Un artículo publicado por La Nación (27/8) reveló que Javier Milei le emitió facturas truchas por 120 millones de pesos –monto actualizado– al entonces gobierno bonaerense de Daniel Scioli, entre 2012 y 2015. El presidente, autopercibido adalid de la lucha contra la corrupción y los curros que se orquestan desde el Estado, no dio ninguna explicación sobre esto hasta el momento. Curiosamente, es el delito del cual acusa falsamente al Polo Obrero y otras organizaciones sociales que combaten el avance del hambre en los barrios. Los que gobiernan no tienen ningún interés en terminar con la corrupción, solo arman causas truchas para perseguir a la oposición política.
Al menos 25 facturas emitidas por Milei a favor de Provincia Seguros –empresa que formaba parte del Grupo Provincia– fueron objetadas por la Afip. Estas aparentemente justificaban el cobro de “servicios de consultoría”, “gastos”, “estudios complementarios” y “otros honorarios por trabajos pedidos”. En los archivos de Provincia Seguros, sin embargo, no hay nada que certifique la realización de esas actividades. En ese momento Milei trabajaba para Corporación América, el holding del empresario prebendario Eduardo Eurnekián.
Milei ingresó en moratoria durante 5 años tras cuestionamientos hechos por la Afip en 2015, cuando se desempeñaba como asesor de empresas del Banco Provincia. Los problemas tributarios duraron hasta mediados de 2020, año en el que ahora presidente evaluaba postularse como diputado nacional; limpió su ficha para lanzarse a combatir en la arena política-electoral. Bajo el gobierno provincial de María Eugenia Vidal, además, se detectó que alrededor de 350 personas emitían facturas cada mes sin que existieran pruebas de que trabajaran o brindaran contraprestaciones por esos pagos.
El elenco gobernante tiene el álbum lleno de las corruptelas típicas de la “casta política”. Bullrich, que grabó un spot para acusar al Polo Obrero de lavar dinero -aún cuando eso ni siquiera se investiga en la causa trucha de Casanello y Pollicita-, parece que tuvo una cadena de bares llamada Tostado que usó para lavar cerca de 40 millones de dólares. Como sinceró ese spot, la acusación a las organizaciones sociales es simplemente un recurso para “terminar con los piquetes”. A los que lavan dinero les ofrecen en cambio un blanqueo generosísimo.
Hay que derrotar al gobierno.
Prensa Obrera
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