En el Puerto Terminal Rosario -cuyos derechos de explotación están en titularidad de la concursada Vicentin SAIC-, desde finales de junio de 2022, se embargaron 3.000 kg de cocaína con destino a Europa y Dubai. Hay cuatro detenidos, entre ellos un supervisor de la concesionaria. La droga fue trasladada desde otros puntos del país (Telam, 8/9).
Implicados en estas maniobras se destacan personajes vinculados con el mundo de los negocios, en algunos casos ya investigados o condenados por otros hechos de narcotráfico. Se especula que lo encontrado está valuado en aproximadamente U$D 60.000.000. Una de las maniobras, según relatan, fue la constitución de una sociedad de nombre “Pepe Cereales” (Infobae, 26/08) y sostienen que fue creada exclusivamente para estos fines de contrabando y que, durante un par de años, exportó maíz y maní para despejar sospechas.
La actividad de los puertos rosarinos, además de producir la mayor cantidad del ingreso nacional en divisas por la exportación de bienes primarios, se entrelaza con el crimen organizado, cuyas relaciones con Europa y el resto del mundo parecen haberse hecho carne por su ubicación estratégica y la connivencia con los funcionarios del Estado y de las agroexportadoras.
La propiedad privada de los puertos, tanto como de la hidrovía, son un presupuesto necesario para la realización de todos estos negociados millonarios, que en más de una ocasión vincula a los capitalistas del sector agroexportador con los circuitos del narcotráfico, junto a los bancos y las financieras.
Agustín Fernández
14/09/2022
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