En la tarde del jueves, tres fiscales de San Pablo pidieron la prisión preventiva del ex presidente Lula a partir de la denuncia sobre su departamento triplex en Guarujá, litoral del estado, que incluye la acusación de lavado de dinero y falsedad ideológica.
Nuevo ataque contra Lula del poder judicial brasileño
El pedido ocurre a solo tres días de la manifestación por la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, organizada por la nueva derecha, como el Movimiento Brasil Libre (MBL), los partidos de la oposición de derecha (PMDB, DEM y PPS), la mayor federación patronal del país (Fiesp) y financiada por el imperialismo.
El PT y Lula están siendo víctimas de su propia política de fortalecer durante más de una década los privilegios del poder judicial y postrar a la clase trabajadora ante sus ataques, ante los grandes medios enriquecidos hace años con miles de millones de reales, los empresarios y la derecha que se han beneficiado siempre de sus gobiernos.
Al asimilar los métodos capitalistas para gobernar y armar su propio esquema de corrupción, al impedir que los sindicatos luchen contra la impunidad del sistema del que son parte, los petistas abrieron el camino para que la derecha se fortalezca detrás de la operación judicial que investiga la corrupción en Petrobras, conocida como "Lava Jato".
La querella jurídica de la fiscalía de San Pablo está completamente politizada y constituye un nuevo ataque al derecho de defensa de los acusados en la escalada bonapartista que viene ocurriendo en la operación "Lava Jato". Esto motivó en pocas horas que diarios e incluso el opositor PSDB se pronuncien en contra de ese pedido. No está claro cuánto tendrá en cuenta la justicia paulista este pedido de moderación de su arbitrariedad, ni los riesgos políticos involucrados.
Tanto el "traslado coercitivo" del viernes pasado como el pedido de hoy, muestran cómo están escalando sus acciones contra Lula y el PT. Esos métodos, que hoy son empleados para resolver disputas entre los propios intereses capitalistas, imperialistas y los partidos que los representan, mañana serán utilizados contra el movimiento obrero y sus organizaciones, la juventud y el pueblo pobre, que va a luchar contra los ajustes.
El PT y la derecha polarizan la inestable situación en Brasil
Lula declaró que esta medida sería una respuesta a la filtración de la información de que Dilma le había propuesto un ministerio para “subir” la apuesta frente a la presión de la derecha., garantizándole fuero privilegiado y la imposibilidad de prisión salvo por juicio del Supremo Tribunal Federal. Y que sin embargo al mismo tiempo, es una arriesgada maniobra ante la opinión pública, polarizando aún más entre aquellos que ven la arbitrariedad del poder judicial y los que cuestionan el "blindaje" para garantizar la impunidad.
Faltando tres días para las manifestaciones en contra de Dilma y el PT, la fiscalía del Estado de San Pablo decidió aumentar los reflectores sobre las sospechas de corrupción que involucran a Lula, amigos y familiares. El pedido será analizado por la jueza María Priscilla Ernandes Veiga Oliveira, quien no tiene plazo para decidir si dicta o no la prisión y si recibe o no la denuncia.
El fiscal Cássio Conserino, uno de los responsables por la denuncia, es famoso por actuar más con el egocentrismo del sensacionalismo mediático que con la "ceguera de la justicia". Antes de cualquier prueba o audiencia con Lula, Conserino ya lo había declarado culpable y afirmaba tener elementos para abrir una investigación. Ya la jueza a quien fue encaminado el pedido es la misma que en 2008 condenó a un hombre a tres años de prisión en régimen cerrado por intento de asalto sin que haya sido reconocido por la víctima. La jueza habría afirmado al diario Estado de São Paulo que "la víctima no reconoció al sospechoso en el Fórum porque tuvo miedo -la afirmación fue hecha con base a su observación, ya que nada fue dicho por la víctima".
Sin embargo, parece estar ocurriendo una división de tareas (o quizá una mayor división de intereses con el poder judicial), dentro de la oposición de derecha en lo que concierne a los movimientos pro impeachment y cómo seguir con la operación Lava Jato.
Por un lado, los fiscales de San Pablo y los responsables de la operación Lava Jato, con Sérgio Moro a la cabeza, aliados del PSDB y favorables al impeachment de Dilma, hacen movimientos forzados para tirar leña al fuego de las manifestaciones del domingo e incrementar los artículos de los diarios y los medios proimpeachment, incentivando a la opinión pública a engrosar las filas de la manifestación dirigida por el PSDB, DEM, Solidariedad y PPS.
Por otro lado, las direcciones de estos partidos toman prudente distancia de estas posturas para no aparecer directamente involucradas en acciones cuestionables y arriesgadas. Si estas acciones son benéficas para engrosar las protestas, también habrá riesgo de una desestabilización política de la que ninguno de estos partidos está dispuesto a ser corresponsable. Como la posibilidad de que sectores petistas hagan una contramarcha en el mismo día y lugar que la manifestación proimpeachment, generando enfrentamientos y agravando la crisis política, dejándola fuera del control de los aparatos partidarios e institucionales.
Es con esta preocupación que el vicepresidente nacional del PSDB y coordinador jurídico del partido, diputado Carlos Sampaio (San Pablo) declaró que la medida "escapa a la normalidad. Que [Lula] sea procesado es correcto. Aguardar el juicio, es correcto, pero no es porque tenemos divergencias políticas que voy a querer para él algo distinto de lo que quiero para cualquier ciudadano". El presidente nacional del DEM, senador Agripino Maia (RN), declaró que "El momento es de extrema tensión y hay que tener moderación, equilibrio y confianza en las instituciones". La oposición de derecha teme que esa acción refuerce la tesis de que hay persecución a Lula.
Incluso, para intentar quebrar esa tesis, los artículos de los diarios de ayer titulaban que la denuncia del diputado petista Delcídio do Amaral, que involucró a Lula en los esquemas de corrupción de Petrobras, citaba también al excandidato Aécio Neves (PSDB) y al presidente del Senado Renan Calheiros (PMDB). Aunque esta denuncia no presentase ningún hecho nuevo ligado al nombre de los dos, tenerlos vinculados a la acusación de Delcídio ayuda a argumentar contra la tesis de que Lula y el PT serían los blancos predilectos de la Lava Jato.
El PT asimiló los métodos típicos del capitalismo para gobernar
Como dijimos en el artículo donde nos posicionamos sobre la crisis económica y política del país: "La corrupción no va a ser enfrentada por Moro, la Policía Federal, la justicia y los medios. Moro está con el imperialismo y otro sector capitalista igualmente corrupto, y quiere atacar aun más duro de lo que está ya haciendo el PT”.
Lo que está ocurriendo con el PT es consecuencia lógica de un partido que resolvió asimilar los métodos típicos del sistema capitalista para gobernar. El destino de un partido que, con el apoyo de la burocracia sindical y estudiantil, bloquea la lucha de clases y cualquier espontaneidad del movimiento de masas que pueda transformarse en un movimiento nacional de lucha contra los ataques y la corrupción del gobierno petista. Al contrario, hasta ahora Dilma solo respondió por derecha a la presión del impeachment, mostrándose dispuesta a entregar las enormes reservas del área de extracción marítima de crudo conocida como Pre-sal, implementar la reforma previsional, aprobar una ley antiterrorista que criminaliza los movimientos sociales y abriendo el camino a los movimientos reaccionarios de la derecha.
La lucha contra el ajuste y contra la corrupción es una sola
La crítica a las arbitrariedades de la operación Lava Jato, de las fiscalías y la Policía Federal, tienen que ir de la mano de la lucha contra los privilegios de una casta de jueces y fiscales, que además de recibir fortunas, creen estar por encima de la ley, por encima de cualquier mando democrático como el elemental control burgués de que sean elegidos por el voto popular.
Las centrales sindicales y corrientes sindicales opositoras como la CS-Conlutas, tienen planteado exigir a las grandes centrales sindicales como la CUT y la CTB que rompan con el gobierno de Dilma para impulsar un gran movimiento nacional que luche contra los ajustes, la impunidad y privilegios de todos los funcionarios públicos. Una movilización de estas características tendría planteado imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que discuta los problemas de fondo que aquejan a las mayorías laboriosas y populares del país.
Adriano Favarin
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