La visita que diputados oficialistas hicieron a genocidas de la dictadura militar desató una nueva crisis política en el gobierno. El elenco gubernamental busca despegarse del hecho, pero siguen saliendo a la luz acontecimientos que muestran que la movida se organizó desde las altas esferas del poder político. Un cura de vínculos con la vicepresidenta Victoria Villarruel, la cual está guardando extremo silencio, ha sido su organizador. Para los libertarios no es nada fácil pavimentar el camino hacia la absolución total de los criminales videlistas.
Villarruel, confesa defensora del terrorismo de Estado, evitó referirse al tema hasta el momento y solo se dedicó a criticar al peronismo luego de que se conociera que el expresidente Alberto Fernández ejercía violencia de género contra su expareja Fabiola Yáñez. Pero no solo Lourdes Arrieta y Guillermo Montenegro, congresistas ligados a la vice, visitaron a los genocidas, sino que el cura Javier Olivera Ravasi, hijo de un militar condenado por delitos de lesa humanidad y amigo de Villarruel, fue el arquitecto del encuentro e incluso se filmó diciendo que está listo un proyecto para otorgarles prisión domiciliaria.
La vice no puede desligarse del hecho toda vez que ha defendido hasta el hartazgo el accionar genocida de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura. “La población comenzó a estar más protegida”, dijo en su momento refiriéndose a la situación política bajo el gobierno castrense. Al igual que Milei, que demagógicamente se mostró en “desacuerdo” con la visita, es una divulgadora serial de la teoría de los dos demonios. También ha trascendido que Patricia Bullrich facilitó el ingreso a los penales donde están alojados los represores; hubo personal jerárquico del Servicio Penitenciario Federal garantizando el desarrollo de la visita.
Como se ve, la movida fue orquestada desde la clique gobernante. Es que el gobierno busca amnistiar a los genocidas y darle a las Fuerzas Armadas una mayor influencia en la vida política nacional. En esta línea se inscribe el proyecto que presentó el gobierno para involucrarlas en tareas de represión interna. Todo esto forma parte del intento del gobierno de erigir un régimen político totalitario y ultrarrepresivo para hacer pasar una ofensiva histórica de la clase capitalista contra los trabajadores.
Sin embargo, sacar a los militares a la calle no es una tarea sencilla; por un lado, porque un sector de las FF.AA es reacio a esta tentativa, entre otras cosas, porque por el momento no cuentan con garantías jurídicas que las protejan si eventualmente accionan de manera criminal contra la población. Primero los indultos. Por el otro, porque aplicar una política de este tipo podría desencadenar una movilización popular de grandes magnitudes como la que tuvo lugar cuando Mauricio Macri intentó imponer el 2×1 en 2017.
A raíz de esto, la crisis política en el gobierno no hizo más que escalar. No es gratis mostrarse tejiendo lazos con asesinos y torturadores de obreros. Karina Milei, hermana y mano derecha del mandatario, cargó contra los diputados cercanos a la vice. Ya se han producido chispazos anteriormente entre Karina y Villarruel. Incluso le ordenó a Martín Menem despegarse del escándalo; una labor difícil habida cuenta que la visita fue registrada por Sharif Menem –secretario del presidente de la Cámara de Diputados.
La sesión de Diputados que el miércoles pasado iba a tratar la cuestión se cayó porque el bloque colaboracionista de Miguel Pichetto y el peronismo no dieron quórum. Si bien hay disputas políticas detrás de esto –Pichetto presiona por obtener cargos en la Auditoría General de la Nación y en la comisión bicameral que sigue a los organismos de inteligencia–, estos bloques le ahorraron al oficialismo tener que dar explicaciones. Y de paso los K y los peronistas zafaron de tener que referirse al golpeador que hasta hace poco oficiaba como presidente del PJ.
La Iglesia salió a desmarcarse de su acólito, pero nunca podrá ocultar que fue un pilar clave, al igual que la burguesía argentina y el imperialismo, en el sostén de la dictadura genocida.
Existen numerosos testimonios que dan cuenta del involucramiento de la curia en la apropiación de hijos de desaparecidos y asesinados. Monseñor Plaza, arzobispo de La Plata que fue acusado de entregar a decenas de militantes a los milicos –murió impune–, y Von Wernich, sacerdote detenido por su participación en delitos de lesa humanidad en centros clandestinos de detención, son expresiones de esa colaboración de la Iglesia con el régimen dictatorial.
Los trabajadores tenemos el desafío de salir masivamente a las calles para derrotar al gobierno promilicos y antiobrero.
Nazareno Suozzi
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