Esta auto sucesión presidencial, que terminará de consagrar el parlamento el próximo año, tiene lugar en el marco de una guerra mundial. No se trata solamente del escenario ucraniano y europeo y de Estados Unidos y Rusia. A este se ha sumado un conato de enfrentamiento militar por la isla de Taiwán, acompañado de medidas económicas del gobierno norteamericano contra China, que son un equivalente similar a las sanciones aplicadas contra Rusia, que ha sido excluida de los circuitos financieros internacionales. Numerosas empresas de China han sido eliminadas de la bolsa de Nueva York y otras sufren restricciones comerciales. Una serie de normas recientes de Washington impulsa la repatriación de científicos y técnicos estadounidenses que trabajan en China y la expatriación de quienes lo hacen en Estados Unidos. Se ha estructurado un bloqueo contra las labores de Investigación y Desarrollo, así como la prohibición de ventas a China de circuitos integrados (chips), un insumo vital de numerosas industrias modernas. Xi ha sido ungido presidente de un país que afronta una guerra, aunque su primer mandato, en 2010, hubiera sido inaugurado con discursos globalistas.
La transición china
La cuestión de la guerra se encuentra conectada a otra también decisiva, que es el bloqueo de la transición económica capitalista. Más problemático que el desalojo de la tribuna del congreso del partido comunista del antecesor de Xi, Hu Jintao, ha sido la demora del Indec de China en dar a conocer los datos del producto bruto interno. Luego de una caída menor a la internacional en 2020, cuando arreciaba la pandemia, China tuvo una recuperación muy fuerte de 2021 para ponerse por debajo de la media asiática en el transcurso de 2022. Los porcentajes excepcionales de crecimiento -dos dígitos- han quedado en el pasado; la previsión es que oscilen entre el 4 y el 2 por ciento. Los datos tampoco son muy fieles, porque la contabilidad nacional de China sobrevalúa los activos industriales. Por otro lado, el país atraviesa una crisis inmobiliaria de envergadura, que ha afectado a todas las industrias vinculadas con la construcción. La inversión inmobiliaria ha sido un dínamo de la economía china, al punto de llegar a representar el 35% del producto bruto interno.
A diferencia de Rusia, China ha contado con reservas económicas formidables para impulsar una restauración capitalista. Como ocurriera en Checoeslovaquia y Alemania oriental, el capitalismo en Rusia significó la destrucción de la industria estatal o su recolonización y reestructuración por el capital extranjero con la intermediación de la burocracia ‘soviética’. China, en cambio, ofrecía una abundante fuerza de trabajo rural, una inmensa disponibilidad de tierras, una reserva de capital de la ‘recuperada’ Hong Kong (y de Taiwán) y un excedente de capital internacional que buscaba una salida en la apertura de China. Estos recursos excepcionales entraron en declinación, en especial a partir de la crisis mundial de 2007/8.
La abundancia de fuerza de trabajo se tradujo en una tasa de ahorro sin precedentes (la diferencia entre producción y consumo) del orden del 50% anual. La venta de tierras a cargo de gobiernos regionales y locales, lograda mediante la expulsión o emigración de trabajadores del campo, permitió reunir una masa de capital que financió una enorme expansión inmobiliaria (ciudades enteras), así como inversiones extractivas e industriales. Todos estos gobiernos reunidos revelan una burocracia gobernante de decenas de millones de personas, que en numerosos casos ha pasado a gestionar en forma privada los emprendimientos en presencia.
La media de inversión directa del capital extranjero fue superior, durante más de veinte años, a los 50 mil millones de dólares anuales. La expansión de la siderurgia en China logró igualar a la totalidad de la producción del resto del mundo, creando un despilfarro fenomenal en una industria que ya estaba sobre expandida internacionalmente. La inversión a fondo perdido, o sea la que no ha dejado rendimiento económico alguno, ha sido incalculable.
Las huelgas, manifestaciones e ‘incidentes’ de todo tipo que ha provocado la enorme tasa de explotación de la clase obrera, lo mismo que las expulsiones de campesinos, han señalado los límites infranqueables de una economía basada en una fuerza de trabajo barata. La deflación mundial, sin embargo, hasta las vísperas de la pandemia, forzó en forma sistemática a la burocracia gobernante a mantener y reforzar ese nivel de explotación, para poder competir a nivel internacional. La tasa descendente de crecimiento de la economía de China que ha comenzado a manifestarse en forma progresiva, ha expuesto el agotamiento de las reservas excepcionales de este proceso único (como ocurre en Vietnam) de restauración capitalista.
“Prosperidad compartida”
La crisis de la transición china se manifiesta en la consigna que ha pasado a enarbolar Xi – la “prosperidad compartida”, una variante de la “economía popular”. El alcance del slogan muestra sus límites. No plantea un sistema impositivo fuertemente progresivo a la propiedad capitalista ni un aumento generalizado de salarios. Expresa la intención de hacer intervenir al estado para contener una crisis general que derivaría del estallido de negocios especulativos y de la sobreproducción inmobiliaria e industrial. En la lista de bancarrotas anunciadas figuran especialmente los fondos financieros de los gobiernos locales, que se han endeudado por la inimaginable cifra de 8 billones de dólares – la mitad del PBI de China. Estos fondos no pueden declarar un default sin producir la bancarrota de toda la economía, pero una intervención del estado nacional sólo lograría diseminarla en el tiempo, al costo de una ralentización económica extraordinaria. El mismo estado nacional ha acumulado una deuda pública que se aproxima al 300% del producto bruto.
Otro aspecto de la crisis de la transición es el impasse en que ha caído la llamada Ruta de la Seda – una serie de inversiones de infraestructura en numerosos países, para mantener a las grandes constructoras chinas en movimiento. El endeudamiento de los receptores de esas inversiones ha llevado a un número creciente de defaults, como ocurre en Pakistan, Sri Lanka y diversos países africanos. Para peor, la deuda con China es concurrente con la contraída con otros gobiernos, de modo que se ha desatado una disputa por la renegociación. El anuncio de un imperialismo chino es todavía, como se ve, prematuro.
La burocracia en una encrucijada
Hay quienes alardean que, ante la gravedad de la crisis, China podría volver al ‘comunismo’, o sea a una reestatización de la economía. Las grandes firmas privadas ocupan un rol preponderante entre las mayores firmas de China. Xi no parece tener esa alternativa en la cabeza, porque en ese caso debería expropiar a una parte de la propia burocracia. Por otro lado, en su discurso de cierre en el congreso, Xi fijó el objetivo de internacionalizar a la moneda china, o sea convertirla en moneda de reserva bancaria. Además de confundir comunismo con estatización, el planteo no advierte que se trataría de una operación de rescate del capital y de la transición. El comunismo no es estatización sino la transformación de las relaciones sociales en su conjunto, en primer lugar de las relaciones de producción, mediante la actividad emancipatoria de la clase obrera.
El curso de la transición china, que nunca fue un fenómeno puramente nacional, se encuentra enteramente determinado por la crisis mundial y por la guerra. O sea por una confrontación internacional extrema entre las clases antagónicas de la sociedad capitalista. Un producto de la agudización de estas contradicciones, el gobierno de poder personal que la burocracia pretende instalar sin límites, será minado por una agudización mayor de esas mismas contradicciones.
Jorge Altamira
24/10/2022
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