El 17 de octubre, miles de personas se movilizaron en el país caribeño para rechazar la amenaza de una nueva intervención militar extranjera. Tanto el gobierno de Ariel Henry como el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, han dejado abierta esa posibilidad.
El jerarca de la ONU ya lo había insinuado en declaraciones periodísticas el mes pasado, cuando condenó las movilizaciones populares que rechazan la duplicación del precio de los combustibles. Y ahora volvió a la carga, proponiendo la acción de una fuerza militar.
El gobierno haitiano, en tanto, elevó a la ONU un pedido que va en la misma dirección. Y un exjefe de la Minustah (la fuerza desplegada entre 2004 y 2017), el chileno Mariano Fernández, propuso una “acción militar relámpago” (Listín Diario, 21/10).
Pretextos
Los pretextos son dos: el accionar de las bandas criminales, que controlan parte del país, y la ayuda humanitaria (el mismo que se usó para justificar la intentona golpista de Juan Guaidó en Venezuela). El objetivo real es preservar la expoliación imperialista del territorio.
“Yo creo que no solo necesitamos fortalecer la policía, fortalecerla con capacitación, con equipamiento, con una serie de medidas adicionales, sino que en las circunstancias actuales, necesitamos realizar una intervención armada para abrir el puerto y crear un corredor humanitario para la entrega de ayuda”, señaló Guterres (Democracy Now, 18/10). El principal depósito de combustibles del país, la terminal petrolera de Verraux, se encuentra bloqueado desde hace un mes. Según algunos medios, por las milicias de Barbecue, el más destacado de los jefes de las pandillas.
Pero lo cierto es que estos grupos crecieron al abrigo de los últimos gobiernos del PHTK (los “cabeza rapada”), y de la propia misión imperialista, como lo reconoce nada menos que la OEA. “Bajo ese paraguas de la comunidad internacional fermentaron y germinaron las bandas criminales que hoy asedian al país y a su pueblo, bajo ese paraguas germinó y se gestó el proceso de desinstitucionalización y de crisis política que hoy vivimos”, dice un comunicado del 8 de agosto.
Por el momento, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó un bloqueo parcial en el envío de armas y sanciones a los jefes de las pandillas. Estados Unidos y Canadá, en tanto, enviaron vehículos blindados a la Policía Nacional.
El pueblo haitiano se opone a una nueva intervención militar porque tiene presentes las consecuencias catastróficas de la ocupación de la Minustah, impulsada por el imperialismo y nutrida por los soldados enviados por los gobiernos latinoamericanos, varios del arco “nacional y popular” (como Kirchner y Lula). Estas fuerzas hostigaron a la población civil, practicaron violaciones y reintrodujeron el cólera, que dejó 800 mil casos y 10 mil muertes entre 2010 y 2019 –ahora se acaba de producir un nuevo brote.
“Los últimos 20 años de presencia de la comunidad internacional en Haití significan uno de los fracasos más fuertes y manifiestos que se haya implementado y ejecutado en ningún marco de cooperación internacional”, insiste la OEA en el texto ya mencionado.
Una nueva operación extranjera solo agravaría la ya dramática situación de Haití, el país más pobre del hemisferio.
El panorama político
El gobierno de Ariel Henry sucedió al de Jovenel Moïse, del mismo partido, quien fue asesinado en 2021. El caso nunca fue esclarecido.
La oposición desconoce la legitimidad del primer ministro en funciones y las negociaciones entre las partes nunca han avanzado.
En agosto de 2021, una plataforma de sectores políticos, sindicales y empresarios contrarios a Henry forjó los Acuerdos de Montana, que llevan ese nombre por el hotel en que fueron suscriptos. Dicho espacio votó un primer ministro, Fritz Jean (un viejo funcionario del área económica que pertenece a la derechista Unión Patriótica –Unité) y un presidente, Steven Benoit (Liga Alternativa por el Progreso y la Emancipación Haitiana, LAPEH, del excandidato presidencial Jude Célestin), a modo de transición. Además, aprobó un consejo de 27 delegados que debía actuar como una suerte de Poder Legislativo (el actual está acéfalo, excepto por un puñado de senadores). Pero Montana no logró nunca concentrar el poder real.
Ante el debate de una fuerza extranjera, la Oficina de Seguimiento de los Acuerdos de Montana se pronunció en contra, debido a que tendría un carácter “contraproducente”, si bien se mostró proclive a aceptar el apoyo logístico (Resumen Latinoamericano, 15/10).
El conglomerado se postula como interlocutor con la “comunidad internacional”, pero tanto Washington como la Unión Europea priorizan a Henry y reclaman, en todo caso, un acuerdo entre las partes.
Otro referente de la oposición, el exsenador Jean-Charles Moïse, líder de Petit Dessalines (que estuvo entre los promotores de las marchas de la semana pasada), acaba de estrenar una alianza llamada Consejo de Transición del Pueblo Soberano, que votó una directiva de nueve miembros. El vice, Edgard Leblanc, es un dirigente de la Organización del Pueblo en Lucha (OPL, ex Lavalas), grupo que también integra los Acuerdos de Montana (Le Nouvelliste, 24/10). Moïse es, dentro de la oposición, el más crítico de Henry, e impulsó también una manifestación frente a la embajada estadounidense.
El mapa opositor se completa con el Fanmi Lavalas, el partido del expresidente Bertrand Aristide. Esta organización se retiró de los Acuerdos de Montana a fines de enero (ídem, 31/1). Sus afiliados se movilizaron en Puerto Príncipe a mitad de año proponiendo a su líder como cabeza de un gobierno de transición.
Solidaridad
Está planteada la más amplia solidaridad con el pueblo haitiano frente a la amenaza de una nueva invasión. En Argentina, el Comité de Solidaridad por el Fin de la Ocupación de Haití impulsa una radio abierta el jueves 27 y para el lunes 31, una movilización a la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, desde Plaza Italia.
Abajo la intervención imperialista y el gobierno de Ariel Henry. Anulación de los tarifazos. Por un gobierno de los trabajadores.
Gustavo Montenegro
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