Denuncia enviada desde Nicaragua
El jueves 23 de noviembre, miembros de la Comisión Internacional del PO, recibieron en nuestro local central, a una delegación de la resistencia nicaragüense a la dictadura de Daniel Ortega. La misma estaba encabezada por la comandante de la revolución sandinista, Mónica Baltodano y tres compañeros más.
Interesados por la Conferencia Latinoamericana que realizara nuestro Partido unos días antes, recibieron las resoluciones aprobadas por la misma. Baltodano y los nicaragüenses volcaron un informe de la dramática situación represiva que se viene desarrollando en Nicaragua por parte del gobierno de Ortega: 535 muertos, más de 600 presos políticos, 40 mil exiliados que debieron fugarse para salvar sus vidas. Estas cifras son de víctimas de la represión conjunta de la policía del régimen y las bandas paramilitares.
Los compañeros, interesados por el desarrollo de la izquierda revolucionaria argentina, dejaron los enlaces para intentar coordinar acciones comunes de lucha en nuestro continente.
Lamentablemente, hemos tenido malas noticias desde Nicaragua, en forma muy rápida. En la noche del jueves 13 al viernes 14 del mes en curso, fuerzas policiales allanaron en forma violenta el local de la organización Popol Na en Managua. A pesar que el sereno estuvo dispuesto a abrirles, la policía derribó los portones e irrumpió rompiendo muebles y cerraduras, llevándose archivos, dinero y cheques de la tesorería y los discos rígidos de las computadoras. Popol Na es una organización destinada a promover el desarrollo municipal pero en todo el proceso de sublevación popular que se desarrolló desde abril en adelante, fue uno de los centros donde se concentró información sobre detenidos y violaciones de los derechos humanos. En ese centro se alojaban también familiares de presos políticos, que viajan desde el interior a la capital, Managua, para realizar gestiones. Los efectivos policiales actuaron como “vulgares rateros” llevándose los pocos dineros que estas madres tenían en sus carteras.
Días anteriores, el gobierno había hecho saber que le quitaba la personería a Popol Na e intimaba a que entregaran los libros contables en 72 horas. A pesar que Baltodano, presidenta de la organización, y otros se hicieron presentes ante el gobierno y el parlamento anunciando que se avenían a entregar los libros solicitados, el gobierno aceleró el operativo y produjo el vandálico allanamiento.
“La banda del crimen organizado más grande de Nicaragua es la policía orteguista”, señaló la compañera Baltodano. Caracterizó que la acción es parte de la actividad terrorista del gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, para atemorizar al pueblo y bloquear la resistencia popular. “No nos van a callar”, señaló la comandante, que se negó a caracterizar al gobierno como sandinista y lo llama orteguista, porque considera que el presidente Ortega ha traicionado las banderas del sandinismo revolucionario.
La quita arbitraria de la personería a Popol Na tiene que ver con las nuevas modalidades represivas del régimen que impulsa políticas de ajuste fondomonetaristas. Para el 25 de noviembre, día mundial de lucha contra la violencia a las mujeres, varias organizaciones feministas apoyadas por organizaciones políticas, estudiantiles y otras habían convocado a una marcha en Managua. Ese día se movilizaron en la Argentina y en numerosos países las mujeres contra los femicidios y la discriminación social de las mujeres, que se viene agudizando con el avance de la crisis y la descomposición capitalista mundial.
Ortega y su consorte prohibieron la marcha porque ninguna organización tenía personería (que por otra parte es entregada por el monopolio orteguista del poder). Al mismo tiempo sacó la policía y sus paramilitares a la calle. El gobierno orteguista ha devenido en un régimen policial que teme abrir cualquier resquicio por donde las masas puedan manifestar su repudio. Es oportuno recordar que Ortega en su construcción de poder, estableció una alianza con la curia eclesiástica de Nicaragua, pagando el precio de anular la legislación que protegía el aborto en ciertas condiciones.
El gobierno llama golpistas al pueblo movilizado, pero en realidad el golpe lo dieron ellos derogando derechos democráticos elementales.
Reclamamos el cese de la persecución y la represión a las luchas y reclamos de trabajadores, campesinos y estudiantes; la libertad inmediata de todos los presos políticos, garantías para el retorno de los exiliados, derecho a la libre manifestación, indemnización a la organización Popol Na y devolución de sus bienes y archivos y a todas las víctimas de la represión orteguista.
Rafael Santos
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