La pulseada que se libra en torno al regreso a las clases presenciales es esclarecedora. No es casual que Alberto Fernández haya encabezado la reunión del Consejo Federal de Educación en Olivos con su ministro Nicolás Trotta de un lado y nada menos que Soledad Acuña del otro, en un gesto de respaldo a la titular de la cartera educativa porteña ante el descontento de la docencia.
El presidente da un espaldarazo a Larreta cuando una asamblea masiva de Ademys votó ir a un paro de 72 horas, tras un primer día de reapertura de las escuelas porteñas en que se registró una decena de contagios de coronavirus. Esta sintonía entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio también incluye, para forzar el retorno a la presencialidad, la eliminación de «semáforo epidemiológico», es decir que decidieron hacer oídos sordos al riesgo sanitario. No hubo anuncio alguno del gobierno nacional ni de los gobernadores acerca de obras para revertir el derrumbe edilicio de las escuelas, ni el nombramiento de docentes para hacer frente al fraccionamiento de los cursos, ni de presupuesto para afrontar la modalidad virtual con que se combinará la asistencia a los colegios.
En conclusión, todo el espectro político patronal ha aunado sus esfuerzos en quebrar la resistencia de la docencia y la comunidad educativa, como favor para que los capitalistas puedan «normalizar» la situación laboral de los padres. Pero el riesgo sanitario de esta ofensiva se revelará más temprano que tarde, cuando el gobierno nacional se muestra no solo incapaz de abastecer al país de vacunas contra el Covid-19 sino siquiera de garantizar operativos efectivos de vacunación. A este ritmo, faltan años para que los trabajadores de la educación -y la mayoría de la población trabajadora- sean inmunizados. Como explica en una columna Gabriel Solano, la salida al atolladero en la fabricación de las dosis, generada por la especulación capitalista con su producción y la disputa imperialista por su distribución, requiere de la abolición de la ley de patentes y la producción pública de las vacunas; pero ese es un horizonte que escapa al devaluado nacionalismo burgués.
El gesto presidencial hacia el larretismo es entonces todo un alineamiento contra los trabajadores. En estos días Alberto Fernández en persona se reunió con la Mesa de Enlace de las patronales agrarias para desdecirse de la amenaza de subir las retenciones al trigo y el maíz o fijarles un cupo de exportación, mencionadas en aras de reducir el impacto del alza de los precios internacionales de las commodities sobre el precio interno de las materias primas. Martín Guzmán, por su parte, conquistó un aplauso de parte de los empresarios que acudieron a un encuentro en la Casa Rosada, porque puso la base del plan antiinflacionario en el ajuste fiscal y el «ordenamiento macroeconómico». El control de precios quedará como una pantomima montada con «voluntarios» sin función alguna, y las mesas sectoriales que se formen con las cámaras empresarias serán un desfiladero de reclamos patronales. Para controlar la formación de precios habría que abrir los libros al control obrero en toda la cadena de valor.
Todo el objetivo del gobierno es mostrar un acuerdo entre las entidades empresarias y la burocracia sindical, para maniatar al movimiento obrero de cara a las paritarias. Ya el kirchnerista Sergio Palazzo, de un gremio con poder de fuego como La Bancaria, firmó una actualización salarial en línea con el tope oficial del 29%. Sin embargo, el argumento acerca de que no tienen valor las previsiones inflacionarias de las consultoras se volvió ridículo cuando el 4% que registró en enero el Indec superó las estimaciones privadas. Junto con este falso acuerdo de precios y salarios se conoció que jubilaciones aumentarían en marzo un 8%, un monto que habrá sido comido ya por las subas de precios de los dos primeros meses del año. El único ancla del gobierno ante la inflación es la tan pretendida «desindexación» de los ingresos de los trabajadores.
El trasfondo de todo esto es una profundización de la crisis social. En enero se siguió registrando una caída del consumo popular hasta en rubros esenciales como el de los alimentos. El Frente de Lucha Piquetero, con el Polo Obrero a la cabeza, marca un rumbo para enfrentar la carestía y convoca nuevamente a una jornada de cortes en todo el país para el 18 de febrero. Es un ejemplo que debe contribuir a la deliberación de todo el movimiento obrero, como sucede hoy entre la docencia.
Es por ese desafío a la tregua que la fuerzas represivas se concentran en atacar a las organizaciones piqueteras. Rafael Crispín, compañero del Polo Obrero, debió permanecer ocho días detenido afrontando una causa armada por la policía, que implicaría penas altísimas, por el mero hecho de ocupar un pedazo de tierra para vivir en el Barrio La Unión de La Matanza. Finalmente fue liberado tras una intensa campaña y movilización.
Esta misma Bonaerense es la que fue señalada por la población de Rojas como responsable del crimen de la joven Úrsula Bahillo, que conmovió al país. Ella había denunciado a su femicida -un uniformado- nada menos que 18 veces, pero la respuesta fue el desamparo y la protección al agresor. Es el mismo accionar que llevó luego a la brutal represión de quienes reclamaban justicia por el femicidio, desatando una bronca popular que se expresó en una verdadera pueblada. Se cuentan ya 46 femicidios en lo que va del 2021, un cifra monstruosa que deja en evidencia la responsabilidad del Estado, incluyendo el rol de maquillaje de las impávidas ministras «de las mujeres».
La depuración que anunció Sergio Berni en la Policía Bonaerense no responde por supuesto a cambio alguno de esta situación, ni a los casos de gatillo fácil o arbitrariedades. Los atropellos represivos y la impunidad son parte constitutiva de la preparación de los gobiernos para los choques sociales que se vienen, al calor del ajuste fondomonetarista. Por eso el ministro y Kicillof buscan recomponer la cadena de mando policial mediante estas sanciones, pero luego de haber capitulado en toda la línea ante el amotinamiento de septiembre.
La preocupación es por supuesto válida. Las respuestas de la docencia ante el riesgo de la presencialidad sin condiciones, la pueblada por la complicidad estatal en el femicidio de Úrsula, las jornadas nacionales del movimiento piquetero, las autoconvocatorias de organizaciones de jubilados, o incluso la crisis política que desató la lucha popular contra la megaminería en Chubut, son indicios de que el programa que el gobierno negocia con el FMI deberá vérselas luego con las masas trabajadoras.
Buen domingo.
Iván Hirsch, editor de Prensa Obrera.
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