El testimonio de Jorge Guzmán, un hombre que el 10 de enero de 1994 estaba almorzando junto a su esposa en una parrilla en la localidad de Wilde, fue quizás uno de los más importantes hasta ahora. Entre otras cosas, el testigo detalló que vio gente disparando desde un auto, “muchas” personas vestidas de civil, y un arma que se intentó “poner” en las manos de una de las víctimas (Norberto Corbo) cuando el mismo estaba herido en el suelo. Señaló que vio como las personas de civil comenzaban a juntar las vainas luego de la balacera.
Otros testimonios dejaron en claro que Norberto Corbo y Correa (ambos asesinados) eran remiseros contratados para ir hasta Wilde y Punta Lara respectivamente, y no tenían antecedentes delictivos. El primer informe oficial señaló que había sido “un operativo de prevención del delito” contra “un grupo armado” que había asaltado una sucursal bancaria y se había “enfrentado a tiros” con la policía.
El testimonio de Marcos Ariel Rodríguez (uno de los 7 policías imputados) dejó en claro cómo es el funcionamiento de las brigadas distritales de la policía: la actuación sin unifocrme, con autos de civil, son moneda corriente en el desarrollo de sus tareas policiales. La prevención, según señala Rodriguez, “no es tarea de las brigadas y sí de las comisarías”, contradiciendo los primeros informes que brindó la policía luego de la masacre donde se señalaba que los 11 policías de la brigada salieron a realizar “tareas de prevención” y luego confirmados por la defensa de los 7 policías que señalaron en la primera jornada del juicio que “estos policías solo salieron a patrullar una zona en prevención de delitos”. La realidad es que las brigadas de civil protagonizaron una verdadera emboscada y dispararon al menos 300 tiros contra los dos autos.
Marcos Ariel Rodríguez estuvo 20 años prófugo. Aseguró a jueces que no participó del hecho, y sufrió amenazas que lo obligaron a irse a Córdoba y nunca supo que lo buscaban. Situaciones estas de las que no dan crédito los familiares.
La liberación de las zonas, el espionaje y el fusilamiento, para luego disfrazarlo de enfrentamiento entre “delincuentes” y la policía, son recursos que se repiten en los casos de gatillo fácil. No hay nada nuevo bajo el sol. Hasta el día de hoy, y luego de cuatro jornadas de testimonios, no hay ninguna prueba de que aquel 10 de enero de 1994 haya existido un enfrentamiento. Las familias exigen no solo conocer “quién mató a quién” sino que además exigen que se “saque el velo a la corrupción policial entrelazada con la corrupción política y judicial”.
La tercera y cuarta jornada del juicio por la masacre de Wilde dejó al descubierto como actuó, y actúa, el aparato represivo estatal. La actuación de civil de estas bandas mafiosas contra los trabajadores y la juventud (como el reciente caso de Lucas Gonzales) pone de manifestó la incompatibilidad de la organización de la seguridad de la población y el régimen que enmarca la actuación del aparato represivo del Estado.
Justicia por las víctimas de la masacre de Wilde, el Estado es responsable.
Lucas Benvenuto
21/10/2022
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