservadores, represivos y neoliberales. 

 Estas organizaciones sociales, colectivos, activistas y militantes que venían impulsando acciones y movilizaciones contra la LUC vieron como en la Intersocial el PIT-CNT en una actitud prepotente, pasaba por encima al conjunto de organizaciones y hacia prevalecer una postura en función de la posición del Frente Amplio. 

 Ante tal situación y por ser concientes que no hay nada progresivo en la LUC definen impulsar este referéndumm por la derogación total de la ley del gobierno. 

 Con la opción del Frente Amplio y del PIT-CNT quedan en pie varios aspectos muy negativos de la LUC, entre ellos: Queda en pie la Comisión de expertos que trabajará en la reforma de la seguridad social, lo que significa que se avanzará en una reforma a la medida de los planes del gobierno y con el apoyo de la oposición. 

 Referentes del FA han manifestado estar de acuerdo en subir la edad, al igual que el representante del PIT-CNT en esa Comisión; o sea que los artículos referidos a la seguridad social continúan vigentes en la propuesta de derogación parcial porque hay acuerdo con los planes del gobierno. 

 En el área seguridad y represión, si bien desde los impulsores de la derogación parcial dicen que cuestionan esos artículos, no se puede dejar de lado que igualmente quedan en pie otros relacionados al tema, que son de índole represiva y autoritaria: Se mantienen artículos relacionados con el proceso penal (entre ellas la modificación del denominado principio de oportunidad en cabeza del ministerio público así como sobre el proceso abreviado) y otros que quitan garantías en el procedimiento judicial. 

 Además se mantiene el perfil punitivista vigente en los últimos 30 años y se crea la Dirección Nacional de Seguridad Rural, a medida de las asociaciones rurales que piden más represión en el campo. 

 En la propuesta de derogación parcial se dejan vigentes los cambios introducidos en cuanto a la competencia de la URSEA y la URSEC. 

Ambas cumplen un rol regulador de sectores de actividad (electricidad, agua y comunicaciones) y las modificaciones de la LUC facilitan nuevos procesos privatizadores en estas áreas. 

 En materia de Libertad Financiera se mantienen algunos artículos relacionados con la opción de pago en efectivo del salario lo que facilita el trabajo informal y en negro, vulnerando derechos de los trabajadores. 

 En la parte de contrataciones del Estado se amplían los límites para compras directas, lo que disminuye controles y facilita el amiguismo y el clentelismo. 

 Derogación total y poner freno a la ofensiva del gobierno 

 En definitiva, la Ley de Urgente Consideración (LUC) es un conjunto de propuestas articuladas con una lógica neoliberal ajustadora y represiva que la atraviesa en todos sus artículos; con la derogación total enfrentamos el programa que viene a imponer la Coalición Multicolor y nos posicionamos con más fuerza para seguir movilizados y en las calles para frenar las planes que el gobierno intentará concretar en estos próximos años. 

 Mientras el gobierno se aprovecha de la pandemia para avanzar con sus propuestas neoliberales, la posición del Frente Amplio y el PIT-CNT no están a la altura de la ofensiva de Lacalle y compañia. 

 Por el contrario debemos organizarnos desde abajo, en cada lugar de trabajo y estudio, para hacer una campaña activa y militante por la derogación total de la LUC en el marco de un plan de lucha que haga pagar el costo de la crisis a los capitalistas. 

 Hernán Yanes Domingo 

31 de enero | 22:21 0