Se confirmaron los peores pronósticos. Los anuncios en conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández, el titular del Anses Alejandro Vanoli y la titular del Pami Luana Volnovich, confirman la confiscación de no menos de $60000 millones del bolsillo de los jubilados, cuyo destino es cubrir el quebranto de las cuentas públicas, donde sobresalen la deuda externa y los subsidios a los capitalistas. Se trata solo del comienzo, porque la movilidad suspendida por 180 días por la mega ley de emergencias económicas, hace que en junio también se establezca el próximo aumento por decreto.
Vamos a los números. El 13% anunciado es para la mínima de jubilaciones y pensiones. Deliberadamente dejamos aparte la Asignación Universal por Hijo que no tiene nada que ver y la cuestión medicamentos que financia el Pami de recursos propios y cuya incidencia en la vida de los jubilados habrá que ver.
La jubilación y pensión mínima la cobra un 50% del total de beneficiarios. Pero al otro 50% se le desconoce lo que es un derecho adquirido inalienable: la movilidad correspondiente a la inflación del tercer trimestre del 2019, que los jubilados ya sufrieron y que es, de acuerdo a la fórmula suspendida, un 11,56%, una compensación que llega con seis meses de atraso. En junio, corresponde otro aumento del orden del 13% correspondiente al cuarto trimestre de 2019, que los jubilados también ya sufrieron.
No se trata aquí de “solidaridad” alguna. Los jubilados perdieron en la era Macri un 20,4% del poder adquisitivo de sus jubilaciones y, con los porcentajes de la ley de movilidad, solo recuperaban parte de esa enorme pérdida, con atraso y en cómodas cuotas.
Quienes cobran más de la mínima no son ricos. Cuando la línea de pobreza roza los $40.000, se ha declarado, objetivamente, a los jubilados que cobran menos que ese importe como opulentos destinatarios de la confiscación. Los porcentajes de aumento son violentamente decrecientes a partir de la mínima (ver cuadro adjunto) y llegan en el otro extremo de la mínima a un 3,8 por ciento.
Para medir el nuevo robo que ha dado comienzo hay que considerar la masa total del gasto en jubilaciones y pensiones. Sobre esa masa no hay un aumento del 11,56%, sino a lo sumo, aproximadamente, de un 9 por ciento. Allí se aprecia la magnitud de la transferencia de recursos que irá del bolsillo de los jubilados al de los banqueros, fondos de inversión y todos los beneficiarios de las rebajas de aportes patronales de la que siguen disfrutando los capitalistas.
Acercamos al lector una comparación. Con la mega ley de emergencias se ha convalidado el mínimo no imponible de aportes a la seguridad social que instauró Macri y que está en $7.003 por cada asalariado. Sobre ese importe no se tributan aportes patronales al Anses por cada trabajador (en algunas industrias, como textiles y calzado ese importe escala a $17.000). El Anses pierde por esta rebaja unos $7.000 millones mensuales, que alcanzan sobradamente para financiar la diferencia de lo que nos roban ahora. Hay otras rebajas de aportes todavía mayores, pero no hacen falta más detalles para comprender lo que está ocurriendo.
El “achatamiento” es presentado como un acto de justicia y de igualación de derechos. Esto sería real si se respetaran los derechos adquiridos de todos y se elevara la mínima para superar su completa disociación del costo de vida, acentuada por las devaluaciones y la enorme escalada inflacionaria de los últimos años. Lo mismo vale para la AUH.
Si la justicia y la solidaridad fueran la motivación, se establecería una escala de aproximación de las jubilaciones mínimas a los importes establecidos por la Defensoría de la Tercera Edad que también rondan los 40.000 pesos. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta que la inflación en alimentos en el último año supera el 60% y que la de enero duplica al IPC, la AUH debería ser duplicada.
Nada de esto surge del anuncio del ministro.
Lo que está claro es que se trata de un brutal ajuste contra los jubilados para ofrecérselo a la misión del FMI presente en la Argentina y a los bonistas de la descomunal, ilegítima y usuraria deuda externa, que se preparan como alimañas para la negociación que tendrá lugar en la segunda quincena de marzo. El llamado “sendero fiscal” ha empezado a delinearse: en su banquina quedan los jubilados y pensionados.
La abrumadora mayoría de los jubilados -no menos del 75%- queda por debajo de la línea de pobreza, mientras el país se sigue hundiendo en la recesión, la inflación, la desocupación. Salgamos a luchar por la defensa de la movilidad, en la calle, en la Justicia, en las organizaciones sindicales, en los centros de jubilados, en los lugares de trabajo, en todos los frentes de los trabajadores y el movimiento popular. Con cientos de miles en la calle podemos revertir este nuevo robo, después del que fuimos víctimas y enfrentamos en diciembre de 2017 bajo el gobierno de Macri.
Nestor Pitrola
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