La realidad es que las condiciones laborales de la docencia ya están siendo objeto de permanentes contrarreformas, comenzando por CABA, que pasan bajo la relajada mirada de la UTE y CTERA. Trabajar los sábados, enseñar ‘educación financiera’, hacer pasantías en empresas, cambios en el escalafón, licencias y la lista sigue. Bajo el gobierno de Macri se impulsó el ‘Plan Maestro’ que fue aprobado por todos los gobernadores en el Consejo Federal de Educación para convertir a la educación en una plataforma de pseudo capacitación laboral. Se implementaron las antieducativas evaluaciones estandarizadas “Aprender” que perduran y se aplicaron este año.
El reciente coloquio patronal de IDEA lanzo un mensaje claro sobre la educación: “la necesidad de incentivar la articulación entre el sector privado y público para que los jóvenes terminen la secundaria con las capacidades necesarias para el mercado laboral. Allí se mencionaron los casos de Toyota y Natura como ejemplos de involucramiento de las empresas en la educación y se remarcó la necesidad de crear carreras más cortas, fortalecer los oficios y profundizar las capacitaciones de upskilling dentro de las compañías” (Infobae, 14/10). Devaluar conocimientos para generar una fuerza de trabajo barata y precarizada, que es lo que plasma en todas las reformas curriculares y académicas.
Se ha comenzado a implementar la 5ta hora en la escuela primaria, en provincias enteras como Tucumán, y en forma parcial en otras. El cambio no apunta a mejorar la actividad pedagógica porque se hace en edificios que se caen a pedazos, con pésimos servicios alimentarios, en condiciones de hacinamiento y con salarios docentes bajísimos. Es por ello que la propia implementación de esta reforma ha enfrentado resistencias y no llegó a efectivizarse. El cambio apunta a adecuar la escuela pública a otras reformas laborales en el mundo del trabajo, con la mira puesta en una mayor extensión horaria de la jornada.
Los estatutos docentes provinciales son objeto de permanentes ataques que, si bien en algunos casos no llegan a alterar el texto de la ley, se imponen de hecho. En Buenos Aires, por ejemplo, proliferan las contrataciones a docentes que desconocen por completo el Estatuto (FINES, ATR, FORTE, etc). También se pretende modificar el régimen académico, en sintonía con una devaluación completa de los conocimientos impartidos en la secundaria. El SUTEBA ha dado el beneplácito a la eliminación de la formación básica en arte (FOBA) que ha generado un enorme movimiento de lucha docente y estudiantil.
Sin dudas, la pulverización del régimen previsional docente está en la mira permanente del FMI y, por lo tanto, del gobierno y la burocracia sindical de Yasky y Baradel que se reunió en sigilo con el embajador norteamericano Stanley. La docencia conquistó con la lucha el 82% móvil. Al inicio del gobierno de Alberto Fernández, se insinuó una posible reforma bajo el cuento de ser una “jubilación de privilegio” que se frenó ante un gigantesco repudio de toda la docencia. El FMI apunta, sin embargo, a disolver estos regímenes, aumentar la edad jubilatoria, imponer una prestación jubilatoria mínima de indigencia y dar paso a la privatización de las jubilaciones. Luego, los acuerdos paritarios nacionales lo único que logran es consagrar cifras “no remunerativas” que no se consideran para las jubilaciones. Los docentes bajo régimen jubilatorio nacional reciben solo dos actualizaciones en el año.
El secretismo de la burocracia sindical anticipa que este “convenio colectivo marco” apunta, como mínimo, a oficializar estas y muchas otras contrarreformas laborales y educativas que la docencia viene enfrentando provincia por provincia, en forma aislada. La CTERA aísla estas luchas, pero no tiene empacho en ponerle la firma a posibles acuerdos colectivos nacionales sin mandato alguno.
Las condiciones laborales de la docencia solo pueden ser defendidas mediante la lucha y la puesta en pie de un congreso de bases que elabore un programa para la educación sobre nuevas bases sociales.
Emiliano Fabris
21/10/2022
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