El pasado 19 de agosto, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, utilizó la conferencia de prensa matutina que suele utilizar el presidente López Obrador como tribuna oficial para dar testimonio de lo actuado por la comisión -que el propio Encinas preside- ante la prensa. Esta información ha tenido un impacto descomunal en toda la opinión pública mexicana e internacional.
La comisión había sido convocada por el presidente, una de sus promesas electorales. Se conformó en 2020, luego de la desautorización de toda la investigación realizada por la Procuraduría General de la República (PGR), que había recibido el pomposo nombre de “verdad histórica” bajo el gobierno de Peña Nieto (2012-2018). En dicha oportunidad se solicitó la detención de Tomás Zerón, jefe de dicha investigación, actualmente refugiado fuera del país. La “verdad histórica” que fraguó Zerón afirmaba que, en los sucesos del 24 de septiembre de 2014, “policías municipales de Iguala entregaron a los alumnos al grupo de narcotráfico Guerreros Unidos, quienes confundieron a los jóvenes con sicarios de una banda rival, los Rojos”, tras lo cual habían sido asesinados e incinerados por esta banda.
Desde el primer momento las familias y diversas organizaciones desconfiaron de esta investigación, alegando un profundo entramado de las fuerzas policiales y militares con el narcotráfico y el poder político. La nueva investigación ha determinado, mediante más de 41.000 documentos que incluyen transcripciones de llamadas telefónicas, mensajes de texto, reportes y decenas de videos, una profunda red delictiva que comprueba la gran mayoría de las denuncias efectuadas por los familiares y otros estudiantes sobrevivientes.
Se ha determinado que todo lo actuado anteriormente fue orquestado por el propio aparato estatal para lograr la mayor impunidad en el caso. Ahora, aparecen involucrados un general -el entonces coronel José Rodríguez-, el alcalde de Iguala José Luis Abarca, el ex fiscal general Jesús Murillo Karam y una larga lista de, por lo menos, otros 83 funcionarios públicos de diversos estamentos. La propia comisión lo definió como un “crimen de Estado”.
Los diversos documentos han permitido constatar una acción conjunta de la policía, el ejército y el cartel narco Guerreros Unidos para, en primer lugar, repeler a los estudiantes que buscaban llegar a Ciudad de México para participar de la conmemoración de la Masacre de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968. Tras acribillar en una emboscada a 5 micros que transportaban estudiantes, el comando asesino se encargó de desaparecer a 43 de ellos. Las pruebas recolectadas han demostrado que “seis de los estudiantes estuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos, y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes, presuntamente, del coronel José Rodríguez Pérez” (El País, 27/8). Rodriguez Pérez se mantenía en contacto directo con “El Chino”, un capo del narco, y éste, a su vez, con el capitán José Martínez Crespo, a cargo de un grupo de militares que patrullaban Iguala la noche del ataque. También se establecieron comunicaciones entre el alcalde Abarca y “El Chino”.
La investigación ha llegado a un punto que implica una investigación de todo el alto mando de dicho momento. La justicia ya ha comenzado por el general Alejandro Saavedra, responsable del Ejército en la zona.
La Marina también ha sido puesta bajo la mira. Es acusada de torturar y obligar a testigos a declarar bajo amenaza en 2014. En marzo pasado, informa El País, “el grupo de expertos independientes de la CIDH (GIEI) que investiga el caso en apoyo a la Fiscalía y la comisión presidencial, informó de que un grupo de marinos manipularon el basurero de Cocula, el escenario principal del relato que contó entonces Murillo Karam. Los marinos movieron bultos b
lancos en el lugar e hicieron fuego” (27/8). Sin embargo, esto no fue integrado al expediente oficial.
La puerta abierta por la comisión presidencial augura una crisis y choques entre los poderes del Estado. Una investigación a fondo demostraría la connivencia de lo que ha denominado un Narco-Estado. La lucha por la verdad y la justicia está íntimamente ligada a una acción y organización independiente de los trabajadores mexicanos. Serviría, en primer lugar, para exponer la bancarrota del régimen vigente y la necesidad de su superación, en manos de los trabajadores.
Joaquín Antúnez
07/09/2022
No hay comentarios.:
Publicar un comentario