sábado, agosto 31, 2024

Nueva escalada criminal de Israel en Cisjordania


Se estima que son alrededor de 20 los muertos.
 Más de 800 muertos en Cisjordania desde octubre de 2023 

Las fuerzas israelíes lanzaron este miércoles 28 una serie de redadas militares en Cisjordania que ya dejaron al menos 20 palestinos muertos. Se trata de la operación más mortífera en la región en las últimas décadas. En paralelo, Israel continuó los bombardeos sobre Gaza y el Líbano. 
 Las localidades de Jenin, Nablus, Tubas, Tulkarem y dos campos de refugiados ubicados en esa última ciudad figuran entre los sitios más afectados por la incursión de los soldados. El gobierno israelí presenta la campaña como una operación contra combatientes de Hamas y la Jihad Islamica (dos comandantes de estos grupos fueron abatidos), pero se trata de una acción de características generales: en su paso, las topadoras del ejército destruyen la infraestructura de los barrios y los dejan sin luz ni agua. La operación apunta al desplazamiento del pueblo y a sembrar terror. Desde octubre de 2023, más de 800 palestinos fueron asesinados en Cisjordania en operaciones del ejército israelí y de colonos armados por el gobierno, según un recuento difundido por la cadena qatarí Al Jazeera (30/8). 
 Cisjordania se encuentra ocupada militarmente por Israel desde 1967 y viven allí medio millón de colonos judíos. Paulatinamente, los palestinos van siendo desplazados, cercados y acorralados. En medio de la ofensiva genocida sobre Gaza, que ya dejó 40 mil muertos, estas masacres sobre Cisjordania plantean la posibilidad de una erupción popular que se transforme en un segundo frente para Israel. La ONU advirtió que la redada en curso “podría alimentar una situación ya explosiva”. Hasta aquí, si la situación no ha escalado más, se debe a la política de contención que ejerce la Autoridad Palestina en el territorio.
 Mientras tanto, este viernes volvió a tener lugar una movilización multitudinaria en Yemen en apoyo al pueblo palestino (foto). Es el camino de solidaridad que tenemos que reforzar. Para el próximo viernes 6, en Buenos Aires, el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino convoca una nueva caravana desde Congreso hasta el Obelisco
 No al genocidio. Fuera las tropas israelíes de Gaza. Por una Palestina única, laica y socialista.

 Prensa Obrera

En un acto negacionista, Villarruel se comprometió a perseguir a las víctimas del terrorismo de Estado


La vicepresidenta encabezó un “Homenaje a las Víctimas del Terrorismo” para respaldar su línea de impunidad a los genocidas. 

 Tal como estaba previsto, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, protagonizó un acto en el Senado en “Homenaje a las Víctimas del Terrorismo”, donde se comprometió a reabrir las causas contra Montoneros y otras organizaciones que enfrentaron a la sangrienta dictadura cívico-militar que practicó el terrorismo de Estado contra decenas de miles de activistas y luchadores.
 La actividad, que tuvo lugar en el Salón Azul de la cámara alta, tuvo como principal propósito justificar el accionar de los militares genocidas durante la última dictadura militar, y sus antecedentes, tratando de responsabilizar a las organizaciones políticas y militantes de la supuesta ejecución indiscriminada de acciones “terroristas contra la población”. 
 En esta oportunidad, Villarruel se comprometió a reabrir las causas contra los militantes de las organizaciones guerrilleras, aunque sin especificar los medios siendo que tal acción corresponde a los estrados judiciales. 
 En medio del escándalo por la visita de diputados oficialistas a los genocidas en el penal de Ezeiza, con fines de allanar el camino para su eventual liberación, Villarruel señaló que “los Montoneros tienen que estar presos respondiendo por ensangrentar nuestra Nación”.
 Quien también hizo uso de la palabra en la misma sintonía fue la directora del Observatorio de Derechos Humanos de la cámara alta Claudia Rucci, mientras que entre las presencias del acto se destacó la del actual director de la escuela de inteligencia de la Side, Juan Bautista Yoffre.
 En el acto de Villarruel y compañía no se hizo mención alguna ni impugnación al accionar criminal de la dictadura militar, ni al terrorismo de Estado perpetrado por el gobierno de facto y su antecesora la Triple AAA.
 Más aún, Villarruel apunta a la reapertura de causas judiciales contra militantes de Montoneros y otros -¿será que también pretende investigar la colaboración de la ministra Patricia Bullrich en al menos dos operativos de la organización Montoneros?-, mientras que la mayor parte de los genocidas de la dictadura goza de impunidad, siendo solo un puñado de militares los que se encuentran con prisión efectiva, aunque con regímenes privilegiados.
 Si es como afirmó la vicepresidenta en su acto que “solo con los asesinos en las cárceles podremos (…) poner a la Argentina de pie”, debería comenzarse por llevar a prisión efectiva a todos los represores, torturadores y asesinos que cumplieron funciones durante el terrorismo de Estado, incluyendo aquellos que aún continúan operativos en las fuerzas represivas y servicios de inteligencia. 
 Esta acción convocada por Villarruel, que se suma a un acto similar realizado en la Legislatura Porteña a instancias de una legisladora de La Libertad Avanza, responde a desenvolver la agenda de impunidad para los genocidas, allanando el terreno para la eventual liberación del puñado de represores y asesinos aún detenidos. A lo que se suman los esfuerzos de medios como La Nación, con un editorial que apunta a la misma línea progenocidas. 
 Esta orientación progenocidas y de impunidad a los represores y asesinos debe ser derrotada con la movilización popular, como en el pasado se han derrotado intentonas similares como la del 2×1 y otros operativos de impunidad del mismo tenor. El gobierno no cuenta con el aval político de la sociedad para proceder en esta línea, o que implica reforzar la actividad independiente por Memoria, Verdad y Justicia y cárcel común y efectiva para todos los represores y genocidas. 

 Marcelo Mache

La Justicia allana las oficinas de Capital Humano por los alimentos encanutados


La ministra Sandra Pettovello se niega a entregar la mercadería y a rendir cuentas de ajuste contra los trabajadores.

 El juez Sebastián Casanello ordenó la entrega de computadoras y documentación de la Dirección de Logística de Capital Humano, con allanamiento en subsidio, ante la negativa reiterada de la ministra Sandra Pettovello a colaborar con la investigación judicial respecto a la no entrega de millones toneladas de alimentos que se pudren en los depósitos y galpones del Estado. 
 El operativo judicial realizado este jueves 29 tuvo como propósito acceder a la computadora del director del área Pablo Ariel Berardi, así como a todas las órdenes de entrega emitidas desde el 27 de mayo del 2024 y los partes diarios de los depósitos de Buenos Aires y Tucumán, con detalle de stock, ingresos y egresos y estado de los alimentos. 
 El allanamiento “ordenado” a las oficinas de Capital Humano contrasta con los métodos empleados por el mismo juzgado federal para con las organizaciones sociales y piqueteras, como el Polo Obrero, a las cuales se allanó con procedimientos violentos e ilegales, en ausencia de las autoridades de dichos lugares y de testigos oculares civiles.
 Pettovello viene retaceando deliberadamente el cumplimiento de toda manda judicial, negándose a la entrega de los alimentos y a los requerimientos judiciales con apelaciones y quejas ante la Corte Suprema. 
 Esto a pesar de que en las últimas semanas saliera a la luz que parte de la mercadería “atesorada” por Pettovello y compañía se encuentra comprometida por desechos de animales y/o vencida, parte de lo que se pudo conocer como resultado de lo actuado por la Justicia en una causa iniciada por Capital Humano para intentar determina la mala calidad y falta de controles respecto a la yerba adquirida por la anterior gestión y almacenada por el gobierno. 
 En otro frente judicial, la Justicia contencioso administrativa volvió a intimar a la ministra Pettovello para que en el plazo de hasta 10 días informe como abastece esta cartera a los comedores populares, en cumplimiento de sus deberes para garantizar el derecho a la alimentación de quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad social y económica. 
 Desde Capital Humano informan, sin respaldo documental y probatorio, que ellos continúan entregando asistencia alimentaria, aunque estos dichos no se encuentran verificados en la práctica. 
 El gobierno que acusa y señala a los piqueteros y apunta su artillería contra los comedores populares, valiéndose de la Justicia para perseguir activistas y luchadores, es allanado por la misma Justicia ante los incumplimientos sistemáticos y la falta de rendición de cuentas respecto a sus obligaciones alimentarias al frente del Estado. 
 La situación economía y social se viene agravando para millones de trabajadores y sus familias, con alrededor de la mitad de la población en la pobreza, millones de personas en la indigencia, decenas de miles de despidos, ajuste, inflación y solo penurias para los trabajadores. 
 La negativa del gobierno entregar la comida adeudada a los comedores populares, incluso al costo de que esta se eche a perder y de largos y conflictivos litigios judiciales, da cuenta de la orientación oficial de perseguir a quienes organizan a los y las trabajadoras de las barriadas humildes para luchar contra la miseria y el ajuste en marcha. 
 Allí se inscribe la persecución política y judicial contra el Polo Obrero, con un procesamiento que desconoce toda la prueba aportada por la organización y que asume como propio el relato interesado del gobierno y las patronales. 
 Basta de negociados y manejos turbios de Pettovello. Por la entrega inmediata de los alimentos almacenados y el restablecimiento de la provisión de comedores populares. Basta de persecución a activistas sociales y militantes. 

 Marcelo Mache

El estado sionista y el imperialismo norteamericano convierten a Cisjordania en otra Gaza


La movilización internacional contra la guerra debe ser el primer punto de la agenda del proletariado.

 El miércoles pasado, el ejército sionista y el servicio de seguridad lanzaron un ataque al territorio ocupado de Cisjordania en una escala nunca vista. Una incursión de miles de soldados, aviones, helicópteros, drones, transporte acorazado y bulldozers asaltaron las ciudades de Jenin, Tulkarem, los campos de refugiados de Tubas y al-Faraa, acompañados de francotiradores que disparaban al blanco de los residentes del territorio, ha destruido metódicamente edificios y hospitales y precipitado la evacuación de las poblaciones. Es una reproducción del método de asesinatos en masa aplicados en Gaza a guisa de suprimir los escondijos en que se refugiarían las llamadas organizaciones terroristas. Hay sectores enteros de Cisjordania que han sido privados de electricidad, de agua y de servicios cloacales. 
 El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, justificó esta masacre en términos similares a los empleados en la invasión de la Franja: denunció que Irán estaba procurando establecer un frente terrorista oriental en Cisjordania, y organizar el contrabando de armas desde Jordania. La expulsión de los palestinos en los territorios ocupados no cesó, sin embargo, ni por un momento, desde la conquista de ellos en la guerra de 1967, y aumentó en una escala fenomenal en los últimos años, a medida que los colonos israelíes se apropiaban de un número creciente de terrenos. Los voceros del gobierno de Netanyahu se refieren a esos territorios como Judea y Samaria, sus denominaciones bíblicas, con la clara intención de justificar la anexión del territorio y expulsar por completo a sus residentes. La limpieza étnica que no encuentra territorio alternativo en la Franja de Gaza, debido al rechazo de Egipto a recibir a su población, encuentra una vía de escape al este en el territorio jordano, que ya alberga a una comunidad palestina superior al millón de habitantes.
 El ministro Katz no se comió las palabras para describir los propósitos de este asalto. En su cuenta de X, escribió textualmente: “Debemos encarar esta amenaza (de Irán) como lo hemos hecho con la infraestructura de Gaza, incluyendo la evacuación temporaria (sic) de los residentes palestinos y mediante las medidas que fueran necesarias”. Este criminal de guerra de acuerdo a sus propias palabras, desmiente de este modo que la destrucción de la Franja hubiera sido un ‘daño colateral’ de la búsqueda y captura de los militantes de Hamas, como tampoco lo será en Cisjordania. El asalto a los territorios ocupados no es una operación improvisada en la dinámica de la guerra, sino largamente preparada por una escalada de violencia y expulsión de poblaciones. El régimen sionista tomó seriamente en cuenta la ola de rebeliones que tuvieron lugar en 2019, en forma conjunta en Cisjordania y el propio territorio oficial de Israel. “Lo que está ocurriendo es una increíble escalada de violencia en los meses precedentes y particularmente las últimas semanas”, declaró Francisca Albanese, la Informante Especial de las Naciones Unidas en los territorios ocupados. Concretamente: “un asalto militar integral, destrucción de hospitales, destrucción de rutas, destrucción de infraestructura vital y, Voilá! ordenando a los palestinos a evacuar en masa”.
 La escalada de la guerra al conjunto del Medio Oriente está instalada como escenario de una guerra mundial. El estado sionista cuenta con el apoyo de varios estados árabes, empezando por Jordania y Egipto, sin excluir a Turquía, un estado de la OTAN a caballo de los dos escenarios, al norte Ucrania y al sur Siria y Palestina, que provee de petróleo del territorio kurdo del norte de Irak a Israel. El director de toda esta guerra es el imperialismo norteamericano, que ha aumentado el envío de armas a Israel y la ayuda militar, y cubre el déficit del Tesoro israelí, que crece exponencialmente con los gastos militares. Luego del fracaso de la ocupación norteamericana de Afganistán, el acceso de Estados Unidos al Asia Central pasa por el remodelamiento geopolítico del Medio Oriente. O sea el cambio de régimen de Irán. 
 La anexión de Gaza y de Cisjordania no pone fin a la ofensiva sionista. La observación para nada inocente del asumido criminal de guerra, Israel Katz, acerca del contrabando de armas por parte de Irán a través de Jordania, deja en claro que la escalada sionista apunta a convertir a Jordania en un estado vasallo, lo mismo que Egipto. Israel puede extender su territorio pero no puede eliminar sus fronteras ni al pueblo palestino. Los misiles que Hizbollah dispara con blanco en Tel Aviv, demuestran que la seguridad ‘nacional’ de Israel es la guerra permanente. Para los intelectuales liberales del sionismo, esta realidad conduce a la “implosión” del estado sionista, o sea a un gueto militar inviable. El imperialismo se ha convertido en “un huevo de la serpiente” que contagia a todos sus eslabones. La escalada genocida en el Medio Oriente no va a ser detenida por ninguna de las potencias en presencia. El “plan de paz” que Xi Jinping ha acordado en Pekin con la totalidad de las organizaciones palestinas ha merecido solamente la atención de una pequeña galaxia de periodistas informales; reincide en el planto de dos estados, que en la actualidad es más inviable que en cualquier momento del pasado. Lo mismo viene ocurriendo con el “plan de paz” que el gobierno de China ha ofrecido para la que guerra entre la OTAN y Rusia. En la reciente convención del partido Demócrata de EEUU, su aparato de control impidió que se trataran las cuestiones de la guerra en forma pública, por temor a que la audiencia norteamericana advirtiera los extremos del involucramiento de su gobierno con las masacres de lesa humanidad y los objetivos de conquista del imperialismo. 
 En Argentina, los partidos “que supimos conseguir” guardan un silencio sepulcral ante los crímenes de lesa humanidad del imperialismo, incluso cuando Milei y su camarilla de trolles han puesto al país como furgón de cola de la guerra. Como en todas las cuestiones relevantes que atañen a los trabajadores y a la humanidad sólo la lucha y la unidad internacional de la clase obrera pueden poner fin a los horrores del imperialismo.

 Jorge Altamira 
 30/08/2024

Uruguay. A 40 años del Pacto del Club Naval


Se cumplen 40 años de la firma del Pacto del Club Naval el 3 de agosto de 1984. Década signada por el regreso de las democracias capitalistas en el continente, como vía para desviar los procesos de movilización contra los regímenes dictatoriales en todo el Cono Sur. 

Apuntes del caso uruguayo.

 El golpe de junio de 1973, encabezado por Juan María Bordaberry, dio comienzo a la dictadura cívico militar en el país cuyo objetivo fue derrotar la experiencia de organización y lucha de la vanguardia obrera y popular y avanzar en la subordinación del país al imperialismo. Eran los tiempos en los que la política represiva se legalizaba bajo la “Doctrina de Seguridad Nacional” con la que EEUU entrenó y preparó a las FFAA continentales para enfrentar la “amenaza comunista internacional”.
 No por azar el golpe contó con el apoyo de las grandes cámaras empresariales extranjeras y nacionales como la Asociación Rural del Uruguay, la Federación Rural, la Cámara de Comercio, la Asociación de Bancos y la Cámara de Industrias. El golpe de junio, resistido con una huelga de 15 días, traicionada por el Partido Comunista, se consolidó desde el momento en que logró derrotar a la resistencia obrera, entrando el país en el largo periodo dictatorial. 

 El intento de “apertura” a la chilena 

Desde finales de 1978 como parte de las transiciones latinoamericanas promovidas por EEUU, como vía para desviar los procesos de movilización contra los regímenes dictatoriales, los militares uruguayos pretendieron asumir la apertura a la democracia burguesa siguiendo la vía chilena que, de forma plebiscitaria había logrado la aprobación de la Constitución de 1980 y la permanencia de Pinochet en su cargo. De este modo, con el propósito de legitimarse con el voto popular, los militares convocan a un plebiscito en 1980 para reformar la Constitución cuya esencia habilitara la tutela directa de las FFAA en el orden político posdictadura. 
 El proyecto de reforma constitucional proponía el llamado a elecciones, con candidatos únicos avalados por las FFAA; se ratificaban todos los decretos constitucionales emitidos hasta marzo de 1982 y se institucionalizaba al Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) en temas de “seguridad nacional”, la misma institución creada por Bodaberry y los militares golpistas en febrero de 1973, que había encubierto y avalado las detenciones y asesinatos del gobierno militar en el marco del Plan Cóndor. Iba acompañada de una serie de proyectos sobre el sistema de partidos, a los que se los reconocía “como intermediarios entre el ciudadano y el Estado”, una vez depurados sus elencos dirigentes. 
 Sin embargo el plebiscito fue derrotado con el 57% de los votos negativos frente al 43% partidario de reformarla, provocando un debilitamiento de la desgastada dictadura que comenzaba a enfrentar un movimiento democrático por el fin del gobierno militar.
 A partir de aquí se intenta implementar una salida pactada que incluye acordar un calendario electoral. En primer lugar se abrió una mesa de diálogo entre la dictadura y algunos partidos políticos (el Partido Colorado, el Partido Nacional y la Unión Cívica) en julio de 1981, que desembocó en la celebración de las elecciones internas de los partidos políticos (se acordó con la dictadura un “estatuto de los partidos políticos”), celebrada el 28 de noviembre de 1982 con muchas restricciones, por ejemplo sin la participación del Frente Amplio por estar proscripto. Estas elecciones fueron una última carta que se jugaron los militares, donde de nuevo resultaron derrotados, ya que en la interna de cada partido triunfaron las alas opositoras a la dictadura. Este resultado aceleró los tiempos y aumentó la crisis del régimen dictatorial, obligado ahora a encontrar acuerdos de forma más rápida. 
 A su vez también significó el cambio en el modelo de transición que se fue imponiendo, teniendo más semejanza ahora al modelo español del Pacto de la Moncloa. [1]
 El resultado del plebiscito también favoreció la emergencia de un nuevo activismo y amplió la movilización social, ganando protagonismo organizaciones de DDHH, sindicales y estudiantiles creando un frente social contra la dictadura y que estaba integrado principalmente por la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública (ASCEEP), la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) y el Servicio Paz y Justicia Uruguay (Serpaj). En este marco merece destacarse que el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) realiza una histórica concentración masiva con motivo del 1º de mayo de 1983. 
 En este periodo se da un ascenso de luchas, con el desarrollo de diversas huelgas y luchas obreras, el cacerolazo (y apagón general) contra la dictadura la noche del 25 de agosto de 1983; la semana del estudiante organizada por Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Educación Pública (ASCEEP); la marcha del 9 de noviembre por la avenida 18 de Julio del PIT, reprimida y en el que se testimonian importantes enfrentamientos callejeros con las fuerzas de seguridad, y finalmente el que fuera el mayor acto opositor reuniendo cerca de 400.000 personas, organizado por la Interpartidaria y la intersectorial en los alrededores del Obelisco de Montevideo bajo la consigna “Por un Uruguay democrático y sin exclusiones”. 
Si bien los militares no perdieron el control de las calles y se incrementaban las acciones opositoras de los partidos políticos al servicio de negociar las condiciones de retirada de la dictadura, al movimiento democrático se sumaba el descontento generado por la política económica y social del gobierno, que va perdiendo apoyo en sectores del “establishment” económico, temerosos de un escenario de inestabilidad, presionan por imponer un nuevo rumbo a la transición pactada, e incluso participaban a través de las cámaras empresariales en instancias opositoras como la Conapro. El Pacto de la transición 
El ascenso de luchas que se dan con mayor fuerza desde 1983, con el gran pilar de la movilización de masas del 1 de mayo de ese mismo año, termina de definir la decisión de las elites político-sociales. A partir de ese momento se buscará desplazar el protagonismo que estaba teniendo la clase trabajadora y las organizaciones sociales por el de los partidos. Las derrotas de las huelgas duras de principios de 1984, serán el punto de partida para el protagonismo definitivo de los partidos del futuro régimen. En el ya mencionado acto conocido popularmente como el “Río de libertad” de noviembre de 1984, las demandas obreras quedarán a un lado y se expresará en el mismo la agenda de los partidos políticos. 
 La firma de las “Bases para la transición", conocido como Pacto del Club Naval en agosto de 1984, fue el primer paso de esta nueva estrategia militar. “El no revisionismo constituye un objetivo irreductible de las Fuerzas Armadas”, señalaba el memorándum elaborado por el Departamento I del Servicio de Información de Defensa (SID), que establecía las condiciones que debían imponerse en las negociaciones con los representantes de los partidos políticos para la salida pactada concretada solo unos meses más tarde en el Club Naval. Si bien no se conoce su contenido, porque permaneció hasta hoy en su caracter de secreto, se infiere que una de las principales exigencias de la dictadura era garantizar la impunidad de los represores a cambio de entregar el poder a los partidos políticos. 
 El Pacto representó un punto de inflexión en la transición negociada entre las FFAA y los partidos tradicionales que abarcó desde el histórico Partido Colorado, la Unión Cívica y el más joven Frente Amplio, hegemonizado por el influyente Partido Comunista, dador de legitimidad desde el arco de la izquierda.
 No era el primer gesto de colaboración del Frente Amplio con la transición burguesa. Desde la liberación en marzo de 1984 de Líber Seregni, uno de sus principales referentes y fundadores, el Frente Amplio daba muestras de jugar a la estabilización e integración al nuevo régimen político. “La Patria marcha a la reconquista de la democracia. En ese camino está. Todos nuestros esfuerzos para facilitar esa marcha y para alcanzar la libertad y el total ejercicio de la democracia. Por eso compañeros, pedía recién a ustedes: ni una sola palabra negativa, ni una sola consigna negativa (...) para poder transitar efectivamente los caminos a la recuperación de la democracia es la pacificación de los espíritus, la pacificación nacional”, declaraba Seregni apenas liberado desde su balcón aportando a la reconciliación que necesitaban las Fuerzas Armadas. 
 Como decíamos más arriba, el Pacto del Club Naval contempló como eje la impunidad, impidiendo el juzgamiento a los militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos cometidos entre 1973 y 1985 y definía la convocatoria a elecciones, que se realizaron tres meses más tarde. Es decir, las condiciones básicas del proceso de apertura y del repliegue negociado que se prolongaría por casi una década. “Cualquiera sea el juicio, simpatía o antipatía, que se sienta por sus protagonistas, lo cierto es que a través de ese acuerdo hicimos un tránsito que difícilmente ocurre en general de forma incruenta” escribían nostálgicos, en diciembre de 1986, sus defensores del Partido Colorado, en el influyente semanario uruguayo Jaque 
 El Pacto además garantizó la continuidad de la cúpula castrense, heredando el nuevo régimen burgués los mandos militares de la dictadura y, como señala la socióloga María del Carmen Appratto, una amplia autonomía sí se considera que sus artículos permiten los ascensos y la designación de los comandantes de las Fuerzas Armadas sin la venia del Senado. 
 Este segundo momento de la transición que habilita el Pacto quedó sellado con la realización de las elecciones de 1984, bajo proscripción de políticos como el mismo Líber Seregni o Ferreira Aldunate del Partido Nacional, que consagraron el triunfo del ferviente pactista Julio Sanguinetti del Partido Colorado. El nuevo presidente tomó la iniciativa e impulsó con el Partido Nacional la llamada “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, para cerrar toda brecha política posible del pacto heredado y contara además con la legitimidad del nuevo régimen democrático.
 Una ley de amnistía que protege a los policías y militares que cometieron crímenes durante la dictadura aprobada en diciembre de 1986, por el parlamento burgués primero y luego en el referéndum nacional que refrendaba su anulación en abril de 1989. Junto al de 2009, estos referéndums nacionales sirvieron como instrumento de desvío de las luchas por la verdad y la justicia, sacándolas de las calles apostando a confiar en los mecanismos del régimen. 
 Las transiciones latinoamericanas de los años ochenta intentaron poner en construcción nuevas formas de dominación social que combinaron la recuperación de la institucionalidad burguesa, la inserción legitimada de las FFAA (la violencia organizada del Estado burgués) y la viabilidad de nuevos sistema de partidos, vinculado a instancias plebiscitarias o electorales, predominando los acuerdos y pactos multipartidarios. La transición negociada hacia la democracia burguesa en Uruguay, tuvo como rasgo destacado el pactismo de todo el arco político incluyendo el aval del Frente Amplio, dio como resultado la legitimación de un nuevo régimen (acordado con los militares) que afianzó el neoliberalismo y profundizó la subordinación del país al imperialismo.

 Impunidad ayer y hoy 

La impunidad pactada a la salida de la dictadura fue acompañada por una política de reconciliación con las FFAA sostenida por todos los gobiernos posteriores, incluidos los del Frente Amplio que mantuvieron las leyes de amnistía teniendo bajo sus gobiernos mayorías parlamentarias para anularlas. Apenas en el año 2011 votaron la débil ley N° 18.831 que buscaba “el reestablecimiento para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado”, pero en los hechos significó una “solución” que quedó al arbitrio de la Suprema Corte de Justicia, dando como resultado un proceso lento y dificultoso para avanzar en el juzgamiento de los crímenes de la dictadura. Recordar nada más el intento de Tabaré Vázquez durante su primera presidencia de fijar un día de celebración para la reconciliación (el “Nunca Más un hermano contra otro hermano”) o las declaraciones del mismo Mujica de no “pasarles por encima a dos referéndum” de 1989 y 2009. 
 La lucha por la verdad y la justicia va más allá de lo jurídico, se trata de una demanda profundamente política que cuestiona uno de los pilares centrales de esta democracia burguesa: la impunidad de las FFAA que orquestaron y llevaron adelante el golpe militar, garantes de los intereses de los grupos dominantes del país que lo promovieron. Y sí es necesario, lo volverán a hacer. Por eso la lucha por la verdad y la justicia no es asunto del pasado. En un contexto regional en el que las FFAA intentan ganar mayor presencia política, Uruguay no es la excepción. Se pone a la orden del día la pelea contra la impunidad, por llevar a la cárcel común y efectiva a los responsables de los asesinatos y crímenes cometidos por el terrorismo de Estado.

 Liliana O. Calo @LilianaOgCa
 Sebastián Artigas

 [1] Es en este marco en donde se empiezan a desarrollar instancias de diálogo y acuerdos políticos y económico-sociales, que apuntaban a afianzar el proceso transicional y anticipar acuerdos para el futuro gobierno democrático. La síntesis de este fenómeno fue la creación de la Concertación Nacional Programática (Conapro), del que participaron todos los partidos políticos, el PIT, el movimiento estudiantil, las cámaras empresariales, entre otros actores. 
 Si bien a la larga, después de consolidado el régimen democrático burgués la Conapro y su programa perdió relevancia fue clave como instancia que aglutinaba a fuerzas políticas y sociales opositoras a la dictadura y terminó siendo un factor que aportó a darle "legitimidad social" al nuevo régimen. Para profundizar en el estudio de este fenómeno ver por ejemplo: Álvaro Sosa. "Concertando la democracia. La experiencia de la Conapro en la transición uruguaya (1984-1985)".

Allanamietos nocturnos en Uruguay. Profundizar la represión y el control social.


En las elecciones de octubre también se plebiscitará la propuesta presentada por el diputado oficialista Carlos Camy para habilitar los allanamientos nocturnos. Se trata de un nuevo intento de endurecer las políticas represivas y avanzar en el control social.

 En diciembre del año pasado se alcanzaron 71 firmas de senadores y diputados oficialistas y del PERI para llevar a plebiscito la propuesta de habilitar los allanamientos nocturnos. 
 El mecanismo utilizado se basa en el artículo 331 de la Constitución que exige, como uno de los mecanismos para reformar la carta magna, que se reúna la voluntad de dos quintos del total de componentes de la Asamblea General. 
 De esta manera quedó habilitado este plebiscito que se realizará junto a las elecciones nacionales y al plebiscito de reforma de la seguridad social que impulsa el PIT-CNT junto a otras organizaciones sociales y políticas.
 La propuesta que impulsa el oficialismo retoma la idea del exministro Jorge Larrañaga y su campaña “Vivir sin miedo” de modificar el artículo 11 de la Constitución que actualmente expresa “El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley.”
 Los impulsores de la iniciativa proponen una nueva redacción de este artículo, el que pasaría a decir “El hogar es un sagrado inviolable. Nadie podrá entrar en él sin el consentimiento de su morador, o por orden expresa y fundada de juez competente, dictada por escrito en los casos y formas establecidas por la ley.”

 La derecha quiere avanzar en su política represiva y de control social 

 La iniciativa del gobierno se inscribe en una profundización de la política represiva, que a lo largo de las últimas décadas viene insistiendo con medidas de corte punitivo y represivo como forma de enfrentar los conflictos sociales y la inseguridad. 
 Sucesivos gobiernos han logrado cambios a nivel judicial y de políticas públicas con el objetivo de aumentar las penas, cambiar tipificaciones de delitos y endurecer las medidas represivas con el supuesto interés de aumentar la seguridad, todo esto acompañado de un mayor presupuesto para las fuerzas represivas así como de un mayor protagonismo en la seguridad interior (Guardia republicana, posibilidad de actuación de los militares en zonas de frontera, etc.)
 A la vista está el fracaso de este tipo de propuestas; la sociedad hoy está más violenta y este conjunto de medidas punitivas y de recortes de libertades que se implementaron no dieron ningún tipo de respuesta a la situación. 
 La habilitación de los allanamientos nocturnos va también por este camino de fracaso. Una reciente nota del Semanario Brecha mostraba como no hay evidencia de su utilidad y es ampliamente cuestionada en su efectividad por los especialistas en estos temas y la academia. 
 Con la excusa del combate al narcotráfico y la delincuencia proponen crear herramientas que básicamente serán utilizadas para poder actuar en los barrios y en los contextos más vulnerables, dejando el camino despejado para el accionar autoritario de las fuerzas represivas, generando mejores condiciones para los excesos, el gatillo fácil y la falta de garantías.
 Mientras se pone el foco en el microtráfico, que en ocasiones termina siendo una forma de subsistencia en contextos de exclusión social y falta de oportunidades, los “peces gordos”; el entramado del narcotráfico que actúa en complicidad con el poder, las instituciones, los políticos y las fuerzas represivas seguirán con la misma impunidad de siempre. Nada se dice sobre el control del lavado de activos, la falta de transparencia en el Estado, o los poco claros mecanismos de financiamiento de los partidos políticos. 
 La experiencia de este gobierno, con sus escándalos de corrupción, complicidad con actividades ilegales, ayudas diversas a personajes como Marset, deja ver la hipocresía con que se manejan desde el poder.
 Las medidas que implican recortes y avances sobre las libertades, más allá de su falta de efectividad, apuntan en el fondo a demonizar determinados sectores sociales, para descargar sobre ellos la furia represiva y autoritaria, mientras los ladrones de “cuello blanco” cuentan con todo el apoyo de sus abogados y amigos en el poder, así como un sistema judicial hecho a su medida. 

 El Frente Amplio mira para el costado

 La propaganda sistemática del régimen instalando el discurso securitario y represivo, puede despertar simpatía en amplios sectores sociales, cansados del aumento de violencia y la inseguridad que se vive en distintas zonas.
 En este contexto, donde las encuestas señalan que hay posibilidades que el plebiscito pueda aprobarse, el Frente Amplio se siente incómodo, entre los cálculos electorales por no perder votos y sus contradicciones internas para no quedar pegado a las políticas represivas más descarnadas. 
 Su política no va más allá de postularse como impulsores de un capitalismo “con rostro humano”, por lo cual no pueden dar una respuesta profunda a la delincuencia e inseguridad, en tanto fenómenos que son consecuencia del capitalismo y la miseria que genera.

 Contra el avance de las políticas represivas y el control social 

 La habilitación de los allanamientos, así como el endurecimiento de penas y en general la política de “mano dura” son instrumentos del sistema para tener bajo control a los amplios sectores de población que sufren la miseria y explotación a que nos condena el capitalismo.
 La lucha por terminar con este sistema injusto y construir una sociedad sin explotados ni explotadores es la única que puede dar una salida estructural a las distintas problemáticas en que nos sumerge el capitalismo. 
Desde La Izquierda Diario Uruguay llamamos a rechazar este plebiscito, votando en blanco y colocando la papeleta del SI en el plebiscito de la seguridad social.

 Hernán Yanes

La Antártida, nuestra quintaesencia


El Polo Sur es tierra de nadie y sí tierra de todos, aunque varias naciones se disputan su pertenencia.
 De momento está “poblado” por científicos del mundo entero. Cuba plantó su bandera en 1982 

 Mira al vacío, a la aparente nada, y da un juicio inapelable: “No está hecho ni de agua, ni de fuego, ni de tierra, ni de aire. Es una dimensión entre el Universo y la vida; es el fundamento donde reside todo. Se llama éter y lo respiran los Dioses del Olimpo”. Esa certeza de plenitud arrolladora dominó durante mucho tiempo el pensamiento filosófico antiguo. Hasta en las ciencias se llegó a decir que el éter era la sustancia sobre la cual viajaba la luz, pero en 1887, al buscar corroborar la hipótesis, el célebre experimento negativo de Michelson-Morley demostró lo contrario: la luz viaja siempre a la misma velocidad, porque el éter no existe. Conclusión que descorrió las cortinas de un gran misterio y que dio fin a la devoción antiquísima hacia una “materia” sin la cual era imposible vivir.
No, no devaneo, las líneas iniciales solo sirven de pretexto para constatar que el planeta sí atesora misterios al que deberíamos rendirles pleitesías con igual ahínco. Aún quedan zonas casi intactas y de inapreciable valor, que -de explotarse militar o económicamente- corren un riesgo generalizado de no existir, como el éter, esta vez por propia mano. La Antártida es nuestra quintaesencia. 

 ¿Continente? 

 El también conocido como Polo Sur alberga reservas de 77 por ciento de agua dulce y 90 por ciento de hielo (de hasta cuatro kilómetros de espesor) del planeta. Rodeada de mar, la Antártida es una extensa masa de suelo helado. Se le tiene como otro continente más, aunque casi nunca se le refiera como tal. Es el más alto, el más seco, el más ventoso y el más frío, con temperaturas récords de menos 94 grados centígrados. Los geógrafos lo consideran un desierto polar, pues llueve escasamente, por eso se le ha bautizado como el “continente blanco”, yo diría casi azulado. Son tan severas las condiciones climatológicas que apenas se ha desandado una pequeña parte de sus 14 165 000 kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de los Estados Unidos y México juntos.
Antártida viene de las voces griegas anti y arktikos, contra y septentrional, respectivamente, es decir, lo opuesto al Norte. Vivir la “antartidad” supone una experiencia fortísima: el año solo tiene un día y una noche, cada uno dura seis meses, pues el eje de rotación de la Tierra está inclinado respecto al plano de su órbita alrededor del Sol. 

 “Conquista”

 El exótico paraje se ha descrito como inhóspito para los seres humanos, lo que no quiere decir ausencia de gente: llega a haber cerca de 10 000 científicos, de unos 20 estados, quienes se asientan en bases creadas con laboratorios, gimnasios, bibliotecas, comedores y otras comodidades. Esta comunidad se autonombra “antárticos”. También con mayor frecuencia de la que se debiera, lo visitan 74 000 personas como promedio al año. Tampoco faltan los cruceros, incrementando el enjambre de turistas. En 2023 hubo unos 30 000, tan atraídos por el deslumbrante hielo como cuando el navegante Gabriel de Castilla divisó la región en 1603, en un viaje que no pudo repetir a pesar de su afiebrado deseo de plantar la bandera del imperio español. Sus descripciones no pasaron inadvertidas e imantaron la curiosidad postrera de muchos. En 1895 le siguieron los cazadores de focas y exploradores noruegos. No obstante, el “fatalismo” geográfico se impuso y la primera nación en plantar su bandera fue la Argentina, en 1904. Esto hace que la reivindique, estimándola parte de la provincia de Tierra del Fuego. 
 Otras siete naciones tienen similares pretensiones de conquista: Australia, Chile, Nueva Zelanda (por cercanía), el Reino Unido (por el dominio de las Malvinas), Francia y Noruega se atribuyen ese derecho al haber enviado los primeros exploradores. Por separado, cada una reclama asimismo ante la ONU la posesión de las riquezas naturales que yacen en los lechos marinos. Abundan los expertos alarmados ante la todavía lejana posibilidad de que se desconozca el Tratado Antártico, firmado por 12 países el 1º de diciembre de 1959, en vigor en 1961. Desde entonces otras 44 naciones se han adherido. La grandeza de este documento es el consenso acerca de que “el Continente se utilizará exclusivamente para fines pacíficos”, con “libertad de investigación y cooperación científicas”. 

 Mejor que el éter

 No hay elemento superior que pueda competir con el valor del agua para la subsistencia y en la Antártida están las mayores reservas conocidas. Para 2025 Rusia debe terminar las investigaciones en el lago Vostok, unos 3 800 metros bajo el hielo, donde se presume se encuentra el agua más pura y antigua del planeta. Esta nación eslava heredó el saber de la otrora Unión Soviética allí. 
 En cambio, otro es el “oro molido” de la región: la humanidad debe cuidarla porque es uno de los mayores almacenes de calor y carbono. Según la estadounidense Geophysical Research Letters, absorbe 35 por ciento del exceso de carbono de la atmósfera global y cerca de 75 de la absorción oceánica del exceso de calor, lo que la convierte en un increíble regulador. La publicación indica, además, que “la Antártida es importante para la ciencia debido a que, encerrado en su capa de hielo, hay un registro único de cómo fue el clima de nuestro planeta hace millones de años.” Los exploradores rusos del Instituto de Investigaciones Árticas y Antárticas se han adelantado en una especie de juego detectivesco al extraer, en 2022, un trozo de hielo de 1.2 millones de años, de cuando la era de los mamuts.
De poderse explotar comercialmente, cosa que esperamos se evite, el fondo antártico del mar de Weddell (protegido por convenciones internacionales) puede brindar abundante comida, al albergar cerca de 60 millones de peces, la colonia más extensa descubierta hasta la fecha, informó el Instituto alemán Alfred Wegener. Cada una de esas revelaciones científicas manifiesta la enorme capacidad de resiliencia de la naturaleza, así como nuestra predispoción para “entenderla” y cuidarla. 

 Crímenes ambientales

 Las buenas noticias son escasas: esas propias pesquisas revelan que el hielo marino alrededor de la Antártida ha disminuido considerablemente en los últimos siete años y, por consiguiente, los pingüinos emperador están en peligro de desaparecer, lo cual debería ser una alarma teniendo en cuenta la poca fauna del lugar. De seguir dicha tendencia, además de respirar un aire más contaminado, el mundo podría asistir para finales de este siglo a la extinción de esa especie. Tragedia que puede estallarnos en la cara, como se planteó en 2023, durante la Conferencia de la ONU sobre el Clima COP28. En la cita –tildada por muchos de contradictoria, por celebrarse en un país que utiliza y exporta combustibles fósiles, los Emiratos Árabes Unidos, se insistió en la urgencia de reducir las emisiones de dióxido de carbono para evitar que la Antártida se derrita, porque su labor como “termómetro” regulador es esencial. Un estudio publicado en Nature Climate Change estimó que el derretimiento en las zonas antárticas de mayor riesgo podría, de aquí a varias centurias, elevar el nivel del mar a escala mundial en casi 1.8 metros. Para los pequeños Estados insulares eso implica una contingencia fatal. 

 Caramelo en la boca

 Se ve como una ironía que teóricamente se puedan “poseer” tantas riquezas, empero, cual niño ante una golosina negada, se desperdicie en la repisa. En este argumento hay escasa visión de futuro compartido y mucha codicia. Por similitudes geológicas observadas es posible afirmar la existencia en la Antártida de grandes concentraciones de antimonio, cromo, cobre, oro, plomo, carbón, molibdeno, níquel, estaño, uranio, plata y zinc; sin embargo, debido a los elevados costos de las operaciones polares, son escasas las posibilidades de explotación. Gracias a ello, porque de lo contrario… De cualquier manera, esos recursos minerales no pueden ser extraídos para su uso comercial, en virtud del Protocolo de 1991 sobre Protección del Medio Ambiente del Tratado Antártico. 
 Algo muy diferente ocurre con el petróleo, del que se estima haya 200 mil millones de barriles, cantidad superior a lo que poseen algunas áreas mesorientales. En mayo de 2024 Rusia declaró haber encontrado en el mar antártico grandes yacimientos, en la parte disputada por Argentina. El hallazgo corrió a cargo del buque Alexander Karpinsky, de la agencia Rosgeo, dedicada a la exploración internacional de recursos minerales para su explotación comercial. En el caso que nos ocupa aún está por confirmarse cuál es el objetivo real de la expedición. Todo ello le añade un matiz geopolítico a una zona en paz, de la que Occidente dice estar sumamente preocupada, por el interés demostrado de China e Irán a incrementar las investigaciones científicas en la región. 
De todas formas, el revuelo mayúsculo gira alrededor del reciente descubrimiento ruso. Con respecto al tema, el Canal 12 de Argentina recordó al Tratado Antártico de 1959, que tiene vigencia indefinida y sigue sin sufrir modificaciones. En ese sentido, Alan Hemmings, profesor y excomandante de la estación británica de investigación antártica, se mostró alarmado: “Las crecientes tensiones podrían destruir el Tratado que protegió al continente blanco del desarrollo petrolero”. Aseguró que “nunca habrá un momento sensato para extraer hidrocarburos de la Antártida. Lo que nos hundirá a todos es cualquier intento de explotar los hidrocarburos de la Antártida”. Moscú, por su parte, todavía mantiene silencio. 

 Huellas cubanas

 Por espacio de 10 días, en 1982, una delegación de Cuba exploró el enigmático territorio, en colaboración con la entonces Unión Soviética. La dirigió Antonio Núñez Jiménez, quien tuvo el privilegio de izar por primera vez en ese lugar la bandera cubana, firmada por Fidel Castro. Cuentan que, como un niño, el Comandante en Jefe les confesó: “Es una experiencia inolvidable lo que van a hacer ustedes, de verdad siento mucho no poder acompañarlos”. 
 El viaje se aprovechó para rubricar in situ el convenio de cooperación entre el Instituto de Hidrometeorología de Leningrado y el Instituto de Meteorología de Cuba, cuyo fruto se materializó luego, en 1985, cuando el meteorólogo espirituano Orelio Jiménez López y su colega habanero Rigoberto Ayra Gutiérrez realizaron distintos trabajos científicos como estudios y mediciones de los efectos químicos de rayos electromagnéticos, especialmente los luminosos y solares, e investigaron sobre los procesos de condensación, radiación y estado termodinámico de las capas superiores de la atmósfera y estratosfera. ¿Qué tiene que ver el Polo Sur con nosotros? Sencillo, sus enormes ventiscas son comparables a los devastadores huracanes caribeños. 
 Como dijo en la COP28 António Guterres, Secretario General de la ONU, “lo que ocurre en la Antártida no se queda en la Antártida. Vivimos en un mundo interconectado”. Esa parte sur del orbe luce el estandarte de único continente intocado antropológicamente. Se apuesta por la observación inocua de la Antártida y ojalá que sea así por siempre. Para ello es vital el respeto a las resoluciones internacionales y, sobre todo, a la vida misma para no llegar a ser nada, como el éter. 

 María Victoria Valdés Rodda
 agosto 10, 2024 10:04 am

La culpa no es del mono


Existe una vacuna contra la llamada viruela símica, pero la mayoría de los países africanos carecen de ella. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la enfermedad emergencia sanitaria internacional 

 Lamentablemente el mundo vuelve a voltear la mirada hacia el continente Madre a partir de un suceso nefasto, porque las buenas noticias de esa zona planetaria suelen ser tergiversadas o minimizadas. Sobre el apoyo de Cuba se han dicho horrores, para denigrar la incidencia del aporte solidario que en la actualidad, entre otras cosas, cuenta con colaboradores de la Salud en 29 naciones africanas. Presencia de vital importancia para inmunizar a la población en caso de que el virus de la viruela símica se extienda. La OMS considera que por cada 10 000 habitantes se necesitan alrededor de 23 médicos y enfermeras, personal del que el continente carece, de ahí la relevancia del vilipendiado internacionalismo cubano. 

 Cuestiones puntuales 

África le aporta al orbe el 18 por ciento de la población, eso hace 1 300 millones de habitantes, aunque padece la cuarta carga mundial de enfermedades (el 25 por ciento), devenidas muchas epidemias, como el ébola, el zika o la viruela símica, cuya última gran emergencia ocurrió en 2022 y que retorna. Una de las razones del incompleto afrontamiento a esos sufrimientos es su escasísima cobertura médica, sanitaria y de medicamentos.
 En lo que respecta a los fármacos, los africanos dependen de la importación de los mismos en cerca del 80 por ciento; las investigaciones médicas son casi nulas, apenas dos por ciento. Además, y para mayor mal, de los 375 fabricantes farmacéuticos que operan en África, sólo el 15 por ciento es de propiedad local. Un dato interesante sobre ese particular es que la mayoría de las empresas se dedican a formulaciones, no a los ingredientes activos, decisivos para la producción. En el continente, Sudáfrica, Kenia, Marruecos y Egipto son los productores netos de medicinas; el asunto es hacerlo lo más extendido posible. 
 Aun con ese fardo de obstáculos fue notorio durante la COVID-19 la profesional actitud de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades, reconocida por la OMS, pues estos “reforzaron respuestas regionales colectivas en condiciones sumamente difíciles, y al hacerlo, sentaron las bases para la cooperación intergubernamental”. Y el pasado año, la Fundación Africana de Tecnología Farmacéutica, con sede en Kigali, Ruanda, en comunión con el Banco Africano de Desarrollo, invertirá 3000 millones de dólares para, de aquí en una década, impulsar la fabricación de vacunas y productos farmacéuticos en el continente. Urge el altruismo y el desprendimiento de todos, duelen las exhortaciones en las redes sociales de internautas africanos. La cuestión es evitar confundir contingencia con responsabilidad histórica.

 ¿Por qué los africanos emigran? 

 Esta pregunta ha sido lanzada y respondida innumerables veces. Sin embargo, es oportuno recalcar que, al margen de percepciones subjetivas sobre el tema, los países del ahora llamado Sur Global requieren cimentar condiciones económicas y sociales que los acaben de colocar en la senda de oportunidades decentes de vida. Es verdad de Perogrullo que la pobreza africana es fermento para lanzarse al mar en inestables pateras o emprender largas caminatas por parajes desérticos y peligrosos con el objetivo de llegar a tierras más promisorias. 
 Los que pueden pagarse un boleto de avión, como los médicos y los científicos, se asientan en Canadá, Reino Unido, o los Estados Unidos. Sobre estos “privilegiados”, dicen los propagandistas del “mundo libre y seguro” que pocas veces son acosados por el racismo. Argumento falso, porque es el típico “robo de cerebros”, de talentos que aceptan pagos menores que los de sus colegas occidentales. No lo decimos nosotros, que somos de izquierda; hasta el conservador medio de derechas El País lo reconoce. 

 Mal que se extiende

La viruela símica (Mpox) golpea a 12 naciones africanas. La Agencia de Salud de la Unión Africana (África CDC) informó que a causa de ella en lo que va de 2024 se han confirmado 18 737 casos, y que hay miles de sospechosos y alrededor de 600 fallecidos. Hoy en la República Democrática del Congo, epicentro de propagación, la falta de profesionales para llevar adelante la inmunización será una dificultad cierta, asociada a otra crucial: África apenas dispone del cuatro por ciento de las vacunas necesarias para tratar de frenar la expansión del Mpox, lo que sitúa en el horizonte un incremento del rechazo contra el inmigrante africano, dada una cierta presencia ya en Europa de la Viruela Símica, y también porque se sigue obviando lo evidentemente esencial. 
 El meollo de la cuestión es asumir responsabilidades a largo plazo. Y aquí es cuando reflota un problema de vieja data: salvo contadas excepciones, a África se le debe sensibilidad, la cual debería materializarse en acciones impulsoras de su desarrollo, que no pasa únicamente por la voluntad de sus gobernantes. El problema más bien recae en la desigual distribución de las riquezas y de la apropiación de recursos locales sin justa retribución. ¡Ni tan siquiera Occidente ha pagado sus deudas por la esclavitud! 

 María Victoria Valdés Rodda 
agosto 22, 2024
Bohemia, Cuba

viernes, agosto 30, 2024

La crisis política y económica empuja a la renuncia al primer ministro de Japón


Fumio Kishida, primer ministro

 El primer ministro japonés, Fumio Kishida, anunció este miércoles 14 su virtual salida del cargo, tras adelantar que no se presentará a los comicios internos del oficialista Partido Liberal Democrático (PLD) en septiembre, de los que saldrá el próximo jefe de gobierno nipón. 

 Problemas políticos 

 La gestión de Kishida, que asumió sus funciones en 2021, se vio opacada por dos escándalos políticos de peso que precipitaron su paso al costado: por un lado, las denuncias de sobornos y aportes partidarios no registrados por un monto de 500 millones de yenes (equivalente a alrededor de 4 millones de dólares). Por otro, los vínculos de ministros y legisladores con la Iglesia de la Unificación, más conocida como la secta Moon. 
 Para tratar de conjurar el primero de esos cuestionamientos, Kishida separó en diciembre de 2023 a cuatro ministros y reestructuró su gabinete. En el caso de las oscuras relaciones con la Iglesia de la Unificación, se desprendió, en septiembre de 2022, de ocho ministros sobre un total de dieciocho. Conviene detenerse en estas imputaciones: el crimen en julio de ese mismo año del exprimer ministro Shinzo Abe (también perteneciente al PLD, que ha gobernado casi ininterrumpidamente el país desde 1955) destapó la olla de connivencias, ya que el atacante alegó que había asesinado al ex premier como represalia por los vínculos del mandatario con aquella institución clerical, que habría arruinado a su familia. La madre del agresor, adscripta a la Iglesia en cuestión, entregó a los religiosos, en condiciones de vulnerabilidad, el dinero obtenido por la venta de sus propiedades y de un seguro de vida cobrado tras la muerte de su esposo.
 La secta religiosa cristiana fundada por el reverendo Sun Myung Moon, que tiene fama de haber amasado fortunas haciéndose de las propiedades y el dinero de sus fieles, comparte con el PLD su rechazo a la izquierda. De hecho, es la fundadora de la Federación Internacional para la Victoria sobre el Comunismo. Además, ejerce un lobby desvergonzado contra el matrimonio igualitario y otras demandas democráticas. Tras la muerte de Abe, se supo que numerosos ministros y 179 diputados (sobre 379 del PLD) estaban de uno u otro modo ligados a dicha Iglesia. Entre los candidatos conservadores que ha financiado, se destaca Yoshiyuki Inoue, presentado en la campaña como un luchador “contra las fuerzas de Satanas” (El País, 27/9/22).
 Las remodelaciones ministeriales de Kishida no sólo no le sirvieron para recuperar popularidad (hoy su aprobación ronda el 25 por ciento, según un sondeo del canal de televisión NHK) sino que lo enemistaron con fracciones del partido perjudicadas por los cambios, como la del fenecido Abe, una de las más poderosas del PLD. Varios referentes de la organización venían reclamando el renunciamiento que se conoció este miércoles. 

 Problemas económicos 

 Si Kishida se topó con estos sobresaltos en el plano político, no estuvo menos comprometido en el terreno económico. Japón ingresó este año en recesión, afectado por una caída de las exportaciones y del consumo. Los enormes planes de estímulo, cuyo último capítulo fue la inyección de 17 billones de yenes (alrededor de 100 mil millones de euros) en noviembre de 2023 y las tasas de interés negativas (o sea, el depositante debe pagar al banco) no lograron sacar a la economía nipona de su crisis. Además, la creciente devaluación del yen (que alcanzó mínimos históricos frente al dólar en treinta años) encareció las importaciones, de las que Tokio es muy dependiente. 
 En estas condiciones, el Banco de Japón (BoJ) decidió este año abandonar los tipos de interés negativos después de 17 años, en un intento por contener la inflación (próxima al 3 por ciento anual) y revalorizar la moneda. La última suba, que llevó el tipo a 0,25 por ciento, fue uno de los factores que precipitó el derrumbe de las bolsas globales, ya que amenazaba con desarmar el negocio de los especuladores que toman deuda barata en el archipiélago y reinvierten en otras plazas financieras donde pueden obtener un rendimiento mayor. Como parte de la remodelación de la política monetaria, el gobierno anunció también que empezará a reducir su programa de emisión de bonos y compra de acciones para estimular la economía. Apunta a enfrentar una deuda que supera el 200 por ciento del PBI. Y, si bien está nominada mayormente en yenes y a tasas bajas, más del 20 por ciento de los ingresos anuales se evapora actualmente en afrontar los vencimientos. 
 Es notorio que Japón decida iniciar una suba de los tipos de interés con la economía en recesión, ya que podría terminar, precisamente, agravando ese cuadro. Además, perjudicará a los deudores hipotecarios, que están endeudados a tasas variables. Como medida contrarrestante, el gobierno aceptó para este año paritarias del orden del 5 por ciento para recomponer la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, con el objetivo de realzar el consumo. En cualquier caso, la larga crisis japonesa muestra los límites de la política monetaria para resolver los desequilibrios económicos de fondo del capitalismo. 

 Militarismo 

 El gobierno de Kishida será recordado también por el crecimiento del militarismo. En 2022, fijó el objetivo de duplicar el gasto de defensa para llevarlo al 2 por ciento del PBI en 2027 (rondaba el 1 por ciento desde 1976). Aquí sí continúa los pasos de su predecesor Abe, quien promovió una enmienda y relectura de la Constitución de posguerra para poder incrementar el gasto militar. 
 Japón es un aliado clave de Estados Unidos en sus disputas con China y Rusia. Con Moscú, además, disputa la soberanía de las islas Kuriles, y con Beijing, la de las islas Senkaku/Diaoyu. En el marco de las crecientes tendencias bélicas a nivel internacional, Tokio expresó su disposición a abrir una oficina de enlace de la Otan en su territorio. Además, integra el Quad, junto a Estados Unidos, India y Australia, que es considerado la Otan de Asia. Kishida se reunió en abril en la Casa Blanca con Joe Biden para afianzar lazos. Del encuentro participó también el nuevo presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos jr, que lleva a cabo un viraje pro norteamericano y está enfrentado con Beijing por un litigio en el Mar de la China Meridional.
 En el caso de las relaciones con Corea del Sur, se desplegó desde el gobierno de Abe hasta hoy una política de afianzamiento de los vínculos frente a enemigos mayores como Rusia, China o Corea del Norte. Abe pidió disculpas por las aberraciones cometidas por el ejército japonés durante la ocupación de la península coreana (1910-1945) y Kishida hizo una visita a Seúl. Las dos capitales están alineadas con Ucrania y Washington en la guerra en el este europeo. Sin embargo, los nacionalismos de ambos lados siguen a flor de piel y las heridas continúan abiertas. 
 Los vaivenes políticos y económicos en Japón están teniendo una proyección internacional. La intervención de la clase trabajadora japonesa, en rechazo al deterioro de sus condiciones de vida y la guerra imperialista, sería, por eso mismo, un gran aporte a la lucha de los trabajadores de todo el mundo.

 Gustavo Montenegro

Conceden la excarcelación a Daniela Calarco, detenida por luchar contra la Ley Bases


Tras una intensa campaña por su liberación. 

 La justicia concedió este miércoles 28 la libertad a Daniela Calarco, referente del MTR Votamos Luchar, quien se encontraba detenida en el penal de Ezeiza desde hace más de dos meses.
 Daniela fue apresada el 12 de junio junto a otra treintena de personas, en el marco de una brutal represión ordenada por el gobierno de Milei-Bullrich contra quienes se manifestaban frente al Senado contra la aprobación de la Ley Bases. El fiscal Carlos Stornelli les endilgó la acusación de terrorismo, repitiendo los argumentos lanzados previamente por las redes sociales por el presidente y la ministra de Seguridad. 
 En sucesivas tandas, una intensa lucha de las organizaciones piqueteras y de derechos humanos fue arrancando la liberación de los detenidos. Esta misma semana hubo una concentración frente a los tribunales de Comodoro Py. Y estaba pautada una visita al penal de organismos como el Serpaj (Servicio Paz y Justicia) y el Encuentro Memoria Verdad y Justicia para este jueves. 
 Con la liberación de Daniela, solo queda detenido Roberto de la Cruz Gómez. Hay que continuar la pelea por su libertad y contra la causa bochornosa impulsada por Stornelli. Basta de persecución política. 

 Prensa Obrera

El gatillo fácil, la cara más cruda de la represión como política de Estado


Este martes tuvo lugar la décima marcha nacional contra el gatillo fácil. En los primeros 70 días de gobierno libertario hubo 60 muertos por gatillo fácil. Este martes tuvo lugar en varios puntos del país la décima edición de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Familiares y amigos de víctimas de la represión estatal, activistas, trabajadores y jóvenes salieron a las calles para rechazar los crímenes de la policía contra la población. Bajo Milei, naturalmente, los fusilamientos estatales no han cesado. Es un gobierno que defiende abiertamente el asesinato de trabajadores por parte de las fuerzas represivas.
 Según Correpi, en los primeros 70 días de gobierno libertario hubo 60 muertos por gatillo fácil. Tanto las fuerzas represivas nacionales como las provinciales y las locales lo han ejercido. En Córdoba, donde este martes hubo una movilización, ya hay al menos once casos de gatillo fácil desde que asumió el peronista Martín Llaryora (Tramas, 27/8). Hace muy poco, en Buenos Aires, la sanguinaria policía bonaerense asesinó a Bastián, un niño de 10 años. 
 Este lunes, una nutrida movilización en Mar del Plata denunció al intendente macrista Guillermo Montenegro por “respaldar el fusilamiento de trabajadores”. En Rosario, donde Pullaro –con el apoyo abierto de Milei y Axel Kicillof– instauró un régimen de despotismo policial a lo Bukele bajo el pretexto del combate contra el narcotráfico, familiares y amigos de víctimas y organizaciones sociales y políticas también hicieron una marcha.
Según Anred (27/8), en 2023 se registraron 384 víctimas del aparato represivo estatal (por casos de gatillo fácil, muertes en cárceles y comisarías, asesinatos en protestas y desapariciones). Desde la vuelta de la democracia en 1983 hasta el día de hoy los casos de gatillo fácil no han hecho más que ascender. 
 El gobierno de Milei es un defensor del gatillo fácil contra los trabajadores. En su momento, el presidente celebró la revocación de la condena contra el policía asesino Chocobar; y ha repetido hasta el hartazgo que “el que las hace, las paga”. Su política en materia represiva solo refuerza las atribuciones del aparato policial para atacar a la población trabajadora y ceba a los efectivos a cometer crímenes. 
 En marzo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich habilitó el uso de armas de fuego para las fuerzas federales. Licencia para matar. 
El gobierno se apresta ahora a bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, lo que de implementarse haría que las fuerzas policiales se ensañen mucho más con los niños y jóvenes. 
 A todo esto hay que sumarle su intento de introducir a las Fuerzas Armadas en tareas de represión interna, su política de reforzamiento de los servicios de inteligencia y su tentativa de liberar a los genocidas que mataron y torturaron obreros durante la última dictadura militar. Milei y su tropa quieren ir hacia un régimen totalitario y ultrarrepresivo para que los trabajadores no se subleven contra su plan de ajuste al servicio de los ricos y capitalistas. Semejante estado de cosas sería el caldo de cultivo perfecto para una profundización de los casos de gatillo fácil.
 Los gobernadores y sus policías también asesinan trabajadores y jóvenes en las barriadas, como lo han puesto de manifiesto diversas luchas en defensa de los derechos humanos. Y colaboran con este gran régimen de terror nacional a través de sus cárceles y comisarías, donde las personas apresadas a menudo sufren vejaciones de todo tipo e incluso la muerte. En Buenos Aires, Guillermo Kane, diputado del Partido Obrero-Frente de Izquierda, presentó un proyecto contra los privilegios que el Estado provincial le otorga a los policías acusados de delitos que atentan contra los derechos humanos. La policía bonaerense, la más asesina, es bancada por el “progresista” Kicillof. Es clave llevar adelante en todos los terrenos la lucha contra los atropellos del Estado capitalista. 
 El gatillo fácil muestra descarnadamente que el Estado es una fuerza de choque de la clase dominante contra los explotados y los oprimidos. Es, asimismo, un producto de la descomposición del régimen social capitalista y sus fuerzas represivas atravesadas por todo tipo de negocios turbios y corruptelas.
 Solo los trabajadores en el poder pueden poner fin al despotismo policial, aboliendo el aparato represivo capitalista. 

 Nazareno Suozzi

jueves, agosto 29, 2024

Biología y valores tradicionales


El 27 de agosto de 2024, el Ministro de Justicia de Argentina, el señor Mariano Cúneo Libarona, en su discurso ante la Comisión de Mujeres de Diputados, justificó el cierre de programas contra la violencia de género decretando, con un tono de voz que recuerda a los mandatarios de las dictaduras militares de unas décadas atrás:
 “Se acabó solo el género, nuestro valor es la familia. ¿Cuáles son los valores familiares tradicionales? El amor, la unión, el trabajo, el estudio, la solidaridad, la igualdad. La igualdad ante la ley. La igualdad de trato”.
 Un ejemplo claro de apropiación lingüística, la misma que vienen operando los esclavistas del siglo XIX, los neoliberales del siglo XX y los libertarios del siglo XXI sobre una de sus mayores víctimas: la palabra (ideoléxico) libertad. ¿Acaso el amor, la unión, el trabajo, el estudio, la solidaridad, la igualdad, la igualdad ante la ley, la igualdad de trato no son valores fundamentales de aquellos que luchan por sus derechos no reconocidos o negados por los fanáticos de “los valores tradicionales de la familia”?
 Luego de la apropiación arbitraria y arrogante de estos valores caros para los grupos despreciados, el ministro fue más específico y sincero: “Nosotros rechazamos la diversidad de identidad sexuales [sic], que no se alinea con la biología… Sí”. Aquí fue aplaudido por los diputados de su partido, el partido oficialista.
 El ministro no sólo desplegó una muestra de autoritarismo y arbitrariedad, sino de ignorancia también, tres valores tradicionales que están de moda entre los reaccionarios, borrachos de poder mediático y político. 
 En febrero de 2010, en un artículo titulado “La moral de los perros” y publicado en Milenio de México, respondíamos al arzobispo Antonio Chedraui quien, en la televisión mexicana había declarado que “Lo anormal no puede ser normal”. Luego de la meritoria tautología, lanzó su pregunta retórica: 
 “¿Usted vio alguna vez un animal, un perro teniendo relaciones sexuales con otro perro del mismo sexo?” dijo, poco antes de que se escuchara un ladrido.
 Bueno, la homosexualidad no es rara en la naturaleza (por no mencionar las relaciones sexuales entre diferentes especies). De hecho, es parte de la ventaja evolutiva de las especies, sobre todo entre los humanos. 
 14 años después volvemos con la misma mediocridad e ignorancia de argumentos, basadas en la inseguridad masculina y en otras fobias personales y colectivas. 
 Sr. Ministro de Justicia de Argentina: 
 Si hay algo que no se alinea con la biología es eso que gente como usted llama “valores tradicionales” y son, por ejemplo, el celibato y la monogamia. Además, señor ministro, si usted supiera algo de biología (todos somos ignorantes, pero algunos presumen de ello), se escandalizaría sobre la diversidad sexual de la naturaleza. Es precisamente la diversidad (en gran medida producida por la aparición del sexo en este planeta) lo que permite a una especie sobrevivir y evolucionar, algo que tampoco es ni fue nunca de agrado de los fanáticos de su club. 
 La diversidad no solo es crucial en biología, en los ecosistemas, sino en las culturas humanas. Incluso en las ciencias: cualquier académico más o menos decente sabe que la ciencia, incluida la biología, ha avanzado (o evolucionado) a fuerza de no solo tolerar sino promover la diversidad de teorías, puntos de vistas, la crítica radical, para poder filtrar lo verdadero de lo falso, para dejar de perder el tiempo con ignorantes como usted que recuerdan los tiempos de la Santa Inquisición del Santo Oficio (campeones de los valores tradicionales, no hay por qué dudarlo), que no solo censuró a Galileo Galilei por afirmar algo que no estaba en el dogma religioso, sino que persiguió, torturó y quemó miles de personas en la civilizada Europa, sobre todo aquellos que no se alineaban a “los valores tradicionales”. 
 Incluso las dictaduras militares del continente, como la de su país, repetían su defensa a la libertad, el patriotismo y los valores tradicionales de la familia mientras torturaban con picanas eléctricas aplicadas a los testículos y las vaginas de sus prisioneros maniatados. Esta obsesión sádica de la tortura y la humillación moral, reproducía las prácticas de la misma Santa Inquisición, como por ejemplo el Judas’ chair o la Silla de Judas (dato histórico siempre cuestionado por algunos católicos), que no era otra cosa que una pirámide donde se sentaba a los acusados de herejía hasta que les destrozaban el ano o la vagina muy lentamente.
 Todo en nombre de Dios, la civilización, la familia y los valores tradicionales de la familia, está de más decir.

 Jorge Majfud | 29/08/2024

Las facturas truchas de Milei y el tiro por la culata


Entre 2012 y 2015, le emitió facturas truchas por millones de pesos al entonces gobierno bonaerense de Daniel Scioli. 

 Un artículo publicado por La Nación (27/8) reveló que Javier Milei le emitió facturas truchas por 120 millones de pesos –monto actualizado– al entonces gobierno bonaerense de Daniel Scioli, entre 2012 y 2015. El presidente, autopercibido adalid de la lucha contra la corrupción y los curros que se orquestan desde el Estado, no dio ninguna explicación sobre esto hasta el momento. Curiosamente, es el delito del cual acusa falsamente al Polo Obrero y otras organizaciones sociales que combaten el avance del hambre en los barrios. Los que gobiernan no tienen ningún interés en terminar con la corrupción, solo arman causas truchas para perseguir a la oposición política. 
 Al menos 25 facturas emitidas por Milei a favor de Provincia Seguros –empresa que formaba parte del Grupo Provincia– fueron objetadas por la Afip. Estas aparentemente justificaban el cobro de “servicios de consultoría”, “gastos”, “estudios complementarios” y “otros honorarios por trabajos pedidos”. En los archivos de Provincia Seguros, sin embargo, no hay nada que certifique la realización de esas actividades. En ese momento Milei trabajaba para Corporación América, el holding del empresario prebendario Eduardo Eurnekián. 
 Milei ingresó en moratoria durante 5 años tras cuestionamientos hechos por la Afip en 2015, cuando se desempeñaba como asesor de empresas del Banco Provincia. Los problemas tributarios duraron hasta mediados de 2020, año en el que ahora presidente evaluaba postularse como diputado nacional; limpió su ficha para lanzarse a combatir en la arena política-electoral. Bajo el gobierno provincial de María Eugenia Vidal, además, se detectó que alrededor de 350 personas emitían facturas cada mes sin que existieran pruebas de que trabajaran o brindaran contraprestaciones por esos pagos. 
 El elenco gobernante tiene el álbum lleno de las corruptelas típicas de la “casta política”. Bullrich, que grabó un spot para acusar al Polo Obrero de lavar dinero -aún cuando eso ni siquiera se investiga en la causa trucha de Casanello y Pollicita-, parece que tuvo una cadena de bares llamada Tostado que usó para lavar cerca de 40 millones de dólares. Como sinceró ese spot, la acusación a las organizaciones sociales es simplemente un recurso para “terminar con los piquetes”. A los que lavan dinero les ofrecen en cambio un blanqueo generosísimo. 
 Hay que derrotar al gobierno. 

 Prensa Obrera

Más que un comunicado vergonzante, la CGT tiene que lanzar un paro general por las jubilaciones


Sigue la colaboración con el gobierno. 

 La ofensiva en regla contra los jubilados que está llevando adelante el gobierno nacional, que tiene en el inminente veto de Milei al aumento de haberes aprobado en el Senado una de sus últimas expresiones, debe ser combatida y derrotada con una reacción popular generalizada. En este contexto, es verdaderamente vergonzoso que la CGT se haya limitado a sacar un comunicado cuestionando la represión a la movilización convocada por organizaciones de jubilados, a la cual no fue ninguno de sus sindicatos. La lucha contra la ofensiva antiobrera de Milei debe ir de la mano de la pelea por echar a la burocracia sindical peronista de los sindicatos y construir una nueva dirección. 
 La central emitió un texto cuyo título es “Con los jubilados no”, en el que “rechaza” la represión y señala que “no cesará su lucha y su defensa de los jubilados”. Los integrantes de la camarilla cegetista deberían saber que no se puede finalizar algo que nunca empezó –ni parece que fuera a hacerlo. La CGT evita llamar a un plan de lucha para quebrar la política antiobrera del gobierno y encubre su responsabilidad en el deterioro de los haberes jubilatorios y en la bancarrota del sistema previsional. El robo que se consumó contra los jubilados bajo el gobierno de Alberto-CFK, al que la CGT apoyó en toda la línea, fue brutal. La política de la CGT está en sintonía con la del peronismo, que también colabora con el gobierno. 
 Milei quiere terminar de hundir a los adultos mayores e incluso volver a instaurar un régimen jubilatorio como el de las AFJP menemistas –con el que los burócratas de la CGT hicieron grandes negociados en su momento. Lo primero se ve con toda claridad en su intento por vetar un aumento que ni siquiera saca el haber mínimo –225.540 pesos– de la línea de indigencia. De conjunto, en lo que va de su mandato, el presidente les robó a los jubilados aproximadamente unos 6 billones de pesos.
En medio de decenas de miles de despidos en la industria y tras la reposición del impuesto al salario, la dirigencia de la CGT se reunió con el empleado de Paolo Rocca que está al frente de la Secretaría de Trabajo, Julio Cordero, para discutir la implementación de la reforma laboral. La agenda de esta burocracia es enteramente propatronal, por eso es incapaz de enfrentar el ataque a las conquistas de los trabajadores. 
 La CGT tiene que convocar un paro general para enterrar el veto y hacerle frente a Milei, que ataca a los trabajadores para beneficiar a un puñado de capitalistas, banqueros y terratenientes. El Partido Obrero hará el 14 de septiembre un plenario de la Coordinadora Sindical Clasista para impulsar un paro nacional y un plan de lucha y la pelea por desplazar a la burocracia de los sindicatos. La clase obrera debe irrumpir en el escenario político. Macri fue enfrentado por una movilización popular en diciembre de 2017, cuando impulsó su reaccionaria reforma jubilatoria. Los libertarios deberían poner sus barbas en remojo.

Prensa Obrera

La reforma de la “ley de seguridad interior”


Un estado policial en construcción. 

 El miércoles 21, el ministro de Defensa, Luis Petri, presentó en la Comisión de Defensa, encabezada por el diputado de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, el proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Interior con el que busca habilitar la inserción de las Fuerzas Armadas en la represión interna. Este “operativo” político se conecta con la visita a genocidas de la última dictadura militar por seis diputados libertarios, las “relaciones carnales” con los EE. UU, el pedido del gobierno libertario de que la Argentina sea socio global de la OTAN y las reticencias de la jerarquía de las FF. AA sobre la línea de mando que se establecería con la modificación de la Ley de Seguridad Interior. 
 La Ley 24.059 de Seguridad Interior, sancionada en 1991 luego del último levantamiento militar contra el gobierno de Menem, establece que las Fuerzas Armadas pueden accionar en apoyo a las Fuerzas de Seguridad, en dos situaciones específicas. La primera, definida en su artículo 27, establece las acciones de apoyo a las Fuerzas de Seguridad y la segunda, se contempla en el artículo 31, que regula el empleo de elementos combates, que debe estar antecedido por la declaración del estado de sitio. El gobierno quiere modificar ambos artículos con la finalidad de contar con el personal de las Fuerzas Armadas en la represión interna. Como adelantó el vocero Adorni, cuando el proyecto ingresó al Congreso, la reforma "se propone que las Fuerzas trabajen de forma coordinada con las fuerzas de seguridad para enfrentar el terrorismo” y las intervenciones serian "por tiempo limitado” (Ámbito, 2/8). El proyecto en cuestión le da vía libre a las Fuerzas Armadas, en caso de hechos de carácter terrorista a "restablecer la seguridad interior patrullando las calles, control de personas y vehículos, colaboración en puestos de control fijos o móviles, vigilancia de instalaciones inmuebles y detención en flagrancia". También estarían habilitados a realizar allanamientos a pedido de un fiscal y/o de un comité de crisis, que, en principio, estaría integrado por los gobernadores. El proyecto de ley, dijo Petri ante la Comisión de Defensa, propone una nueva alternativa para que las Fuerzas Armadas actúen en hechos que tengan "por fin (sic) causar conmoción social, sin necesidad de llegar a utilizar un remedio extremo, como es la declaración de estado de sitio”. En síntesis, con Petri como punta de lanza, el gobierno quiere imponer un estado de sitio permanente contra la protesta social.
 Una reforma de este tipo representa claramente un reforzamiento del aparato represivo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó a la movilización contra la Ley Bases como un intento de golpe de Estado y tildó a los manifestantes de “terroristas”. 
 En los fundamentos del proyecto de ley en cuestión, el gobierno intenta justificar la reforma propuesta, aludiendo a que “muchos países las Fuerzas Armadas se encuentran habilitadas a intervenir en la lucha contra el terrorismo”, como son los casos de EE. UU, Francia, Alemania, Reino Unido e Israel, entre otros. El gobierno libertario también se vale, para esta reforma, del tratado firmado en Barbados en junio de 2002, al que Argentina adhirió y en el que establece la “cooperación y el intercambio de información con el objeto de mejorar las medidas de control fronterizo y aduanero para detectar y prevenir la circulación internacional de terroristas y el tráfico de armas u otros materiales destinados a apoyar actividades terroristas.” La cooperación a la que hace referencia Petri, no es más que dar libertad a los servicios de inteligencia, como la CIA y el MOSSAD a que intervengan en territorio argentino, reforzando las “relaciones carnales” que se vienen desarrollando desde el comienzo del mandato Milei.
 El gobierno por intermedio del ministro de Defensa ha realizado un pedido a la OTAN para ser considerado como socio global de la organización militar del imperialismo y en esta línea, el texto también hace referencia al “Concepto Estratégico - OTAN 2022”, suscripto en diciembre de 2022 por los países miembros y [en el que se hace foco sobre la lucha contra el “terrorismo”] (https://politicaobrera.com/12530-el-alineamiento-politico-militar-de-milei-con-la-otan). Los liberticidas, que durante su campaña electoral han hecho de la “destrucción del Estado” (en clave reaccionaria) su leitmotiv, propugnan que el “Estado debe actuar, ocupando un rol central en la lucha contra el terrorismo, para proteger y garantizar la seguridad de sus ciudadanos.”
 El gobierno libertario mantiene un hilo conductor con los gobiernos que le precedieron: la lucha “contra el terrorismo”, doctrina de seguridad impuesta por el imperialismo yanqui luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El kirchnerismo puso en pie la ley antiterrorista y el macrismo, por medio de la reforma de la Ley de Defensa Nacional otorgó funciones de seguridad interna a las Fuerzas Armadas. Este giro apuntó a justificar un mayor andamiaje represivo al interior de cada país y un enorme despliegue bélico en Medio Oriente (Irak, Afganistán). https://politicaobrera.com/12161-bullrich-y-milei-la-lucha-contra-el-terrorismo-encubre-la-formacion-de-un-estado-policial 
 Esta política comenzó a ensayarse muy pronto. En Rosario, y con el pretexto de la “lucha contra el narcotráfico”, Bullrich y Petri anunciaron cambios en lo que se refiere a seguridad interna. El gobernador Maximiliano Pullaro quien exhortó al resto de la dirigencia a “ser muy prácticos para resolver un problema muy grave que estamos teniendo en este momento en la ciudad de Rosario. Que venga el Ejército, que vengan fuerzas federales, que venga el acompañamiento de fuerzas tácticas de otros gobiernos provinciales para que a los rosarinos le podamos dar un poco de paz”. Se hizo eco del pedido de Pullaro Axel Kicillof, quien mandó patrulleros, reforzando la militarización de la ciudad.
 En esta cruzada el gobierno busca el apoyo de los gobernadores. En este sentido, el proyecto prevé que sean los gobernadores los que integren el comité de crisis, que juzgará si se está en presencia de un acto “terrorista” y en definitiva tendrán la sartén por el mango para involucrar a las FF. AA en la represión interna. Asi los mandatarios provinciales, juntamente con la ministra de Seguridad, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, articularían las operaciones con las fuerzas de seguridad provinciales y las Fuerzas Armadas. 
 Por pedido de la, autopercibida, oposición dialoguista al gobierno de Milei, el proyecto dictamina que en caso de que el comité de crisis requiera de la intervención de las FF. AA “se deberán especificar las posibles acciones a desplegar, el área geográfica específica de actuación y el tiempo de duración”. La oposición dialoguista quiere oficiar como síndico en la represión interna que emprenda el gobierno nacional contra “el terrorismo”. 
 Uno de los puntos cruciales del proyecto es el que califica el accionar de los militares como “no punibles” y “en cumplimiento del deber”. Concretamente está planteado la impunidad para los militares que repriman, asesinen o lleven adelante vejaciones contra las personas. A pesar de las garantías de acción que le da el gobierno y el apoyo de las altas jerarquías de las FF. AA a la reforma, los jefes de las fuerzas opusieron objeciones de carácter jurídico y buscan un paraguas legal. La duda principal de los jefes de la FF. AA pasa por la línea de mando y sobre el uso concreto del poder de fuego, ya que el texto del proyecto de ley no queda definida "una autoridad de aplicación, ni quien ejercería el mando en el terreno durante una actividad de ese tipo". Estos contrapuntos fueron presentados a través del jefe del Ejército, general Carlos Pestri, que hizo hincapié en que la reforma debe salir, pero exigen que sea tratado por el Congreso. Los altos mandos militares no quieren asumir el costo político de una instancia de represión interna. Es aquí donde se encuadra la visita “humanitaria” de diputados libertarios a los genocidas presos por crímenes de lesa humanidad, que ha creado una crisis hacia dentro del bloque libertario. Durante la campaña electoral del año pasado, Villarruel puso de relieve su deseo de revalorizar el rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad. Cuando el gobierno llevó adelante la militarización de Rosario, encabezado por Bullrich, Villarruel salió al cruce públicamente contra la ministra de Seguridad, señalándole que las FF. AA no están facultadas para combatir contra civiles. Las reticencias de la vicepresidente tienen que ver con que los militares terminarían rindiendo cuentas en tribunales civiles y no ante una corte integrada por militares. Oficiando de vocera de los cuarteles Villarruel sentencio que “ningún uniformado en su sano juicio debería combatir a narcos (que para el Derecho son civiles) cuando el antecedente de los 70 tiene a viejos camaradas presos en cárceles comunes bajo las acusaciones de terroristas impunes.” (Pagina/12, 13/3) 
 El gobierno de Milei, con Petri y Bullrich a la cabeza, quiere vender gato por liebre en la puesta en pie de un estado policial por medio de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. La ampliación del aparato represivo y de inteligencia, la restricción de libertades democráticas y la persecución de los activistas y luchadores son el complemento de fuerza para hacer pasar un brutal plan de ajuste contra la clase trabajadora.

 Lucas Giannetti
 29/08/2024