Por eso mismo, el cuestionamiento a la ´legalidad´ del préstamo del FMI al macrismo es una cortina de humo grosera. Alberto Fernández ha legitimado políticamente a ese acuerdo desde abril de 2019, cuando anunció al mundo financiero que su candidatura estaba asociada a un arreglo general del default macrista.
Un analista ligado al oficialismo –Emmanuel Alvarez Agis- calculó que el acuerdo de “facilidades extendidas” con el FMI, sumado a los pagos ya pactados con los fondos privados, implicarán a partir de 2025-2026 desembolsos por unos 17.000 millones de dólares anuales, una cifra cercana al doble de la mejor estimación que pueda hacerse de superávit de balanza comercial. Esto significa que se pagará con reservas y nuevo endeudamiento, como viene ocurriendo desde hace cincuenta años. No ha habido ‘quitas’ en la deuda pública nacional, ni en la provincial, ni las de otro orden – sólo alargamiento de plazos, y esto a cambio del pago de amortizaciones e intereses por casi u$s10 mil millones en 2020.
El acuerdo no tiene otro propósito que la “reinserción financiera internacional”. Los fondos acreedores esperan el acuerdo para hacer subir la actual cotización de la deuda argentina. En su discurso, Fernández faltó a la verdad cuando dijo que la restructuración con los fondos privados había implicado “un ahorro de 34.000 millones de dólares”. En realidad, la deuda no tuvo quitas, apenas fue prolongada en el tiempo y con tasas de interés muy superiores a las internacionales.
“Facilidades extendidas”
El acuerdo con el Fondo es el ordenador de la política económica. Guzmán ya lo viene aplicando: obtuvo un superávit fiscal en enero, y ha impuesto un ‘ancla’ a las jubilaciones y salarios.
Fernández anunció una “normalización” tarifaria, es decir una política de aumentos sobre el gas, la luz y el agua. Es lo que reclama el capital financiero como accionista de petroleras y energéticas, por un lado, y como financista de sus inversiones, por el otro. La revaluación externa del peso es una revaluación de esas tarifas en dólares.
Fernández otorgó un carácter estratégico a las ´retenciones diferenciadas´ en beneficio del complejo agroexportador, lo cual convierte al actual gobierno en su agente político. Se trata de las aceiteras y frigoríficos, de los Vicentines K.
Las declaraciones anti-inflacionarias ante el Congreso son un arma contra los reclamos de aumentos salariales de la clase obrera. El estado promete hacerse cargo del poder adquisitivo de los salarios, para que no lo hagan los trabajadores mismos por medio de la lucha. El abaratamiento del valor de la fuerza de trabajo en la industria ha sido una política invariable del kirchnerismo, o sea desde 2003.
Fernández se jactó de dejar afuera del acuerdo con el FMI cualquier reforma laboral o previsional. Sin embargo, es lo que hace en la práctica con jubilaciones debajo del nivel de pobreza y los salarios en negro. La burguesía acompaña en esto al gobierno, no al FMI, porque blanquear salarios significaría dejar a la vista la enorme evasión impositiva que está abajo del trabajo en negro. La diputada Cerrutti, del kirchnerismo presentó un proyecto de “incentivos para el empleo de personas mayores”, que reconoce que en la práctica la miseria jubilatoria obliga a los retirados a seguir trabajando.
En definitiva: el hilo conductor del discurso de Alberto Fernández fue un arreglo con el capital financiero. Las otras cuestiones de la agenda oficial, por ejemplo, los juicios a CFK y su camarilla de gobierno, están condicionados al apoyo internacional, como ocurrió con Menem, a quien no le entraron las balas de la justicia por ninguno de sus delitos, incluso los criminales.
Marcelo Ramal
01/03/2021
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