Congresistas demócratas presentaron un proyecto de reforma migratoria para “regularizar” la situación de los indocumentados. Se anunció como una iniciativa progresista y de revés total con las políticas expulsivas de Donald Trump. Sin embargo, se trata de una reforma completamente limitada, que somete a la mayoría de los migrantes a un largo peregrinaje hasta alcanzar una residencia permanente.
Para empezar, de aprobarse, solo abarcaría a quienes ingresaron a Estados Unidos hasta el 1 de enero de 2021. El mecanismo consiste en la solicitud de una residencia temporal, que recién podría transformarse en permanente (la llamada green card) al cabo de cinco años. Y solo tres años más tarde podrían naturalizarse como estadounidenses quienes lo desearan (BBC, 21/1). Es decir, estamos hablando de un proceso de casi una década, en el medio del cual puede cambiar el color del gobierno y desandar el camino.
Además, podrán solicitarlo solo aquellos que estén al día con sus impuestos y no tengan ningún antecedente penal. A priori, esto último ya descarta a centenares de miles. Los distintos gobiernos demócratas y republicanos apuntaron a una criminalización de los inmigrantes, siendo detenidos por las más absurdas argumentaciones, desde la portación de rostro hasta la mera sospecha delictiva, sin pruebas ni órdenes judiciales. Durante la era Obama, su deportación se justificaba incluso con delitos menores, por ejemplo una infracción de tránsito. Y, además, como ninguna ley antimigratoria de Obama o Trump fue derogada, las solicitudes pueden blanquear sus antecedentes penales ante las autoridades y acelerar los trámites de deportación.
En el caso específico de los dreamers -comunidad que representa a jóvenes, la mayoría mexicanos, que llegaron al país de niños-, sí pueden solicitar en forma directa la residencia permanente y tres años después podrían naturalizarse. Pero los dreamers, cerca de un millón, son apenas una fracción de los más de 10 millones de indocumentados.
Por último, aparecen los trabajadores agrícolas. Podrían acceder también a la residencia permanente, pero siempre y cuando puedan constatar que viven en Estados Unidos hace cinco años. Si tenemos en cuenta su ingreso ‘ilegal’ al país, más sus contrataciones en negro y más la ley Arizona (que criminaliza a los jornaleros), esta comprobación se hace sumamente difícil. Por otra parte, la precariedad de su status los sometería al capricho de las patronales.
Así las cosas, estamos ante un proyecto completamente limitado, que no barre con el estatus de segunda de los migrantes y apenas apunta a una inmigración más ordenada y una otorgación de credenciales en dosis homeopáticas. Por otra parte, el proyecto requiere del apoyo de un sector de los republicanos en el Congreso, lo que será usado por el gobierno como coartada para diluir aún más la medida. Una variante es que se fracture la ley en partes y solo se avance con los dreamers (La Nación, 18/2). También por eso, este sector está alertando que no quiere que sus padres queden excluidos.
En la cuestión migratoria se cuela un debate en la burguesía norteamericana. Biden acaba de derogar una medida de Trump que congelaba las visas de trabajo en industrias de alta tecnología “y una variedad de otras para trabajadores poco calificados” (ídem, 26/2). Señaló que cerrar la puerta a los migrantes “afecta a las industrias de Estados Unidos que utilizan el talento de personas de todas partes del mundo” (ídem). Es que sectores como las tecnológicas se valen de mano de obra barata y calificada migrante. La reforma tiene, como uno de sus puntos, un aumento modesto de los visados de trabajo.
Aportes financieros, otra impostura
La reforma promete, pomposamente, “solucionar los problemas estructurales de la migración” (El País, 19/2). Con su aprobación, se destinarían 4.000 millones de dólares a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, región donde se concentran las caravanas migratorias más numerosas. Según uno de los promotores de la reforma, confía que “contribuyan a mitigar la pobreza y la violencia que empujan a muchas personas a emigrar (…) y para crear centros de solicitudes de asilo para acceder a EEUU legalmente, evitando el peligroso viaje clandestino hasta la frontera”.
Una impostura total. Cualquier desembolso de fondos solo apuntaría a reforzar la tutela del imperialismo en la región. Estados Unidos es responsable de la debacle de la zona, en la que promovió políticas de saqueo y apoyó dictaduras sanguinarias. Para mejorar las condiciones de vida de las masas, sometidas a un empobrecimiento creciente, no habrá un centavo.
Biden sí ha dado de baja los acuerdos de “tercer país seguro” suscriptos por Trump con los países ya mencionados (que solo se habían hecho efectivos en el caso de Guatemala), que facilitaban las deportaciones. Pero el despliegue represivo en la frontera con México quedará intacto. No queda claro qué ocurrirá con los acuerdos suscriptos entre Trump y López Obrador para contener la migración.
Nuevos nudos, viejas ataduras
Barack Obama es reconocido como “el Deportador en Jefe”, ya que su mandato expulsó la cifra récord de 2.5 millones de inmigrantes. Donald Trump aportó lo suyo con más de 950.000 deportaciones. En lo que va de mandato, Biden permitió 400 más (La Tercera, 10/2). Además, la designación de Cecilia Muñoz como Asesora de Inmigración trae malos augurios, ya que fue pieza clave de las deportaciones durante la era Obama, defendiendo la separación de familias y mentora de las jaulas donde se recluía a hijos de inmigrantes detenidos. Es decir que la nueva administración norteamericana ni siquiera garantiza el fin de la persecución.
Biden ha adoptado los limitados cambios en materia migratoria, en parte, bajo la presión de la rebelión popular de 2020. Pero no resuelve las problemáticas estructurales de las comunidades latinoamericanas y afrodescendientes, lo que requiere la acción común de éstas con el proletariado norteamericano, en lucha contra el gran capital y el Estado imperialista. Es necesario avanzar en la coordinación entre la izquierda estadounidense y los movimientos de defensa de los inmigrantes y la izquierda latinoamericana para derogar toda legislación represiva en este terreno.
Gustavo Montenegro, Álvaro Chust
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