Nuestra mentalidad europea se queda perpleja ante la paradoja sanitaria de Estados Unidos: a pesar de ser el país con el mayor gasto sanitario por persona, el 15% de la población no tiene ningún tipo de seguro de salud. Estos más de 45 millones de ciudadanos desprotegidos cruzan los dedos para no enfermar porque, en caso de requerir asistencia médica, solamente son atendidos si cuentan con suficiente dinero para pagar las astronómicas cifras que se manejan en los hospitales estadounidenses.
El acceso a la sanidad se ha convertido en el problema más acuciante para buena parte de la sociedad, y los candidatos a la presidencia del país son conscientes de ello. Lo que no está tan claro es si el vencedor de las elecciones que se celebrarán el próximo 4 de noviembre será capaz de detener, o al menos paliar, la catástrofe que se avecina: según los peores augurios, el número de personas sin cobertura podría ascender a 67 millones en los próximos 10 años.
Películas como 'John Q', en la que un furibundo Denzel Washington secuestra a varios profesionales de un hospital para conseguir un trasplante cardiaco que salve la vida a su hijo, nos han familiarizado con el drama sanitario que vive la población estadounidense. Sin embargo, no deja de ser sorprendente que la reforma del acceso a la sanidad haya centrado gran parte del debate de la campaña electoral que culminará el próximo 4 de noviembre. Expertos y profanos coinciden en que los mejores hospitales del mundo, la investigación en salud más puntera y los profesionales con la máxima cualificación están al servicio de un puñado de privilegiados.
El 15% de la población tan sólo puede ser atendida de una urgencia, como puede ser un ataque al corazón. Pero si después de recibir un tratamiento para estabilizar su situación se requiere algún otro tipo de intervención -en este caso sería, tal vez, la colocación de 'stents' en las coronarias o la realización de un 'bypass'- el interesado deberá acreditar que posee un seguro médico o que su cuenta está lo suficientemente nutrida como para pagar la terapia que necesita.
No obstante, ni siquiera todas las personas que están aseguradas tienen una cobertura adecuada. Un reciente estudio elaborado por la Fundación Commonwealth estima que ascienden a 116 millones los ciudadanos que carecen de seguro o bien tienen uno con muy escasas prestaciones. Es decir, más de un tercio de los 300 millones de habitantes que tiene Estados Unidos se encuentra en una situación de precariedad sanitaria.
Un estadounidense viviendo en España y un español que ha trasladado su residencia al otro lado del Atlántico dan fe de las profundas diferencias entre ambos modelos. Russell Martin lleva 16 años fuera de su nación de origen y no vacila al señalar que una de las razones fundamentales por las que no tiene la intención de volver a su patria es el acceso a la asistencia médica. «Cuando llegué aquí no tenía permiso de residencia y me apunté a una compañía privada. Tras obtener los papeles, seguí con ese seguro, por el que ahora pago 700 euros al año en vez de los 700 al mes que tendría que abonar en mi país», relata este profesor de inglés de 53 años.
Jacobo Barreiro, animador 3D y músico de 32 años, lleva casi un lustro viviendo en Estados Unidos. Cree que allí la sanidad «es un negocio tan fructífero, y las personas a las que beneficia están tan bien situadas, que va a ser muy complicado ver cambios importantes a medio plazo». El funcionamiento del sistema es simple: «Si tienes dinero, no tendrás que preocuparte, pero si no lo tienes...».
MEDIDAS DRÁSTICAS
El padre de Russell tuvo que someterse a una intervención quirúrgica en Estados Unidos tras sufrir un infarto. Los gastos hospitalarios del cuádruple 'bypass' que le realizaron alcanzaron, sin incluir el salario del personal médico, la cifra de 58.00 dólares (unos 46.000 euros). Por suerte, el afectado poseía una póliza de seguros que cubrió esa cantidad. Pero quienes no la tienen deben hacer frente al pago recurriendo a medidas extremas, como la venta de sus viviendas.
Si los europeos se llevan las manos a la cabeza con ejemplos como el anterior, no menos sorprendidos se muestran los estadounidenses cuando se les cuenta cómo funciona un sistema sanitario de cobertura universal como el español. «¿No tienes que pagar por nada?, ¿tienes que abonar menos de cuatro euros por una caja de ibuprofeno?» son algunas de las preguntas que le plantean a Jacobo. «Se sorprenden del simple hecho de que la sanidad no suponga una preocupación y una fuente de estrés tan importante como lo es aquí. Que puedas tener la seguridad de que si te pasa algo grave puedes acudir al hospital y te van a tratar sin cobrarte un céntimo», relata este vecino de San Francisco.
Tanto Russell como Jacobo saben que quienes tienen la suerte de contar con un buen seguro gozan de la mejor asistencia del mundo. Y esa es la gran paradoja de la sanidad en Estados Unidos, la primera potencia económica del mundo. ¿Cómo es posible que el país que más dinero destina a sufragar la sanidad -5.000 euros 'per cápita' al año frente a los 1.700 de España- tenga un sistema tan deficiente?, ¿en qué se gasta ese dinero?
FINANCIACIÓN
Un artículo publicado esta semana en 'The Journal of the American Medical Association' ('JAMA') sirve para ilustrar la situación en la que se encuentra la sanidad estadounidense, cuya principal diferencia con la que se presta en Canadá es el sistema de financiación. En ambos países existe un hospital denominado Monte Sinaí, en el que la calidad de la asistencia a los pacientes es igualmente óptima. No cabe duda, por lo tanto, de que los 'yankis' cuentan con la infraestructura necesaria para suministrar los mejores cuidados médicos. Pero, a diferencia de Canadá, la cobertura no es universal. Las estadísticas sobre resultados de salud no pueden confeccionarse sólo con los individuos que acuden a estos centros de excelencia. Cuando se incluye todo el entramado de proveedores y al conjunto de la población las cifras muestran unos indicadores sanitarios impropios de un país tan próspero.
Con el fin de situar el problema en su justo lugar, Juan del Llano, director de la Fundación Gaspar Casal, señala un aspecto desconocido para la mayoría de la gente: «Se dice que en Estados Unidos todo es privado, pero hasta un 48% del gasto es público». En España la financiación es casi exclusivamente estatal, y por eso el sistema es «barato y equitativo». Sin embargo, la principal desventaja de nuestro modelo es que tenemos que soportar mayores listas de espera, algo que, según el analista, «no se puede evitar».
Para este experto, una de las claves de la deficiente cobertura al otro lado del charco es que el Gobierno sólo sufraga el coste de la asistencia de las personas que están en la más absoluta pobreza, de los mayores de 65 años y de los discapacitados graves. El resto corre a cargo de seguros privados, que en el mejor de los casos pagan las empresas. Pero los precios de las primas son cada vez mayores, lo que «encarece los costes de producción que tienen que soportar las compañías». Esto supone una pérdida de competitividad de sus productos frente a Europa para determinadas industrias. No obstante, hay analistas que señalan otra posible consecuencia de la escalada de precios: que las entidades bajen los sueldos de los trabajadores para poder seguir sufragándoles la asistencia sanitaria.
REFORMA
El enorme esfuerzo económico que ha supuesto la guerra de Irak, los recientes desastres naturales y la crisis económica han dejado el precario sistema sanitario pendiendo de un hilo. La guinda que faltaba la han puesto los 700.000 millones de dólares (560.000 millones de euros) que el gobierno va a destinar al rescate del sistema financiero. Un artículo publicado en 'The Lancet oncology' apunta que esa inyección de fondos pone en peligro la financiación de las reformas sanitarias que proponen los candidatos a la presidencia.
En todo caso, el verdadero problema va más allá de la mera inyección de recursos para lograr una mayor cobertura. Para el médico de familia y miembro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Luis Palomo, lo realmente útil sería un cambio de modelo, ya que en el actual «la asistencia sanitaria es una mercancía, no un derecho». De hecho, «es el único país desarrollado en el que la cobertura no es universal». A esto hay que añadir que el 25% del presupuesto para la sanidad «se va a gastos de administración» y que los precios que se pagan a las empresas del sector «son libres y en continua competencia».
Por otro lado, en Estados Unidos no existe uno de los elementos clave según la Organización Mundial de la Salud (OMS): una atención primaria accesible, gratuita y universal.
Allí solamente ejerce en la atención primaria el 13% de los médicos, frente al 66% en Reino Unido y el 35% en España.
La razón por la que actualmente resulta impensable en la nación norteamericana un sistema en el que el estado regule los precios de la asistencia sanitaria radica, según Vicente Pastor, jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital de La Princesa de Madrid, en la enorme resistencia que ejercen los 'lobbies' del sector salud: grandes empresas farmacéuticas, hospitales, industria de productos sanitarios...
Este catedrático de economía de la salud afirma que un modelo como el español, con financiación pública y centros de titularidad estatal, representaría un cambio demasiado drástico. Resultaría más factible, aunque no serían pocos los obstáculos, explorar «la vía alemana», que se basa también en los seguros privados y los ciudadanos tienen que aportar, asimismo, dinero en cada acto médico, pero tiene una mayor cobertura. Sería algo parecido a lo que ya intentó Hillary Clinton en los años 90: configurar una red nacional de asistencia. Su iniciativa no logró apoyos suficientes.
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Medicare, Medicaid y el limbo de los «sin seguro»
El Sistema Nacional de Salud español se financia con los Presupuestos Generales del Estado y una pequeña aportación de las empresas y los trabajadores. En cambio, Estados Unidos sólo costea con fondos públicos al 27% de la población que está incluida en los servicios Medicare y Medicaid. El primero está destinado a los mayores de 65 años, a las personas con determinado grado de discapacidad y a quienes padecen enfermedad renal terminal. Este sistema no lo cubre todo (de hecho, los más pudientes lo complementan con un seguro médico privado).
Además, muchos de los afiliados deben pagar una prima mensual para cubrir gastos como los salarios de los médicos o el coste de la medicación. La red de asistencia Medicaid atiende a aquellos ciudadanos con ingresos más bajos, pero las prestaciones que ofrece son incluso más reducidas que las de Medicare. En términos generales, presta atención ante situaciones agudas, pero no proporciona muchos de los recursos que necesitan las personas que padecen enfermedades crónicas. Los criterios para beneficiarse de las prestaciones de Medicaid son muy específicos y no dependen sólo de la renta. Por eso, hay personas con pocos recursos que no pueden pagar una prima pero tampoco tienen acceso a uno de los dos sistemas de subsidio público. También se da el caso, tal y como pone de manifiesto un estudio que aparece en el 'JAMA' de esta semana, de niños que no tienen ninguna cobertura a pesar de que al menos uno de sus padres sí cuenta con un seguro. Más del 3% de los menores se encontraban en esta situación entre 2002 y 2005. Los autores de dicho trabajo constataron que si uno de los progenitores estaba incluido en un régimen sanitario público la probabilidad de 'desamparo' de sus descendientes era menor. El grueso de la cobertura sanitaria surge de las arcas de las empresas, los bolsillos de los ciudadanos o es de tipo mixto. Así, el 67,5% de la población tiene un seguro privado y al 59,3% se lo paga su empresa.
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Las soluciones de los candidatos
McCain: contener el coste de la prestación
«El plan de McCain da prioridad a la contención del coste frente a la expansión del número de estadounidenses con cobertura sanitaria y podría representar un recorte de los programas que dan seguro a los pobres, mientras que Obama propone incrementar la cobertura y la regulación gubernamental frente al control de costes, confiando en el ahorro que supondría el incremento de la eficiencia». Así describe The Lancet oncology las principales divergencias de las propuestas sanitarias de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos.
Más concretamente, McCain apuesta por la concesión de créditos a los particulares para facilitar el acceso a seguros privados, eliminando, de forma paralela, los beneficios fiscales que suponían un incentivo para que las empresas asegurasen a los empleados. Muy lejos de una auténtica reforma de calado, su objetivo primordial es hacer más asequible la sanidad.
Obama: ampliar la cobertura sanitaria
Barak Obama representa la esperanza más firme para quienes creen que la sanidad estadounidense se dirige hacia el abismo. No obstante, su plan tampoco ha llegado a provocar una corriente de entusiasmo.
Para algunos analistas, no hace una propuesta lo suficientemente valiente como para dar un giro al sistema, mientras que otros hacen hincapié en que la ampliación de la cobertura que propone es insostenible desde el punto de vista financiero.Uno de los aspectos en los que ha puesto el acento Obama es en garantizar la prestación médica a todos los niños del país. Asimismo, el antiguo rival de Hillary Clinton quiere aumentar el número de personas que se benefician de los sistemas públicos Medicare y Medicaid y crear una red nacional de seguros con control gubernamental para proporcionar asistencia a quienes no ganan lo suficiente para pagar uno privado. Si finalmente gana las elecciones y Clinton forma parte de su equipo, las reformas podrían ser mayores.
MARÍA SÁNCHEZ-MONGE
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