El debate alrededor de la extensión de la concesión de la Hidrovía terminó con un decreto presidencial, que deja la concesión de la ruta fluvial a la Administración General de Puertos (AGP) por el lapso de un año a partir de setiembre, prorrogable por un año más.
La Hidrovía comprende el tramo del kilómetro 1.238 del río Paraná hasta la “Zona de Aguas Profundas Naturales” en el río de La Plata exterior. Por la Hidrovía circula el 90% de las exportaciones agroindustriales del país (y otro tanto de países limítrofes). Es el canal de salida para el complejo exportador más importante de América del Sur. Desde hace casi 25 años, el manejo de la Hidrovía está en manos de la empresa belga Jan de Nul y una socia local, Emepa (perteneciente a Gabriel Romero, involucrado en la causa de los ´cuadernos´, acusado de coima, precisamente, para obtener la concesión de la red). La AGP queda a cargo de cobrar el peaje y hacer las contrataciones necesarias para mantener operativos los servicios de la Hidrovía (se trata del dragado y el balizamiento a lo largo de toda la traza). En paralelo a ese decreto, se prepara otro, para establecer un ente de control de todas las vías navegables bajo la órbita del ministerio de Transporte. Vencido el año de plazo, se licitaría la concesión de la Hidrovía. La explotación de la Hidrovía supone una facturación cercana a los 300 millones de dólares. Mientras dure la gestión de la Administración General de Puertos, el dragado quedará a cargo de empresas privadas. En la actualidad, el Paraná se ve afectado por una bajante importante, que se remonta a la sequía que abarca al sudoeste de Brasil.
Lo que para el macrismo y otros opositores intermedios es “estatismo”, para los firmantes de la proclama del 25 de Mayo, el ala denominada ‘dura’ de los K es una salida “soberana”, al menos por un año. Como toda operación de peaje, supone, por lo pronto una ‘caja’ abultada, como lo saben los licenciatarios de autopistas. Más allá de que el gobierno ha prometido un decreto para licitar la Hidrovía en tres meses, su estatización implica una contradicción con otra privatización, la de los puertos del Paraná. En este caso, las agroexportadoras han impuesto una suerte de régimen de extraterritorialidad. La droga, por caso, que baja impune por el río, como lo revela un estudio de la Universidad de Harvard, desembarca en esos puertos, sin la menor intervención de los órganos de seguridad. No es por azar que Rosario haya sido copada por el narcotráfico. El paquete de puertos y ríos privatizados es funcional al contrabando de mercadería, que por esas vías deja de pagar retenciones e impuestos diversos.
El ala de Alberto Fernández es hostil a la estatización de la Hidrovía, en tanto que el silencio de CFK se presta a operaciones diversas, aunque Máximo Kirchner y la Cámpora no han abierto la boca y se presume que acompañan la onda privatista. Lo cierto es que el sistema privado, establecido por Menem, sobrevivió sin contratiempos a los gobiernos K, con la compañía de su amigo Romero, un concesionario por partida doble - en los ferrocarriles, como parte del consorcio que gestionaba el ferrocarril Roca, habilitó el ´franco´ a la patota de Pedraza-Favale para matar a nuestro compañero Mariano Ferreyra. El tema está asociado asimismo al FMI y al Club de París, quienes catalogarían una estatización como un gesto ´hostil´. Por último y el punto más importante, los chinos tienen la intención de participar de una licitación en la que está en juego, por un lado las exportaciones a China y, por el otro, los intereses de las agroexportadoras de China – que están en el pelotón de las principales. Nuestra Mesopotamia, entre el Paraná y el Uruguay, ha sido una piedra de disputa desde la constitución del Virreinato y determinante de la infame Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay.
La crítica ostensible de un sector de la burguesía exportadora alude a que el Estado es incompetente para limpiar el lecho de los ríos. La verdad es que el tema es un factor de crisis internacional, que los Fernández tienen a gusto – Mercosur, Nicaragua, Sputnik vs. Pfizer vs. AstraZeneca, la militarización de Malvinas y, en el ‘top ten’, la deuda externa y el FMI. El entreguismo que supone una re-privatización, no significa que la estatización sea un acto soberano, porque para ello es necesario que la política del gobierno que la emprende sea soberana y que se apoya en la movilización de los trabajadores. Lo que tenemos es un gobierno que renegoció la deuda pública en términos semicoloniales y que funda un ‘ajuste’ fondomonetarista en saqueo inmisericorde de los jubilados y los asalariados.
Lucas Benvenuto
02/07/2021
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