El rapero Pablo Hasél fue detenido el pasado martes 16 de febrero por la policía en la Universidad de Lleida, donde permanecía encerrado junto a un centenar de activistas para denunciar la condena de 9 meses y un día de prisión por “enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y a las instituciones del Estado” a raíz de una serie de tuits y las letras de sus canciones, lo que constituye un claro ataque al derecho a la libertad de expresión en España, y que ha desencadenado una ola de protestas a lo largo y ancho de la Península Ibérica.
En el momento de escribir este artículo entramos en el 6to. día de manifestaciones en todo el Estado español (Granada, Valencia, Madrid, Valladolid, Málaga, San Sebastián, etc.), pero con claro epicentro en Catalunya donde los enfrentamientos entre manifestantes y policía se suceden noche tras noche en las capitales de las cuatro provincias (Barcelona, Lleida, Tarragona y Girona) y en ciudades medianas como Vilafranca del Penedès o Vic.
La masiva movilización popular no se circunscribe solamente a la reacción por el ataque a las libertades democráticas que significa la sentencia, se desarrolla también como respuesta de un amplio sector de jóvenes al hastío con un régimen monárquico en descomposición que los condena a la miseria, la precariedad laboral y la imposibilidad de acceder a una vivienda digna.
La pandemia ha acelerado el proceso que se abrió con la crisis de 2008. La caída del 11% del PBI en 2020 ha supuesto la mayor destrucción de empleo desde la guerra civil. El 40% de los menores de 25 años está en el paro y los que tienen empleo es a través de contratos laborales flexibilizados y miserables.
Las “ayudas” de la Unión Europea para paliar los efectos de la pandemia ya se los ha repartido el establishment e irán directamente a manos de las grandes empresas del Ibex 35.
Mientras tanto, la única respuesta del autoproclamado “gobierno más progresista de la historia” formado por PSOE y Podemos han sido unas ayudas irrisorias para trabajadores y autónomos por un lado, y el intento de criminalización de cualquier forma de protesta social (inclusive no derogando la llamada “ley mordaza”, una ley represiva filo-fascista del anterior gobierno del derechista Partido Popular) por el otro.
La aprobación de nuevos presupuestos que incluyen subidas del gasto militar y en la partida destinada a la corrupta Casa Real (incluido el mantenimiento con presupuesto de Patrimonio Nacional del rey emérito Juan Carlos, fugado a los Emiratos Árabes, a raíz de las noticias sobre sus cuentas millonarias en paraísos fiscales y sus desfalcos con el pago de impuestos en España) echan más gasolina a la explosiva situación social.
Las movilizaciones han demostrado la valentía y el enfado de un amplio sector de la juventud, pero al mismo tiempo han puesto en evidencia la falta de un programa y una dirección que puedan llevarla a la victoria.
Es necesaria la creación de una coordinadora de sindicatos de estudiantes y asociaciones barriales de jóvenes, que elabore un programa de reivindicaciones, que incluyan la libertad de Hasél y la defensa de la libertad de opinión pero que ponga en el centro la lucha por trabajo y vivienda digna, contra la represión policial y que marque el camino para derribar al régimen monárquico corrupto.
Sebastián Fischer, desde Barcelona
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