En una reunión con los denominados “curas villeros” en el Senado, Cristina Kirchner reapareció públicamente tras el intento de magnicidio. La Vicepresidenta caracterizó al atentado como una ´ruptura´ del “acuerdo democrático” que ha estado vigente en Argentina desde 1983. Pasó por alto la masacre que ordenó Alfonsín contra los ocupantes del cuartel de la Tablada, ejecutada por el ejército y los carapintadas. Dejó en el tintero la capitulación de ese mismo Alfonsín (junto a Alsogaray, Cafiero, el peronismo e Izquierda Unida) cuando el golpe carapintada de Rico, al que le cedió el punto final y la obediencia debida en beneficio de los grupos de tareas de la dictadura. También lo hizo con el ‘golpe de mercado’ que eyectó a Alfonsín de la Presidencia seis meses antes de que completara su mandato, que fue explotado por Menem y el conjunto del peronismo, incluidos los Kirchner. Tampoco registró el golpe de estado gestado por Duhalde y Alfonsín contra De la Rua para capitalizar el levantamiento popular de diciembre de 2001. Entre 1983 y 2001 Argentina tuvo más golpes de estado que presidentes, incluso si no computamos el que dieron Menem y Alfonsín cuando pactaron una reelección que estaba prohibida por la Constitución Nacional. El Congreso y la Suprema Corte dieron el aval del estado de derecho a todas estas violaciones del derecho.
Para Cristina Fernández el golpismo debuta para restaurar el orden pre-kirchnerista. Fue el latiguillo de los intelectuales K durante una década. En el caso que la afecta se trataría de un golpismo ‘cultural’, o sea vago o hasta anónimo, desatado por los “discursos del odio”. La pieza suprema de ellos son los juicios iniciados contra ella – Hotesur, la ruta del dinero, Vialidad, memorando Irán y los cuadernos de Centeno. Aunque, como asegura, la sentencia de esos juicios (algunos en apelación a sobreseimientos) ya “está escrita”, una banda de ‘copitos’ ha querido apresurarla mediante un atentado contra su vida. Descuida, de este modo, la principal hipótesis de golpe de estado, que es la de una conspiración de libertarios fascistas sin tutores políticos ni financiamiento conocido. Lo que está claro de este golpe es que contó con la negligencia de la PFA y la falta de “escrutinio ambiental”, como denomina un periodista de La Nación, a la ausencia de radares políticos de parte de la AFI. Para descubrir la contaminación de ese ambiente no era necesaria mucha pericia, porque los criminales frustados se habían dedicado a acosar las inmediaciones de la Rosada y el Congreso, salían en ‘prime time’ en la televisión, mascullaban las redes y alquilaban piso arriba del departamento que ocupaba Cristina Kirchner.
Los que sí hacían tareas de inteligencia eran los ‘copitos. Mientras el ‘discurso del odio’ sigue primero en las preferencias acerca de las causales, de entrada aparecieron conexiones más concretas. De un lado, un grupo fascista conocido como Revolución Federal, que aparece como autor político cada vez más notorio del atentado. El periodista Carlos Pagni señaló en un editorial como financista a un “importante empresario argentino”, a quien relacionó con el grupo nazi ucraniano Azov con “vínculos económicos y políticos” en Argentina. La motivación de este grupo, tan distante de Argentina en el mapa, habría sido la negativa de los presidentes del Mercosur, en especial Alberto Fernández, a la tentativa del presidente Zelensky de dirigirse por zoom a la reunión que estaban protagonizando, en contraste con numerosos foros del resto del mundo. El gobierno de Ucrania ha considerado este agravio como un grave golpe político, que se declaró dispuesto a revertir. Página/12 (17/9) informa que el último de los ´copitos´ detenido, Gabriel Carrizo, es representado por un “dream team” de abogados del PRO. Uno de ellos participa en la Comisión de Inteligencia del Congreso, otro es defensor de dos ex agentes de la AFI implicados en el espionaje macrista y finalmente una tercera abogada es asesora de una diputada del PRO. En esta línea, Sergio Berni apuntó solapadamente a Macri cuando se refirió a la hipotética acción de “servicios de inteligencia privados. Si cualquiera de estos señalamientos y conjeturas tuviera alguna verosimilitud, el tablero político de Argentina saltaría por los aires. En este cuadro, CFK ha invitado a Macri a “un diálogo”, que sus adversarios atribuyen a un intento de zafar de la condena “escrita” en el juicio de Vialidad. Si esto no fuera suficiente para embarullar el escenario, una periodista de Clarín acaba de revelar un informe de un ex auditor del Congreso, el fallecido radical Gerardo Duspouy, que señala que la organización de la obra pública en Argentina está diseñada para facilitar toda clase de fraudes y latrocinios, de modo que la asociación ilícita, como efectivamente ocurre, no podría ser probada administrativamente en sede judicial. Los famosos ‘controles’ que organiza la Constitución funcionan como la custodia de Cristina Fernández por parte de la PFA.
“Diálogo”
En su llamado al ‘diálogo’, la vicepresidenta se refirió a la necesidad de un “acuerdo mínimo”, al menos “en economía”. “Si la economía tiene problemas, señaló, hay que discutir de números y ponernos de acuerdo”. Y redobló: “Es lo más fácil porque dos más dos es cuatro”. CFK invita a los ‘opositores’ a crear una sociedad para el ‘ajuste’. Es claro que el macrismo votará todas las medidas de ajuste y devaluación que reclaman sojeros, cerealeras y grandes corporaciones en general. Esto tiene que ver con sus intereses de clase, pero no se incinerará con el kirchnerismo para repartir las pérdidas político-electorales. La misma Vice deberá recular de estas pretensiones cuando tome la palabra en Comodoro Py, el próximo viernes, alegando su defensa.
Como es sabido, muchos se han apresurado a firmar repudios conjuntos contra el atentado – JxC, FdT, libertarios y FIT-U. Aunque recíprocamente contradictorios, son acuerdos políticos. Ninguno denuncia que un atentado como el ocurrido constituye un principio de golpe de estado, cuyas ramificaciones y “autoridades mediadas” pueden descubrir la existencia de un complot de alcance diverso. El atentado no desvirgó a la “democracia argentina”, que registra varios golpes en las últimas cuatro décadas. Un mundo en guerra es un mundo de golpes de estado; Bolsonaro reveló esas intenciones en más de una oportunidad. Maduro y Ortega son gobiernos de las fuerzas armadas y de seguridad. Trump está en carrera por la revancha; el mismo viaje de Nancy Pelosi a Taiwán, desairando un pedido de cancelación por parte de Biden, es una acción golpista que no ha retrocedido ante la posibilidad de desatar una guerra.
Las investigaciones del atentado del 1° de septiembre siguen en la nebulosa.
Jorge Altamira
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