Ante el estancamiento de las negociaciones entre las patronales ferroviarias del transporte de cargas y el Teamsters Canada Rail Conference (TCRC), sindicato del sector, el gobierno canadiense apeló este jueves 22 a un mecanismo que le permite saldar el conflicto mediante un arbitraje vinculante entre las partes.
El dictado de la medida es escandaloso por su parcialidad. Se produjo pocas horas después de que las dos empresas, Canadian National (CN) y Canadian Pacific Kansas City Southern (CPKC), iniciaran un lock out para reclamar, precisamente, por esa intervención oficial. La respuesta del gobierno atropella el derecho a huelga de los trabajadores, que, en el caso de CPKC, respondieron al lock out patronal con un cese de tareas que se mantenía al momento de escribirse estas líneas, y en el caso de CN, advirtieron del inicio de una medida de fuerza a partir del lunes.
A fines de 2023 se vencieron los convenios laborales ferroviarios y empezó la ronda de negociaciones para su renovación, pero no se alcanzó un acuerdo. El sindicato, que agrupa a 9 mil trabajadores entre las dos compañías y forma parte de la International Brotherhood of Teamsters (IBT, dirigida por el burócrata estadounidense Sean O’Brien), denuncia que las empresas quieren mayores facilidades para reubicar al personal (incluyendo traslados a sitios remotos) y reducir los tiempos de descanso, lo cual no solo afecta un derecho conquistado sino que es un peligro para la seguridad de los viajes.
El gobierno de Justin Trudeau, del Partido Liberal, que cuenta con apoyo parlamentario del centroizquierdista Nuevo Partido Democrático (NDP por sus siglas en inglés), actúa no solo en rescate de las empresas ferroviarias, sino de toda la clase capitalista nativa y de la burguesía norteamericana, que entraron en pánico ante la posibilidad de una huelga que afecte el comercio bilateral y las cadenas entrelazadas de suministros (solo por mencionar dos casos, la industria automotriz yanqui depende de piezas canadienses, y los agricultores, de los fertilizantes del norte). Los cables informativos, escuetos a la hora de informar las reivindicaciones laborales, se llenaron de proclamas alarmistas acerca del perjuicio económico que podría generar una huelga extendida. Este martes, las cámaras de comercio de Canadá y Estados Unidos habían difundido un comunicado emplazando al gobierno de Trudeau a intervenir.
El gobierno canadiense ya apeló en el pasado al mecanismo de arbitraje vinculante para impedir la irrupción de la clase trabajadora en otros sectores importantes, como el de los portuarios, en 2021. Igual que el gobierno de Joe Biden, que en 2022 presionó personalmente para desactivar una potencial huelga ferroviaria nacional, la democracia capitalista canadiense busca sus propios reaseguros contra los derechos de los trabajadores.
Gustavo Montenegro
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