Baja el "costo laboral" fruto del retroceso salarial.
Muchos sostienen la falsa idea de que la inflación es perjudicial para todos. Frente a los que dicen que con la estampida inflacionaria pierden tanto los trabajadores como los empresarios, debido a la caída del consumo, vemos cómo en este escenario de crisis las grandes patronales vienen acrecentando sus ganancias a costa del deterioro salarial de sus trabajadores mientras prevalece la huelga de inversiones.
La desaceleración de la economía se puede vislumbrar observando algunos datos del mes de julio. Según el Indec, el índice de producción manufacturero disminuyó un 1,2% mensual y la utilización de la capacidad instalada de la industria lo hizo en un 1,5%. A su vez, según los datos de la consultora Orlando Ferreres y Asociados, la actividad económica retrocedió un 0,3% mensual y la inversión un 2%. El consumo masivo, por su parte, debido a los altos niveles de inflación, cayó en julio un 6,7% y un 2,2% en el acumulado del 2022, según la consultora Focus Market.
Sin embargo, en este cuadro de crisis, un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) evidencia que las principales empresas del país mejoraron sus rendimientos hasta un 62,5% en un año, mientras los costos laborales se redujeron hasta un 1,1%. Lo anterior demuestra que la escalada inflacionaria -del 78% interanual en agosto- que pulveriza el ingreso de los trabajadores, es aprovechada por los capitalistas para viabilizar una política de deprimir los salarios otorgando aumentos a la baja, con la complicidad de la burocracia sindical.
Como se ve, las patronales vienen aumentando sus márgenes de ganancia solo a expensas de los trabajadores, de forma parasitaria, mientras las inversiones están en declinación. En esa línea, presionan por una reforma laboral que incremente todavía más la tasa de explotación, en lugar de invertir para mejorar la productividad.
Sin dudas, en su gira por Estados Unidos, Massa utilizó los salarios devaluados que existen en nuestro país como principal anzuelo para captar inversiones. Todo en función de alcanzar la meta de acumulación de reservas que exige el FMI. Además, el rumbo fondomonetarista del gobierno promete agravar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, ya que contempla acelerar el ritmo devaluatorio y un esquema de tarifazos permanentes. Así las cosas, la inflación trepará y con ella las transferencias de recursos del bolsillo popular al de los empresarios.
En ese sentido, es preciso luchar por una recomposición de los ingresos de la población trabajadora, exigiendo un sueldo inicial de $180 mil, aumentos indexados a la inflación y empleo bajo convenio para todos. Necesitamos un paro nacional y un plan de lucha que ponga estas reivindicaciones en el centro de la agenda política.
Sofía Hart
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