La masacre de Napalpí fue la matanza de más de quinientas personas de los pueblos originarios qom y mocoví a manos de la policía del Chaco y grupos de estancieros armados. También fueron ametrallados desde el avión Chaco Segundo. Fueron masacradas por luchar contra la explotación a la que eran sometidas.
Esto ocurrió el 19 de julio de 1924.
La conquista del Chaco y las reducciones indígenas
Se conoce como la colonización del Chaco a la invasión llevada adelante por la República Argentina contra los pueblos guaycurúes, matacos y otros pueblos originarios que se encontraban en el Chaco Central y Austral. Se trató de un genocidio.
La primera expedición militar se realizó en 1870 al finalizar la Guerra de la Triple Alianza (presidencia de Domingo F. Sarmiento) y en 1917 se concluyó con la conquista del territorio, aunque la resistencia indígenas continuó dos décadas más hasta 1938.
El sistema de reducciones estatales para indígenas se desarrolló entre 1911 y 1955 en los territorios nacionales de Chaco y Formosa (no eran provincias todavía). Entonces, la creación de estas reducciones fue contemporánea con la militarización del Chaco.
Estas reducciones eran espacios de concentración de la población indígena para su utilización como mano de obra semiesclava. Formaban parte de una estructura genocida.
Con respecto a la explotación laboral el sitio Perycia.com señala: ”El dinero con el cual se sostenían las reducciones salía, justamente, de ahí, del sudor y la sangre del indígena. Con su explotación se pagaban los sueldos a quienes formaban la administración a los miembros de la Comisión Honoraria de Reducciones Indígenas, que funcionaba en Buenos Aires y también a las misiones religiosas que operaban en los territorios. Es decir, que se sustentaba a curas y a monjas” (Perycia, 11/5/2022).
Entonces, la cuestión no era solamente étnica, sino que también era una cuestión de clase.
En cuanto a las condiciones dentro de la reducción se señala: “En Colonia Aborigen (ex Reducción de Napalpí) hay relatos que mencionan como los distintos capataces hacían rondas diarias para ver quiénes trabajaban y quiénes no. La entrega de mercaderías solo se hará para quién ‘lo merezca’. Negarse implica la posibilidad de ser expulsado de la reducción y quedar con una marcación negativa en un espacio público militarizado” (Las reducciones estatales indígenas. ¿Espacios concentracionarios o avance del proyecto civilizatorio? Academica.org).
Con respecto a si pueden ser consideradas campos de concentración, la obra citada continúa diciendo: “No es la tipología de los crímenes cometidos sino el hecho de que las reglas del derecho son suspendidas y que lo que allí se instala es un sistema excepcional reglado sólo por el sentido ético de quién controla y actúa como soberano. Y es allí, en el campo, donde el estado de excepción se convierte en regla” (Agamben, 2001).
El 19 de julio de 1924
Los pueblos originarios confinados en Napalpí hicieron frente a estas condiciones con métodos propios de la clase obrera: se declararon en huelga y organizaron una marcha hacia los ingenios azucareros de Salta y Jujuy.
El 19 de julio de 1924 un avión sobrevoló la zona arrojando comida y caramelos, cuando los indígenas salieron a recogerlos policías y colonos armados dispararon a quemarropa contra esta población desarmada. Los que intentaban huir eran atacados a machetazos.
En el ataque murieron hombres, mujeres, niños y ancianos.
Los cadáveres fueron enterrados en fosas comunes. Los cuerpos de los líderes fueron exhibidos en la plaza pública.
También fueron muertos algunos campesinos blancos que se habían plegado al movimiento huelguista.
La cantidad de muertos se estima entre 500 y 1.000.
La policía y los colonos actuaron bajo las órdenes del gobernador Fernando Centeno, quien estaba bajo la supervisión directa del presidente Marcelo Torcuato de Alvear (de la Unión Cívica Radical).
A todo esto, los medios de comunicación relataron la versión oficial de que se había tratado de un combate armado entre las comunidades indígenas y la policía. El poder judicial habló de sublevación. Se acusó a los indígenas de realizar actos de robo y atacar a los colonos.
Qué ocurrió después
Los sobrevivientes hablaron después de décadas, lo que dio inicio a investigaciones sobre el caso.
En 2020 la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dictó una sentencia confirmando que se trató de un crimen de lesa humanidad, y condenó al Estado nacional a pagar una indemnización monetaria. La sentencia fue recurrida ante la Corte Suprema, que revocó la sentencia en el año 2023.
Entretanto, el 19 de abril de 2022 se dio comienzo al Juicio por la Verdad de la Masacre de Napalpí en la ciudad de Resistencia. Este juicio culminó el 19 de mayo del mismo año. En su veredicto, la jueza Niremperger resolvió que existió responsabilidad del Estado nacional y consideró que se trató de crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas.
Hasta el día de hoy la población indígena carece de servicios elementales como agua potable y de acceso a la salud, sufre con mayor fuerza la pobreza y el trabajo precario.
La organización de los pueblos originarios por sus reclamos, como parte de la población trabajadora más explotada del país, es la vía para luchar contra esta opresión histórica del Estado capitalista en la Argentina y este régimen social responsables del genocidio indígena.
Graciela Rodriguez
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