Las togas que condenaron a Pablo Hasél por delitos de opinión, y cuyo encarcelamiento ha provocado una ola de protestas en todo España, están cortadas con la misma tijera: la tijera del franquismo.
La jueza Concha Espejel, casada con un coronel de la Guardia Civil, fue condecorada hace un tiempo con la Cruz al Mérito por este mismo cuerpo policíaco-militar de fuerte tradición franquista. Aparte, tiene estrecha relación con el derechista Partido Popular al que intentó favorecer en sus numerosos juicios por corrupción. Es también la jueza que caratuló como “terrorismo” una simple pelea de bar en Altsasu, por la que varios jóvenes ligados al independentismo vasco fueron condenados a penas de cárcel de varios años.
Por su parte, el otro juez, Nicolás Poveda, directamente fue candidato a senador por el fascista partido Falange en el año 1979. Una joya.
Evidentemente no se trata de una casualidad sino que estamos ante un problema de raíz: la columna vertebral del Estado español, la que forman las fuerzas armadas y la judicatura, son herencia política directa del régimen político derivado del triunfo franquista en la Guerra Civil.
La llamada “Transición española” fue un operativo político de recambio, organizado por Franco en persona, donde se pasó del régimen fascista a una monarquía constitucional encabezada por Juan Carlos I, que garantizó la impunidad de todos los crímenes del franquismo y preservó su aparato político-represivo para asegurar la continuidad de los mismos privilegios económicos. Este operativo, tutelado por la llamada “oligarquía madrileña”, contó con el apoyo de las burguesías vasca y catalana y la complicidad fundamental del Partido Comunista de Dolores Ibárruri y Santiago Carrillo.
En el ámbito judicial destaca en esa transición la Audiencia Nacional, un verdadero tribunal de excepción sin jurisdicción ni competencias claramente establecidas, que fue creado en 1977 con los mismos funcionarios y en el mismo edificio donde, hasta el día anterior, funcionaba el tristemente célebre Tribunal de Orden Público franquista. Utilizado en los ’80 y ’90 para la represión política contra el movimiento vasco, con el juez “kirchnerista” Baltasar Garzón como punta de lanza y Felipe [González] en el gobierno, cuando se cambiaron las leyes para tipificar como terrorista cualquier manifestación o declaración política de apoyo a la izquierda abertzale y el terrorismo de Estado del GAL [Grupos Antiterroristas de Liberación] secuestró, torturó y asesinó a cientos de personas. Más recientemente se dedica a perseguir al independentismo catalán y a los luchadores sociales en general.
La Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, llamada “ley mordaza”, ha sido un salto cualitativo en esta deriva fascistoide de la Justicia española. Aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en 2015, regimenta el derecho de manifestación, blinda la impunidad policial, le otorga discrecionalidad a la hora de sancionar el derecho a protesta y ha permitido el encausamiento y la condena de miles de activistas y luchadores sociales. Desde los afectados por los desahucios, pasando por los que luchan contra los recortes en sanidad y educación, hasta los militantes de los CDR [Comités de Defensa de la República] catalanes.
Justamente en octubre de 2019 una ola de protestas e indignación, similar a la de estos días por la condena a Hasél, sacudió Catalunya. El Tribunal Supremo condenó a altas penas por sedición (entre 9 y 14 años de prisión) al gobierno de la Generalitat que organizó un referéndum de autodeterminación, que fue brutalmente reprimido. Además, los Jordis (los dos líderes de los movimientos civiles catalanes Jordi Cuixart y Jordi Sánchez) sufrieron condenas de 10 años por el solo hecho de subirse a un coche de la Guardia Civil para desconvocar una concentración.
El mensaje fue claro: el Estado español no piensa tolerar ningún movimiento que ponga en entredicho el statu quo dominante. El mismísimo rey Felipe VI pronunció un discurso el 3 de octubre de 2017 donde apoyó el uso de la fuerza contra el pueblo catalán.
A partir de la experiencia de este frustrado intento secesionista, un sector importante de la burguesía española empieza a ver con buenos ojos, y dar alas y publicidad mediática, al abiertamente fascista partido Vox, un partido surgido de dentro del propio Estado monárquico y con alta adhesión, tanto entre las fuerzas represivas como en el sistema judicial.
Pero, producto de la crisis política derivada del proceso independentista catalán, el gobierno de Rajoy cayó en 2018 con una moción de censura y de las elecciones convocadas salió el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias [PSOE y Podemos, respectivamente] que llegaron al poder con la etiqueta de gobierno “de izquierdas y progresista” y que prometió derogar la “ley mordaza” y emprender una reforma del Poder Judicial. Sin embargo, 15 meses después, las promesas no solo no fueron cumplidas sino que se siguen utilizando las mismas leyes y a la misma Justicia para criminalizar y someter al incipiente movimiento de la juventud que se organiza para hacer frente a la insostenible situación de miseria, precariedad y explotación a la que este régimen monárquico podrido (y salpicado por la corruptela y los desfalcos millonarios de Juan Carlos I) las está condenando.
Sebastián Fischer
Desde Barcelona
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