Una reciente nota del Wall Street Journal (27/04) aborda la enorme crisis que enfrentan las propias organizaciones que intentan abordar a los consumidores de estas drogas, y relatan como se chocan con limitaciones que van desde el Estado hasta las propias empresas farmacéuticas que encuentran en los métodos de recuperación una vía de cuantiosas ganancias. “La naloxona, un medicamento que revierte o bloquea los efectos de los opioides en el sistema nervioso central, viene en dos formas: aerosoles nasales e inyectables. Los aerosoles nasales como el de marca Narcan cuestan hasta $125 por dos dosis y a menudo son almacenados por los socorristas y en los centros de atención médica” (WSJ, 27/04).
Los grupos de socorristas comunitarios que se agrupan en diversas ciudades para intentar ofrecer una barrera de contención a las personas en situación de adicciones señalan que se ven incapacitados de abastecer de manera efectiva a sus pacientes, puesto que escasean las drogas como la naloxona. Incluso reclaman que la misma sea producida de manera masiva en su versión inyectable que es más barata. También prefieren esta versión porque permite un mayor control sobre la dosis de un medicamento que puede desencadenar la abstinencia aguda. Según The Lancet, estos grupos comunitarios se encuentran más cerca de los sitios de consumo ilegal que hospitales y centros de atención.
Justamente estos grupos son quienes más advierten sobre la necesidad de una política integral contra el consumo de opioides y alertan sobre la gravedad del asunto: "El fentanilo es realmente rápido", dijo Derrick Smith, un trabajador de alcance comunitario de Harm Reduction Michigan en Rapid City, que distribuye naloxona y ofrece algunos servicios de salud a los usuarios. "En los viejos tiempos de las sobredosis de heroína, alguien podía estar inconsciente una hora y aún así podías traerlos de vuelta. He visto morir a la gente en minutos" (ídem).
Uno de los principales productores de naloxona en los Estados Unidos es Pfizer, que durante el 2021 tuvo un freno en la producción por la enorme cantidad de contagios ocasionados por la pandemia. Al día de hoy ha recuperado los niveles normales de producción, pero trabaja sobre los pedidos adeudados, por lo que la escasez de dosis no está cerca de solucionarse en el corto o mediano plazo. Esto trajo serios problemas para las organizaciones comunitarias y su abastecimiento a las personas con adicciones.
La periodista toma por caso a una asociación de Arizona, que pasó de otorgar 14 mil dosis a 7 mil mientras Pfizer detuvo la producción. Al mismo tiempo aplicó una lista de espera y “dio naloxona primero a los socios que la distribuyeron directamente a los usuarios de drogas, incluidas, en algunos casos, las personas que vendían fentanilo” (ídem). Los propios “dealers” de opioides compran la “cura” para sus clientes que experimentan sobredosis. Una manera de defender su mercado.
La gestión Biden busca ampliar la llegada de naloxona para contener la suba en las tasas de mortalidad. Rahul Gupta, director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, dijo que el aumento en las muertes por sobredosis a nuevos registros muestra que la naloxona no está tan ampliamente disponible como debería. "La mayoría de estas son muertes prevenibles" (idem).
La política de control de daños en los Estados Unidos se presenta como un parche sobre el consumo de opioides, que es solo una de las variantes de consumo, y que para colmo es una droga legal –testeada por la FDA. En definitiva el control de daños es evitar con una droga los efectos de otra. Un círculo vicioso de consumo de narcóticos de todo tipo.
En Argentina, un folleto repartido por el municipio de Morón dando consejos a los jóvenes sobre cómo consumir marihuana o cocaína “recreativa” parece un chiste frente al caso estadounidense, donde el consumo de opioides es una verdadera epidemia. El PTS defiende una política como la impulsada por Biden, incluso plantea la necesidad de un ANMAT que testee la droga a consumir. El fentanilo muestra que así sea mil veces testeado los daños irreversibles de su adicción son imposibles de morigerar.
La clase obrera internacional no necesita voces que defiendan el consumo "recreativo" de drogas, y la supervisión de su calidad por parte del estado. Para eso ya cuenta con todo el capital que lucra con ese negocio y con sus voceros.
Joaquín Antúnez
28/04/2022
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