El Tribunal Federal N°1 condenó a 8 represores por delitos de lesa humanidad cometidos entre marzo y septiembre de 1976, durante la dictadura cívico-militar en la provincia. Este fue el duodécimo juicio a genocidas que, desde el 2008, se realiza en Córdoba. “En este juicio se juzgaron 39 hechos en contra de 43 víctimas, de las cuales 9 son sobrevivientes y el resto fueron asesinadas o continúan desaparecidas”, según un informe de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos.
La condena estableció que los genocidas Héctor Vergez, Ernesto Barreiro, Carlos Díaz, Emilio Morard, Ricardo Lardone, Jorge Acosta y Arnoldo José López recibieran la pena de prisión perpetua. En tanto que Alberto Lucero, Miguel Ángel Gómez, Yamil Jabour, Juan Eduardo Molina y Carlos Yanicelli, recibieron la pena de 18 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.
Por su parte, Fernando Rocha fue condenado a 4 años de prisión e inhabilitación por 8 años, Arturo Emilio Grandinetti y Carlos Horacio Meira fueron absueltos.
En la sentencia la mayoría de los represores no hizo uso de la palabra, a excepción de Miguel Ángel Gómez, Yamil Jabour, Alberto Lucero, Arnoldo José López y Ricardo Lardone, Emilio Morard, este último manifestó que “se siente privado de justicia”, y que “se violaron las leyes de la época”.
Las intervenciones de los genocidas se caracterizaron por cuestionar al Tribunal, reclamar la intervención de la justicia militar, y a repetir su inocencia argumentando que actuaron en respuesta a una acción armada, y que «no se arrepienten de lo actuado».
En principio fueron 18 los imputados por privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tortura agravada y homicidio agravado por placer o codicia, cuando se inició el juicio. Pero uno de los represores murió sin conocer sentencia.
Además, Luis Gustavo Diedrichs, uno de los principales genocidas acusados de esta causa, ya tenía una condena a cadena perpetua y cumple prisión domiciliaria en traslasierra, tras la sentencia, los organismos pidieron que cumpla condena en cárcel común.
La condena a los genocidas continúa teniendo una larga espera tras la vuelta de la democracia. Los juicios de lesa humanidad siguen teniendo un desarrollo a cuentagotas y un carácter fragmentario y limitado, este ha sido el común denominador desde el comienzo de los mismos en 2006.
El próximo 24 de marzo, al cumplirse el 45 aniversario del último golpe de Estado cívico-militar, es necesario salir a las calles para reclamar la cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas, la apertura de los archivos; contra la impunidad de hoy y de ayer, no perdonamos, no nos reconciliamos.
Osvaldo Nin
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