Este fin de semana, decenas de miles de personas se movilizaron en Brasil contra el gobierno de Jair Bolsonaro. Se estima que fue la convocatoria más numerosa desde las manifestaciones educativas de 2019, antes de la pandemia. El llamado partió de los frentes Brasil Popular y Pueblo sin Miedo, donde hay movimientos sociales, organizaciones obreras, estudiantiles y grupos políticos afines al PT.
El malestar popular con el gobierno viene creciendo al calor de la catástrofe sanitaria y social. La pandemia, que el mandatario bautizó peyorativamente como una “gripecita”, ya ha dejado más de 460 mil muertos, una cifra solo superada por Estados Unidos. La tasa de mortalidad por millón de habitantes era hasta la semana pasada la más alta de América del Sur (Infobae, 20/5). Ya hemos abordado en artículos anteriores crisis como la del estado de Amazonas, donde faltaba el oxígeno para los pacientes y estos se agolpaban en los pasillos de hospitales saturados. La vacunación, en tanto, avanza lentamente (solo el 21% de la población tiene al menos una dosis).
Pese a todo esto, Bolsonaro mantiene su línea anti-cuarentena e incluso ha recurrido a la justicia contra aquellos estados que han impulsado (módicas) medidas de aislamiento. Como parte de esta desidia criminal, que antepone los intereses empresarios a la salud de la población, se inscribe la aceptación de la realización de la Copa América en el país (que por estas horas quedó en duda).
Al mismo tiempo, el desempleo trepó al 14,7% en el primer trimestre de este año. El 40% de los trabajadores está en la informalidad. Y hay un crecimiento de la inseguridad alimentaria, que según algunos periodistas abarca ya a más de la mitad de la población (La Nación, 23/4).
Esto ayuda a entender la caída en la popularidad del excapitán de navío, cuyo nivel de aprobación -según una encuesta de Datafolha- ha caído al 24%, en tanto que su intención de voto para las presidenciales del año próximo es de apenas 23% (lejos de Lula, quien va primero en los sondeos y lo derrotaría también en un eventual ballotage). Inclusive, la mitad de la población cree que debe ser removido inmediatamente del cargo (ídem, 31/5).
El año pasado, la instrumentación de planes de asistencia social le habían permitido a Bolsonaro mitigar la crisis alimentaria e incluso mejorar un poco su imagen, aun en los estados del nordeste. Pero este año, como fruto de las políticas de ajuste fiscal, la ayuda de emergencia fue reducida a menos de la mitad (a 250 reales) y cayó el número de beneficiarios, además de que solo se extenderá por cuatro meses, contando desde abril (El País de Uruguay, 5/4).
Es un escenario de gran tensión social. Las marchas del fin de semana le disputan la calle al gobierno, que llevó a cabo movilizaciones propias, más pequeñas, a lo largo de este mes, incluyendo la participación del presidente en desfiles motorizados. El gobierno no renuncia a sus planes privatistas (Diputados acaba de aprobar el comienzo de un proceso de privatización de Eletrobras) ni a las bravuconadas golpistas, ya que cada tanto amenaza con sacar el Ejército a las calles, pero se encuentra fuertemente golpeado y viene incluso de un choque con los excomandantes de las fuerzas armadas, que renunciaron en disconformidad con la designación de Walter Braga Netto como ministro de defensa.
El significado del encuentro Lula-Cardoso
La oposición trabaja, por un lado, para lograr un relevo político de Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022. Por otro, para evitar una caída previa, desordenada, del gobierno.
Una expresión clara de esto es el almuerzo del 12 de mayo entre Lula y el expresidente Fernando Henrique Cardoso, privatizador serial en los 90 y presidente honorario del PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña). Este último ya había señalado a los medios que en caso de un ballotage entre Lula y Bolsonaro votaría por el referente del PT. Ahora, dijo que “quien no tiene perro, caza con un gato” (La Nación, 22/5). FHC es consciente de que su partido tiene pocas chances de terciar en la confrontación electoral y que la principal carta de recambio hoy es Lula, quien ya cumplió un rol clave como factor de contención del proletariado brasileño, el más importante de América Latina, en la primera década de este siglo. Pero además, el sociólogo dijo que el almuerzo buscaba “ayudar a distensionar” (ídem) el cuadro político actual. Se busca crear una red de seguridad institucional que evite una mayor desestabilización política (todavía hay un largo trecho por recorrer hasta octubre del año próximo) y que prevenga una irrupción popular masiva, en una región marcada por levantamientos populares (Chile, Colombia, Paraguay).
Visto desde el otro lado de la mesa, el almuerzo es también una expresión de moderación de Lula, quien nuevamente busca mostrarse como un hombre de confianza ante la burguesía. Hay quienes especulan incluso con que elija como compañero de fórmula a un hombre de los mercados, repitiendo la experiencia que lo llevó a adoptar como candidato a vice en 2002 a José Alencar (ídem). Lula toma nota del malestar que anida en sectores de la burguesía brasileña con Bolsonaro. A mediados de marzo, un grupo de economistas y empresarios -incluyendo a dos directivos del Banco Itaú- publicó una carta con críticas a la gestión sanitaria del gobierno, en la que señalan también que “’la recesión’ del momento no se superará ‘mientras la pandemia no sea controlada por la acción competente del gobierno federal’” (El País, 21/3). Es decir, estos cartistas ven que el desastre pandémico agudiza la crisis económica y reclaman un cambio de orientación -claro que con la hipocresía de omitir su propia responsabilidad en el mantenimiento de la economía abierta a toda costa, a pesar del virus.
Mientras se producen todas estas negociaciones políticas, en el Senado se ha puesto en funcionamiento una comisión de investigación del Covid-19, que si bien no tiene ninguna pretensión de desplazar ni imputar a Bolsonaro, sirve para ir desgastándolo políticamente de cara al 2022.
La línea del jefe del PT es un frente amplio sin límites a la derecha, incluyendo a sectores que participaron del golpe contra Dilma Rousseff en 2016. Las centrales sindicales son tributarias de este operativo, lo mismo que la dirección del Psol (uno de sus dirigentes, Marcelo Freixo, tuiteó sus felicitaciones a Cardoso y Lula por su “gesto de grandeza y responsabilidad con el país” -ídem, 21/5).
En oposición a esta línea, es necesario redoblar la movilización y avanzar en un plan de lucha por las reivindicaciones más sentidas (centralización del sistema de salud, triplicación presupuestaria, ayuda de emergencia de 600 reales, prohibición de despidos, seguro al desocupado, etc.) y para echar ahora a Bolsonaro-Mourao y todo el régimen de explotación.
Gustavo Montenegro
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