En víspera del 12° aniversario del crimen de Mariano Ferreyra, Diego Barroetaveña, uno de los vocales del tribunal que condenó a prisión a José Pedraza y buena parte de su patota en 2013, se impuso al frente de su lista en la elección de magistrados para el Consejo de la Magistratura.
Sindicada como “crítica del gobierno”, la Bordó es la agrupación que viene imponiéndose desde hace 20 años en ese fuero. Barroetaveña, de extracción radical, ocupará una silla en el Consejo por primera vez en su carrera judicial. Fue juez de Garantías de San Isidro, donde tuvo a su cargo la causa por el crimen de María Marta Belsunce, antes de ser promovido, en 2018, a la Cámara de Casación, el máximo tribunal del fuero penal. Fue uno de los camaristas que confirmó el procesamiento de CFK en la causa de los cuadernos.
El tribunal que condenó a Pedraza fue acusado, en su momento, por los defensores de la patota, de seguir un guión escrito en Balcarce 50, es decir en la Casa Rosada. Pedraza y compañía acusaba de parcialidad a los jueces y de seguir directivas políticas; prueba de ello sería, según sus abogados, que no eran juzgados conjuntamente los manifestantes que habían intentado cortar las vías. Todo esto fue rechazado por el tribunal, que tachó esta pretensión de “antijurídica”.
Sin embargo, los abogados de Pedraza no habían hecho otra cosa que intentar retomar la línea que los voceros oficiales -aliados del pedracismo- habían ensayado en las horas posteriores al crimen de Mariano, a saber: que se había producido un muerto en una riña. Que no se trató de un exabrupto lo demuestra la andanada de ataques protagonizado por los principales voceros del gobierno de aquel entonces -de CFK a Aníbal Fernández y Nilda Garré-, de la fiscal Cristina Caamaño -luego interventora de la AFI- y de alcahuetes profesionales como Horacio Verbitsky, contra los militantes del Partido Obrero, una provocación que llegó a la detención de Omar Merino y Jorge Hospital, ferroviarios del PO. Mientras tanto, Pedraza continuaba siendo invitado a los actos oficiales.
Lo cierto es que esa estrategia chocó rápidamente con una moviliziación popular extraordinaria por el juicio y castigo a los asesinos de Mariano. Estos estaban claramente identificados – la burocracia sindical de Pedraza. La pretensión de diluir el crimen político de Mariano en una “gresca” se vio frustrada exactamente por ese motivo.
La causa judicial misma comenzó a fragmentarse en múltiples causas conexas. Una vigorosa denuncia del PO y sus abogadas evitó que los policías involucrados fueran sometidos a un juicio aparte, cuando su participación en los hechos había sido absolutamente fundamental para la emboscada. En cambio, las responsabilidades políticas por la conducta policial y las conexiones económicas entre los empresarios, la burocracia y el gabinete de Transporte fueron derivadas a investigaciones aparte que jamás avanzaron.
Durante el juicio, el tribunal echazó las chicanas dilatorias de los abogados defensores y en más de una ocasión los amonestó por sus conductas provocativas contra las víctimas. Hizo lugar a cada medida solicitada por los querellantes, aunque fue algo más remiso a reproducir en la sala de audiencias el audio donde el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ´aconsejaba´ a Pedraza “trabajarles la cabeza” a los tercerizados para separarlos de la izquierda.
El tribunal, sin embargo, bloqueó la condena a cadena perpetua con un argumento exótico. Consideró a Pedraza coautor del homicidio de Mariano y de la tentativa de homicidio contra Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y otros heridos. Se basó para ello en los testimonios, pero sobre todo en los indicios que arrojaba la conducta de Pedraza, por caso, el intento de sobornar a los jueces de Casación para liberar a la patota y mejorar su propia situación en la pesquisa. Dio por acreditados los móviles económicos de éste -la explotación de los tercerizados a través de la cooérativa trucha “Unión del Mercosur”- y la coordinación en tiempo real entre Pablo Díaz, el ´delegado´ al frente de la emboscada, y Pedraza a través de su mano derecha, el “Gallego” Fernández, ocupados en ese momento en la presentación de la revista Latin Rieles junto al entonces ministro de Transporte, Juan Pablo Schiavi, mientras se cometía la faena criminal. El tribunal dio por hecho el carácter planificado de la emboscada y el reclutamiento para tal fin de barrabravas entre ferroviarios afines a la burocracia.
Pero para los jueces Pedraza no planificó matar sino “escarmentar a tiros” a los tercerizados y a los militantes que los acompañaban. Los autores materiales se habrían desviado de un libreto de intimidación. No presentaron pruebas de esta tesis. Sólo argumentaron que Pedraza no podía perseguir un propósito que lo perjudicaría. Con este razonamiento falaz, el tribunal condenó a Pedraza por el delito de homicidio simple, en lugar de homicidio agravado por la premeditación y otros cargos. La dirección del PO de aquel momento cuestionó este planteo apenas conocido el fallo. A partir de allí, como en cascada, las condenas para el resto de la patota y para los policías involucrados se vieron atenuadas, inclusive con absoluciones. Los escandalosos delitos económicos ´confesados´ por los empresarios que declararon como testigos no fueron considerados. Al cabo de algunos años, los condenados comenzaron a ser beneficiados con salidas transitorias y prisiones domiciliarias.
Por otra parte, las causas conexas que avanzaron -y que fueron citadas reiteradamente como indicios en la investigación principal- concluyeron con penas menores y sobreseimientos. Los camaristas de Casación, escrachados en las escuchas como cómplices de larga data de Pedraza, salieron indemnes. Los empresarios ni siquiera fueron procesados. Ningún funcionario -De Vido, Schiavi, Luna, Aníbal Fernández- fue sentado en el banquillo de los acusados. En las condiciones de una crisis política excepcional, el proceso judicial se encargó de sellarla. Simultáneamente, el gobierno operaba -a través de Florencio Randazzo- el rescate de la lista Verde y del pedracismo. La condena les caería un año y medio más tarde por la masacre de Once.
Doce años más tarde, el número de trabajadores tercerizados (informales) ha superado los seis millones de personas.
Cualquier luchador que haya participado de esa verdadera gesta que reunió Mariano sabe que, de no haber mediado una movilziación extraordinaria, la impunidad hubiera sido completa.
Néstor Rivas (Jacyn)
19/10/2022
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