Como en las instancias previas, las calificaciones del desempeño de los abogados de la defensa corren por cuenta de los interesados de ambos lados. Para el kirchnerismo, se trató de una “formidable exposición” que “fulminó” las acusaciones de Luciani. El trato inverso recibió de los medios macristas, que la calificaron de una “defensa política”.
El alegato ´interactivo´ -que contó con videos y filminas- busca exponer las ´incoherencias´ de los fiscales. El centro de la defensa estuvo en cuestionar la imputación de “asociación ilícita” debido al papel excluyente del Congreso en la aprobación de todos los presupuestos fiscales. Alberto Fernández denunció una “judialización de la política”. El “direccionamiento” que benefició a testaferros del matrimonio K-Lázaro Báez- fueron actos administrativos incuestionables. “Cómo se asignaban las partidas era algo debatido por los legisladores y no por los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner”. En esta línea se expusieron proyectos alternativos de presupuesto que presentó la oposición en 2010 y 2011, donde se le asignaba el mismo monto global a la DNV como a Santa Cruz. El señalamiento del Congreso también incorporó la mención de antiguos y nuevos opositores votando afirmativamente los presupuestos oficiales, como el caso de Pichetto.
Para “probar” que el Congreso no era una escribanía del oficialismo, como fue señalado por la fiscalía, se hizo mención al voto “no positivo” de la 125 en 2008 y a que en la actualidad el gobierno no cuenta con presupuesto. En otro ítem abordado por Beraldi, el de los DNU (decretos) que ampliaban y direccionan la obra pública de Lazaro Baez se hizo gala de la “norma” que significa para el Estado manejarse mediante decretos y arbitrariedades. Beraldi alegó que en el período investigado hubo más de un jefe de Gabinete y legisladores de la oposición que en aquel entonces eran oficialistas –como Pichetto. En cuanto a los DNU es necesario el concurso de los ministros y su aprobación ulterior por una comisión del Congreso. Beraldi no mencionó que “la autoridad mediada” que se imputa a la Vice, supone la ‘obediencia debida’ abajo de ella, pero en el banquillo sólo está sentado un puñado de ellos.
La inclusión permanente del Congreso, ministros y otros funcionarios, procura presentar a la operatoria de la obra pública como actos “de Estado”, no judicializables. La transparencia que se atribuye al Estado contrasta con el régimen de coimas que caracteriza a la obra pública desde la llegada de los conquistadores hispanos. “No hay ningún acto de gobierno que no pueda pasar por el poder judicial”, sostienen, en cambio, los fiscales. Los abogados de la vicepresidenta arguyen que el exceso de obra pública destinado a Santa Cruz no está vedado por ninguna clase normas ni reglas. Es una facultad del poder político, de lo contrario dijo Beraldi “que voten a los jueces”.
Además de volver a otros argumentos expuestos por defensas anteriores, como que estos hechos ya fueron juzgados por la justicia santacruceña, y que la auditoría realizada por el funcionario macrista no arrojó ninguna conclusión, la segunda jornada de la defensa hizo mención al llamado “plan limpiar todo” –la documentación que pudiera afectar a la Vicepresidenta. Según la defensa, entre decenas de miles de mensajes, la fiscalía solo ha recogido cuatro en los cuales no es protagonista Cristina sino mencionada por otros. Se ha añadido una supuesta falsedad de fechas en una prueba presentada como día de reunión clave entre Cristina y José López.
Luego de las defensas vendrán los turnos de réplicas y dúplicas entre acusados y acusadores. El debate demuestra una distancia gigantesca entre los planteos de la fiscalía y los de la defensa. La cuestión se resolverá e n función de las ‘convicciones íntimas’ del tribunal, luego Casación, finalmente la Corte. La defensa ha descrito una realidad ficticia entre la función pública, de un lado, y los arreglos bajo la mesa con los empresarios, del otro. El Estado no está, sin embargo, en el banquillo de los acusados.
Fede Fernández
20/09/2022
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