Camila, una trabajadora de 28 años, madre de dos hijos, fue víctima de un ataque del municipio de San Miguel, principal reducto del oscurantismo clerical en el conurbano. Al querer realizarse un aborto, buscó asesoramiento telefónico en la salita municipal Camila Rolón, donde la citaron para una entrevista presencial. El único objetivo de esa entrevista era convencerla de no realizarse el aborto, sin ningún tipo de asesoramiento ni atención médica. Camila finalmente pudo realizar la IVE en la Maternidad Estela de Carlotto, del distrito de Moreno, pero más allá como se resolvió este caso particular, es necesario observar el andamiaje de responsabilidades políticas que no se agotan en San Miguel.
Las caras visibles de este ataque a los derechos de las mujeres en San Miguel son Jaime Méndez, intendente, y su jefe político, Joaquín de la Torre, quien se ubica a la derecha en la interna del macrismo, de la mano de Patricia Bullrich, anotándose y posando con todas las expresiones fascistas de la región y del mundo. El ejemplo más claro lo podemos encontrar en la visita al distrito de San Miguel de Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasilero, quien disputa su candidatura como legislador por el estado de San Pablo en el marco de una visita de los bolsonaristas a la Argentina. De la Torre está jugando fuerte en la interna de JxC con una posición definida y se postula como uno de los candidatos más sólidos de la ultraderecha. La ofensiva antiderechos que llevan adelante en su patio chico tiene objetivos políticos concretos. Por un lado presentase a los sectores a los que apunta como un cruzado, pero con acciones de gestiones concretas, que no quedan en palabras, y por el otro mostrar la debilidad de los gobiernos nacional y provincial, exponiendo su inacción en estos temas. Otro ejemplo de esto es que en San Miguel no ser pañuelo celeste es motivo de persecución y despido de las trabajadoras de la salud. En el 2018 despidieron a una trabajadora social y una obstetra por estar a favor de la legalización del aborto. La pasividad cómplice de los de los gobiernos “nacionales y populares” de los Fernández y Kicillof en estos temas es apabullante.
El argumento principal para no realizar el aborto es la objeción de conciencia, concedida a estos sectores en la misma ley de aborto legal. Por ejemplo, Pablo de la Torre, secretario de salud de San Miguel y hermano de Joaquín, se ampara en su “derecho” y en sus redes expresa que “el aborto es ilegal. No cuenten con nosotros. Los médicos salvamos vidas". Impulsa campañas públicas para que se respete la objeción de consciencia.
Otra consecuencia que se desprende de esta política es, como cuenta Jesica Rojas, licenciada en trabajo social, y parte del equipo interdisciplinario de interrupción legal del embarazo de la maternidad Carlotto, “que en este momento en San Miguel no hay ningún equipo al que se pueda derivar a personas gestantes ni en salas ni en el Hospital” (Página/12, 5/9). Esto implica que las mujeres que quieran informarse o acceder a la IVE tengan que trasladarse a otros municipios, como arroja una publicación del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires: “El municipio de San Miguel no cuenta con prácticas registradas de IVE/ILE, dada la ausencia de establecimientos que lo garanticen dentro del mismo. En el año 2020 se notificaron 82 situaciones con municipio de residencia en San Miguel, resueltas en otros municipios. En el año 2021 hubo 398 prácticas de IVE/ILE en personas con domicilio en San Miguel que se resolvieron en otros municipios”, dice el informe.
En San Miguel la política de negar el derecho a cualquier mujer a interrumpir su embarazo no es una decisión practicada en las sombras, sino una política sistemática y difundida, que convive a plena luz del día con la inacción cómplice de los gobiernos K en todas sus variantes. Una explicación de esta complicidad pasiva es su propia debilidad política, por un lado, y la intención de no levantar polvo en un sector de la población (electorado) a los que también ellos interpelan. El sostenimiento del ministro Berni es un ejemplo de esta política.
Debemos seguir movilizadas para hacer efectivo el cumplimiento del aborto legal y el único camino es la autonomía total de todas las fracciones patronales, es decir, avanzar en la organización, la independencia política y la movilización.
Carla Díaz
29/10/2022
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