Abajo el régimen de los tarifazos

Como regalo de fin de año, el gobierno anunció los brutales tarifazos que oscilan entre un 35 y 55 por ciento en los servicios públicos y el transporte, que serán aplicados en los primeros meses del 2019.
Los aumentos del transporte no se reducen a la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, sino que “el traslado del sistema de financiamiento” a las provincias implicará el pase automático de los aumentos a esos boletos locales. La “distorsión” de la que hablan los funcionarios (diferencia de costo de boleto entre AMBA y el interior del país), se igualará ´para arriba´.
Estos aumentos representan un nuevo golpe a los bolsillos de los trabajadores. El “techo” salarial para el 2019 que el gobierno colocó es del 23%, cuando todas las consultoras coinciden que, a partir de los aumentos de tarifas y transportes que acaban de anunciarse, la carestía el año que viene ascendería a no menos del 30 por ciento.

Un esquema agotado e inviable

El tarifazo disparó también con una nueva crisis de gabinete. La renuncia de Igualcel es la confesión de las contradicciones insalvables de la política oficial.
El ´sendero de aumentos´ promulgado en 2016 es un sistema de ´tarifazo permanente´ y había implicado subas de hasta el 800% en el gas y aún más en la electricidad. Pero con la devaluación, esta megaconfiscación quedó corta.
En el año en 2016, al comienzo de su mandato, el macrismo estableció un esquema de dolarización de las tarifas. El punto de partida de este régimen es el reconocimiento a las empresas productoras como Total , PAE e YPF, el valor del gas y del crudo en boca de pozo en la divisa norteamericana. Esas productoras le trasladan ese costo a los siguientes eslabones de la cadena (distribuidores de gas, refinerías) que lo descargan entonces sobre los consumidores.
Un esquema así es inviable, con más razón si tenemos presente que lejos de haber concluido, el año entrante augura nuevas devaluaciones. Incrementos sin fin de esta naturaleza son impagables y sólo pueden generar mayor repudio y rechazo popular. Pero, aún con esos aumentos siderales, la ecuación no cierra, por lo cual, el gobierno fue apelando nuevamente a un aumento de los subsidios.
Al mismo tiempo, el retorno a una política de subsidios choca con el ajuste fiscal y los acuerdos con el FMI. Precisamente, uno de las exigencias del Fondo para el 2019 consiste en reducir los subsidios. Esto afecta no sólo a la población sino también a los grupos empresarios: Dujovne se dispone a realizar una reducción de los subsidios que está pagando por el gas nuevo en Vaca Muerta. Si el gas se comercializa a un promedio de U$S 4 por millón de BTU, el Estado venia pagando una diferencia progresiva que llega hasta USS 7,50 dólares. El presupuesto por este programa, para el 2019, asciende a 712 millones de dólares. La principal beneficiaria es Tecpetrol, de Techint, pero es secundada por un conjunto de compañías nacionales y extranjeras. El desacuerdo del secretario de Energía con esta poda del Ministerio de Hacienda terminó costándole la cabeza.
Esta nueva deserción de fin de año en el gabinete, que ya soportó varias crisis en lo que va del 2018, habla del derrumbe político y económico del macrismo, horada su propia base de apoyo en la clase capitalista e incentiva las disputas a su interior. Estamos en presencia de un choque entre las petroleras y el FMI. Coinciden con el tarifazo pero el Fondo quiere reservar la recaudación para el pago de la deuda extrema y no para subvencionar a las compañías energéticas.
Esta nueva crisis ha puesto al rojo vivo el carácter parasitario y confiscatorio del sistema energético. Los valores actuales por el régimen en vigencia triplican los precios que rigen en el mercado norteamericano, a pesar de que los costos de extracción del shale gas o petróleo en ese mercado son similares a los de la cuenca neuquina. El encarecimiento por decreto del precio del gas en boca de pozo multiplica el costo de generación de electricidad y la tarifa, a la que se añade el IVA e Ingresos Brutos. El esquema vigente es un gran subsidio al capital internacional, en especial al instalado en Vaca Muerta.
Esto se potencia como el agravamiento de la crisis capitalista internacional. El precio internacional del petróleo viene cayendo en forma vertiginosa -un reflejo anticipatorio de una recesión en puertas de la economía mundial- pasando en pocos meses de 70 dólares a 48. Este hecho debería traducirse en una reducción del precio de las naftas locales. Eso no sólo no ha ocurrido sino que se han multiplicado las presiones de las petroleras y empresas afines para que el Estado las compense con nuevas prebendas. Por lo pronto, los grupos empresarios del sector vienen reclamando que el gobierno las libere de las retenciones a las exportaciones de petróleo y, por supuesto, defienden con uñas y dientes los subsidios que ya se embolsan y los precios vigentes por el combustible en las estaciones de servicio.

Derrotar la ofensiva

El macrismo, que ha hipotecado el país, se sirve de ese hecho para redoblar la agresión a los trabajadores. Pero el tarifazo y la ofensiva en curso no resolverán la crisis de deuda que se agrava y el impasse de la política oficial. El riesgo país ha trepado por encima de los 800 puntos.
El rechazo a las medidas que plantea la oposición no puede disimular su complicidad. Los 40 intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires prepararían una presentación judicial de “oposición a los tarifazos” planteando que “no se realizaron las audiencias públicas previas que corresponden”. Medidas similares, sin embargo, ya fueron presentadas por intendentes en ocasiones anteriores y el resultado es conocido: las audiencias no son vinculantes, el gobierno las realiza y luego aplica los aumentos.
Nadie en las filas “opositoras” cuestiona este sistema confiscatorio, incluido el kirchnerismo. No olvidemos que el “sendero de precios” del gas que el gobierno y los jueces pactaron en 2016, lo inventó antes su propio gobierno -de la mano de Kicillof y Galluccio. El massismo dice que quiere un ajuste de tarifas de acuerdo con la evolución del salario -algo que nunca se le había ocurrido en ocasión de los grandes tarifazos 2016/17.
Toda la burocracia de la CGT sigue el mismo camino. El reclamo que realizan ante este ataque se circunscribe al pedido de un aumento del sueldo mínimo, lo cual no ha sido un impedimento tampoco para que algunos gremios empiecen a renovar aumentos muy inferiores a la carestía que se avecina, con más razón, luego de los tarifazos. Tal como acaban de hacerlo UPCN en la provincia de Buenos Aires, Utedyc (entidades deportivas y civiles), y el Suterh, encabezado por Víctor Santa María.
Pero lo más importante es que ni siquiera los nuevos tarifazos han conmovido a los dirigentes sindicales, incluidos moyanistas y kirchneristas, para " revisar" la tregua y convocar a los trabajadores a la acción. Esto se extiende al triunvirato piquetero. La tregua es inadmisible en momentos que el gobierno continúa y profundiza su ofensiva. Llamar a esperar hasta las elecciones de2019 es una impostura cuando el gobierno no espera para atacar las condiciones de vida de la población. El ministro de industria Dante Sica viene de plantear la necesidad de sancionar una reforma laboral cuando la Unión Industrial ha vuelto a la carga con ese reclamo.
A nadie se le puede escapar que, si esta ofensiva pasa, será el mejor escenario para que el macrismo tenga un margen de maniobra mayor para sobrevivir e incluso pueda avanzar en sus ambiciones reeleccionistas. La “paz social” es también una condición para el armado de un recambio y una transición política “controlada”, en medio del proceso electoral, en caso de que el hundimiento del macrismo sea irreversible.
Está abierta una pelea contra los tarifazos, impagables, y también la lucha por aumentos de salarios. En ambos casos, se plantea la necesidad de superar el bloqueo que suponen las burocracias de todos los pelajes y la complicidad de la oposición patronal. Las reservas de lucha de la clase obrera las hemos constatado a lo largo de todo el 2108, que culmina con la movilización heroica que están librando los compañeros de Interpack y Siam.
La nueva tanda de tarifazos pone al rojo vivo la necesidad en el 2019 de derrotar el plan de guerra de Macri, el FMI y los gobernadores. Los ruidazos y cacerolazos están a la orden del día y contribuyen a este objetivo.
Es necesario un congreso de delegados mandatados por asambleas, de todos los sindicatos y las centrales obreras, para poner en pie de lucha al conjunto de la clase obrera y discutir un programa de salida a la actual crisis. Un programa de esta naturaleza debe incluir, la anulación de los tarifazos, la apertura de los libros y costos de las empresas de servicios y el control obrero de la producción; poniendo fin a las privatizaciones y al endeudamiento usurario e imponiendo la nacionalización integral de los recursos y el sistema energético. Es necesario que los trabajadores irrumpan en la crisis nacional y se transformen en una alternativa de poder.

Pablo Heller